De la resistencia a la esperanza

Los movimientos sociales en el posneoliberalismo

Pablo Dávalos

28/03/2012

Opinión

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En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, conjuntamente con otras organizaciones sociales, llevaron adelante la Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos, del 8 al 22 de marzo de 2012, con una plataforma de 19 puntos entre los que constaban la oposición a la megaminería a cielo abierto, la defensa del agua, el rechazo a la criminalización social, entre otras; demandaban, además, el cumplimiento de los derechos que constan en la Constitución y que no han sido ni cumplidos ni respetados por el gobierno de Alianza País.

En Bolivia, en cambio, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, con el apoyo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, CONAMAQ, y otras organizaciones sociales, en especial aquellas de los territorios indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), realizaron, en septiembre de 2011, la VIII Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS, los derechos territoriales, el medio ambiente, las áreas protegidas, los derechos colectivos y la libre determinación de los pueblos indígenas, y anuncian la realización de la IX Marcha para el 25 de abril de 2012 que, además, cuenta con el apoyo de la histórica COB (Central obrera boliviana).

Las organizaciones bolivianas realizan esta marcha en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que partiría en dos el TIPNIS y lo integraría a los procesos de mercantilización y privatización territorial contenidos en los planes de integración de la IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sud América) y que, según las organizaciones indígenas, expresa el compromiso cada vez creciente del gobierno de Evo Morales con las transnacionales de la minería, el petróleo, el agronegocio e, incluso, el narcotráfico.

Marcha de los movimentos sociales en Ecuador, 22 de marzo.

Es significativo que en ambos países las organizaciones indígenas y sociales se opongan a gobiernos que se han autocalificado de izquierda y que gozan de un amplio reconocimiento a nivel mundial como gobiernos progresistas y críticos al neoliberalismo. También es significativa la forma por la cual ambos gobiernos, tanto Alianza País en el Ecuador, cuanto el Movimiento Al Socialismo, MAS, en Bolivia, se han confrontado a estas marchas y han utilizado todos los recursos del Estado para boicotearlas, deslegitimarlas, manipularlas, minimizarlas y, finalmente, reprimirlas. Son comunes los argumentos utilizados por ambos regímenes tanto para legitimarse a sí mismos cuanto para desacreditar a las organizaciones sociales, así como son parecidas las estrategias de cooptación, división social y confrontación con organizaciones o redes clientelares creadas por estos gobiernos.

Así por ejemplo, en Ecuador, Alianza País utiliza el respaldo de organizaciones relativamente pequeñas como la FEI, o la Red Agraria, para oponerlas a la CONAIE; moviliza también al sector público y a los receptores de las transferencias monetarias condicionadas, el Bono de Desarrollo Humano, para crear la sensación de un enorme y multitudinario apoyo a su favor. En Bolivia, el MAS llegó a inventarse un movimiento social, el CONISUR (Consejo Indígena del Sur), para confrontar a la CIDOB y la CONAMAQ y, de paso, incumplir con los compromisos que la VIII marcha en defensa del TIPNIS le había obligado a suscribir.

Ahora bien, es necesario referir y contextualizar estas marchas indígenas y sociales, que no solamente se producen en Ecuador y Bolivia sino en toda Abya Yala, al interior de las resistencias a los procesos de acumulación por desposesión que caracterizan al posneoliberalismo, es decir, aquel momento de la historia en el cual aparentemente en Abya Yala (América) se ha superado el neoliberalismo duro del Consenso de Washington para entrar, en cambio, en la privatización de los territorios, los recursos naturales y la criminalización social.

La presión extractivista de las transnacionales, sobre todo de la megaminería a cielo abierto y el agronegocio (soja transgénica, maíz transgénico, biocombustibles, etc.), está provocando una fuerte disputa sobre los territorios, los recursos naturales y la soberanía estatal. El despojo, la expropiación, y la violencia del extractivismo están generando el mismo miedo social y la misma pobreza que en su tiempo provocaron las políticas de shock del FMI.

22 de marzo, Quito: marcha de respaldo al gobierno.

El extractivismo, de otra parte, está transformando los sistemas políticos de la región hacia modelos de dominación política cada vez más autoritarios, violentos, panópticos y clientelares.

En esa dinámica, la criminalización social, la represión y la eliminación de las resistencias sociales, van de la mano del incremento del gasto fiscal en salud y educación, así como de un amplio abanico de transferencias monetarias condicionadas, creadas, además, desde el Banco Mundial (en Ecuador: Bono de Desarrollo Humano; en Bolivia: Bono Juancito Pinto).

Este proceso simultáneo de criminalización y asistencialismo clientelar, a veces se acompaña de una retórica nacionalista y de una fuerte crítica al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, por parte de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Una crítica que ha demostrado ser irrelevante cuando se trata de entregar los recursos naturales a las transnacionales. Sin embargo, esto ha conducido a que varios sectores de izquierda a nivel mundial, apoyen a estos gobiernos incluso en contra de las organizaciones sociales que luchan y resisten al extractivismo.

La marcha organizada por la CONAIE en Ecuador en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua, así como la marcha en defensa del TIPNIS que realizaron la CIDOB y la CONAMAQ en Bolivia, indican una recuperación del movimiento social y de sus posiciones críticas, y el fracaso de la intención gubernamental de adscribir a estas organizaciones y movimientos sociales a sus propias dinámicas. Estas marchas tienen varios puntos en común y están generando un proceso de transición política en Abya Yala, que es necesario señalar.

Uno de los primeros aspectos que comparten las organizaciones sociales de Bolivia y Ecuador es que sus movilizaciones han logrado arrebatar la iniciativa política a sus respectivos gobiernos y están llevando al debate político y sus definiciones por fuera de las coordenadas del liberalismo. Los movimientos sociales no esperan el tiempo electoral, ni tampoco confían en las instituciones del sistema político liberal (como el parlamento) para frenar al extractivismo, porque saben que la definición y disputa real se juega por fuera de los márgenes del sistema político.

Es una ingenuidad pensar que la acumulación del capital, sobre todo en su fase de desposesión y extractivismo, pueda contenerse solamente utilizando las instituciones liberales. En general, esas instituciones sirven para imponer las prioridades que nacen desde la acumulación del capital y casi siempre son de una sola vía, aquella que nace desde el poder. Precisamente por ello han recuperado la movilización, porque saben que fue con la movilización que pudieron frenar el neoliberalismo, e intuyen que será con la movilización que detendrán al extractivismo.

Empero, este cambio de las reglas de juego resiente a los gobiernos que quieren que la conflictividad social se procese desde las coordenadas disciplinarias del liberalismo. Estos gobiernos están plenamente conscientes del rol político que tiene la movilización, porque cuando estuvieron del otro lado de la orilla apostaron todo, precisamente, a la movilización social. Su constitución como opciones políticas nació con la movilización, por ello ahora pretenden controlarla y asumirla como prerrogativa propia. En virtud de que estos gobiernos nacieron desde la movilización y la resistencia al neoliberalismo, asumen que tienen patente de corso sobre la movilización social. Por eso, los gobiernos de Ecuador y Bolivia, han acusado a los movimientos sociales de estar respaldado por la CIA norteamericana, por la derecha oligárquica, por los grupos tradicionales de poder que utilizan al movimiento social para restaurar el statu quo, etc. Todo con tal de evitar que la movilización social regrese nuevamente a los movimientos sociales.

Asimismo, han acusado a las organizaciones sociales de aprovechar las movilizaciones para posicionarse electoralmente y han negado validez a la agenda de los movimientos sociales, haciendo uso, de esta manera, de la misma retórica que utilizaban los regímenes neoliberales para desacreditar a las movilizaciones sociales. Han intentado, incluso, desprestigiarlas utilizando criterios racistas, sexistas, machistas y xenófobos. Los gobiernos “progresistas” de Ecuador y Bolivia tienen miedo cerval a la movilización social porque saben que éstas pueden generarles un vacío político cuyas consecuencias no quieren ni siquiera imaginar.

En ambos países, los gobiernos también han utilizado sus redes clientelares para movilizarlas en contra de los movimientos sociales y han tratado de provocarlos generando confrontaciones, para luego acusar al movimiento social de violento y, en consecuencia, deslegitimarlo y reprimirlo. De hecho, el gobierno de Bolivia ha acusado a las víctimas de la represión gubernamental durante la VIII Marcha en defensa del TIPNIS de ser ahora ellos los victimarios y los ha acusado de intento de homicidio (aunque no dicen a quién).

No obstante, tanto la CONAIE del Ecuador y sus aliados, cuanto la CIDOB y la CONAMAQ de Bolivia, han superado esa intención de sus respectivos gobiernos de que su movilización sea reducida a las coordenadas del liberalismo, y han sostenido su resistencia en el espacio que mejor conocen y procesan: la movilización social. Esa movilización tensa la cuerda del liberalismo y agota a los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia y, al mismo tiempo, fortalece a los movimientos sociales.

Las movilizaciones sociales están recuperando nuevamente el sentido de la política como praxis histórica, pero en un nivel diferente porque una cosa era confrontar a regímenes expresamente neoliberales y otra a los gobiernos progresistas posneoliberales. Su tarea es quizá más compleja que antes porque tienen que demostrar que la adscripción a la izquierda que hacen estos gobiernos es solamente un simulacro del poder.

Una segundo punto común a ambos procesos es que al recuperar la agenda política y su discurso, los movimientos sociales están desalojando del espacio de la izquierda política tanto a Alianza País en Ecuador, cuanto al MAS en Bolivia, y de esta manera los están empujando hacia el centro político. Ahora bien, el centro solo existe desde la mirada de la derecha política. Se trata de una jugada importante porque estos regímenes se legitimaban, precisamente, en una ideología crítica al capitalismo y que establecía una relación simbólica importante con la historia de movilización, resistencia y lucha social de los movimientos sociales de ambos países.

La adscripción a la izquierda se convertía en un dispositivo ideológico fundamental para mantener la hegemonía política y movilizar a la población en función de sus prerrogativas. Este desplazamiento hacia el centro hace que la referencia a cualquier discurso de izquierda por parte de Alianza País en el Ecuador o el MAS en Bolivia, sea asumido más como un recurso de mercadeo y publicidad política que como un compromiso real. Esto implica que ambos partidos políticos no son ya una opción de cambio sino una solución de continuidad con el posneoliberalismo.

Un tercer punto en común está en la agenda que ambos movimientos sociales han logrado posicionar con fuerza: el modelo extractivista como eje central que caracteriza a estos gobiernos posneoliberales. Se discute ampliamente en Ecuador sobre la megaminería a cielo abierto y la defensa del agua gracias a la CONAIE y sus aliados. El Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en esta discusión y como es lógico en un gobierno posneoliberal, defiende con ahínco y devoción a las corporaciones mineras transnacionales. En Ecuador, la CONAIE ha logrado provocar un amplio debate sobre el agua, la tierra y los territorios, en un contexto en el que existe una Constitución que, al menos teóricamente, le es favorable. De esta forma, la CONAIE ha recuperado su rol político de subrayar aquellos temas del debate político que son prioritarios para el país. La agenda de la política regresa, nuevamente, hacia los movimientos sociales.

En Bolivia, la defensa del TIPNIS ha creado las condiciones para que los movimientos sociales sitúen el debate en un contexto más geopolítico. La defensa del TIPNIS se hace en contra de la IIRSA y de las pretensiones geopolíticas de la burguesía brasileña (de hecho, la empresa que construirá la carretera en el TIPNIS es la brasileña OAS). El movimiento social boliviano, sobre todo luego de las movilizaciones en contra del presidente Morales que pretendía aplicar un ajuste macrofiscal en el mismo estilo de aquellos aplicados por el FMI, incrementando el precio de la gasolina, en diciembre de 2010, ha comprendido que en el momento posneoliberal la resistencia es, básicamente, geopolítica. Es ésta una dimensión aún ausente en el movimiento social ecuatoriano.

Un cuarto punto en común a ambos procesos hace referencia a la forma por la cual se interrogan sobre el futuro político. ¿Cuáles son las opciones luego de Correa en Ecuador y Morales en Bolivia? Poco a poco, los movimientos sociales empiezan a comprender que las opciones reales no pasan necesariamente por el sistema político liberal; comprenden también que ese sistema político, a pesar de todas las referencias a la democracia y a la participación, en realidad debe ser comprendido siempre como un sistema de dominación. Ahora entienden que la democracia quizá se encuentre por fuera de ese sistema político liberal. Esta comprensión de la democracia como una apuesta por descolonizarla del liberalismo, es correlativa a aquella otra constatación de que el desarrollismo que hacen gala los gobiernos progresistas de la región, es otra expresión de la acumulación por desposesión del capitalismo. Ni desarrollismo económico ni democracia liberal, sino democracia social y comunitaria, y Buen Vivir. Alianza País en Ecuador, y el MAS en Bolivia, no son alternativas al desarrollismo, en realidad expresan otras formas de desarrollismo y liberalismo, vale decir, capitalismo.

Es por ello que se ha suscitado un fuerte debate sobre las propuestas emancipatorias de los movimientos sociales. En Bolivia se ha tratado de trivializar y banalizar la propuesta emancipatoria del movimiento indígena etiquetándola como pachamamismo. En Ecuador también se ha producido ese debate en contra del concepto del sumak kawsay (Buen Vivir). Sin embargo, los movimientos sociales comprenden claramente que el extractivismo y el desarrollismo son incompatibles con el Buen Vivir, cualquiera sea su definición, y que mientras más avance el extractivismo más en peligro está la supervivencia de la vida humana, lo que recuerda las derivas biopolíticas del posneoliberalismo, de ahí que en ambos países una consigna común del movimiento social sea la defensa de la vida.

Los movimientos sociales también comprenden que en el liberalismo los gobiernos, de forma independiente de su color político que, incluso, puede tener los colores de la wiphala (el arcoiris), ahora está del lado del poder, y que ese poder apuesta con todo por la violencia y la desposesión extractiva. En los movimientos sociales de Ecuador y Bolivia, hay una percepción cada vez más clara que Rafael Correa y Alianza País, así como Evo Morales y el MAS, son los rostros que asume el nuevo poder, son las nuevas amenazas a la vida, a la soberanía y a la paz. En estos dos países, gracias a los movimientos sociales, radican las esperanzas más firmes del movimiento social de continente por superar el momento posneoliberal y las tentaciones de los gobiernos progresistas.

- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.

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