Hace unos días se ha conmemorado el 40 aniversario del golpe de 1976, que inició el período más sanguinario de la historia argentina reciente.

Durante el mismo, los militares, los grupos paramilitares y otras fuerzas de « seguridad » robaron bebés, secuestraron y mataron  militantes sindicales, jóvenes estudiantes, abogados y otros profesionales,  tomaron como rehenes y mataron a los familiares de los perseguidos, robaron los bienes en las casas asaltadas, se facilitó  el asesinato, (en el marco  del Plan Cóndor) de  ciudadanos extranjeros como fue el caso del  derrocado presidente boliviano Juan José Torres y de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor  Gutiérrez Ruiz, entre muchos otros, se prohibieron libros por decreto, quemándolos  en « ceremonias oficiales », etc[1].

La Operación Cóndor ya funcionaba en 1974,  como lo prueba el asesinato en Argentina el 30/9/74 (Gobierno de Isabel Perón) del general  chileno Carlos Prats quien, como ministro de defensa, se mantuvo leal  al Presidente  Allende.   Bastante antes existieron otras formas de coordinación represiva internacional[2].

Quienes pretenden justificar la brutal represión de la dictadura 73-86 dicen que se trató de un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y «grupos terroristas subversivos », lo que es inexacto.  En el informe Nunca Más de la CONADEP se señala  que « el 30,2 % de los detenidos-desaparecidos denunciados en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas son obreros, y el 17,9 %, empleados (del 21 % que representan los estudiantes, uno de cada tres trabajaba) ». Y agrega :« En el punto 2 (denominado «Misión») del decreto secreto 504/77 (Continuación de la Ofensiva contra la Subversión), que reemplaza y ordena incinerar la Directiva 222/76 («Operación Piloto en el Ámbito Industrial), se lee el siguiente texto: «El Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados con el ámbito, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país.».

La última frase del decreto secreto es de una claridad meridiana : el objetivo central de la represión  era  « disciplinar » a los trabajadores para « contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país.». Es decir intensificar la explotación capitalista sobre todo en las grandes empresas transnacionales. Es lo que se llamó la « modernización ». Represión que se llevó a cabo  con la participación  activa de las mismas empresas y, en algunos casos, de burócratas sindicales.

Sobre este tema se puede leer un detallado estudio  de Sabrina Yael Ríos: El movimiento obrero durante la última dictadura militar, 1976-1983

(http://www.fhuc.unl.edu.ar/olimphistoria/2015/Sabrina%20Rios.%20El%20movimiento%20obrero%20durante%20la%20ultima%20%20dictadura%20militar.pdf ).

En noviembre de 2015 se publicó un minucioso estudio en dos tomos  con sello oficial   (Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. 1ra. edición - noviembre 2015 Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) donde se analizan - ubicándolos en el contexto económico social-  los casos de represión antiobrera en las empresas durante la dictadura 76-83. Tiene la virtud, entre otras,  de  poner en evidencia dos cosas :  que la represión contra los trabajadores de ese período fué la continuación agravada de  la represión durante los  años 73-76 bajo los Gobiernos de Perón, Lastiri e Isabel Perón y que en ella colaboraron algunos dirigentes sindicales.

Desde hace un tiempo hay consenso general para llamar a la dictadura 76-83  “cívico-militar” y no sólo militar, al parecer  porque salió a la luz la colaboración en la represión  de  Blaquier, una figura emblemática de la oligarquía, dueño de grandes extensiones de tierras y del Ingenio Ledesma.

En efecto, entre el 20 y el 27 de julio de 1976,  fuerzas de seguridad, con apoyo de la empresa de Blaquier, secuestraron a casi 400 personas en Jujuy, muchas de ellas trabajadoras del Ingenio. Carlos Pedro Blaquier fue procesado por la justicia federal de Jujuy, por haber facilitado las camionetas para efectuar el traslado de los secuestrados a centros clandestinos de detención, en donde muchos de ellos fueron torturados, asesinados y desaparecidos. Sin embargo, en marzo de 2015, la sala IV de la Cámara Federal de Casación dictó la falta de mérito del empresario.

En el diario Página 12 del 29 de marzo de 2016 se informa que:

«El empresario Marcos Levin recibió 12 años de prisión como partícipe del secuestro y tormentos de un trabajador. Una condena a la pata civil de la dictadura. Fue el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. También fueron condenados tres policías de la comisaría 4ª de Salta ». Levin es un « pez chico » de lo que Página 12 llama la « pata civil de la dictadura ».

Pero Página 12 omite señalar que en los juicios contra grandes empresas transnacionales como Mercedes Benz y Ford, por ejemplo, que se arrastran sin resolver hace unos cuantos años, en la etapa instructoria también  ha quedado totalmente probada   la complicidad de directivos de las empresas en el secuestro y desaparición de trabajadores.

Todo parecería indicar que las empresas más poderosas, es decir los « peces gordos »  de la « pata civil de la dictadura », dado los enormes intereses en juego,  podrían quedar impunes.

Está bien que haya consenso bastante generalizado para conmemorar el golpe del 24 de marzo de 1976, pero  parecen haber caído  en el olvido otros jalones de la represión  como los golpes del 1955  y del 1966 [3] y   también otros episodios más antiguos.

Por comenzar, las Campañas del Desierto,  de sometimiento o aniquilación de los pueblos originarios, iniciadas por Rosas en 1833-34 y culminadas por  Roca  en 1879. Y ya en el siglo XX, la matanza de trabajadores en Plaza Lorea el 1º de mayo de 1909, la semana trágica en Buenos Aires en 1919,  las matanzas de  obreros rurales en la Patagonia en 1921, la matanza de Napalpí (700 indígenas masacrados en el Chaco en 1924- http://www.elortiba.org/napalpi.html), las  dictaduras militares del  30-32 y del  43-45 y la masacre de indígenas Pilagás en 1947.

Podría argumentarse que algunos de ellos  son acontecimientos demasiado lejanos para conmemorarlos.  Pero recordarlos, además del hecho de  que forman parte del acervo histórico de las luchas obreras y populares y de su represión, sirven para llegar a una constatación: que siempre, bajo todos los gobiernos, militares o civiles, ha habido represión (selectiva o generalizada)  contra los trabajadores y contra  las organizaciones y las  luchas populares.

Porque la violencia de la represión es inherente al sistema capitalista y forma parte  permanente de las tareas del Estado y de sus aparatos especializados, tanto estatales como paraestatales. Civiles y militares. Que actúan siempre y de modo permanente, en las dictaduras y en los gobiernos llamados democráticos, con el fin de preservar  al capitalismo y la violencia estructural que el mismo implica..

Llamar “cívico militar” al golpe del 76 porque salió a luz el tema  Blaquier se presta a dos observaciones.

La primera  observación es que durante la dictadura  76-83 no sólo colabora ron Blaquier y otros miembros de la oligarquía sino también las grandes empresas transnacionales instaladas en Argentina, como señalamos más arriba.

En efecto, la represión antisindical en grandes fábricas transnacionales como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, etc., antes de la dictadura del 76-83  y durante ella se llevó a cabo en varios casos con la colaboración de personal superior de las empresas y de algunos dirigentes de las centrales sindicales, que denunciaban a los activistas sindicales a las fuerzas represivas. Uno de ellos, José Rodríguez, fue señalado como cómplice en el juicio por la desaparición de trabajadores de Mercedes Benz durante la dictadura. El mismo José Rodríguez que en 1974 intervino la seccional Córdoba de SMATA y que siguió dirigiendo SMATA hasta poco antes de morir en noviembre de 2009 [4].

La segunda observación es que llamar cívico militar a la dictadura del 76-83, como si  la participación de civiles fuera algo específico de dicha dictadura, induce a confusión porque todas las dictaduras son  dictaduras de las clases dominantes (los civiles dueños de los instrumentos y medios de producción), aunque sean los  militares quienes ocupen de hecho, como resultado de un golpe de Estado, los puestos de comando.

En Argentina, como en todo el mundo, el aparato represivo tiene muchos componentes. Los más visibles son las fuerzas armadas, la policía y  el poder judicial. Además están  los servicios de “información” del Estado y sus programas de espionaje en las organizaciones populares.  Cuenta también con grupos paramilitares y  civiles  –como la Liga Patriótica  Argentina (decenio del 20-30) , la Alianza Libertadora Nacionalista (decenio del 45-55) , la Triple A,  73-76) y, últimamente,   algunas “barras bravas” en sinergia con mafiosos sindicales. Y también ha contado y cuenta con gente a su servicio en organizaciones populares, sindicales y armadas, incluso en las cúpulas de algunas de estas últimas [5].

Lo único que cambia son la intensidad y las formas de la represión. Y  según las circunstancias y, en alguna medida,  las preferencias de los represores,  se elije uno u otro método: represión selectiva o masiva,  detenciones, torturas, asesinatos o desapariciones. Este último fue el método, empleado masivamente, por la dictadura 76-83. De conformidad con el aprendizaje recibido por sus ejecutantes en la Escuela de las Américas y de instructores militares franceses que transmitieron su experiencia  en materia de  “escuadrones de la muerte”, adquirida en la guerra de Argelia.

La operación “Cóndor” es citada como ejemplo de la coordinación represiva internacional. Y con razón, porque los “grupos operativos”, atravesaban tranquilamente  las fronteras con la anuencia de los Gobiernos para realizar  secuestros y cometer asesinatos. Pero siempre ha habido y hay coordinación represiva  de distintas formas y   niveles  entre los Gobiernos.

Al analizar las características de la represión en la Argentina en las distintas  épocas, es preciso profundizar en el período  que se inicia en 1945, con la irrupción del peronismo[6], hasta la actualidad. Es decir  durante  los últimos 70 años. Porque, por una serie de razones que no analizaremos aquí en detalle, a partir de esa fecha y hasta ahora, de los 52 años de gobiernos constitucionales (los 18 restantes fueron dictatoriales), el peronismo gobernó 34 y desempeñó siempre, con  sus distintas variantes y ropajes, un papel determinante en la vida política y social argentina.

De modo que corresponde analizar  -aunque sea muy brevemente y limitándonos a algunos ejemplos-  con toda objetividad pero sin complacencia,  la represión durante los 34 años de Gobiernos peronistas.

Durante sus dos primeras presidencias (1946-1955), Perón aplastó, por todos los medios cualquier intento de autonomía del movimiento obrero, originado dentro o fuera del peronismo[7] y reprimió con dureza, incluidos asesinatos y desapariciones, las huelgas obreras. Es decir se practicó la represión “preventiva”, impidiendo la existencia de sindicatos autónomos y que estos cayeran en manos de “agitadores” y la represión “curativa” contra las huelgas y otras protestas obreras y populares.

Algunos ejemplos:

Masacre de indígenas Pilagás. En octubre de 1947 en un lugar llamado Rincón Bomba, cerca de la localidad de Las Lomitas  en Formosa, en ese entonces territorio nacional,  la Gendamería Nacional emboscó y ametralló a una concentración pacífica de indígenas  Pilagás. Los que huían tratando de escapar y ocultarse,  fueron perseguidos y asesinados. Incluso intervino un avión militar proveniente de la Base de El Palomar que ametralló a los indígenas que huian. La macabra cacería duró diez días, del 10 al 20 de octubre de 1947, con un saldo de 1500 asesinados[8].

Los indígenas volvían del Ingenio San Martín del Tabacal, en Salta, propiedad de Robustiano Patrón Costas, adonde habían ido a trabajar con la promesa de un salario diario de seis pesos y finalmente recibieron 2,50.  Estaban reunidos, cansados y hambrientos,  entonando cánticos y pidiendo la intervención del Gobierno Nacional para que se reparase la injusticia sufrida a manos de un símbolo de la oligarquía terrateniente, como era entonces Patrón Costas.

Sólo en 2005 se rompió el muro de silencio en torno a este tremendo hecho con una demanda  entablada contra el Estado Nacional, en la que  se alegó la imprescriptibilidad  por tratarse de un crimen de lesa humanidad.

Al contestar la demanda, el Estado Nacional (presidencia de Néstor Kirchner) , en lugar de allanarse a  la misma, como cabía  esperar,  negó que se tratara de un crimen de lesa humanidad, alegó la prescripción  y presentó una serie de excepciones procesales.

El  Gobierno Nacional incluso resistió con sucesivas apelaciones la orden judicial de que aportara fondos para poder proseguir la búsqueda de tumbas comunes de las víctimas de la masacre y su conservación.

El 5 de febrero de  2007 el juez federal formoseño Marcos Bruno Quinteros rechazó todas las argumentaciones del Estado Nacional y en 2007 dictó sentencia favorable al reclamo de los actores. El Estado Nacional (presidencia de Néstor Kirchner) no se allanó a  la sentencia  e interpuso recurso de apelación. En  octubre de 2015 la Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva  del único sobreviviente  autor de la masacre, Smachetti,  de 97 años,  cuyo papel consistió en ametrallar desde el avión a los indígenas que trataban de escapar del ataque de los gendarmes.

En la historia de distintos países se han cometido crímenes horrendos y los gobiernos posteriores han adoptado, según los casos, dos actitudes  opuestas : han asumido la responsabilidad como Estado o se han negado a asumirla. Esta última actitud ha sido la adoptada por el Gobierno kirchnerista que no asumió la responsabilidad como Estado para reconocer  los hechos (que se ocultaron cuidadosamente durante casi 60 años)  y consentir en proceder a la reparación moral y material de las víctimas y de sus familiares, sino que además, en el caso particular, no asumió  la responsabilidad moral que deriva de su identificación política e ideológica con el gobierno directamente responsable de la masacre genocidaria de 1947. No fue coherente con la decisión contraria que adoptó unos años antes respecto de las víctimas de la dictadura 73-76.

Fuentes consultadas (entre otras) :

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/ratifican-que-la-masacre-contra-la-etnia-pilaga-es-delito-de-lesa-humanidad-10141.htm; http://pueblosoriginarios.com/sur/chaco/pilaga/rincon_bomba.html; https://www.youtube.com/watch?v=IEUqZPBTH1s; http://www.taringa.net/posts/info/8880631/Masacre-de-Rincon-Bomba-o-Genocidio-pilaga-actual-formosa.html; http://www.taringa.net/posts/info/13145285/Octubre-Pilaga-La-masacre-de-Peron.html; https://www.youtube.com/watch?v=IEUqZPBTH1s; http://elorejiverde.com/toda-la-tierra-es-una-sola-alma/483-sesenta-y-oc...

Huelga de los trabajadores gráficos (1949). El Gobierno combatió la huelga de los trabajadores  gráficos de enero-febrero de 1949 recurriendo a rompehuelgas, al  arresto de numerosos trabajadores y finalmente  a la intervención del sindicato. Incluso  reprimió  a quienes nos solidarizamos con los obreros en huelga. Como secretario del Centro de Estudiantes de Derecho envié un telegrama al Jefe de Policía reclamando la libertad de los obreros presos y de tres estudiantes que se habían solidarizado con ellos. El resultado fue  que  el Jefe de Policía me envió  a compartir con los obreros presos una “piojera” en el Departamento de Policía.

Dando  prueba de un excelente humor los trabajadores presos juntaban en cajas de fósforos  los piojos que había en la celda y los soltaban en los sillones de las ofi cinas donde eran llevados a prestar declaración.

Concluimos estos ejemplos con la transcripción de un párrafo (páginas 379 a 381)  del Tomo 8 (Los años peronistas- 1943/1955) del libro Nueva Historia Argentina, de Juan Carlos Torre y otros, donde se hace referencia a las huelgas en ese período de los obreros de los ingenios azucareros de Tucumán, de los frigoríficos, de los ferroviarios,  de los gráficos y de los bancarios.

… »Disconforme con la oferta empresaria, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) lanzó una huelga general el 20 de octubre [de 1949], que fue declarada ilegal y que trajo aparejado el retiro de la personería gremial al sindicato azucarero. Más tarde se lanzó una fuerte campaña de propaganda contra los dirigentes de la huelga, que culminó con el encarcelamiento de muchos de ellos y el cierre de locales sindicales. El 28 de noviembre la FOTIA levantó la huelga porque los trabajadores habían agotado su capacidad de resistencia económica. Días más tarde Perón anunció un incremento salarial del 60% al tiempo que acusó a la conducción sindical de traición y sabotaje. Después de esta confrontación la FOTIA permaneció intervenida hasta el fin del régimen. [ « …Un  conflicto que no tenía razón de existir , si no hubiera sido por la acción de los malos dirigentes, por los comunistas infiltrados… » (Perón, 1/12/49)] [9] .

…En los frigoríficos el contexto económico era parecido. Ante la disminución de las exportaciones, los frigoríficos privados iniciaron a principios de 1949 una campaña con vistas a suprimir la injerencia sindical sobre la gestión de las condiciones de trabajo en las empresas. De este modo sería posible restablecer

la autoridad de la gerencia y operar los cambios necesarios a la nueva coyuntura, comenzando con una disminución de los puestos de trabajo. El gobierno aceptó el punto de vista de las empresas y promulgó en septiembre de 1949 una resolución que apoyaba sus demandas. Con el respaldo oficial, los frigoríficos procedieron a actuar, acelerando el despido de trabajadores.

La federación sindical respondió con una serie de paros que se interrumpieron ante la amenaza de una intervención al sindicato y la promesa de una revisión de la resolución anterior.

La solución de compromiso, en rigor, no fue tal porque si bien sujetaba las decisiones de despido a la consideración del Ministerio de Trabajo, reducía sustancialmente el poder de los sindicatos. La confrontación decisiva tuvo lugar cinco meses más tarde cuando a los despidos previos se agregaron muchos

más por el cierre de un importante frigorífico. En esas circunstancias, el sindicato retomó el camino de la huelga en mayo de 1950 sólo para enfrentarse con la medida oficial de declararla ilegal y con la prisión de varios de sus dirigentes.

Una semana después, y con la experiencia de los trabajadores del azúcar fresca en la memoria, los obreros de la carne volvieron al trabajo y luego el sindicato fue intervenido y puesto en manos de un nuevo elenco que consintió la gradual liquidación de los restantes derechos sindicales a favor de las empresas.

El segundo conjunto de huelgas ocurridas en este período involucró a los ferroviarios, los bancarios y los gráficos, gremios que habían alcanzado posiciones relativamente ventajosas antes de la llegada de Perón al poder. A partir de entonces experimentaron, sin embargo, una declinación respecto de las ventajas obtenidas por los trabajadores de la industria. Una de las causas de ello fue la consolidación al frente de dichos sindicatos de dirigentes que dieron más importancia al mantenimiento del beneplácito oficial que a la satisfacción de las demandas de sus bases. En estas circunstancias, los trabajadores apelaron a huelgas y paros antes de 1950: los bancarios realizaron una huelga no autorizada en 1948 y los ferroviarios organizaron

paros periódicos entre 1947 y 1949 sin el apoyo de las autoridades sindicales. Hacia 1950 estos esfuerzos habían sido infructuosos y era ya un hecho su relegamiento de la posición de preeminencia que ocuparan en el movimiento obrero.

El caso de los ferroviarios, donde habría de producirse el más grave de los conflictos, es ilustrativo. La nacionalización de los ferrocarriles en 1947 significó para el Estado una fuerte carga financiera porque se encontró con un sistema de transporte obsoleto, tecnológicamente superado y en un lamentable estado de conservación. Frente a la necesidad de modernizar estos servicios, el gobierno optó por dar marcha atrás en la política de mantener los salarios ferroviarios en pie de igualdad con aquellos en rápida expansión en

la industria, y acudió a diversas tácticas dilatorias entre 1947 y 1950. En este marco, en noviembre de 1950 comenzó una huelga en la línea general Roca por aumentos salariales. Tres días después el conflicto se extendió a otras tres líneas. Al día siguiente la presión obrera culminó con éxito en un acuerdo.

No obstante, en la primera semana de diciembre las autoridades del sindicato Unión Ferroviaria intervinieron ocho seccionales implicadas en el movimiento de fuerza, el gobierno rescindió el acuerdo, redujo el aumento salarial concedido y despidió y encarceló a los líderes de la huelga. Un mes después,

en enero de 1951, comenzó una nueva huelga que abarcó a todas las líneas ferroviarias, con el objetivo de reclamar la libertad de los dirigentes presos. Esta huelga fue declarada ilegal de inmediato y los trabajadores fueron movilizados por el Ejército.

Cerca de dos mil trabajadores fueron detenidos y unos trescientos quedaron en prisión antes de finalizada la huelga tres días más tarde. La severidad de la represión tuvo mucho que ver con dos hechos: primero, que los cabecillas de la protesta se reclutaron entre antiguos dirigentes del gremio y militantes de izquierda desplazados, que cubrieron la vacancia de los liderazgos oficiales y, segundo, que los partidos de oposición respaldaron abiertamente la huelga en la expectativa de que se abriera una brecha entre los militares y Perón ».

Sobre este periodo puede verse también de Herman  Schiller : Conflictos obreros y lucha de clases durante el primer peronismo http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=movil-nota&id_article=21174

En ese documento, entre otras cosas, se puede leer :

« En marzo de 1950 se declararon en huelga los obreros municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Como en todas las oportunidades anteriores, el movimiento fue declarado ilegal y, en medio de una fuerte actividad represiva, se aplicó los artículos 249, 255 y algunos otros del Código Penal. La policía detuvo a muchos trabajadores por “actividades subversivas” a los que se torturó en la “Sección especial” de la calle Urquiza, en los altos de la Seccional 8ª de la Policía Federal, frente al Hospital Ramos Mejía. Esta tétrica repartición había sido creada en 1931 por el comisario Leopoldo “Polo” Lugones (1897-1971) durante la dictadura del general José Félix Uriburu, y alcanzó sus mayores picos de crueldad durante la presidencia de Perón. Lugones también había introducido en la “especial” la llamada “picana eléctrica”, instrumento de tortura que se sigue aplicando hasta el día de hoy ».

En el período 73-76, durante las presidencias de Lastiri (13/7/73- 12/10/73), Perón (12/10/73-1/7/74) y sobre todo durante la presidencia de Isabel Perón (1/7/74-24/3/76) la represión siguió un ritmo creciente contra peronistas de izquierda, líderes sindicales antiburocráticos, activistas gremiales de las grandes empresas, abogados, periodistas, etc. La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en su informe “Nunca Más” contabilizó 458 asesinatos durante ese período (19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975), obra de grupos parapoliciales, que actuaron principalmente con el nombre de “Triple A” dirigida por José López Rega, ministro, sucesivamente, de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón y secretario privado de los dos últimos.

Entre los primeros atentados atribuidos a la “Triple A”, se cuentan el perpetrado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen el 21 de noviembre de 1973, que le ocasionó graves heridas, y el asesinato del abogado del peronismo de base Antonio Deleroni y de su esposa, el 27 de noviembre del mismo año. Solari Yrigoyen había hecho pocos días antes de sufrir el atentado una larga exposición en el Senado criticando las reformas a la ley de asociaciones profesionales de trabajadores, destinadas a consolidar el control de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero. Pocos días antes del atentado, un notorio representante de esa burocracia, Lorenzo Miguel, había calificado a Solari Yrigoyen como “enemigo público número uno”.

Ya antes había comenzado la represión contra el movimiento obrero: el 17 de julio de 1973 fue intervenida la CGT de Salta y en esos días se produjeron ataques armados contra la CGT, SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba.

En agosto de 1974 el Gobierno le retiró la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro.

También en agosto de 1974 el sindicato SMATA Córdoba, en conflicto con la empresa Ika Renault, fue intervenido por la dirección nacional del gremio. La mayoría de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura 76-83, entre ellos su secretario general, René Salamanca.

En octubre de 1974 la policía allanó el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y detuvo a varios militantes. Su secretario general, Agustín Tosco, consiguió eludir la detención y pasó a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar , el Secretario general adjunto del mismo sindicato, Tomás Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en Córdoba el 28 de febrero de 1977 en una “ceremonia militar” presidida por el general Luciano Benjamín Menéndez.

En marzo de 1974, fue derrocado el Gobernador de Córdoba, Obregón Cano por el Jefe de Policía provincial, coronel Navarro. El presidente Perón, en lugar de reponer en su cargo al Gobernador Obregón Cano y al vicegoberndor, Atilio López, que también era secretario general de la CGT de Córdoba, intervino la Provincia. Atilio López fue asesinado seis meses después en Buenos Aires, el 16 de setiembre de 1974.

El 20 de marzo de 1975 el Gobierno peronista realizó un amplio operativo represivo con 4000 efectivos militares y policiales en Villa Constitución, Santa Fe, donde había varios conflictos gremiales, deteniendo a muchos ciudadanos y a 150 activistas y dirigentes sindicales. La filial de Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica fue intervenida por el Gobierno, con el aval de la dirección nacional del gremio, encabezada por Lorenzo Miguel.

Entre los gobiernos civiles no peronistas  “en democracia”, como se suele decir , no hay que olvidar en materia de represión  al de Arturo Frondizi (1958-1962) con su “Plan Conintes”, los centenares de presos sindicales y políticos y el desalojo con tanques de guerra del frigorífico “Lisandro de la Torre”, ocupado por los trabajadores que se oponían a su privatización.

Otros datos sobre la represión en épocas más recientes (Gobiernos de Menen, de De la Rúa, de  Duhalde y de Néstor y Cristina Kirchner) son los publicados periódicamente por CORREPI  (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). Uno de los  Informes de CORREPI abarca el período 1995-2012 donde, con el título « Muertes en represión a la protesta social » atribuye dos asesinatos al Gobierno de Menem, 44 a De la Rúa, 2 a Duhalde, 2 a Néstor Kirchner y 17 a Cristina Kirchner.

En diciembre de 2013 un grupo de ciudadanas y ciudadanos reunidos en Plataforma 2012 publicó un detallado  documento titulado La década kirchnerista y las violaciones de derechos humanos (http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/105-pronunciamiento-de-plataforma-2012).

Los temas que abarca el documento son los siguientes:

I-Un recorrido por la década - La persistencia de la impunidad

II. El derecho a la Protesta

- La legislación represiva desde 2003 - Las leyes Antiterroristas

III. La criminalización y represión de la protesta

- El arrinconamiento y despojo de los Pueblos Originarios y Campesinos - Protesta Sindical, Precarización laboral y Desocupados - Las luchas socio-ambientales: megaminería, fracking y agronegocios.

- Protesta en reclamo por tierra y Vivienda

IV. Criminalización de la pobreza, precariedad y crímenes sociales.

- Precariedad, corrupción y crímenes sociales.

A modo de síntesis

Este documento tiene el mérito de colocar el tema de la represión en el contexto de la violación de los derechos humanos en general (políticos, económicos, sociales y ambientales) en ese mismo período. Metodología que es indispensable aplicar cuando se quiere comprender cuál es la razón profunda de la represión.

Hay que ampliar el trabajo de memoria, para recordar a los luchadores de todas las épocas víctimas de la represión y también para tomar conciencia  de que la represión no es una cuestión circunstancial sino que forma permanentemente parte del contexto económico-social y  es inherente al sistema dominante.