La demanda por difamación y calumnias contra el secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia –presentada por la diputada Ana Vilma de Escobar y admitida en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador– es el linchamiento judicial, político y mediático de un funcionario incómodo para ARENA.

La legisladora arenera acusó penalmente al secretario Marcos Rodríguez, en represalia por señalar irregularidades en el manejo de los fondos del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE). Dichos recursos fueron administrados por De Escobar cuando era vicepresidenta del gobierno de Antonio Saca.

Un aviso de investigación presentado por el Ministerio de Economía ante la Fiscalía en enero de 2014, advierte sobre el posible tráfico de influencias en la asignación de dineros del FECEPE y señala que las empresas beneficiadas no crearon la cantidad de empleos que comprometieron por recibir dichos fondos. Y las declaraciones públicas de Rodríguez sobre esto son consideradas difamatorias y calumniosas por la parlamentaria arenera.

Con esta demanda la diputada contra-ataca y el partido oligárquico intenta “acabarse” a un funcionario que promueve la transparencia y rendición de cuentas. Se trata de liquidar al funcionario que presentó más de 150 casos de corrupción de los gobiernos areneros, que el Fiscal (y candidato a la reelección en el cargo) Luis Martínez no quiere investigar.

ARENA también sabe que Marcos Rodríguez jugó un papel importante en la denuncia pública y la posterior judicialización de los escandalosos casos de corrupción CEL-Enel y del expresidente Francisco Flores; así como también en la divulgación de la lista de empresarios morosos con el fisco.

Esos son los pecados imperdonables cometidos por el Secretario de Transparencia y Anticorrupción. A la derecha oligárquica le choca que Marcos Rodríguez también promueva la transparencia de las empresas privadas, sobre todo en materia tributaria.

Por eso las organizaciones que promueven el acceso a la información, transparencia y anticorrupción deben rechazar la demanda contra el secretario Rodríguez y exigir a la Fiscalía que enjuicie a la diputada De Escobar por su responsabilidad en el mal manejo del FECEPE. La legisladora arenera también debe responder por los actos de corrupción cometidos durante su administración en el ISSS, en el gobierno del ex presidente Flores.