La peor crisis
23/02/2015
- Opinión
La peor crisis política y social se vive en México desde la noche del pasado 26 de septiembre. El asesinato de tres personas y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, persiguen al presidente Enrique Peña Nieto por todo el mundo desde entonces.
Desde hace décadas atrás se insinuaba en el país la infiltración del narcotráfico en los distintos niveles de gobierno; mientras que se presumía la acción u omisión en delitos contra la población civil por parte de quienes se supone protegen a los ciudadanos, las diversas policías y el propio Ejército mexicano.
Desde años atrás se habla de la infiltración del narcotráfico, incluso en los altos niveles de gobierno, incluida la presidencia de la República; baste recordar casos donde autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) han sido arrestados por acusaciones directas de participar a intereses delictivos.
Autoridades de entidades como Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, por decir algunos, han sido señaladas por distintos actores sociales de manera frecuente por palear a los ciudadanos en actividades relacionadas al trasiego y consumo de drogas.
El exgobernador de Michoacán, Jesús Reyna; el hijo del exgobernador Fausto Vallejo; el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, y un sin número de presidentes municipales; todos presos con acusaciones en su contra por contribuir a la actividad del narcotráfico.
A esto se suman las imputaciones a un sin número de políticos que continúan activos en la política mexicana, como, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, hoy líder de los priistas en la Cámara de Diputados; y Arturo Escobar y Vega, líder del PVEM en el mismo recinto de San Lázaro.
A pesar de esto y ante la incertidumbre de 46 familias de las víctimas de Ayotzinapa, el gobierno federal en vez de atender sus requerimientos los continúa victimizando día a día; el titular de las fuerzas armadas, Salvador Cienfuegos, se quejó que “han tratado de distanciarnos del pueblo”.
Pero el general se equivoca, el Ejército mexicano se ha distanciado del pueblo en acciones registradas como la de 1968 contra la comunidad estudiantil; en 1994 contra la población chiapaneca; en 2004 cuando inicio la “guerra” contra el narcotráfico; entre otros muchos acontecimientos.
La madrugada del pasado 26 de septiembre el Ejército mexicano atropelló los intereses de la sociedad; es inexplicable que a unos metros de uno de sus cuarteles (27/o batallón) los soldados no salieran a defender a los ciudadanos de un ataque perpetrado por policías locales.
De este encuentro quedaron tres personas asesinadas, una de ellas Julio César Mondragón, estudiante de la normal rural, quien quedó tirado en la calle sin rostro porque se lo arrancaron; mientras que los soldados, ingenuamente, no se percataron de este ataque y fueron sumisos.
Un dato extra, el titular de este batallón, el coronel José Rodríguez Pérez, convivía en una fiesta con la familia Abarca, en el mismo instante del ataque. Las preguntas se alistan, entre las primeras se ubica ¿cuál fue la orden del coronel cuando los encargados de la guarnición le informaron del ataque?, teniendo al propio presidente municipal y al jefe de la policía local enfrente de él, ¿qué fue lo que les consultó? La sospecha está presente: acción y omisión de los soldados mexicanos.
Ha estos señalamientos se suman las posiciones de diversas autoridades en materia forense que explican que la pira en Cocula, como lo argumentó el procurador Jesús Murillo Karam en su verdad histórica, es increíble e irreal. Al tiempo.
José Víctor Rodríguez Nájera
Periodista mexicano / @JoseVictor Rdz
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