Venezuela

10 medidas para disminuir los homicidios

Antonio J. González Plessmann

17/11/2014

Opinión

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No existen recetas mágicas para resolver ningún problema complejo. Pero, el conjunto de medidas que aquí se enumera, ha dado buenos resultados en otras latitudes. En algunos casos, se inició ya su ejecución en Venezuela, pero de manera discontinua y sin evaluación. Por ello, vale la pena insistir.

1.- Inclusión Juvenil. Pese a los avances de la Revolución en inclusión social, existe cerca de un millón de jóvenes que no está estudiando o trabajando. Se trata de una situación de desigualdad fáctica que se resiste a las políticas públicas. La desigualdad genera violencia y esto explica, parcialmente, que la mayor parte de las muertes violentas ocurra entre los sectores populares y en este grupo etario. Existen programas que buscan su inclusión (“Jóvenes de la Patria” y “Jóvenes del Barrio”), pero tienen déficit de cobertura e impacto. Ante esto, hay que evaluar lo hecho y relanzar una Misión específica, a la vez masiva y capilar[1], que posibilite la Inclusión educativa, laboral, cultural, deportiva y política de jóvenes entre 14 y 24 años y, en particular, de los jóvenes que forman parte de bandas territoriales. El enfoque debe partir de su protagonismo, su reconocimiento y la garantía a sus derechos. No se trata de disciplinar para producir trabajadores obedientes, sino de incluir para que emerjan nuevos sujetos de la transformación social.

2.- Reforma Policial. Muchas organizaciones criminales tienen a policías y ex -policías como líderes. Se trata de bandas dedicadas al secuestro, extorsión, tráfico de armas y municiones y protección de cadenas de comercialización de droga. Además de corrupta, la policía sigue siendo ineficaz, ineficiente y vulneradora de derechos humanos, tal como lo diagnosticó la Conarepol en 2006 y quedó nuevamente sobre el tapete a propósito de la Masacre de Quinta Crespo. La Reforma Policial, había perdido el impulso que vivió hasta 2012, por lo que celebramos el reciente lanzamiento de la “Comisión Presidencial para Transformación de los Cuerpos Policiales” y que su mandato incluya la transformación del CICPC. Para un trabajo serio, esta Comisión debe partir de una evaluación de lo hecho desde 2006 para acá, identificando errores y aciertos, para reimpulsar un proceso en el que no se parte de cero. Igualmente, la Comisión debe calendarizar sus metas y rendir cuentas públicas de las líneas a seguir y el avance de su ejecución, promoviendo la participación social en el control externo sobre los cuerpos de seguridad.

3.- Desarme. El 77,83% de las balas que matan a nuestro pueblo son fabricadas por CAVIM. Más del 90% de los homicidios se ejecutan con armas de fuego. Urge aplicar las recomendaciones de la CoDesarme y ejecutar, cabalmente, las medidas previstas en la Ley para el Desarme, control de armas y municiones.

4.- Reforma legislativa garantista. Las cárceles no sirven para “regenerar” a nadie. Las reformas legislativas realizadas al Código Orgánico Procesal Penal, especialmente en el 2001, y la reforma al Código Penal de 2005, fueron regresivas respecto al mandato de preferencia de medidas alternativas a la prisión que establece el artículo 272 de la Constitución. Como consecuencia de ellas, la tasa de encarcelamiento alcanzó límites históricos superando las 164 personas por cada 100 mil habitantes. La inmensa mayoría de los presos son jóvenes pobres que están en detención preventiva (es decir, no sabemos si son responsables de lo que se les imputa), investigados por delitos nimios (entre ellos posesión de pequeñas cantidades de drogas). Tener más presos no sirve para reducir los delitos violentos, pero sí para iniciar o profundizar trayectos delictivos de vida. Es decir, la cárcel aumenta la violencia. Resulta necesaria, por tanto, una reforma legislativa garantista que priorice la libertad por sobre la prisión y que reduzca las penas en materia de pequeños delitos (como el microtráfico).

5.- Jerarquización de la investigación penal. Todo sistema de justicia penal es selectivo. Atrapa a los más débiles y libera a los fuertes. Tomando conciencia de ello, el Estado debe sustituir la selectividad que imponen las asimetrías de poder, por una jerarquización consciente de la investigación de los delitos que generen más daño social; entre ellos los que impliquen gran violencia contra las personas (homicidios, secuestros, violaciones, lesiones graves, entre otros) y los delitos de los poderosos.

6.- Políticas Locales de Convivencia. La violencia no es igual en todos lados. Los pobres la viven de manera cuantitativa y cualitativamente más dramática. Algunos barrios tienen tasas superiores a los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es necesario frente a ello impulsar, en territorios priorizados, Políticas Locales de Convivencia, con los siguientes ejes: contraloría social de la función policial, inclusión y protagonismo juvenil e infantil, prevención de violencia de género, resolución social de conflictos, reconversión de las economías del microtráfico y negociación pacificadora con bandas juveniles.

7.- Eficacia Policial. Pero ninguna política local de convivencia tendrá éxito sostenido si no existe un trabajo policial eficaz sobre los territorios priorizados, que evite que las organizaciones criminales más consolidadas (pranatos dedicados a la gran venta de droga, el secuestro, el robo de vehículos, etc) saboteen el trabajo preventivo y de empoderamiento popular para la convivencia. El trabajo con jóvenes de bandas debe tener un énfasis en la prevención, pero frente al crimen organizado a gran escala (pranatos) es necesaria la intervención penal, basada en los derechos humanos. Mientras se concretan los avances de la Reforma Policial, hay que garantizar que la policía patrulle eficazmente en los territorios priorizados (con trabajo de inteligencia y georreferenciación de delitos) y activar sus mecanismos de control interno y externo, para evitar los vínculos entre funcionarios y redes delictivas locales

8.- Pensar de otro modo. Está harto demostrado que las políticas de “mano dura”, punitivistas y clasistas, no resuelven el problema. Sin embargo, son funcionales en estrategias efectistas y suelen ser aplaudidas por una población desesperada. Esa es una victoria de la derecha criminológica: en las crisis su pensamiento es más seductor para las/os decisoras/es. Revertir esto, pasa por invertir en la formación, investigación y difusión de un discurso criminológico consistente con los principios de igualdad y poder popular, sobre los que se funda la Revolución Bolivariana.

9.- Interagencialidad. Las medidas que aquí se presentan trascienden las competencias del Ministerio del ramo. Involucran a varios ministerios, a varios poderes públicos y a los ejecutivos estadales y municipales. Ello implica una coordinación eficaz, intra e inter poderes, en los distintos ámbitos territoriales. Nada de eso es posible sin la creación de un espacio de coordinación de Alto Nivel, con gran apoyo político.

10.- Consensos. A estas y otras medidas necesarias hay que construirles consenso entre la alta dirigencia de la Revolución, para darles sostenibilidad y protegerlas ante cambios de ministros u otras autoridades. Posteriormente, hay que ir ampliando ese consenso, sumando a alcaldes y gobernadores, de todas las tendencias, para lograr su ejecución sostenida y articulada, a lo largo de los próximos 5 años.

Antonio J. González Plessmann

Director de la Línea de Investigación sobre convivencia, derechos humanos y seguridad frente al delito de GIS XXI. Correo-e: antoniogonzalezplessmann@gmail.com

Nota

[1] Se usa metafóricamente la palabra “capilar”, en su acepción anatómica: “Cada uno de los vasos muy finos que enlazan en el organismo las circulaciones arterial y venosa, formando redes” (DRAE). Ello implica, en términos de políticas públicas juveniles, que no basta con las grandes tarimas y eventos, sino que urge una presencia permanente en los lugares de vida de los jóvenes más excluidos, creando redes movilizadoras.

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