Durante la mayor parte del año que precedió a la Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Buenos Aires, las negociaciones sobre los subsidios a la pesca fueron vistas por los Ministros de Comercio como el resultado tangible más probable.

El objetivo de las negociaciones, en términos simples, es abordar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca y la pesca ilegal, dos actividades que socavan la sostenibilidad de las poblaciones; sin embargo, al igual que todos los acuerdos comerciales, no se trata en absoluto de sostenibilidad, sino de asegurar el acceso a los mercados para las naciones pesqueras dominantes.

Sobreexplotación pesquera y la pesca ilegal

Los orígenes de las negociaciones sobre subvenciones a la pesca provienen del Programa de Doha para el Desarrollo y de la Declaración Ministerial de Hong Kong, de 2005.  Dieciséis años después de su lanzamiento, el impulso para lograr un resultado se ha fortalecido, puesto que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.6 estimuló las negociaciones en la OMC, ya que incluía un mandato que, entre otras cosas, preveía: "Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada..." [IUU por sus siglas en inglés].

Todo esto importa porque los peces y la pesca son una gran cosa.

Como se indica en la Nota Analítica del South Centre, "como fuente de empleo, más de 3.200 millones de personas viven cerca de las costas y dependen de los océanos y los mares para su sustento.  El 97 por ciento de los pescadores y pescadoras del mundo vive en países en desarrollo.  Más del 90 por ciento está empleado en actividades de pequeña escala.  Alrededor de 60 millones de personas realizan actividades de pesca artesanal y de subsistencia en todo el mundo, 15 por ciento son mujeres".  Para los países insulares del Pacífico, el pescado proporciona 50-90 por ciento del consumo de proteína animal en las zonas rurales y 40-80 por ciento en muchos centros urbanos, siendo que la mayor parte del pescado consumido por la población rural proviene de la pesca de subsistencia.  Según informa IUU Watch, en el Océano Pacífico occidental y central, la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada se estima en “al menos € 470 millones anuales, con pérdida de ingresos reales para los países insulares del Pacífico de alrededor de € 140 millones".

Brechas en las negociaciones

En el proceso hacia la Ministerial de Buenos Aires (MC11), los negociadores tenían un terreno significativo por recorrer.  El año anterior, prácticamente no se observaron acercamientos en las brechas de las negociaciones y es fácil entender por qué.

En primer lugar, estas negociaciones tratan directamente con problemas de soberanía.  Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), los estados nación tienen control soberano sobre sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), que pueden extenderse hasta 200 millas náuticas desde la costa.  Cualquier resultado en las negociaciones sobre subsidios a la pesca que restrinja lo que los gobiernos puedan hacer dentro de sus ZEE, ya sea a pescadores de pequeña escala o flotas domésticas, significaría socavar directamente su derecho soberano.

Por lo mismo, las propuestas de los países del grupo Africano Caribeño Pacífico, así como Argentina, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Panamá y Perú, los países menos adelantados y, posteriormente, India, se formularon de manera que excluyan la pesca en las ZEE propias de los Miembros de la OMC y tendrían prohibiciones aplicables solo en alta mar y en las ZEE de otros miembros.  El impulso de Nueva Zelanda, la UE, EE.UU. y otros para que se aplique a la pesca nacional se refería a que aquellos países deseaban menos competencia.

En segundo lugar, se trata del derecho de las naciones en desarrollo a desarrollarse.  La UE es un ejemplo clásico de un miembro que usó el apoyo gubernamental para desarrollar su industria pesquera industrial, pero que ahora da la vuelta y dice a otros miembros que no pueden hacer lo mismo.  Ahora, cuando la UE ha dejado de proporcionar subsidios para la construcción de flotas pesqueras, propone que esos mismos subsidios se prohíban en estas negociaciones.

Los países en desarrollo en el Pacífico, las Américas y en cualquier otro lugar no deberían dejar que se les quite el derecho a desarrollar y utilizar sus propios recursos naturales, algo que algunos proponentes como la UE y Nueva Zelanda quieren hacer en estas negociaciones.

En tercer lugar, el diablo siempre está en los detalles.  Con el IUU, la cuestión de quién determina si alguien está pescando ilegalmente es fundamental para hacer que funcione cualquier prohibición, pero también es muy controvertida.  Del mismo modo, quién determina qué existencias están sobreexplotadas y si la OMC puede anular o no a las instituciones administrativas con experiencia en estas áreas.

Finalmente, algunos Miembros están presionando para que se incluyan medidas de administración en cualquier resultado final.  Puede que esta no sea una demanda clara, pero los términos de las propuestas de la UE, Nueva Zelanda, Islandia y otros intentan sigilosamente incorporar cláusulas voluntarias de otros foros dentro de los marcos jurídicamente vinculantes de la OMC.  Esto socavaría la capacidad de los países en desarrollo para determinar cómo manejar sus poblaciones de peces.

Entonces, ¿qué pasó en MC11?  Afortunadamente no mucho.  Los ministros acordaron continuar negociando, lo que parece poco, pero fue una victoria significativa para los países en desarrollo.  Varios Miembros prominentes (Nueva Zelanda, UE, etc.) estaban presionando fuertemente para que se acordara una declaración ministerial de redacción ambiciosa, la que se utilizaría como un precursor para lograr un resultado final que no respaldaba los intereses de los países en desarrollo miembros.

Tal fue la envergadura de la campaña para presionar a los países, que un grupo de sociedad civil, que apareció en múltiples escenarios con Nueva Zelanda, destacó a India en los medios, acusándole de haber "saboteado" 20 años de negociaciones sobre subsidios pesqueros, simplemente por mantener su posición de país en desarrollo.  Los miembros ahora tienen hasta la próxima Ministerial en 2019 para tratar de resolverlo.

Las negociaciones siempre tienen que ver con el acceso al mercado

De cara al futuro, hay muchos desafíos entre lo que sucede ahora y cualquier resultado final.

Existe una gran necesidad de mostrar exactamente de qué se tratan realmente estas negociaciones.  Debemos aprender las lecciones de la historia de la OMC que, independientemente del lenguaje sobre el desarrollo o en este caso la sostenibilidad, las negociaciones siempre tienen que ver con el acceso al mercado.

Los subsidios a la pesca pueden estar vinculados a los ODS y algunos pueden estar generando una crisis ambiental en los océanos, pero las propuestas formuladas por las naciones ricas muestran que su intención no es la sostenibilidad, sino garantizar que los países en desarrollo y los países que poseen los recursos, no puedan desarrollar flotas pesqueras competidoras.

A medida que las negociaciones continúen avanzando hacia un desenlace, será más importante que nunca intervenir.  Los textos serán cada vez más importantes y los detalles más diabólicos, pero el papel de la sociedad civil es observar y actuar en consecuencia.

Como vimos en MC11, la resonancia dada a la voz de grupos conservacionistas que buscan metas ambiciosas de prohibiciones, independientemente de su contenido anti-desarrollo, tenderá a intensificarse, a medida que se aproveche la crisis de los recursos marítimos en disminución para restringir, no a los países ricos, sino a la capacidad de aquellos países cuyos recursos han sido explotados, para maximizar los beneficios para ellos y sus comunidades.

La sociedad civil necesita recapturar el lenguaje en estas negociaciones y colocar el desarrollo en el centro.  Esto es crucial, no solo para los pescadores artesanales y de pequeña escala cuyos medios de subsistencia dependen de algún nivel de apoyo gubernamental, sino también para la capacidad de los países en desarrollo para mantener el control de sus recursos y poder determinar su propio camino de desarrollo. (Traducción ALAI).

Adam Wolfenden es el coordinador de la Campaña por la Justicia Comercial de la Red del Pacífico sobre Globalización (PANG).  PANG es una red regional que promueve la autodeterminación económica y la justicia en las Islas del Pacífico.