Contexto

Para discutir sobre la soberanía del conocimiento en los países de América Latina debemos ubicar el debate en el contexto del colonialismo y del neocolonialismo.  La primera dimensión se manifiesta a partir de la existencia de estados y sociedades herederos del colonialismo, la predominancia de los lenguajes y las religiones de los colonizadores.  A su vez, se expresa mediante la persistente presencia militar de poderes extrarregionales en América Latina y el Caribe: desde Puerto Rico a Guyana Francesa, desde las islas de “ultramar” del Commonwealth hasta las bases militares norteamericanas en la Amazonía colombiana, pasando por la reactivación de la Cuarta Flota.

Esa presencia militar se ha potenciado por cables submarinos extrarregionales en las costas latinoamericanas y caribeñas, y por satélites en el espacio aéreo.  La infraestructura de telecomunicaciones ha viabilizado la dominancia económica de las potencias extrarregionales en los flujos de información intrarregionales, el espionaje masivo de agencias militares extrarregionales, la colaboración entre corporaciones transnacionales de dichas potencias y sus gobiernos, y el saqueo de información comercial de empresas estratégicas y bancos estatales de los países del Sur.  El caso del espionaje comercial de Petrobras por parte de la NSA es uno de los ejemplos más claros sobre esta problemática.

En la dimensión del neocolonialismo capitalista, la hegemonía cultural de potencias extrarregionales ha sido el principal promotor para estimular un patrón de consumo homogenizado.  El vínculo entre la infraestructura de telecomunicaciones y los contenidos culturales de los mass media cristalizan dicha hegemonía cultural.  Por otro lado, la hegemonía de las redes sociales, administradas y gobernadas por potencias extrarregionales, representa un nivel más sofisticado e invasivo de la penetración de contenidos culturales en nuestra región.  La información no es unidireccional, como en el caso de los mass media; ahora es retroalimentada en tiempo real, de forma individualizada, georeferenciada, enlazada en redes, y categorizada en términos psico-emocionales.  Esta retroalimentación sirve, a su vez, para la administración de contenidos y construcción de estados sicológicos y cognitivos a nivel colectivo.  La experiencia de la red social ZunZuneo, gestada por la USAID, en Cuba caracteriza esta dimensión.

Este neocolonialismo no solo se expresa en la presencia física o virtual, sino también en la construcción jurídico-institucional del sistema global del conocimiento.  La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual administra convenios internacionales que llevan más de 100 años de vigencia y que fueron establecidos para la internacionalización de la privatización del conocimiento y la cultura, como son los de Berna o París.  A la fecha, ese sigue siendo el espacio de deliberación multilateral sobre nuevos tratados internacionales relacionados a la propiedad intelectual y el conocimiento.  Mientras que a pocas cuadras en Ginebra sesiona la Organización Mundial de Comercio que, a partir de la Ronda de Uruguay, incorpora el Acuerdo de Propiedad Intelectual relativa al Comercio (ADPIC), norma supranacional que rige el sistema de propiedad intelectual en el planeta.  A esto se suman centenas de tratados de libre comercio regionales y bilaterales que profundizan las “disciplinas” en materia de propiedad intelectual y las cruzan con obligaciones arancelarias. E incluso más preocupante, hay miles de tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones que, siguiendo el modelo del Norte, definen a la propiedad intelectual como un activo de inversión, potencialmente sujeto de arbitraje internacional en el CIADI del Banco Mundial, o instancias similares, en caso de medidas regulatorias de los Estados que afecten las expectativas de ganancias de las corporaciones transnacionales titulares.

No debe sorprender que en donde sí existen ventajas comparativas para los países del Sur, como la biodiversidad o los conocimientos ancestrales, los países más ávidos por patentar no han suscrito el Convenio de Diversidad Biológica ni el Protocolo de Nagoya, que remuneraría principalmente a los Estados y a las comunidades del Sur.  La biopiratería sigue campante.  Esta institucionalidad, que recoge y refleja asimetrías de poder y prácticas culturales hegemónicas, evidencia la desigual distribución de patentes en el mundo entre los países ricos y los países pobres.

Gráfico 1. Número de patentes por grupos de países por nivel de ingreso

Fuente: OMPI

Aparentemente, las desigualdades existentes no son suficientes para las corporaciones transnacionales y sus Estados patrocinadores.  El vínculo orgánico mediante puertas revolventes, cabildeo (lobby), financiamiento de campañas y participación en consejos asesores, entre las corporaciones del capitalismo cognitivo y el gobierno de EE.UU., ha llevado a que proponga al planeta una agenda hiperprivatizadora del conocimiento.  Por ejemplo, se ha propuesto el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) que busca endurecer la legislación de propiedad intelectual.  EE.UU. ha indicado que lo más importante de los nuevos acuerdos de libre comercio mega-regionales (Transpacífico y Transatlántico) es la legislación relativa a propiedad intelectual, y su futura relevancia como estándar global.  El caso de Google es uno de los más interesantes, pues ocupa el ranking número 9 como organización que más hace lobbying político (para ambos partidos norteamericanos), forma parte del Council of Foreign Relations y contrata  a 102 ex funcionarios de gobierno.

Gráfico 2. Aportes de campaña, lobbying y puertas revolventes de Google Inc.

Fuente: Opensecrets.org

Soberanía regional del conocimiento

Frente a este marco internacional, con visibles actores hegemónicos, es imprescindible que los países de América Latina y el Caribe adopten posiciones comunes.  En primer lugar, las instancias multilaterales del Sur deben servir como espacios de confluencia para tener una voz unificada y un respaldo colectivo en negociaciones bilaterales o multipartes.  Estas posiciones deben, en lo posible, convertirse en legislación o mandato regional para respaldar las decisiones nacionales ante escenarios de realpolitik frente a potencias extrarregionales.  La experiencia de la Comunidad Andina es un ejemplo de lo importante que fue contar con una legislación supranacional en el ámbito de negociación con EE.UU., de tratados de libre comercio con capítulos de propiedad intelectual.

Vale insistir que los países del Sur deben impulsar la construcción de un régimen alternativo de inversiones, dando de baja las menciones a la propiedad intelectual en los miles de tratados de protección recíproca de inversiones.  Un primer esfuerzo en la dirección correcta, aunque aún distante de las necesidades de la región, ha sido la Declaración de Quito, en septiembre de 2015, en ocasión de la Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología de la CELAC.

Pero además de cambiar el orden institucional en lo relacionado a la propiedad intelectual, la región tiene que avanzar a la consolidación de una agenda programática para la Soberanía Regional del Conocimiento.  Con esto se logrará, entre otros temas, preservar la soberanía en términos de seguridad de la información.  Se debe consolidar una infraestructura alternativa en el ámbito de las telecomunicaciones y tecnologías de información.  UNASUR ejecutó un buen primer paso en iniciar los estudios de una red de fibra óptica sudamericana, pero aún está pendiente generar una red de satélites sudamericanos, así como el establecimiento de infraestructura regional para el almacenamiento de la información (incluyendo nuestros datos personales), pues actualmente más del 80% de la información de páginas latinoamericanas se albergan en servidores de EE.UU.  Para esto, es crucial la integración de las empresas públicas de telecomunicaciones de nuestros países mediante la figura de grannacionales.

Es absolutamente crítico para la región aterrizar en una agenda de investigación científica.  A diferencia de los intereses hegemónicos, en donde la guerra ha sido el motor de los principales avances científicos, la agenda de investigación debe estar orientada hacia el Buen Vivir de los pueblos.  Esta agenda ha de concretarse en instrumentos específicos para el financiamiento a la investigación científica, que no dependan de cooperación extrarregional y que sean menos vulnerables a los shocks de balanza de pagos que enfrenta nuestra región (como pueden ser fondos comprometidos de investigación y desarrollo de las empresas públicas).  La agenda se debe concretar en la formación de redes de conocimiento y debe iniciar con estudios sobre los protocolos regulatorios y estándares regionales que precisa adoptar América Latina y el Caribe para comunicaciones, almacenamiento de información, y la métrica del conocimiento y el talento humano.

Las estadísticas generadas por los organismos multilaterales tienen una marcada influencia de actores extrarregionales, y la construcción normativa de los indicadores está sesgada por los intereses de los países del Norte.  Los índices de TICs (NRI) del Foro Económico Mundial, de telecomunicaciones de la UIT, o de innovación de la OMPI tienen muchas debilidades metodológicas y prejuicios ideológicos y eurocéntricos.  Uno de los más grandes retos en relación a la métrica tiene que ver con la indexación de las revistas especializadas y los procesos de revisión y evaluación de las mismas, incluyendo el componente de lenguaje.

Parte de la agenda científica debe orientarse hacia la conservación y aprovechamiento sustentable de nuestra principal ventaja comparativa: los recursos naturales estratégicos, incluyendo la biodiversidad y los conocimientos ancestrales.  La región precisa preservar su patrimonio natural, científico y cultural.  Los recursos del subsuelo son patrimonio no explorado.  La biodiversidad es patrimonio científico codificado.  Los conocimientos ancestrales constituyen patrimonio intangible, no registrado.  El levantamiento de información y su sistematización sobre aquellos patrimonios deben ser parte constituyente de la Agenda de Investigación Científica de la Región, y tiene que estar articulada a una planificación estratégica supranacional, preferiblemente albergada en un Instituto de Altos Estudios Regionales, como en efecto fue planteado por el ex Secretario General de UNASUR, Alí Rodríguez.  En el caso ecuatoriano, los clústeres científicos prospectivos coinciden con hotspots de biodiversidad y próximos a las fuentes de recursos naturales como son Ikiam en la Amazonía –que además albergará a la universidad del mismo nombre especializada en ciencias de la vida y de la tierra–, las Islas Galápagos y el espacio de investigación para el mar en Manabí, en la costa ecuatoriana.

Finalmente, es fundamental garantizar el componente de libre movilidad del talento humano dentro de la región como un fin en sí mismo, pero también como un medio para la consecución de mayores flujos de conocimiento y la construcción cultural de identidad común.  Esto implica la consolidación de un espacio regional de educación superior, sobre la base de equivalencia en la acreditación de universidades y carreras; el reconocimiento y homologación de títulos para fines académicos, y la habilitación para fines profesionales.  El espacio regional debe ser complementado por intercambios estudiantiles en todos los niveles de educación, priorizando la educación superior y los años de bachillerato (15-18).  Este último punto ya se viene trabajando en UNASUR, con un co-liderazgo de parte de Ecuador y de la Secretaría General.

Estrategias de desarrollo

Las dos estrategias principales que proponemos para ser ejecutadas a escala nacional son la economía social del conocimiento y la formación del talento humano.  La economía social del conocimiento implica plantearse una serie de demandas sociales vinculadas a la planificación nacional y desencadenar el uso de las flexibilidades de los marcos institucionales internacionales.  El principal motor de demanda de cualquier país son las compras públicas, pues constituyen un monto considerable del Producto Interno Bruto de sus economías.  En nuestra región, el componente importado de las compras públicas es alto.

La innovación desde la demanda implica sustituir tecnologías foráneas por tecnología fomentada a nivel nacional, incentivada por la certidumbre de proveer al Estado durante un período definido de tiempo.  El acceso a los productos o procesos críticos de dicha tecnología se puede complementar mediante política expresa de transferencia tecnológica (en sus distintas variantes), incluyendo la posibilidad de emitir licencias obligatorias.  Es de esa manera que se logra una política integral de sustitución de importaciones, industrialización e innovación para la satisfacción de necesidades concretas y previsibles, sin la necesidad de más financiamiento que la certidumbre de provisión por un tiempo definido.

Esta política de economía social de conocimiento desde la demanda establecerá una creciente red de investigación y desarrollo en la economía.  Con el crecimiento de actores se requerirá ampliar la política a la transferencia tecnológica horizontal – es decir, entre pares –.  Esta transferencia podrá ser mediada por centros de transferencia tecnológica de las universidades o institutos.  Es a esta política con resultados concretos y cuya agenda surge de las necesidades concretas de la sociedad y del Estado, que debe plantearse un instrumento de financiamiento.  Dicho instrumento no solo debe incluir fuentes fiscales, sino, y sobre todo, una participación activa de los capitales privados.

En el caso ecuatoriano, para coordinar y confluir la investigación, desarrollo e innovación, el Estado está constituyendo clústeres científicos, siendo la principal apuesta la Ciudad de Conocimiento Yachay y la universidad de tecnología experimental Yachay Tech.

Una de las formas de lograr transferencia de conocimiento más efectiva es mediante becas o pasantías de estudiantes nacionales en centros de conocimiento extrarregionales.  Si las becas en universidades o pasantías en empresas no tienen una agenda previa vinculada a necesidades muy concretas en términos tecnológicos para la reducción de la dependencia, dichas becas contribuirán exclusivamente al eje de formación de talento humano.  Dicho esto, es absolutamente crucial generar una masa crítica de científicos e investigadores altamente cualificados, y mientras dura su proceso de formación y se constituye la infraestructura habilitante en el país, conviene atraer a científicos e investigadores del exterior.

En términos de la estrategia, la formación de talento humano tiene beneficios incuestionables con relación al desarrollo y al Buen Vivir.  Un talento humano mejor formado contribuye a mejoras sustantivas de la productividad, lo que a su vez es el determinante del crecimiento económico y de la posibilidad de acumulación.  Es alrededor del vínculo entre el bienestar material y el talento humano que se debe fortalecer el sistema nacional de capacitación fuertemente orientado a la práctica.  Para aprender a hacer, debemos aprender haciendo.  Es el insumo para la transformación productiva.  Y desde la perspectiva del Buen Vivir, es el mayor conocimiento lo que garantiza un provechoso futuro para que las distintas generaciones no sufran de precarización laboral.

Indudablemente, además de la capacitación profesional, debemos fortalecer el sistema educativo.  La democratización y la calidad de la educación van de la mano.  Mientras en otros lugares del planeta mercantilizan el acceso al conocimiento y provocan endeudamiento de por vida, la política ecuatoriana ha incrementado la matrícula en todos los niveles, mediante la gratuidad, sin detrimento de la excelencia.  Entendimos que al hablar de calidad educativa estamos hablando de, por ejemplo, contar con una óptima infraestructura, entendida como ese espacio de encuentro para el pensamiento crítico, la identidad colectiva, la autonomía individual y la excelencia.  Y eso se traduce en resultados como el hecho de que hoy nuestro país es el que más ha mejorado su desempeño en las pruebas de la UNESCO en la región.  En todo caso, el elemento más importante sigue siendo la formación de los docentes, pues su efecto multiplicador es el determinante más importante en la calidad educativa.  Por esto, la apuesta para la soberanía del conocimiento en el caso del Ecuador es la creación y vertiginoso crecimiento de la Universidad Nacional de la Educación, en el Austro del país.

Sin embargo, nada de esto es trascendente si no se implementa una revolución a nivel de la primera infancia.  Las estrategias para alcanzar una auténtica soberanía del conocimiento deben concentrar sus esfuerzos en potenciar la educación inicial y la primera infancia, porque es la base desde la cual parte la formación intelectual, afectiva, individual del ser humano: los hace libres, autónomos, críticos, les otorga las herramientas para profesionalizar-profundizar sus destrezas, conocimientos y saberes.  Es fundamental que se invierta en la provisión de los servicios de infancia plena a nivel del hogar y a nivel estatal, y los responsables de la política pública deben orientar recursos a la investigación permanente sobre la relación entre el cerebro y el desarrollo cognitivo - las neurociencias –.

Es tan importante la exposición a contenidos en la configuración de nuestra matriz cognitiva que debemos tomar conciencia de la importancia de la influencia del mass media en nuestras sociedades.  La estrategia nacional no puede estar completa sin estudiar permanentemente los mecanismos de operación de los contenidos culturales hegemónicos a través de los medios masivos, su interrelación con la infraestructura de telecomunicaciones y la retroalimentación de información personal granular y agregada de las redes sociales.  Los Estados, representantes institucionales de la sociedad, no pueden ser ingenuos ante el poder de los (pocos y oligopólicos) actores de la comunicación, y deben constituir tácticas para la modulación de contenidos precautelando el desarrollo cognitivo adecuado de los infantes.

Asimismo, incumbe velar por la veracidad, precisión y pertinencia de contenidos considerando las asimetrías de información y formación de la ciudadanía, en función de los principios que guían a las distintas sociedades nacionales. Parte de estas tácticas deben involucrar a la cultura, porque en ella está nuestro acervo histórico, simbólico, nuestra memoria social; la cultura es la manifestación individual o colectiva de que la vida no es homogénea; es el metarelato de la historia que narra los hechos que pasan desapercibidos cotidianamente; es el registro del espíritu crítico de nuestra época y de las que nos precedieron; y porque la cultura siempre está en disputa con las hegemonías.  Para canalizar esta energía, se creó la Universidad de las Artes en Guayaquil, la ciudad más poblada del país que carecía de una mayor oferta artística y cultural.

Conclusiones

En definitiva, la humanidad se enfrenta a peligros de carácter civilizatorio, principalmente centrados alrededor del cambio climático y la confrontación bélica.  Es momento de que la ciencia deje de estar al servicio de la guerra y pase al servicio de la lucha contra el cambio climático.  Se pueden construir los arreglos institucionales para que la tecnología que puede salvar vidas y a nuestra especie no sea excluyente.  Sería suficiente con que un fondo común global compense a los inventores por proveer esa tecnología al planeta entero.  Y esos fondos puedan venir de los bancos centrales, o de la institucionalidad equivalente a nivel global, financiados por Derechos Especiales de Giro del FMI.  A nivel regional, es el Banco del Sur el llamado a financiar la ciencia y la tecnología; no es casual que la soberanía del conocimiento constituye uno de los ejes principales de dicha institución.

El principal aporte de una política de soberanía del conocimiento para una sociedad es que nos permite recuperar el futuro, se vuelve una motivación social con nuevos imaginarios colectivos y nuevas ilusiones movilizadoras.  Invertir en el conocimiento es apropiarnos de nuestro futuro.

- Andrés Arauz, máster en Economía del Desarrollo, es el actual Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador.

* Artículo publicado en la edición 507 (septiembre 2015) de la revista América Latina en Movimiento, sobre “Conocimiento, ciencia y tecnología” - http://www.alainet.org/es/revistas/507