La libertad de prensa y expresión está bajo ataque. Ayer, la Fiscalía envió una amenazante advertencia al diario digital La Página donde exige no publicar más información sobre el proceso judicial contra el ex presidente Francisco Flores que considera confidencial.

El día anterior, La Página había informado que la Fiscalía no presentó los informes financieros al Juzgado Séptimo de Instrucción y publicó críticas de los querellantes particulares sobre la negligente actuación fiscal en el juicio contra el ex gobernante arenero. Y nada de esto es información confidencial.

La notificación, firmada por el jefe de la Unidad de Investigación Financiera, pide a La Página que “cese y desista” de publicar información supuestamente confidencial del Caso Flores en un plazo de 24 horas. Y amenaza con que si falla en el período estipulado no tendrá más alternativa que “tomar las acciones legales correspondientes en su contra”.

Advertencias similares hizo antes la Fiscalía a los querellantes y representantes de ISD y FESPAD, a quienes acusó de difundir el contenido del Informe de Operaciones Sospechosas (ROS). Los querellantes presentaron un recurso de habeas corpus que la Sala Constitucional aún no ha admitido.

A las amenazas de la Fiscalía contra La Página, se suman las declaraciones de Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), incitando a demandar judicialmente a Transparencia Activa, medio digital que difundió la lista de empresarios morosos revelada esta semana por el Ministerio de Hacienda.

Jorge Daboub ofreció a los empresarios “que se sientan ofendidos” un grupo de abogados para proceder legalmente contra Transparencia Activa, medio público especializado en temas de transparencia y anticorrupción que también da seguimiento a casos como el juicio contra el ex presidente Flores.

Hace un par de semanas, cuando el Presidente Salvador Sánchez Cerén criticó el abordaje sensacionalista de la violencia por parte de algunos medios, el coro de medios hegemónicos denunció que eso constituía una amenaza contra la libertad de prensa. Sin embargo, ahora guardan un silencio cómplice ante las amenazas de la Fiscalía y de la ANEP.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) debe pronunciarse inmediatamente y la sociedad entera debe manifestarse contra estos atropellos a la libertad de expresión.