Cinco años después de su primer informe, la asociación internacional Human Rights Watch volvió a criticar duramente al estado argentino por el incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos garantizados por la legislación nacional e internacional. 'La actitud errática en este tema es incoherente con un gobierno que hace de los derechos humanos un tema relevante' señaló José Miguel Vivanco, director de la División Américas de la organización.

 

La presentación del informe ¿Derecho o ficción? La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva estuvo a cargo de José Miguel Vivanco, director de la División Américas, y Marianne Mollman, directora de advocacy de la División de Derechos de las Mujeres de la organización.

 

Vivanco inició la presentación señalando la 'situación desgarradora que sufren niñas y mujeres de Argentina debido a conductas negligentes o abusivas de las cuales el estado es responsable' y se refirió a los obstáculos que impiden el acceso a la anticoncepción y al aborto: demoras en la atención, derivaciones innecesarias, exigencias vinculadas a autorizaciones de los esposos para concretar las prácticas y negaciones del servicio. 'El resultado son embarazos no deseados e imposibilidad de tomar decisiones por parte de las mujeres.'

 

'La actitud errática y ausente del estado, que evita liderar políticas públicas que busquen satisfacer las necesidades de las mujeres, nos resulta sorprendente sobre todo porque éste es un gobierno que hace de los derechos humanos un tema relevante en política nacional e internacional –añadió-. Pero los derechos humanos no son sólo los vulnerados durante la dictadura militar. Es inconsistente promover los derechos humanos y a la vez ignorar que esta política pública en derechos sexuales y reproductivos necesita un liderazgo valiente a la altura de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país.'

 

Al tope en los embarazos no deseados

 

¿Derecho o ficción? La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva se basa en el trabajo de campo realizado por cuatro responsables de investigación de HRW en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires entre febrero y marzo del 2010 y en entrevistas telefónicas posteriores. Fueron entrevistadas 40 personas entre activistas, abogadas/os, integrantes y responsables del sistema de salud, y funcionarias/os vinculadas/os al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR).

 

La investigación liderada por Marianne Mollman concluyó que, en Argentina, los derechos sexuales y reproductivos 'han sido ignorados sistemáticamente durante años. En 2005, Human Rights Watch concluyó que existían múltiples obstáculos que impedían que las mujeres de la Argentina adoptaran decisiones independientes sobre su salud y su vida vinculadas con la reproducción. Estas restricciones incluían información errónea, incompleta o falta de información, violencia doméstica y sexual, y restricciones económicas que el gobierno no abordaba adecuadamente (Decisión prohibida. Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina). Los datos oficiales sobre salud indican que no se han producido grandes cambios para las mujeres y niñas que dependen del sistema de salud pública en los cinco años transcurridos desde que Human Rights Watch publicó un informe sobre este tema por primera vez.'

 

La razón por la que la organización puso la atención en Argentina es el altísimo porcentaje de embarazos que cada año terminan en aborto: 40%, una cifra que no descendió en los últimos cinco años. En el resto de América Latina esta estadística no supera el 15% ó 20%. 'Esto nos hizo pensar en la enorme cantidad de mujeres que no pueden tomar decisiones vinculadas a su fertilidad' señaló Mollman.

 

Rendición de cuentas

 

¿Por qué las mujeres argentinas no podemos acceder a los derechos sexuales y reproductivos? El informe señala como uno de los factores 'la politización de temas vinculados con la maternidad, el crecimiento demográfico y, en el sentido más básico, con el sexo. La Argentina fue uno de los últimos países de América Latina en abandonar una política demográfica descendente que sometía las decisiones individuales a un interés nacionalista que privilegiaba el crecimiento demográfico. Hasta 1985, la venta y el uso de anticonceptivos estaban totalmente prohibidos en el país, y algunos políticos e incluso proveedores de servicios médicos aún justifican medidas que resultan restrictivas de los derechos humanos de las mujeres invocando una máxima de hace más de cien años que reza 'poblar es gobernar’. Efectivamente, los mensajes contra el aborto y los métodos anticonceptivos aún tienen peso político en un país cuyo gobierno, en el año 1999, declaró la celebración anual de alcance nacional del ‘Día del Niño por Nacer’, que algunas personas aún celebran.'

 

Otro de los factores señalados, y uno los ejes del informe, es la ausencia de rendición y control de las políticas públicas. Argentina no peca por ausencia de leyes, por el contrario. Tanto en este tema como en otros vinculados a derechos de las mujeres, la legislación nacional es de las mejores de la región. El problema se presenta a la hora de implementar las normas.

 

Tenemos un PSSyPR que aún no cumple el cometido de abastecer con anticoncepción a buena parte de la población, una ley de anticoncepción quirúrgica con dificultades de implementación, otra ley de educación sexual próxima a cumplir los cuatro años de plazo para ser implementada –y aún no concretada-, y abortos no punibles imposibles de realizar por obstáculos puestos por el sistema médico y judicial.

 

'Argentina posee una compleja estructura de rendición de cuentas –señaló Mollman durante la presentación-, algo que no sucede en todos los países de la región. Si se quisiera se podrían generar interesantes informes, sin embargo esto no sucede.' 'El Ministerio de Salud no reúne, analiza ni publica datos exhaustivos sobre temas clave como demandas por prestación ilegal de atención de la salud, denuncias sobre denegación arbitraria de atención o conducta abusiva por parte de personal médico' se especifica en el informe, y, aunque tiene 'la facultad de apartar de instituciones financiadas por el estado al personal médico y de otro tipo que no implemente cabalmente las normas y políticas vigentes; sin embargo, los médicos y enfermeros que se niegan a brindar servicios o maltratan a mujeres conservan sus puestos.'

 

También fue criticado el rol de quienes auditan desde el Estado, por la poca cantidad de informes producidos sobre el cumplimiento del PNSSyPR, y del Congreso, por haber solicitado casi nulas investigaciones.

 

Que el Estado garantice

 

Las autoridades de HRW intentaron presentarle el informe a la presidenta Cristina Fernández, quien adujo problemas de agenda para recibirlos, y lo mismo sucedió con el Ministro de Salud y el de Justicia.

 

El informe hace recomendaciones al estado argentino en todos sus niveles. A la presidenta, le sugiere al apoyo público del PNSSyPR y a la realización de los abortos no punibles y seguros. Al Ministerio de Salud, concretar la anunciada y luego desmentida resolución sobre la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, garantizar la capacitación de quienes dirigen instituciones de salud, reunir estadísticas y sancionar a quienes no cumplan las leyes. A la Sindicatura General de la Nación se le recomienda monitorear el cumplimiento del PSSyPR. Y al Congreso, vigilar a todos los organismos anteriores en el cumplimiento de la legislación. 

 

Fuente: http://www.artemisanoticias.com.ar/site/default.asp