La empresa suiza productora de transgénicos y agrotóxicos, Syngenta, fue judicialmente responsabilizada por el asesinato del trabajador rural Valmir Mota de Oliveira (mejor conocido como Keno) y por la tentativa de asesinato de Isabel do Nascimento de Souza. Los dos eran integrantes de La Vía Campesina y fueron víctimas del ataque de guardias privadas armadas en 2007.

La resolución, emitida por el juez de derecho Pedro Ivo Moreira, de la Primera Instancia en lo Civil de la localidad de Cascavel (Estado de Paraná, Brasil), fue publicada en el Diario Oficial del Estado este miércoles 17 de noviembre. La sentencia determina que la empresa indemnice a los familiares de Keno y a la víctima Isabel por los daños morales y materiales que provocó. La acción fue juzgada el año 2010, como intento de obtener respuestas del Estado en cuanto a la responsabilidad de la corporación Syngenta por el ataque perpetrado por la milicia armada privada.

Esta resolución es vista con buenos ojos por los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, ya que la responsabilidad de las empresas que cometen violaciones a los derechos humanos es un desafío de orden global. “Actualmente, las empresas transnacionales tienen gran libertad de actuación transnacional, pero no hay normas ni mecanismos nacionales e internacionales suficientes para obligarlas a respetar los derechos humanos o para responsabilizarlas en caso de violaciones. La condena a Syngenta, en este caso, es una excepción a la regla”, explica el abogado popular de Tierra de Derechos, Fernando Prioste, que acompañó el caso.

Sobre la decisión

El juez reconoció que el hecho ocurrido en la estación experimental de la empresa Syngenta fue una verdadera masacre. En su decisión, afirma que “decir que lo ocurrido fue una confrontación es cerrar los ojos hacia la realidad, pues [...] no hay duda de que el hecho, en verdad, fue una masacre con ropaje de reintegración de la posesión”. Con eso, la versión presentada por la Syngenta, fue rechazada por el Poder Judicial. La empresa alegaba que el ataque ocurrido en 2007 sería resultado de una confrontación entre guardias privados e integrantes de La Vía Campesina.

En su defensa, Syngenta reconoció la ilegalidad de la acción de la guardia privada, así como el cuño ideológico de la acción contra La Vía Campesina y el MST. La empresa afirmó que “más que la protección de esta o aquella hacienda, queda claro que la guardia privada tenía por objetivo la defensa de una posición ideológica que contraponía aquella del MST [Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra], de modo a propagar la idea de que la cada acción corresponde una reacción”. Con eso, la transnacional intentaba eludir su responsabilidad, alegando que el ataque no fue realizado por la empresa por ella contratada, sino por una milicia al mando de los hacendados.

Sin embargo, en su decisión, el juez reconoció que “la mala elección en el servicio tercerizado de provisión de seguridad, así como el financiamiento indirecto de las actividades ilícitas, constituye hecho generador de responsabilidad civil”. Además, reprobó con vehemencia el ataque realizado al afirmar que “por más reprobable e ilegítima que fuese la invasión a la propiedad, no sería apropiado actuar por cuenta propia, imponiendo pena de muerte a los ocupantes, sino buscar los medios legales de solución al conflicto, después de todo, la ley considera delito el ejercicio arbitrario de sus propias razones”. Por lo tanto, la decisión judicial que condenó a Syngenta no solo afirma el cuño ideológico de la acción miliciana, sino que también vincula a la empresa a esa acción.

La decisión judicial todavía no es definitiva. Syngenta, a través de su defensor, Renne Ariel Dotti, podrá recurrir al Tribunal de Justicia del Estado de Paraná. Para el abogado popular de Tierra de Derechos, Fernando Prioste, se espera que el Tribunal mencionado mantenga la decisión para restablecer la verdad sobre los hechos ocurridos en octubre de 2007. “Las pruebas son contundentes contra la empresa”, apuntó. “Una eventual absolución de Syngenta significaría la complicidad del sistema de justicia con las masacres, como lo ocurrido en este caso”.

Excepción a la regla

Consultada sobre la decisión, Isabel Nascimento dos Santos dijo estar feliz, más allá de la reparación económica. Gravemente herida durante el ataque ideado por la Syngenta en 2007, la agricultora destacó el reconocimiento, por parte de la Justicia, de la responsabilidad de la empresa en el caso.

“Ahora se trata de levantar la cabeza, intentando olvidar un poco el sufrimiento que pasamos” ¿La lucha terminó? “¡Jamás! Vamos hacia adelante, dando continuidad también al trabajo de Keno”.

El representante del MST en la región de Cascavel, Eduardo Rodrigues, destaca la importancia de la decisión. Según Rodrigues, es común la impunidad de las grandes empresas que violan los derechos, al mismo tiempo en que es frecuente que integrantes del movimiento campesino sean criminalizados por su lucha de oposición al modelo del agronegocio. “El ataque no sucedió sin el conocimiento de la multinacional”, denunció el agricultor. “Ellos no dieron solo el apoyo institucional, sino también el apoyo financiero y la logística”.

Rodrigues dijo desear que esa decisión sea extendida a otros casos de responsabilidad de las empresas por los ataques que perpetran. “Espero que esa decisión pueda fortalecer nuestra lucha, dando visibilidad a nuestros compañeros”.

Los muchos obstáculos existentes para lograr que las empresas respeten los derechos humanos y sean responsabilizadas por las violaciones que cometen, hizo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pasase a debatir el establecimiento de un tratado internacional vinculante que cree mecanismos de prevención, reparación y responsabilidad en el tema de empresas y derechos humanos.

El grupo de trabajo de la ONU que desarrolla actividades para el establecimiento de este tratado, visitará Brasil en el mes de diciembre próximo. Se espera que los representantes de la ONU puedan utilizar el caso de la condena contra Syngenta como referencia para la rendición de cuenta de las grandes empresas que cometen violaciones a los derechos humanos a través de empresas tercerizadas.

Sobre el caso

El día 21 de octubre de 2007, cerca de 40 pistoleros de la empresa “NF Seguridad”, atacaron el campamento de La Vía Campesina localizado en el campo de experimento de transgénicos de la transnacional Syngenta, en Santa Tereza do Oeste (Estado de Paraná). El local había sido reocupado por alrededor de 150 integrantes de La Vía Campesina y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) esa mañana.

Los ocupantes denunciaban la realización de experimentos ilegales con maíz transgénico en zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú. Los integrantes de La Vía Campesina también buscaban denunciar a las empresas de biotecnología que actúan de forma a imponer un modelo de agricultura que genera daños ambientales con la utilización indiscriminada de transgénicos y agrotóxicos, de modo que invisibilizan la producción de alimentos saludables por los campesinos, pueblos indígenas y pueblos y comunidades tradicionales.

Una milicia fuertemente armada de la empresa “NF Seguridad”, invadió el local disparando en dirección a las personas que ocupaban el espacio. Según informaciones de La Vía Campesina, la acción había sido promovida por Syngenta, que utilizaba servicios de “NF Seguridad”, en conjunto con la Sociedad Rural de la Región Oeste (SRO), y el Movimiento de los Productores Rurales (MPR), vinculado al agronegocio. Indicios apuntan a que la empresa de seguridad sería una fachada y que contrataba guardias de forma ilegal para las operaciones de ataque. Además de Keno, los tiradores dispararon contra Isabel e hirieron a otros tres agricultores.

Poseedora del 19 % del mercado de agroquímicos y tercera empresa con mayor lucro en la comercialización de semillas en el mundo, rozando a Monsanto y la Dupont, Syngenta, junto a otras transnacionales, agrava el escenario de violencia en el campo con la imposición de un modelo de agricultura basado en el monocultivo, en la súper explotación del trabajador, en la degradación ambiental, en la utilización de agrotóxicos y en la apropiación privada de recursos naturales y genéticos.

En el área en que ocurrieron los hechos, actualmente funciona el Centro de Investigaciones en Agroecología Valmir Mota de Oliveira, “Keno”.

>> Sobre el tema de la responsabilidad de empresas por violaciones de derechos humanos, Tierra de Derechos desarrolló una guía para auxiliar en la evaluación sobre posibilidades de litigar contra empresas en el ámbito internacional.