La Misión fue compuesta por las redes y organizaciones internacionales siguientes:

• APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias)
• CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)
• FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación)
• FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
• Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)
• Vía Campesina Internacional

1. INTRODUCCIÓN

Desde el golpe de Estado del 28 de junio 2009, múltiples misiones e informes de organismos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado las sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos en Honduras.

En los años 2010 y 2011, la situación de derechos humanos en este país siguió siendo crítica. La atención internacional se ha enfocado en los ataques y los asesinatos de periodistas, condición que ha provocado el señalamiento al país como uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio del periodismo a nivel internacional 2 . También se han documentado y denunciado casos de asesinatos, represión y hostigamiento de activistas de la Resistencia, y despidos y represalias contra jueces y magistrados opuestos al golpe de Estado. La situación de derechos humanos se ha caracterizado por la prolongación del estado de indefensión e impunidad que ha sido profundizado y reforzado tras el golpe de Estado, afectando de manera particular líderes y lideresas sociales, campesinos y campesinas, integrantes de la resistencia, docentes, periodistas, así como personas defensoras de la democracia y de los derechos humanos.

En este marco, una de las regiones más afectadas por la tensión y represión ha sido el Bajo Aguán. Los movimientos campesinos de esta zona que luchan por el acceso a la tierra para ejercer su derecho a alimentarse, se han enfrentado a una situación de permanente hostigamiento y atropellos tanto por parte de la fuerzas de seguridad pública como de miembros de empresas de seguridad privada.

Entre enero 2010 y marzo 2011, 25 muertes han sido registradas en relación con el conflicto por la tierra en el Bajo Aguán, entre estos 23 campesinos asesinados, y un periodista y su compañera.

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