En represalia por las fuertes críticas del Presidente Salvador Sánchez Cerén a la resolución que anula la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, la Sala de lo Constitucional anuló ayer el Presupuesto General de la Nación 2017.

La noche del miércoles en cadena de radio y televisión el Presidente rechazó la resolución, cuestionó el desempeño de los magistrados y los responsabilizó por el no pago de las pensiones a 175 mil jubilados. Como respuesta -y en menos de 24 horas- la “benemérita” Sala dejó al país sin presupuesto público.

Más allá de los pretextos jurídicos, la resolución -que responde a una demanda presentada por el visceral diputado arenero René Portillo Cuadra- constituye un acto de venganza política y guerra judicial declarada de los magistrados de la Sala contra el Ejecutivo.

Con la resolución que anula el presupuesto nacional, la Sala busca -incluso- “incendiar” el país mandando a que el Ejecutivo reduzca la inversión social y la planilla de empleados públicos.

La meta es clara: derribar al gobierno mediante el boicot sin tregua a las finanzas estatales para facilitar -ya o en las elecciones presidenciales del 2019- el retorno de la derecha oligárquica y la reinstauración del gobierno corporativo, patrimonialista y corrupto que imperó durante los veinte años de ARENA.

Envalentonados por el respaldo político ratificado ayer por las entidades de la derecha oligárquica (ARENA, ANEP, Aliados por la Democracia), la Sala decidió lanzarle un bombazo mayor al gobierno, que todavía no responde con acciones contundentes.

Las organizaciones progresistas proponen desobediencia cívica y desacato popular contra resoluciones de la Sala que menoscaben la Constitución, los derechos humanos, el estado de derecho y la institucionalidad del país. Desde esta lógica, no deben acatarse resoluciones que impidan pagar a jubilados o dejen al Estado sin presupuesto, porque ninguna ley injusta debe cumplirse.

El desacato contra la Sala se fundamenta en el derecho a la insurrección popular (Art. 87 de la Constitución) que faculta al pueblo a revelarse contra las autoridades que estén modificando el sistema político o violentando gravemente derechos constitucionales.

Por tanto, señores del gobierno, estas sentencias de la Sala deben declararse incumplibles. Por esas resoluciones, diputados de la Asamblea Legislativa, los cuatro magistrados deben ser destituidos. Esas resoluciones, pueblo salvadoreño, deben ser derrotadas con movilización y presión popular.

¡Hay que actuar ya!

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)