En el año 2009 el movimiento popular realizó las más intensas y reprimidas manifestaciones contra el golpe de Estado, mismas que inauguraban el siglo XXI en Honduras.

Los objetivos consistían en restituir al Presidente Manuel Zelaya Rosales en su cargo de presidente electo en elecciones generales, deponer el gobierno dictatorial de Roberto Micheletti y volver a la propuesta de instalar la cuarta urna de consulta en elecciones presidenciales a fin de promover la Asamblea Nacional Constituyente.

En el decurso de la lucha y en los forcejeos internacionales que el presidente realizaba ante organismos como la OEA,  las Naciones Unidas y diversos otros actores de la diplomacia internacional, se logró solamente el acuerdo de Cartagena que arrojó los siguientes resultados:    el regreso de Mel Zelaya y sus funcionarios al país en condiciones de plena libertad, la suspensión de los juicios incoados al Presidente Zelaya, la recomendación de  inscribir  en el Tribunal Supremo Electoral la representación del FNRP y su integración al mismo, en ambiente de cooperación y transparencia, la regulación del artículo 5 de la Constitución para regular convocatorias a plebiscitos y finalmente la instalación de la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de  las Naciones Unidas  en el país.

De las marchas realizadas durante el tiempo señalado se logró la inscripción del Partido LIBRE —hoy con más de una treintena de diputados ante el Congreso Nacional—, sin que los gobiernos nacionalistas permitieran la integración de esta organización partidaria y otras que fueron muy votadas en la última elección del 2013.

Ante los flagrantes delitos  de corrupción que JOH y el Partido Nacional han cometido desde su plataforma de candidato presidencial y  funcionario del gobierno,  con las características de la más escandalosa inmoralidad cometida por funcionario alguno en el IHSS y otras instituciones gubernamentales, el pueblo asqueado de la impunidad con que se han realizado   tales gravísimas transgresiones morales y éticas, el pueblo hondureño honesto y beligerante ha salido a las calles a exigir la renuncia del presidente JOH y su cómplices ejecutores de un sistema de abuso, arbitrariedad, despotismo, ilegalidad y exceso gubernamental que tiene paralizada la justicia institucional, ahora convertida en simple norma desechada del aparato judicial hondureño.

El pueblo tiene completamente claro el panorama político nacional, y por ello sabe que es necesario limpiar la podredumbre dictatorial implantada por el presidente JOH.

Ante tal dimensión agravante, las consecuencias lógicas de estas protestas deberían ser la destitución inmediata del Fiscal General y Adjunto, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Presidente del Supremo Tribunal de Cuentas, de la remoción del Presidente del Congreso Nacional acompañada de la irrestricta renuncia del Presidente de la República.

Todo ello acompañado de las investigaciones correspondientes al delito cometido por el saqueo de siete mil millones de lempiras en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y la muerte de 2888 personas en el período en que se ejecutó la más abominable de todas las acciones de inmoralidad.

Si nada de esto fuese posible, o si fuere a medias concretado por la diligencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Honduras (CICIH), ello llevaría al menos un tiempo a corto y mediano plazo.

Para lograr estos objetivos, según se prevé en la agudización de la lucha popular de los indignados, devienen más marchas gigantescas, más huelgas de hambre, y un paro nacional.

Se da por supuesto que JOH ante una presión de tal envergadura debería sentarse ante una mesa coordinada por un negociador imparcial frente a la representación colectiva de los protagonistas de la más imponente de todas las manifestaciones de protesta popular que se haya organizado en los quince años del presente siglo.

¿Cuántas piezas caerán del tinglado de la impunidad institucional erigido por JOH durante su mandato de Presidente del Congreso Nacional y de Presidente de la República?

Todo lo que deviene será consecuencia de la lucha de un pueblo indignado por la corrupción financiera realizada en el IHSS y la muerte de 2888 pacientes de esta benemérita institución de salud pública.

Galel Cárdenas es escritor hondureño