La administración de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) concluye un ciclo de vida y los legisladores mexiquenses tienen, entre otros temas pendientes, elegir a la persona que defenderá al pueblo mexiquense en sus garantías individuales.

La gestión de Jorge Olvera García concluirá este año su última jornada, luego de acompañar prácticamente la gestión del gobernador Alfredo del Mazo Maza cuando tomó protesta el 15 de septiembre de 2017. En estos cuatro años de gestión del otrora rector de la Universidad mexiquense, unidad universitaria relacionada a la investigación periodista de la “Estafa Maestra”, la Comisión sobresalió como una administración alejada de la sociedad.

Este organismo autónomo que debe servir para acompañar a las víctimas —y sus familiares–, en el doloroso camino cuando se experimenta una violación a los derechos humanos, incluido aquellos parajes donde la misma autoridad es complice y el ente violador, se mostró inactivo.

Por citar un par de ejemplos, sobresale el caso del grupo de personas indígenas nahuas de San Pedro Tlanixco, quienes fueron acusados, sometidos, torturados, encarcelados y sentenciados a más de 50 años de prisión cada uno de ellos, acusados de un homicidio que no cometieron.

Los cinco hombres y una mujer, permanecieron más de 15 años en prisiones mexiquenses; sus familiares rogaban a los representantes de esta Comisión su intervención para identificar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero sólo lograron montañas de papeles.

En la actualidad, dicha comisión sólo observa cómo decenas de personas solicitan orientación para lograr los beneficios de la Ley de Amnistía, este instrumento que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al pueblo de México para poner en libertad a miles de personas presas de manera injusta.

Apenas en enero pasado, los integrantes del Congreso mexiquense lograron armonizar y aprobar dicha Ley, con la expectativa de beneficiar a unas 20 mil personas que cometieron algún delito menor o que, en su caso, quedó constancia de la violación del denominado “debido proceso”.

Para este caso, el organismo autónomo sólo ha recibido y procesado aquellas solicitudes que organismos de la sociedad civil, la misma Comisión Nacional ha analizado y documentado irregularidades a este debido proceso, por lo demás, ha sido sólo un ente espectador. 

Por estos motivos y ante la postulación de decenas de colectivos de la entidad, personas que defienden los derechos humanos en todo el país, en el mundo; instituciones académicas de nivel superior, entre otras más, los legisladores mexiquenses han puesto su mirada en el abogado José Antonio Lara Duque.

Diversos personajes defensores de temas como el agua, medio ambiente, de libertad de expresión, de prensa, de grupos vulnerables, del trabajo digno, de la tortura, de las mujeres, personas indígenas, menores de edad, entre otras más, han resaltado el trabajo que realiza Lara Duque codo a codo con las personas en calidad de víctimas y sus familiares, con una fórmula que desde el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” ha realizado a favor de las personas más desprotegidas desde más de una década.

Ha llamado la atención que, en más de un foro, Lara Duque observó que el estado de México debe dejar de ser identificado, en materia de derechos humanos, como un violador sistemático y debe pasar a ser ejemplo en el país de las prácticas de vanguardia que se desarrollan en otras partes del mundo, por ejemplo, en Europa.

Hace un par de años, cuando la expresidenta de Chile, Michell Bachelet fue nombrada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como su Alta Representante para los derechos humanos, realizó una visita a México, ella misma pidió sostener un encuentro con los personajes más importantes en México en la defensa de las garantías individuales, incluido Lara Duque.

El también profesor universitario le expuso a Bachelet Jeria, en la oficina de la ONU en México para estos temas, la situación y el déficit que nuestro país mantiene en la defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables.

En aquel encuentro, que se realizó con un puñado de defensores mexicanos, a Bachelet Jeria le llamó la atención la idea de hacer de la entidad mexiquense la bandera latinoamericana en materia de la defensa de las garantías individuales, que expone la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del que México está suscrito.

Al paso de los años, todo parece indicar que el abogado José Antonio Lara Duque iniciará el largo camino de hacer valer los derechos de todas las personas, sin importar su condición económica, de la mano de las víctimas ahora como defensor del pueblo desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.