Bolivia, corazón de Sudamérica, tiene en la actualidad una vecindad que no es para envidiar. De los cinco países con los que comparte fronteras, cuatro –si incluimos el presidente chileno electo- están gobernados por empresarios mafiosos; individuos caracterizados por sus habilidades en el juego del capitalismo rapaz, fugadores de divisas, especialistas en paraísos fiscales, beneficiadores de socios y grupos concentrados, cómplices de genocidas, y un largo etcétera tóxico para las grandes mayorías. El quinto suma a lo anterior su condición de neogolpista.

A pesar de semejante panorama, la política exterior boliviana ha sido sensata, e incluso el país no sólo mantuvo relaciones cordiales, sino que ha realizado buenos negocios con sus vecinos. Entre los principales, venta de gas, gas natural licuado y fertilizantes (a Brasil, Perú, Paraguay y Argentina) y el inicio de un ambicioso proyecto ferrocarrilero que unirá dos océanos (con Brasil, Argentina, Paraguay y Perú). Como es natural, el contencioso con Chile sobre una salida soberana al mar congela nuevas propuestas comerciales y es marco de periódicos cortocircuitos políticos. Aparte de lo mencionado, es interesante observar que, en un contexto de estancamiento forzado de Unasur y Celac, Bolivia se mantiene activa en el Mercosur, alzando además su voz por los derechos de Venezuela, acosada también en ese espacio. En general hubo en esta última década una presencia inédita y clara del país en foros internacionales, denunciando al capitalismo y la doble moral de naciones poderosas, aportando miradas críticas y soberanas, además de atractivos conceptos como Buen Vivir o Derechos de la Madre Tierra.

Sin embargo, es necesario advertir que dichas ideas nunca lograron materializarse en la vida cotidiana boliviana. Por el contrario, se impregnaron con las clásicas fórmulas del capitalismo realmente existente: más consumo/consumismo; modelos de desarrollo tradicionales/depredadores, en el marco de un Estado dispuesto a ejercer funciones básicas de control sobre la economía e implementación de políticas redistributivas (un mínimo prácticamente desconocido en el último medio siglo anterior a la administración actual, si eso sirve de consuelo…). Uno de los resultados más impactantes es el crecimiento macroeconómico sostenido en la última década, del 4% al 6% anual, al cual hay que agregarle en el plano social el reconocimiento y valoración del rostro plurinacional del país.

Llegados a este capítulo de la historia, algunos grupos identificados con el MAS-IPSP han venido indicando que es hora de profundizar los cambios, habida cuenta de una suerte de apoltronamiento gubernamental. De todos modos, la novedad más densa y desafiante es la emergencia de numerosos focos de descontento y protesta, que probablemente se agudizará en el 2018. El punto de quiebre ocurrió el 21 de febrero de 2016, en ocasión de un referendo que preguntaba a la ciudadanía por la posibilidad de modificar la Constitución, para permitir la reelección del Presidente y Vicepresidente. Un 51.30% de los votantes indicó que no, desconcertando al gobierno, que se aferró a una interpretación de la derrota en base a la utilización, por parte de la oposición, de un escándalo sentimental/financiero que involucraba a Evo Morales, y que habría influido en el voto negativo (los votos por el sí alcanzaron 48.66%, los blancos 1.26% y los nulos 3.52%). Dicha negativa envalentonó a distintos colectivos, sectores sociales y referentes políticos hostiles al gobierno, que vieron un indicador del posible fin del experimento popular.

Aunque se podría haber asumido ese fracaso como oportunidad para reconducir su estrategia, movimientos afines al gobierno siguieron explorando vías para hacer viable la reelección. Lo consiguieron a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en noviembre de 2017 falló en favor de la solicitud (y contra lo que indica la propia Constitución) señalando que los derechos del Presidente como persona, y por lo tanto su derecho a ser reelegido, están garantizados por tratados internacionales de los que Bolivia es signataria, y que están por encima de la carta magna. Fue el segundo punto de quiebre.

El tercero sucedió al poco tiempo, el 3 de diciembre pasado, en ocasión de la elección ciudadana de miembros para diferentes órganos del Poder Judicial¹. El variopinto conglomerado opositor aprovechó la oportunidad y llevó adelante una amplia campaña en favor del voto nulo, en realidad como expresión de voto castigo contra el gobierno y sus proyectos, más allá de los objetivos de dicho proceso electoral. Así lo hizo un 51.34% de los votantes (los votos en blanco fueron 13.63% y los válidos 35.02%). Alentados por los resultados, de ahí en más se potenciaron las protestas e hicieron su aparición repentina –aunque no casual- diversas “plataformas sociales” identificadas, de acuerdo a la fórmula clásica, por colores, símbolos, denominaciones emotivas y diferentes grados de violencia. Sus propuestas son en extremo difusas, y sólo las fusiona el rechazo a la figura de Evo Morales. Ejemplo extremo es el paro médico, que alcanza ya cuarenta días de duración que incluyeron bloqueos camineros por parte de los galenos, algo inédito.

En medio de un panorama sociopolítico que ciertamente se embrolla, dos fenómenos se han acentuado en el último bienio, vinculados con la irritación creciente que describimos antes. Son fáciles de advertir en ámbitos urbanos, de clase media, con preferencia entre jóvenes.

Sugestivamente, guardan relación con procesos similares en países vecinos (Brasil, Argentina). Por una parte, sectores que se niegan en forma rotunda a reconocer aspectos positivos en la gestión de gobierno. Una especie de negativismo contumaz y rabioso permanente, multiplicado por las redes sociales. Por otra, posiciones racistas cada vez más explícitas, que en todo caso desnudan a grupos e individuos que jamás lograron digerir la realidad de un presidente indígena o la emergencia de sectores históricamente postergados. Ven ahora la oportunidad de llevar las cosas a un estado anterior, cuando estaba claramente establecido quiénes ordenaban y quiénes obedecían.

En este año que se anuncia tormentoso, son muchos los retos para el campo popular. No resulta tan difícil identificar errores, tiempo y recursos desperdiciados, que pudiéramos sintetizar como el desgaste, las desviaciones e incluso expropiación del sueño colectivo inspirador que atizó las sublevaciones hace década y media y dio curso al Proceso de Cambio. Por eso, la tarea más ardua, tal y como sugiere Hugo Moldiz, es nada menos que “re-enamorar a la gente que, por alguna razón, justificable o no, se ha distanciado del proceso en los últimos años”². Por su parte, el propio Presidente, reunido a fin de año con su gabinete y movimientos sociales, advirtió que en el 2018 hay que prepararse para “una lucha ideológica, política, partidaria y programática”. Sin dudas un reto monumental sobre el que hoy por hoy no existe suficiente nitidez.