Quince años después la pregunta sigue vigente. Esta semana en Washington los presidentes Obama y Santos, en presencia del ex presidente Andrés Pastrana y en medio del desplante del expresidente Uribe, se reúnen para celebrar el décimo quinto aniversario del Plan Colombia, que para algunos fue un éxito, pero para otros una operación militar con graves efectos colaterales.

Durante tres quinquenios Colombia recibió de Estados Unidos asistencia técnica, militar y de inteligencia por casi 10 mil millones de dólares para erradicar el narcotráfico, fortalecer la justicia y la institucionalidad y derrotar a las guerrillas. Las fumigaciones aéreas con glifosato, el fortalecimiento de la Fuerza Aérea y la creación de la aviación militar del Ejército, así como el apoyo y la coordinación de la operaciones de inteligencia, permitieron resultados contundentes en desmantelamiento de frente guerrilleros y bajas y capturas de jefes insurgentes.

A estos resultados los gobiernos de Estados Unidos y Colombia le suman el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el crecimiento económico del país en los quince años de ejecución del Plan. Coinciden los dos gobiernos que Colombia estaba a punto de convertirse en un Estado fallido y que ahora es un país viable y próspero.

No obstante hay otros indicadores que muestran resultados menos optimistas en términos de soberanía nacional, medio ambiente, derechos humanos, desplazamiento forzado, refugio, diseminación de cultivos y fragmentación de carteles de la droga.

Veamos algunas de estas cifras que contrastan con el optimismo oficial:

Según la Unidad de Víctimas del gobierno nacional, en el cuatrienio 1998/2002, que coincide con el gobierno de Pastrana y con el inicio del Plan Colombia, alrededor de 1.700.000 personas fueron desplazadas de manera violenta de sus hogares. En el primer gobierno del presidente Uribe el desplazamiento afectó a 1.854.786 colombianos. La situación no mejoró en el segundo mandato de la "seguridad democrática" porque el número de personas desplazadas alcanzó la cifra de 1.457.697 compatriotas, en su mayoría campesinos pobres víctimas de grupos paramilitares, Fuerza Pública, guerrillas y fumigaciones. En ocho años del gobierno de Uribe y en plena ejecución del Plan Colombia (2002-2010) el desplazamiento forzado adquirió la dimensión de una crisis humanitaria que arrastró a 3.312.483 de personas, más de la mitad de los 6.200.000 desplazados reconocidos en Colombia desde 1985.

Pero no todas las personas perseguidas se quedaron en el territorio nacional. Según el Acnur, alrededor de 350 mil compatriotas tienen hoy la condición de refugiados o solicitantes de refugio en por lo menos 20 países del mundo y el 70% se fueron durante los últimos 15 años.

En cuanto a la erradicación de cultivos de hoja de coca el panorama es desalentador. Cuando se inició el Plan Colombia se estimaban en 163.289 hectáreas los cultivos de coca. Ocho años después (2007), durante el gobierno de Uribe, el área cultivada era de 157.200, es decir, 6 mil hectáreas menos después del desastre ambiental que implicó fumigar alrededor de 800 mil, muchas de las cuales eran de cultivos de pancoger y, en ocasiones, de proyectos agrícolas financiados por el mismo Plan Colombia. En 2014 el área cultivada de coca era de 112 mil hectáreas, 51 mil hectáreas menos que en 1999, lejos de la meta de reducir en un 50% los cultivos ilícitos. La realidad es que 15 años después de implementar esta política de erradicación, Colombia sigue cultivando hoja de coca y produciendo y exportando cocaína a los mercados ilegales de Estados Unidos y Europa.

Pero también en el marco del Plan Colombia se acordó en 2008 con Estados Unidos el uso de siete bases militares colombianas para operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico. Los acuerdos permitieron que 800 militares y 600 contratistas estadounidenses hicieran presencia en el país con garantías de inmunidad. no obstante denuncias de abusos y violaciones a 54 niñas menores de edad en inmediaciones de las bases militares en Melgar y Girardot.

Por supuesto que la asistencia militar de Estados Unidos contribuyó a debilitar militarmente a las Farc y que mediante operaciones áreas se dio de baja a por lo menos 70 líderes de esa guerrilla. No obstante, esta ofensiva militar estuvo acompañada de graves violaciones a los derechos humanos, cuya máxima degradación se manifestó en ejecuciones extrajudiciales de alrededor de 3 mil civiles, presentados como "bajas" a la guerrilla y conocidos como "falsos positivos", según reporta la Fiscalía General de la Nación.

Hoy, cuando el Plan Colombia cumple 15 años, es pertinente recordar que en 2001 se realizó en Costa Rica una Conferencia Internacional por La Paz de Colombia con participación del gobierno nacional, un sector de la insurgencia, la comunidad internacional (EEUU, UE, AL y ONU) y amplios sectores de la sociedad civil. En esta reunión se advirtió que el Plan Colombia traería más guerra, no resolvería los cultivos ilícitos y podría agravar la situación crítica de derechos humanos. En San José de Costa Rica se elevó un clamor por la paz negociada como alternativa sostenible para reconstruir la nación desde una democracia real con justicia social (ahora debería incluir la justicia climática). También se propuso un plan gradual, voluntario y con alternativas para la erradicación de cultivos de uso ilícito.

Ojalá esa sea la hoja de ruta que se cumpla después de la firma del acuerdo de paz con las Farc en La Habana y del inicio, por fin, del proceso con el Eln. El apoyo de Estados Unidos al proceso de paz es una buena notica y, tal vez, una forma de compensar los daños colaterales que dejó el Plan que hoy se celebra. Ojalá, porque la Paz sigue siendo el Plan que Colombia necesita.

3 de febrero de 2016