El Fiscal General, Luis Martínez, declaró ayer que está investigando por delitos de corrupción a varios funcionarios y ex funcionarios públicos. Sin detallar nombres afirmó que la Fiscalía investiga a algunos “ministros, diputados y alcaldes” por delitos como enriquecimiento ilícito.

Las referidas declaraciones son cuestionables porque se dan en pleno proceso de nombramiento del Fiscal General en la Asamblea Legislativa, donde Luis Martínez participa como candidato a la reelección.

Las afirmaciones del Fiscal Martínez serían, por tanto, acciones de propaganda y posiblemente hasta intimidatorias o de chantaje, tomando en cuenta que –como señaló el periodista Héctor Silva Ávalos- su estrategia es abrir o cerrar casos para conseguir votos por su reelección.

Las declaraciones del Fiscal General vendrían a ser lo que en el lenguaje popular salvadoreño se llama “salveque”, sustantivo derivado del verbo “salvequear” que significa presionar, amenazar o chantajear.

La “salvequeada” de Luis Martínez consistiría –entonces- en insinuar que va a enjuiciar o hacer pública alguna investigación judicial contra los diputados que no voten por él o contra funcionarios y ex funcionarios de los partidos que no apoyen su reelección.

Si esto es así, el país está ante una situación reprobable: un Fiscal General que, a falta de credenciales y de un buen desempeño como querellante del Estado, usa el chantaje como instrumento de presión para su reelección.

Varios candidatos están a punto de hacer pública su inconformidad con la actuación del Fiscal Martínez, quien abusa del cargo para hacerse propaganda y “salvequear”. La Asamblea debió exigirle que renunciara al cargo para no actuar con clara ventaja respecto a sus contendientes.

Las Organizaciones Anticorrupción también denunciarán maniobras del Fiscal en su intento de reelección y señalarán fallas del proceso de selección en la subcomisión legislativa que analiza los perfiles de los candidatos.

La población decente y honrada debe fiscalizar el proceso de elección para garantizar que la Asamblea nombre a un Fiscal idóneo y no sea una pantomima de la que resulte reelecto Luis Martínez. Esto es necesario para el combate diligente contra la impunidad y la corrupción.