Desde diversas redes, plataformas y articulaciones de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales se vienen planteando propuestas a fin de enfrentar el problema del fraude fiscal corporativo en nuestra región.  Algo interesante ha sido que cada vez más conglomerados de sectores sociales vienen comprendiendo que la fiscalidad es la principal herramienta para combatir la desigualdad social, y para alcanzar mayor equidad social, por medio del financiamiento de políticas públicas más incluyentes, universales, sostenibles y permanentes en el tiempo.

Un elemento central ha sido, en este proceso de mayor identificación con la trascendencia del tema fiscal, el vínculo de las organizaciones sociales de América Latina con movimientos y plataformas que trabajan el tema fiscal a nivel global; ello ha permitido no sólo conocer realidades de la fiscalidad de otros continentes, compartir experiencias, sino principalmente conocer en detalle el debate global sobre fiscalidad internacional.

Se ha tenido la oportunidad de participar en espacios oficiales de discusión del tema como la OCDE, el G20, la Unión Europea, Naciones Unidas, entre otros; también se participa en esfuerzos conjuntos de articulación global de sociedad civil por la justicia fiscal.  Por ello podemos afirmar, sin temor a equivocación, que los movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales de la región son un actor importante en el debate que ha promovido la sociedad civil a nivel global sobre fiscalidad y tributación, al servicio del desarrollo de nuestras sociedades.

Un aspecto muy relevante, que ha fortalecido el proceso en América Latina, es la existencia de gobiernos progresistas que también en grados diferentes han incorporado en sus agendas nacionales e internacionales el tema de la tributación internacional, y específicamente la lucha contra el fraude fiscal corporativo.

Valoración particular merece el rol jugado por el gobierno de Ecuador, que ha promovido cambios legislativos a fin de ir convirtiendo la estructura tributaria nacional con un carácter más progresivo; pero lo más destacado ha sido su papel en la esfera internacional.  Ha promovido una campaña contra los paraísos fiscales que ha tenido como base un referéndum nacional a fin de que ningún funcionario público nombrado o electo pueda tener activos financieros en paraísos fiscales.  Parte importante de su agenda internacional en materia de tributación internacional ha sido su Presidencia durante 2017 del G77+China, desde el cual ha liderado la propuesta que hemos lanzado como organizaciones sociales de la creación de un Órgano Intergubernamental sobre Tributación Internacional en Naciones Unidas.  Lo que no se puede dejar de mencionar y que tiene mucha relación con el tema fiscal, es su propuesta en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la creación de un Instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos.

En qué consiste nuestra agenda sobre tributación internacional:

1. Demandamos que la gobernanza global sobre tributación y fiscalidad deje de ser patrimonio de los países ricos del norte aglutinados en la OCDE, el G20 y la Unión Europea.  Dicha gobernanza debe tener un carácter incluyente y democrático, por lo que los países del Sur deben tener participación en igualdad de condiciones.
2. Es necesaria la creación de un Órgano Intergubernamental de carácter vinculante sobre tributación internacional en el marco de las Naciones Unidas, como el espacio multilateral más representativo.  Que cuente con espacios reales de participación de la sociedad civil global.
3. Es necesario acabar con el secretismo financiero y corporativo, para ello requerimos promover las siguientes acciones conjuntas:
   a) Intercambio automático de información: establecerlo como un nuevo estándar global que cuente con la puesta en marcha de una plataforma multilateral, para permitir que los países intercambien información bancaria y tributaria de las transnacionales en cada país en el que operan.
   b) Divulgación pública de beneficiarios finales de sociedades, empresas, fideicomisos: debe conocerse quienes son los dueños reales o finales del entramado de decenas de sociedades y fideicomisos que se crean a nivel global para esconder el rastro de las transacciones.
   c) Reportes públicos país por país: deben tener la obligación las transnacionales de enviar informes de su actividad global a las autoridades tributarias de cada país en donde operan, que incluyan las cuentas consolidadas, informes públicos de la cantidad y perfil de sus trabajadores, activos físicos, ventas, ganancias, impuestos pagados y pendientes, entre otra información.
4. Acabar con la lógica de la competencia fiscal y pasar a una cooperación fiscal a nivel global y regional.  En los esfuerzos por atraer Inversión Extranjera Directa (IED) los países desarrollan una “carrera a la baja” que significa una competencia por quien brinda mayores niveles de exoneraciones tributarias, mayores incentivos fiscales, más desregulación en la entrada y salida de capitales e inversiones, tratados bilaterales comerciales y tributarios, otorgamiento de condiciones de secretismo, aplicación legal permisiva, etc.  Son estrategias que no benefician a nuestros países y por el contrario estimulan el crecimiento desmedido de Flujos Financieros Ilícitos.
5. Dejar de suscribir Acuerdos para evitar la doble tributación: Estos son acuerdos que, al igual que los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBIs), se suscriben principalmente entre países ricos y países en vías de desarrollo; el propósito central es garantizarles a las transnacionales que el gravamen por una determinada renta, sólo se pague en una jurisdicción y no en ambas, obviamente en principio es que la transnacional pague en el Norte.  Finalmente, estos acuerdos utilizados por la planificación fiscal agresiva de las transnacionales han terminado convirtiéndose en acuerdos bilaterales de no tributación, ya que se evita el pago de impuestos en ambas jurisdicciones[1].
6. Que las sociedades offshore sean jurídicamente declaradas como ilegales, dada su naturaleza orientada a esconder activos financieros y patrimoniales.  De tal forma se empezará a desmantelar el mecanismo global de evasión fiscal de las transnacionales.
7. Que se elimine globalmente el secreto bancario, instrumento fundamental para la opacidad fiscal del mundo corporativo.
8. Promover un listado amplio e inclusivo de jurisdicciones que pueden ser definidas como paraísos fiscales, no sólo porque tengan bajos impuestos a residentes y no residentes, sino principalmente porque estimulen la creación de sociedades offshore, porque no tengan legislación para el intercambio automático de información, porque no impulsen los reportes país por país, porque mantengan el secreto bancario, porque no tengan legislación efectiva sobre beneficiarios finales de sociedades, entre otras condiciones.

Esta agenda se viene construyendo, consensuando y promoviendo en la región desde articulaciones del mundo sindical como la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), desde la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC) y diversas organizaciones en cada uno de los países.