Después de siete años y millones de dólares, la decisión anunciada sobre Pacific Rim Mining Company vs. El Salvador Coalición de Grupos de Estado es: "no hay ganadores". El Arbitraje inversor-Estado subvierte la Democracia.

Cabañas, El Salvador / Washington DC / Ottawa / Melbourne - Grupos de la sociedad civil de todo el mundo que se han aliado con las comunidades salvadoreñas y organizaciones que trabajan en temas mineros y ambientales han reaccionado a la decisión de hoy del polémico Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) sobre los siete años que tiene el caso de litigio de Pac Rim Cayman vs el Salvador, afirmando que "no hay ganadores" en este caso. El viernes 14 de octubre, el tribunal anunció su decisión de que la demanda de Pacific Rim era infundada y por lo tanto que El Salvador no tendrá que pagar a la compañía los $ 250 millones de dólares que la minera buscaba.

En 2009, Pac Rim Cayman LLC llevó el caso de "solución de controversias inversionista-Estado" contra El Salvador ante el Grupo de Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI. La empresa, ahora una subsidiaria de propiedad total de la compañía canadiense-australiana OceanaGold, demandó a El Salvador por supuestas pérdidas de beneficios potenciales como resultado de que se le denegó una concesión minera para un proyecto de oro. El gobierno de El Salvador no emitió la concesión porque la empresa no cumplió con los requisitos reguladores clave.

"El hecho de que Pac Rim - Ahora OceanaGold – pudiera demandar a El Salvador cuando nunca tuvo una licencia para operar, es un abuso de proceso", dice Manuel Pérez-Rocha del Instituto para Estudios de Política. "Que estas demandas tengan lugar lejos de cualquier sistema judicial transparente e  independiente demuestra por qué estamos en contra de la Asociación Trans-Pacífico y otros de los llamados acuerdos de libre comercio."

Este caso es parte de lo que llevó al Gobierno de El Salvador a decidir no emitir nuevos permisos de explotación minera. Esa decisión tiene un amplio apoyo en El Salvador; una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) indica que el 79,5% de los salvadoreños están en contra de cualquier extracción de oro.

Los grupos de la sociedad civil de los cuatro países, que se reunieron en 2009 como aliados internacionales, alabó a las comunidades en El Salvador que se han opuesto a la empresa minera y se han manifestado ante el público salvadoreño y el gobierno para oponerse a nuevos proyectos de minería a pesar de la fuerte presión de la empresa minera. Ellos expresaron disgusto de que El Salvador tuvo que pagar más de $ 12 millones de dólares para financiar su defensa en un caso en el que la empresa minera no cumplió con todos los requisitos legales o ambientales para una licencia de explotación minera.

"El daño irreversible ya se ha hecho a las comunidades en El Salvador", dice la mesa redonda salvadoreña contra la Minería Metálica (La Mesa). "La presencia de Pacific Rim en El Salvador ha fomentado conflictos locales, lo que ha llevado a las amenazas, ataques y asesinatos. Queremos que OceanaGold, y toda la miseria que ha causado, salgan de El Salvador, y que el gobierno promulgue una prohibición de toda la minería de metales".

"Al permitir a las empresas transnacionales chantajear a los gobiernos para tratar de obligarlos a adoptar políticas que favorecen a las corporaciones, el arbitraje inversionista-Estado socava la democracia en El Salvador y en todo el mundo", dice Marcos Orellana, del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL). "Independientemente del resultado, el arbitraje ha tenido un efecto negativo en el desarrollo e implementación de las políticas públicas necesarias para proteger el medio ambiente y el derecho humano al agua."

"Este es uno de los muchos ejemplos de empresas mineras canadienses que hacen uso de arbitraje internacional para intimidar a los gobiernos cuando sus proyectos mineros carecen del consentimiento de la comunidad y no han cumplido con los requisitos legales o reglamentarios. Por el contrario, las comunidades no tienen medios eficaces para contener a estas mismas compañías y dar cuenta de los sistemáticos y graves daños resultantes de sus operaciones ", dice Jen Moore, de MiningWatch Canadá.

"Lo que tenemos ahora es un claro ejemplo de lo que es malo en las cláusulas de solución de controversia Inversionista-Estado, ya sea que se inserten en las leyes nacionales o en los acuerdos de inversión bilaterales o multilaterales. La experiencia de El Salvador confirma las amenazas a los derechos humanos y el medio ambiente que se producen cuando las empresas presentan una demanda a los tribunales como el CIADI ", explicó Robin Broad, profesor de la Universidad Americana.

"Una empresa minera que se llama a sí misma responsable no debe usar mecanismos como el CIADI para obligar a los gobiernos a hacer su voluntad. Países como El Salvador tienen derecho a decir no a la minería sin temor a una demanda masiva ", dijo Keith Slack de Oxfam América.

"En un momento de escasez de agua, no es razonable para el comercio mundial y el régimen de inversión negar a los gobiernos de los países con escasez de agua como El Salvador, el espacio de políticas para proteger las cuencas hidrográficas locales y garantizar la realización del derecho humano al agua", dice Maude Barlow, presidente nacional del Consejo de canadienses.

"Fue moralmente reprobable que Oceana Gold exigiera $ 250 millones de dólares al pueblo salvadoreño. Esta es una cantidad asombrosa para un país carente de dinero que podría utilizarse mucho mejor para la educación, la salud, u otros servicios sociales. Esta cantidad podría financiar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador por más de una década. Los costos legales son suficientes para pagar por más de 2 años de clases de alfabetización para adultos para 140,000 personas ", dice el Obispo Emérito Católico Hilton Deakin de Melbourne, Australia.

"Que quede claro: El Salvador ha perdido mucho durante todo este arbitraje. El Salvador tuvo que pagar más de $ 12 millones, sólo para defenderse. Estos costos legales son suficientes para pagar por más de 2 años las clases de alfabetización para adultos para 140,000 personas. Oceana Gold debe, como mínimo, reembolsar a El Salvador por los costos de esta demanda, que nunca debería haber tenido lugar. Y también debe ser responsable de los daños sociales y ambientales que dejó a su paso ", dice Alexis Stoumbelis de CISPES.

"Este es otro caso de poder corporativo que se ejerce contra una decisión del Gobierno democrático. Si Australia ratifica el TTP habrá más de esta por venir ", dijo Ged Kearney Presidente del Consejo Australiano de Sindicatos.

"ISDS es parte de un modelo comercial que pone las necesidades de las empresas antes de que las necesidades de los trabajadores y el planeta. El gobierno de El Salvador hizo lo que se supone que un sistema democrático tiene que hacer: escuchó los deseos y prioridades de sus ciudadanos y actuó en consecuencia ", dijo Cathy Feingold, Director Internacional de la AFL-CIO.

14 de octubre de 2016.

- Manuel Pérez Rocha, Institute for Policy Studies - IPS manuel@ips-dc.org

- Marcos Orellana, CIEL

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Los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador está formada por organizaciones de Australia, Canadá y los Estados Unidos que apoyan al pueblo salvadoreño, que exige respeto a la soberanía, el derecho al agua, comunidades sanas y un medio ambiente limpio. Cada una de las organizaciones que componen los aliados tiene un historial de trabajo de solidaridad con El Salvador. Más información está disponible en: www.stopesmining.org

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