La semana pasada llegó al país -deportado de Estados Unidos- el general Guillermo García, vinculado a la autoría intelectual de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1979 y 1984, período en el que fungió como ministro de Defensa.

El Magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el asesinato de las religiosas Maryknoll y los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) y masacres horrendas en El Mozote, El Sumpul, La Quesera, Tenancingo y Guadalupe, están en la larga lista de crímenes cometidos bajo las órdenes de este ex jefe militar en los inicios de la cruenta guerra civil.

El general García fue condenado en Estados Unidos a pagar una millonaria indemnización a un médico sobreviviente de las sesiones de tortura; pero al llegar a El Salvador ningún juez, fiscal o policía lo esperaba para capturarlo. De no ser por la protesta de miembros de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, la llegada de este criminal de guerra -incluso- habría pasado desapercibida.

En abril del año pasado, otro delincuente de lesa humanidad entró al país, también deportado de Estados Unidos: el ex director de la tenebrosa Guardia Nacional y ex ministro de Defensa, Eugenio Vides Casanova, responsable de innumerables masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas cometidas por el Ejército, los represivos cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte que actuaban bajo protección estatal.

Igual que a García, su compañero de armas y de crímenes, a Vides Casanova no lo esperó ningún juez, fiscal o policía para detenerlo.

Actualmente, 17 ex militares involucrados en la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA se mantienen tranquilos en sus casas, seguros de que la “honorable” Corte Suprema de Justicia no autorizará su extradición a España, a pesar de la reiterada solicitud del Juez Eloy Velasco.

Los generales Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda y demás miembros de la cúpula militar responsable de la masacre, se benefician también de la “falta de valor” del actual gobierno (Ministerio de Seguridad y Policía) para cumplir la orden de captura internacional y llevárselos a la Corte.

Así, El Salvador es, hoy por hoy, un refugio de criminales de guerra, delincuentes de lesa humanidad y violadores de los derechos humanos. En esta vergonzosa trama de impunidad participan magistrados, jueces, fiscales y autoridades de seguridad del Ejecutivo.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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