La Cámara Primera de lo Penal rechazó ayer la petición de los procesados en el “Caso CEL-Enel” referida a cambiar la tipificación del delito de peculado por negociaciones ilícitas, delito que –al haber prescrito– los libraba del juicio.

La decisión de la Cámara confirma que los involucrados en el escandaloso fraude comparecerán ante un tribunal de sentencia. Entre los acusados destacan Guillermo Sol Bang (ex presidente de CEL), Miguel Lacayo (ex ministro de Economía) y otros ex altos funcionarios del gobierno del ex presidente Francisco Flores.

Mediante un oscuro contrato, Sol Bang y compañía pretendían entregar la mayoría accionaria de la estatal geotérmica La Geo a la transnacional italiana Enel.

El caso fue denunciado por el ex presidente Mauricio Funes, quien se negó a cumplir el espurio contrato que impidió al Estado percibir casi dos mil millones de dólares. Tras una investigación de una comisión especial de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía tuvo que judicializarlo.

El Juzgado Séptimo de Instrucción ha llevado el caso, a pesar de un grave obstáculo: el triste papel de la Fiscalía que actúa más como defensora de los imputados que como garante de los intereses del Estado y de la sociedad. Ejemplo de esa conducta fiscal inapropiada fue reducir en un 92% el costo del daño, bajándolo de 1,800 millones a 148 millones de dólares.

La misma actitud mantiene la Fiscalía en el “Caso Flores”, también procesado en el Juzgado Séptimo de Instrucción. Ex presidente arenero ha recibido reiterados beneficios fiscales: arresto domiciliar, pruebas no presentadas, diligencias omitidas y exclusión del delito de lavado de dinero.

Parte de la estrategia fiscal para favorecer a Flores es descalificar al Juez y arremeter contra los querellantes particulares de las organizaciones que luchan contra la corrupción. La Fiscalía amenazó con procesarlos bajo la ridícula acusación de revelar información confidencial contenida en el Informe de Operaciones Sospechosas (ROS).

La Fiscalía, incluso, amenazó un periódico digital al que le dio un plazo de 24 horas para que dejara de publicar información “confidencial” del caso. Pero el Fiscal General, Luis Martínez, se retractó gracias al generalizado rechazo nacional y a las críticas del Relator de Libertad de Expresión de la OEA.

En conclusión, la confirmación del pase a sentencia de los procesados en el “Caso CEL-Enel” es un paso adelante en la lucha contra la corrupción. El país debe asegurarse que suceda lo mismo con el “Caso Flores”.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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