El “Caso Flores” se vislumbra como “crónica de una impunidad anunciada”. Como lo advirtieron las Organizaciones Anticorrupción, ya está en marcha el operativo legal para absolver al ex presidente que desvió millonarios donativos de Taiwán hacia cuentas bancarias del partido ARENA.

Envalentonada por la impunidad de los involucrados en el escandaloso fraude CEL-Enel, la defensa de Francisco Flores solicitó al final de la semana pasada que el Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello, sea separado del caso. Esto, para evitar que se incorpore el delito de lavado de dinero y que el juicio pase a fase de sentencia.

En la solicitud presentada ante la Cámara Primera de lo Penal, los defensores del ex gobernante enjuiciado por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia acusan al Juez Séptimo de Instrucción de emitir resoluciones parcializadas y que causan agravios.

El Juez García Arguello asumió el “Caso Flores” en febrero de este año cuando la Corte Suprema de Justicia separó a Levis Italmir Orellana, el cuestionado Juez Primero de Instrucción que benefició al ex presidente con arresto domiciliar, no incluyó el lavado de dinero y quiso resolver el caso en la opacidad declarando una fallida reserva total.

El Juez Séptimo de Instrucción ha realizado un buen trabajo: ordenó el expediente, invitó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a verificar el proceso, le corrigió todas las planas a la Fiscalía y posiblemente incorpore el lavado de dinero en la acusación penal.

Por eso los promotores de la impunidad quieren quitarlo del caso. Y por eso los sectores decentes y la ciudadanía honrada debemos exigir que la Cámara Primera de lo Penal rechace la petición de la defensa del ex presidente Flores y mantenga al Juez García Arguello para que el caso llegue a vista pública y ahí sentar un buen precedente contra la corrupción.

También hay que exigir al Fiscal General, Luis Martínez, que defienda los intereses del país en este caso. La Fiscalía retrasó diligencias, no presentó pruebas importantes y no incluyó el lavado de dinero. Como en el caso CEL-Enel, el Fiscal más parece defensor del ex mandatario que querellante del Estado.

Luis Martínez, además, mantiene una actitud hostil hacia los querellantes particulares de ISD y FESPAD e intentó censurar a medios que informan sobre el caso. El Fiscal amenazó a periodistas y a representantes de organizaciones sociales con procesarlos judicialmente si mencionaban el Informe de Operaciones Sospechosas (ROS).

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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