El Gobernador de Oruro, muy alarmado, hizo un anuncio curioso: potosinos estaban ingresando a territorio orureño para explotar la piedra caliza en la zona de Escoma. Un anuncio de ese tipo, tiene que estremecer. Si un potosino es ilegal trasponiendo el límite entre los dos departamentos, ¿qué ocurrirá con un beniano pidiendo una concesión minera en Oruro? Pareciera que los límites han asumido la categoría de fronteras.

 

Todo comenzó, si lo recuerdan, con el anuncio de instalar una fábrica de cemento en esa zona. Una antigua imprecisión de límites –como ocurre en casi todo el país- fue el detonante para que orureños y potosinos reclamaran soberanía sobre ese territorio.

 

En la misma línea está la disputa entre Chuquisaca y Tarija respecto a la conexión entre dos yacimientos de gas –Margarita y Huacaya- que, por tanto, tendrían que compartir regalías. En Tarija han declarado que no admitirán tal posibilidad y anuncian que defenderán la propiedad de Margarita con todas las acciones que sean necesarias.

 

De hecho, el entredicho de Tarija con Chuquisaca, está tapando la disputa que se daba entre dos provincias tarijeñas, por el mismo tema de Margarita.

 

Más grueso es la disputa por el lineamiento limítrofe entre Beni y Cochabamba, por la inclusión del Parque Nacional Isiboro Sécure en uno y otro departamento. El mapa escolar de Bolivia, que sigue siendo el mismo desde 1947 y quizá mucho antes, traza una línea punteada entre los dos departamentos, señalando una imprecisión en ese distrito. En las elecciones municipales y prefecturales de 2004, la Corte Departamental Electoral del Beni publicó un folleto con resultados finales, incluyendo el Parque, en su totalidad, como parte del Beni, lo que demuestra que es cuestión de imponer posiciones.

 

Podríamos seguir nombrando casos de municipios enfrentados, provincias y departamentos con reclamos que derivan en violencia muchas veces. Mientras tanto, ¿qué pasa con nuestras fronteras? Porque fronteras son las que nos separan de los países vecinos. Comisiones mixtas hay con Brasil y algún otro país. Buscamos soluciones consensuadas y, como lo dice nuestra Constitución, no declararemos la guerra en ningún caso. Pero, internamente, la amenaza inmediata es declarar la guerra.

 

El Gobernador de Oruro, que ha tenido un comportamiento mesurado, a lo largo del conflicto por esa fábrica de cemento, hizo una advertencia que parece el reclamo ante un enemigo. Pero, repetimos, no es un solo caso. El problema se extiende por todo el país.

En el proceso de revisión de la Constitución Política del Estado, la oposición quería que se ponga el número de departamentos y se los designe por su nombre. A partir de ahí, era imposible plantear un mejoramiento de la división política que tenemos. Cosa similar se establece en algún borrador de estatuto autonómico que señala el número y los nombres de las provincias que tiene el departamento en cuestión. Con esa postura, se está creando problemas a futuro y, como lo vemos, un futuro muy cercano.

 

Hagamos cuentas. Nos peleamos entre nosotros por lindes y límites. Dejamos a la discusión internacional el tema de fronteras con los vecinos. Perdemos. Y perdemos como país, como departamento, como provincia y como municipio. Si no hay conciencia nacional, si no hay conciencia de que la soberanía es nacional, nada es nuestro, porque nada es boliviano.

 

Debemos encontrar soluciones. Los conflictos internos deben tener un arreglo y uno general. Intentar resolverlos particularmente, como si fuesen temas especiales, es el peor camino que podamos elegir. Una reunión de municipios debiera acordar regirse por los límites que señale un organismo aceptado por todos. Para fijar esa delimitación, tal organismo requiere de fondos que, los municipios deben proporcionar de acuerdo a sus ingresos. Los 327 municipios del país, con sus jurisdicciones delimitadas, cubren todo el territorio nacional. Si sabemos que tantos y tales municipios corresponden a éste o aquel departamento, será mucho más fácil establecer los límites departamentales.

 

Por supuesto, será preciso que una reunión de Gobernadores ratifique el compromiso de los municipios, aceptando los límites que corresponden.

 

Hasta ahí, el tema de la tierra, de la superficie. Habrá que buscar soluciones a la explotación de los recursos con que contamos en cada piso ecológico. Lo que contiene el Salar de Uyuni, como cualquier otro recurso no renovable, es propiedad de todo el pueblo boliviano, no de éste o aquél departamento y mucho menos de uno u otro municipios. Es de todos y debe ser explotado en beneficio de todos. Tal es el principio básico. Las regalías que percibe el departamento donde se sitúa el yacimiento de tal o cual recurso, es sólo una forma de apoyar el desarrollo de esa región. No es, no puede ser, una ganancia o una renta de ese distrito. Tendrá que reconocerse un organismo nacional, para determinar con precisión esa distribución. Si, en principio, hubo una otorgación que, más adelante, resulta revisable, es poco serio sentar dominio sobre algo que pertenece a todo el pueblo boliviano.

 

Hemos soportado, durante casi dos siglos de vida republicana, una estructura de país que no se diferenció mucho de la estructura colonial. Si hablamos de descolonizar, comencemos con los hechos importantes. Discutir porque el charango se inventó en tal o cual cantón, mientras seguimos soportando la estructura económica colonial y, además, la defendemos como patrimonio, quiere decir que no queremos cambiar de mentalidad.