Una vez más las fuerzas de seguridad / represivas del Estado persiguen, hieren, torturan y matan a integrantes de comunidades originarias. El asesinato de Rafael Nahuel ocurrió el mismo día en que se velaban los restos de Santiago Maldonado. La reacción del gobierno nacional fue similar, intentar transformar un reclamo legítimo y ancestral en un “enemigo interno” y justificar y defender la violencia de las fuerzas.

El jueves 23 de noviembre se produjo un violento desalojo de integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu que desde hacía varios días habían recuperado una porción de tierra ancestral sobre la ladera de un cerro ubicado frente al Lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, que hoy forma parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, organismo que realizó una denuncia contra la comunidad.

Ante la inminencia del operativo de desalojo, los miembros de la comunidad habían comenzado a esconder sus pertenencias en el propio cerro, desde donde escucharon los disparos y gritos. Fueron alcanzados por agentes de la Policía Federal. Hubo heridos y detenidos, muchos de ellos menores de edad.

El sábado 25, agentes del Grupo Albatros de Prefectura volvieron al lugar y atacaron a mapuche que habían permanecido resguardados en el cerro. Una de las balas de 9 milímetros que tiraron ingresó por el glúteo de Rafael Nahuel y se alojó en su tórax. Esto prueba que el joven estaba agachado al momento de ser agredido por la espalda. Luego la autopsia determinaría que el disparo atravesó órganos vitales, ocasionando una hemorragia interna en el cuerpo de Nahuel, que fue trasladado aún con vida por Fausto Jones Huela y Lautaro González, pero fueron interceptados y detenidos por los efectivos. Hoy continúan presos, fueron torturados, se encuentran mal de salud y llevan adelante una huelga de hambre seca.

Rafael había ido a la recuperación del territorio para acompañar a familiares. “No tenía militancia mapuche reconocida, pero en la búsqueda de un proyecto de vida cerca de la naturaleza y el bosque, que lo sacara de una realidad agobiante, encontró la muerte a manos de la Prefectura y la Gendarmería. (…) Sus familiares directos son autoridades del pueblo ancestral mapuche”, escribió Alejandro Palmas del equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen, al recordar a su compañero.

Versión de seguridad

Como ya ocurrió en otros casos similares, el Estado dibujó rápidamente su relato de los hechos, que la mayoría de los medios tradicionales se encargó de difundir. A través de un comunicado del equipo de prensa del Ministerio de Seguridad de la Nación se indicó que “4 efectivos de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, cumpliendo con la orden judicial del juez federal Gustavo Villanueva, continuó con rastrillajes en la zona de Villa Mascardi con el objeto de recabar información e identificar a las personas prófugas luego del desalojo realizado el día jueves sobre los terrenos tomados por el RAM. (…) Llegaron a una barricada donde lograron ver entre 15 y 20 personas. En ese momento, dos de los Albatros quedaron en estado de alerta, escondidos, mientras que los otros dos bajaron hasta una antena, 150 metros abajo, para comunicarse con dos efectivos que se encontraban a 300 metros de la Ruta 40. Los dos miembros de Prefectura que quedaron en el lugar escucharon gritos que aparentaban ser gritos de guerra y observaron el desplazamiento de un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos. Además, otros portaban armas blancas, por lo que la patrulla de Prefectura esperó escondida entre la vegetación para evitar ser descubiertos. (…) El grupo comenzó una agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras y lanzas. Uno de los efectivos, cumpliendo con las normas legales y de uso racional de la fuerza, repelió el ataque con un arma no letal con munición no letal de pintura con motivo de hacer cesar la actitud violenta del grupo en cuestión y de hacerlos retroceder. (…) Inmediatamente se escucharon gritos por parte del grupo de encapuchados, que decían ‘los vamos a matar, son pocos, son cuatro’ y, acto seguido, los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre. Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo. A continuación, el grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente sobre los cuatro efectivos, lo que demostraba la preparación militarizada del grupo, que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento. (…) Frente a la situación y frente a los disparos de armas de fuego por parte del grupo violento, inmediatamente comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes, ya que no se podía visualizar más a aquellos hombres que se encontraban disparando con armas de fuego. (…) El Ministerio de Seguridad, a través de la Prefectura Naval, bajo las órdenes operativas de la Secretaría de Seguridad de la Nación, lamenta lo sucedido pero considera que, en esta oportunidad, no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho, y deposita la confianza en la investigación judicial para demostrar que actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado”.

Lo indefendible

“La muerte se produjo mientras se velaba el cuerpo de Santiago Maldonado, muerto en el marco de otro operativo represivo a la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut. Es decir, a pesar de la muerte de Santiago, el gobierno no sólo no ha asumido su responsabilidad en el hecho sino que continúa insistiendo y profundizando la política de criminalización de la protesta y de los pueblos originarios en lucha por sus tierras ancestrales. (…) El resguardo de la vida de las personas debe ser una obligación de primer grado del Estado y de cualquier gobierno democrático como así también el pleno cumplimiento de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la tierra de los pueblos originarios. Este último hecho es más grave aún en tanto el territorio recuperado por la comunidad es de propiedad estatal siendo parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, es decir es el gobierno quien ha decido criminalizar el reclamo como única medida de resolución del conflicto acudiendo a la Justicia para activar los dispositivos represivos”, manifestaron desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

Esto se pudo ver en la conferencia de prensa que el lunes realizaron en Casa de Gobierno los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano. Siguieron la misma línea ya planteada en el comunicado de la cartera de Seguridad, afirmaron que el gobierno no dialogará “con grupos violentos que violan la ley”: “Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley frente una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”, afirmó Bullrich. “Nosotros le damos, a la versión de la Prefectura naval, el carácter de verdad”, agregó.

Previamente, la vicepresidente Gabriela Michetti había declarado en un estudio de televisión: “El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad".

Reacciones

Las declaraciones de los funcionarios de Cambiemos fueron repudiadas por numerosos organismos de Derechos Humanos.

“Con profunda indignación, con la memoria revuelta de imágenes y palabras que recuerdan el horror del terrorismo de estado dictatorial, y con la sangre de nuestrxs pibes y pibas asesinadxs durante gobiernos constitucionales en nuestras venas, repudiamos las declaraciones fascistas del gobierno nacional ante el fusilamiento de Rafael Nahuel Colhuan -de 22 años- en manos de la Prefectura el sábado 25 de noviembre en Villa Mascardi – aseveraron desde la Asociación de Ex -Detenidos Desaparecidos – (…). Con una larga experiencia en denunciar la violencia del estado, le decimos a Michetti que NUNCA DUDAREMOS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL de las fuerzas represivas (…). Repudiamos y rechazamos taxativamente las declaraciones de los ministros, denunciamos que están intentando instalar una teoría que se encuadra en la demonización del pueblo mapuche y la construcción de un "enemigo interno" que deben "separar" del resto de la sociedad. El hostigamiento, la estigmatización y la persecución de un grupo humano con determinadas características consideradas como "peligrosas" para el resto de la sociedad, son la base con la que los Estados configuraron sus prácticas genocidas en distintos momentos de nuestra historia. Repudiamos las leyes antiterroristas -que venimos denunciando desde hace una década-, y exigimos su inmediata derogación”.

Apenas se conoció la información de la represión en la Lof Lafken Winkul Mapu y la confirmación luego de la muerte de Rafael Nahuel comenzaron a convocarse movilizaciones en todo el país. El domingo 26 hubo una importante manifestación en Plaza de Mayo, mientras que el lunes 27 se realizó una marcha en las calles de la capital cordobesa que fue amedrentada por la policía local. “¿Cuál es la respuesta del Estado frente a la protesta social tras haber asesinado por la espalda a un luchador mapuche? Sacar a pasear su camión hidrante. Buscan amedrentar a la población, sembrar el terror”, denunciaron desde Mucho Palo Noticias. Hubo seis manifestantes detenidos, trasladados a la Comisaría Décima y liberados recién al día siguiente.

A su vez, trabajadores de Parques Nacionales repudiaron el asesinato de Rafael y dijeron que no puede haber áreas protegidas sin las comunidades. A través de un comunicado, elaborado en asamblea, reconocieron la "historia oscura" de este organismo en cuanto al avasallamiento y expulsión de los habitantes preexistentes: "No hay conservación de la biodiversidad posible en territorios regados de sangre"

En tanto, ingresó en el Senado de la Nación un pedido de informes, por parte de la legisladora Magdalena Odarda, presidenta de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas de la Cámara Alta, en el que se solicita que los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos brinden un informe exhaustivo respecto de las condiciones en que se produjeron los hechos que derivaron en la muerte de Nahuel. También se piden informes respecto de la detención de niños, de entre 1 a 10 años de edad, que fueron alojados en la comisaría federal de Bariloche en el marco del desalojo a la comunidad.

Diálogo de mesa

Este martes se dio inicio a una mesa de diálogo (1) solicitada por el Lof Lafken Winkul Mapu, junto a comunidades autoconvocadas del Pueblo Mapuche y el Obispado de San Carlos de Bariloche. Participaron además representantes designados del Lof y las comunidades, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTA de Río Negro, entre otros.

Entre los puntos tratados, el Lof y las comunidades afirmaron que mantendrán el control territorial del área, manifestaron que es necesario tratar que se retire la denuncia de Parques Nacionales contra la comunidad a fin de que sea posible una resolución de la situación, que se desmilitarice urgentemente la zona, que se garantice la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin de proveer de alimentos y abrigo a quienes allí se encuentran, y que se frene  la imputación y criminalización de los detenidos que acompañaron a Nahuel hasta la ruta.

Se solicitó la presencia en próximos encuentros de representantes del Directorio de Parques Nacionales y de los organismos nacionales y provinciales con competencia en temática de niños, niñas y adolescentes.

Desde el INAI se ofreció ir a ver a los detenidos y revisar sus condiciones de detención. También participará una comisión que se constituirá con dirigentes sociales y de derechos humanos y se solicitará que se permita la visita de la machi y el ingreso del lawen. Este miércoles 29, habrá una nueva reunión de la mesa.

Mientras tanto, la lof mantiene su resistencia y el pedido de justicia para Rafael Nahuel, Fausto Jones Huela y Lautaro González continúan detenidos en pésimas condiciones y el gobierno nacional repite una y otra vez, con la ayuda de sus medios, la amenaza de un supuesto “enemigo interno” que – según creen – les alcanza para justificar un nuevo capítulo de violencia contra las comunidades originarias que habitan ancestralmente estas tierras.

Martes 28 de noviembre de 2017

Nota

1. Críticas a la mesa de diálogo en el conflicto del lof Lafken Winkul Mapu

Fuente: Red Eco Argentina

http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=22742:cr%C3%B3nica-de-una-nueva-muerte-mapuche&catid=19:pueblos-originarios