La muerte de 38 niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción del Estado, evidencia que estamos ante la absoluta desprotección y vulnerabilidad. En especial lo están quienes debieran representar lo más preciado: las niñas y niños, los adolescentes. El Estado debió haber garantizado la integridad y vida de estas niñas y adolescentes. Contrariamente, se convirtió en su verdugo.

Las evidencias llevan a afirmar que fue una masacre premeditada. Es una ejecución extrajudicial en donde están implicados agentes del Estado, quienes tenían la responsabilidad directa de protegerlas y cuidarlas.

Sin duda, son responsables aquellos que las violentaron y violaron, aquellos que las usaron como mercancía sexual, quienes las agredieron psicológica y físicamente. Pero también son responsables quienes tenían a su cargo la dirección del centro, así como el Secretario de Bienestar Social y el mismo Presidente de la República como su jefe inmediato superior. También tiene responsabilidades la Procuradora General de la Nación, el Organismo Judicial y el Ministerio Público. De ellos dependía el centro donde ocurrió la masacre. Estos funcionarios e instituciones debieron haber atendido con una nueva política a estas niñas, niños y adolescentes, siendo existían denuncias sobre graves violaciones a los derechos de estos seres humanos vulnerables, tanto a nivel nacional como internacional. La negligencia, incumplimiento de deberes e incapacidad es responsabilidad de estos funcionarios.

Los responsables desoyeron las denuncias de esclavitud sexual y tortura psicológica y física que padecían las niñas, niños y adolescentes en dicho centro. Ignoraron las peticiones y propuestas que realizó el Procurador de Derechos Humanos y organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia, quienes habían planteado el cierre físico de este centro y el traslado y protección de los niños con otra política y en condiciones indispensables para garantizar su protección y atención integral. Las denuncias, exigencias y propuestas fueron ignoradas por el anterior y por el actual gobierno. Esta fue una tragedia y un crimen anunciado.

Más allá, en este hecho doloroso está presente el impacto crudo del capitalismo, que hace que niñas y adolescentes se conviertan en mercancía que pueden ser vendidas y violadas por el mejor postor. Asimismo, es el resultado de un sistema patriarcal que convierte a la niña, adolescente y mujer en un objeto de apropiación, violencia y esclavitud sexual. Es el resultado de un régimen de represión violenta, que criminaliza a las víctimas y las convierte, en manos de policías y agentes estatales de trata, en objeto hasta privarles de la vida misma. Constituye también, el resultado del Estado capitalista y neoliberal que en aras de garantizar privilegios a los empresarios para la explotación, el saqueo y la acumulación, sacrifica su deber de protección de los más elementales derechos, como la vida de nuestros niños y niñas. Por eso decimos que este es un crimen más del capitalismo, del patriarcado y un crimen de Estado que no es fortuito sino la continuidad de una política de Estado: la masacre en contra de los seres humanos más desprotegidos y vulnerables, de aquellos que el mismo Estado ha convertido en seres humanos desechables, tal y como lo hizo durante la guerra interna.

Este es un crimen que no debemos dejar que quede en la impunidad. Por ello:

1.      Exigimos la destitución y/o renuncia inmediata de todos aquellos que siendo responsables directos e indirectos, deben ser privados de toda responsabilidad de proteger a nuestra niñez y adolescencia. Su negligencia, incapacidad y responsabilidad penal son evidentes.

2.      Exigimos una investigación científica, juicio y castigo a los responsables directos e indirectos de este crimen de lesa humanidad.

3.      Exigimos al Procurador de Derechos Humanos abandonar su acomodamiento y condescendencia con sucesivos gobiernos, para que en cumplimiento de sus funciones, contribuya a garantizar los derechos de la niñez, adolescencia y de todas y todos los guatemaltecos.

4.      Llamamos a sumarnos sororaria y solidariamente a la protección y recuperación de las niñas sobrevivientes y sus familias, en concreto y en lo inmediato.

5.      Llamamos a ser parte esencial en la protección de la niñez y adolescencia en todos los espacios y momentos de la vida social.

6.      Llamamos a acuerpar las propuestas que en materia de leyes, políticas y acciones realizan organizaciones que trabajan por los derechos del niño y la niña, y de la adolescencia.

7.      Estratégicamente proponemos emprender una lucha política por construir otro Estado: un Estado radicalmente diferente a este que le sirve al capital, al patriarcado, al racismo, y mata a los niños, niñas y adolescentes.

- Colectivo Popular Otto René Catillo

Miembro del Frente Popular y de Asamblea Social y Popular