A cien días de realizada la consulta popular en Ecuador -en la que resultaron ganadoras las iniciativas del presidente Lenin Boltaire Moreno y los partidos políticos de la derecha (CREO y SUMA)-, ya se pueden analizar algunas repercusiones de las medidas que allí se contemplaban y que fueron sancionadas.

El gobierno nacional muy rápidamente puso en marcha la implementación de las modificaciones constitucionales, notificando a Rafael Correa de que “nunca más” podrá volver a la presidencia, y centrando su atención en destituir a todos los funcionarios del Estado que suponían alguna continuidad de las políticas impulsadas por el expresidente. Ello como evidencia de una ruptura definitiva con los postulados de la “Revolución Ciudadana” y del propio Movimiento Alianza País. Estamos así ante una situación que dista mucho del llamado “diálogo nacional” anunciado por el presidente Moreno como orientación de su mandato, asistiendo más bien a un escenario polarizado y en disputa.

I

La medida que parece más ajustada a esos parámetros de polarización es la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-CPCCS, con el posterior nombramiento, por designación presidencial, de un grupo de consejeros transitorios. Este órgano de gobierno creado por la Constitución Política de Montecristi (2008), estaba pensado como un espacio de participación ciudadana compuesto por siete consejeros y consejeras (con sus respectivos suplentes), elegidos a través de un concurso de oposición y méritos coordinado por el Consejo Nacional Electoral, con la veeduría de comisiones y postulaciones ciudadanas [1]. El CPCCS transitorio parece no corresponder a tal espíritu constitucional, puesto que fue elegido de forma discrecional por el Poder Ejecutivo y se abrogó el derecho de auto-reglamentar los criterios de evaluación y destitución de funcionarios públicos [2].

En estos dos meses de investido el CPCCS-transitorio los nuevos consejeros abrieron sendos procesos de evaluación destituyente contra el Defensor del Pueblo -Ramiro Rivadeneira-, contra el superintendente de Economía Popular y Solidaria -Patricio Rivera- y contra el superintendente de comunicaciones, Carlos Ochoa. Procesos que el CPCCS-transitorio concluyó con la destitución de los funcionarios, basado en criterios ad hoc definidos sin consulta constitucional por los mismos consejeros transitorios, y sin tener en cuenta un debate de competencias jurídicas para la evaluación y destitución de funcionarios públicos de los órganos de control. Acciones a todas luces anómalas que están debilitando la institucionalidad, y creando de facto un súper poder presidencial encarnado en la figura del Consejo de Participación.

Un súper poder que, ahora, tiene la mirada puesta en la justicia. El CPCCS transitorio abrió un expediente de evaluación al Consejo de la Judicatura (CJ), máximo rector de la función judicial en el país. Ante tal amenaza, el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, se pronunció advirtiendo que no temen ninguna evaluación porque siempre han actuado con transparencia, aunque envío una consulta formal a la Corte Constitucional para que defina la competencia del CPCSS-transitorio (bajo la consideración que los consejeros designados por el presidente Moreno están actuando como una “Asamblea Nacional Constituyente”, sobrepasando las facultades que les otorga la ley y la constitución, no como un órgano transitorio de veeduría ciudadana) [3].

Tal evaluación fue deslegitimada por las declaraciones del jefe del Consejo de Participación transitorio, Julio César Trujillo, en las cuales ha defenestrado al Presidente del Consejo de la Judicatura culpándolo por supuestos delitos, que ni han sido procesados por la justicia, ni son competencia del CPCCS, dejando en evidencia el sesgo y la intención de la evaluación en ciernes en contra del órgano rector del Poder Judicial [4]. De concretarse el proceso destituyente contra el Consejo de la Judicatura, Moreno y su CPCCS transitorio estarían perpetrando un duro golpe a la institucionalidad, ya debilitada por las destituciones mencionadas a algunos órganos de control.

II

No capturar a alias “Guacho”, disidente de las FARC y responsable del secuestro de los tres periodistas, en un plazo de 10 días -orden dada por Moreno a sus ministros de Interior, Cesar Navas, y Defensa, Patricio Zambrano- fue el detonante de dos importantes renuncias, en áreas clave. Si bien en los primeros meses de 2018 ya habían comenzado a escalar los hechos de violencia en la frontera con Colombia, no fue hasta el secuestro de tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio que Moreno optó por poner en marcha una nueva postura de gobierno respecto de los conflictos en la frontera.

Mucho se ha especulado sobre los entretelones de lo sucedido en la frontera en este último tiempo, desde la tesis oficialista de la permisividad del gobierno del expresidente Correa con el narcotráfico y sus relaciones con la guerrilla como medio para mantener la paz, hasta las presunciones de “armado” o “agravamiento” de conflictos para la posterior reinserción completa del Ecuador en la estrategia de “seguridad continental” impulsada por EEUU y secundada históricamente por Colombia. En cualquier caso, las reacciones de Moreno ante el secuestro de los tres periodistas no sólo fueron muy erráticas, sino que, con la decisión de que Ecuador deje de ser la sede de las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, sumado a los pocos conocidos términos del Pacto de Pereira -que apuntan a incrementar la presencia militar- la histórica postura del Ecuador respecto del conflicto colombiano parece haber mutado, con consecuencias imprevisibles a mediano plazo.

No parece casual que, en simultáneo con el agravamiento de los conflictos en la frontera desde comienzos de año, el Ecuador haya recibido una serie de visitas hasta hace poco consideradas no gratas: Keith Mines (Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado), Thomas Shannon (subsecretario de Asuntos Políticos) y, más recientemente, Joseph Di Salvo (subcomandante militar del Comando Sur) y la embajadora Liliana Ayala. Con ellos llegaron propuestas bien recibidas por el establishment ecuatoriano: “cooperación” en materia comercial, seguridad y defensa. También el Gobierno firmó el pasado 26 de abril un memorando de entendimiento con la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU. En el mismo periodo, el Gobierno decidió incomunicar a Julian Assange -una gran “piedra en el zapato” de EEUU- por su supuesta “injerencia en la situación interna de otros países”. Evidencia del agrado del establishment internacional de este giro a la derecha en materia geopolítica es, entre otras cuestiones, la condescendencia con que la gran media internacional trata a Moreno (CNN, El País).

A nivel interno, el poco realista ultimátum dado por el presidente a Navas y a Zambrano condujo a sus reemplazos. Mauro Toscanini, en el todavía Ministerio del Interior, y Oswaldo Jarrín en Defensa son las dos nuevas figuras del gabinete. Jarrín cuenta con una vasta experiencia en la gestión de la seguridad: entre otros aspectos, ocupó la cartera durante el gobierno de Alfredo Palacio, entre 2005 y 2006. En su breve gestión aumentó los gastos corrientes de las FFAA en un 27%, pero no obtuvo un correlato presupuestario para el ministerio, que creció sólo un 7%. Además de pedir más presupuesto al Estado ecuatoriano frecuentemente se dirigió, con el mismo fin y con la misma negativa, al Departamento de Defensa de los EEUU.

Toscanini, al igual que su predecesor Navas, -del cual Moreno dijo que había “tropezado [en la gestión del conflicto fronterizo] por falta de experiencia”- tiene escasa trayectoria en la gestión de la seguridad interior. Es ingeniero comercial, con especializaciones en economía y negocios, y en administración pública, con una importante trayectoria laboral en el ámbito académico. Toscanini encabezará un ministerio clave, que volverá a llamarse Ministerio de Gobierno y Policía. En este giro en materia de seguridad también se inserta la eliminación de la Secretaría de Inteligencia sin que se sepa aún cómo quedará articulada -y en manos de quién- la delicada tarea de la inteligencia y la contrainteligencia nacional.

En definitiva, la situación en la frontera le ha servido de puntapié a Moreno para purgar dos áreas clave de gobierno -Interior y Defensa-, retomar las viejas relaciones de “cooperación” con EEUU, dotar de un nuevo sentido al Ministerio del Interior y buscar instalar en la opinión pública no sólo el problema de seguridad y narcotráfico como “pesada herencia”, sino el miedo como estado de ánimo colectivo y como “piedra libre” para hacer ajustes de mano dura del agrado de la vieja política.

III

La caída de la imagen de Moreno entre la población ecuatoriana a un año de asumir es sintomática de un Gobierno que aún no tiene un libreto propio. Según la última encuesta de CEDATOS, la aprobación de la gestión Moreno cayó de 68,6% en enero de este año a 45,5%, superando las tasas de aprobación (45,5%) por primera vez. Más acusado aun es el descenso en la credibilidad de su palabra: según la misma encuestadora, al 20 de abril de este año sólo un 42% le cree al presidente mientras que un 49,7% no confía en su palabra -mientras que en enero la proporción era de 61% y 32%, respectivamente [5]. Perfiles de Opinión, para la misma fecha, registra tendencias similares en cuanto a la calificación de la gestión presidencial: la suma de la apreciación positiva (buena y muy buena) es de 46,51% mientras que el total de opinión desfavorable (mala y muy mala) asciende a 53,49% [6].

Estos datos reflejan el descontento social creciente por una gestión que no muestra rumbo claro. La percepción de que el presidente no gobierna, que se van desmantelando políticas acertadas del correísmo y se lo utiliza con excesiva frecuencia como “chivo expiatorio” para justificar las acciones y las inacciones gubernamentales, la politización de la justicia que supuestamente erradicarían y la evidente influencia de figuras como los banqueros Jaime Nebot y Antonio Acosta marcando el rumbo económico, son algunos de los factores que han hecho mella en la imagen de Moreno. Y todo ello con la prensa hegemónica nacional e internacional a su favor, que verá ampliamente premiado su apoyo con la anunciada reforma de la Ley de Comunicación –aprobada hace cuatro años tras un referéndum popular-, hasta privarla de todo su espíritu democratizador.

Notas

[1]https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

[2]http://www.cpccs.gob.ec/es/parametros-evaluacion-autoridades/

[3]http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/noticias/item/6736-consejo-de-la-judicatura-no-ha-sido-notificado-sobre-fallo-de-juez-de-balsas-pues-no-es-parte-procesal.html

[4]https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/09/nota/6706792/mas-50-denuncias-contra-cuatro-autoridades-evaluadas-consejo

[5]http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=366

[6]http://www.perfilesdeopinion.com/images/pdf/presidente.pdf

Javier Calderón Castillo/ @javiercc21

Camila Vollenweider /@mcvollenweider

Investigadores/as del CELAG

http://www.celag.org/ecuador-un-gobierno-sin-libreto-propio/