Todo empezó con la conquista del «desierto». No tan desierto porque estaba ocupado por los pueblos originarios. Cuya resistencia fue vencida a sangre y fuego.

Así se constituyó la oligarquía terrateniente y vacuna. A la que no tardó en sumarse y asociarse el capital extranjero (ahora las todopoderosas sociedades transnacionales). Que desde entonces los sucesivos Gobiernos   de todas las tendencias (« democráticos » y dictatoriales) han protegido con la legislación, los tribunales de justicia y con las armas. Lo que les permite crecer, extenderse y permanecer intocables.

La desaparición seguida de muerte de Maldonado y el asesinato de Nahuel además de tener el precedente más que centenario de la conquista del «desierto», tiene otros más recientes. Entre ellos los fusilamientos de obreros rurales en la Patagonia en 1921 (Gobierno de Irigoyen), la matanza de Napalpí (700 indígenas masacrados en el Chaco en 1924 (Gobierno de Alvear) y la masacre de más de 1000 indígenas Pilagás en 1947 en el entonces territorio de Formosa (Gobierno de Perón).

Son enormes intereses que han crecido como un cáncer al amparo de los Gobiernos y que estos han protegido y protegen servilmente por todos los medios, con total desprecio de los derechos humanos, de los intereses populares y de la soberanía nacional.

Entre ellos la oligarquía terrateniente, desde los “históricos” Braun Menéndez y Patrón Costas   hasta el actual Benetton, las transnacionales petroleras (Cerro Dragón concedida en 2007 a Pan American Energy hasta 2047 y Chevron participando en Vaca Muerta en términos mantenidos secretos) y mineras como Barrick Gold.  (Véase “El territorio argentino en venta” https://www.alainet.org/es/articulo/178668 )
 

En Argentina no se tiene ni se ha tenido nunca el control de las zonas de seguridad. 

Las zonas de seguridad están definidas en el decreto-ley 15385/44 dictado en 1944 por el gobierno militar Farrell-Perón, que rige aún con pocas modificaciones, donde se dice que es “de conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezca a ciudadanos argentinos nativos”.  Se declara de “conveniencia nacional” que pertenezcan a ciudadanos nativos, pero NO SE PROHIBEN las propiedades extranjeras en las zonas de seguridad.

Así es como actualmente hay enormes propiedades de extranjeros en el borde del Océano Atlántico, en zonas limítrofes, en zonas estratégicas por sus recursos naturales, etc.

Un país celoso de su soberanía establece la PROHIBICIÓN para los extranjeros de adquirir tierras en las zonas de seguridad. No es el caso de Argentina.

El aeropuerto construido por el “amigo” Lewis, desde donde se puede llevar y traer del territorio cualquier tipo de material y donde hasta aviones militares de gran porte están en condiciones de ascender y descender. Otro aeropuerto perteneciente a una minera canadiense, y que fue construido cerca de una zona de recursos mineros, para explotarlos y llevárselos del país sin perder tiempo alguno, esto es un saqueo más que evidente, y sin precedentes en la historia. El aeropuerto de Lewis tiene una pista tan larga como la de Aeroparque. Está a nombre de un argentino, Van Ditmar, pero que es socio de Lewis, quien posee miles de hectáreas en Chubut, que incluyen al Lago Escondido.

La Fuerza Aérea Argentina aprobó el funcionamiento del aeropuerto en 2008, pero es incapaz de garantizar su control, pues no posee radares en la zona de modo que en dicho aeropuerto puede aterrizar o despegar cualquier tipo de aeronave sin ser registrada. Varios oficios fueron enviados por la Diputada provincial Magdalena Odarda a la entonces Ministro de Defensa Nilda Garré, a funcionarios provinciales y nacionales, pero nada sucedió. El gobierno sabe el peligro que representa tener un aeropuerto de tamañas características en el corazón de la Patagonia, pero nada hace para evitarlo, al contrario, autoriza su funcionamiento sabiendo que es incapaz de controlarlo.

Otro trato reciben los mapuches.

El asesinato de Rafael Nahuel, ejecutado por Albatros, grupo especial de choque de la Prefectura Naval Argentina dependiente del Ministerio de Seguridad y la reacción posterior de las autoridades federales justificando a los autores materiales implica directamente a dichas autoridades   como autores intelectuales, cómplices y encubridores del asesinato.