El dato es escandaloso, alarmante e indignante: la evasión y elusión tributaria en el país ronda los 2,500 millones de dólares anuales, según la reciente investigación “Efecto redistributivo de la política fiscal en El Salvador”.

El estudio, realizado por el reconocido economista Francisco Lazo, detalla que la evasión ronda los 2,000 millones de dólares: 1,069 millones del IVA y 935 millones de la Renta. De éstos, 793 millones son evadidos por las empresas y lo demás por personas naturales.

Mientras que la elusión (evasión legal) promedia los 490 millones de dólares: 370 millones son eludidos por empresas exportadoras y 120 millones por otros sectores empresariales.

Las escandalosas cifras del estudio –silenciado por los medios hegemónicos– deberían alarmar e indignar al país, porque con esos 2,500 millones anuales el gobierno compensaría doblemente el déficit fiscal y habría una mejor distribución de los ingresos.

Con estos recursos el país podría financiar las políticas de seguridad, los planes de prevención de la violencia, los programas de protección a sectores sociales vulnerables y las medias de reactivación productiva. Teniendo estos fondos, el gobierno no necesitaría endeudarse más.

Por tanto, es necesario que el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía y el sistema judicial combatan eficientemente la evasión; y que la Asamblea Legislativa derogue o reforme las leyes que permiten la elusión.

También es necesario acabar con la corrupción para recuperar los millones de dólares robados o malversados durante los gobiernos de ARENA y para evitar nuevos actos de corrupción.

Además, se debe renegociar la deuda externa. Esto permitiría utilizar para la inversión social y productiva cuantiosos fondos que ahora se usan para pagar intereses de deuda, que fue adquirida cumpliendo requisitos leoninos y en condiciones de pago desfavorables.

Se completaría esta urgente tarea con una reforma integral del sistema de pensiones y una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”. Ésta incluye impuestos directos al patrimonio, a la gran ganancia empresarial, a los bienes y productos de lujo, entre otros.

La democracia es también económica, pues requiere una distribución justa de la riqueza. Y para esto es necesario combatir la evasión y elusión tributaria, recuperar los dineros de la corrupción, renegociar la deuda externa y aprobar una reforma fiscal progresiva.