La frontera colombo venezolana reúne una serie de características que la separan de lo tradicional, estas características se afianzan con mayor ahínco en los cerca de 160 kilómetros de línea limítrofe que comparten el estado Táchira, del lado venezolano, y el Norte de Santander, del lado colombiano, presentando un alto flujo comercial, financiero y de innumerables relaciones humanas.

Actualmente hay un proceso de retroceso de la legalidad que contrasta con el auge de la ilegalidad. Entre 1960 y 2014, las relaciones formales entre ambos países, pasaron de 2 millones de dólares a 8 mil millones de dólares respectivamente. A la fecha el intercambio legal, no supera los 700 millones de dólares, mientras la economía delictiva, impulsada principalmente por el contrabando y el fraude cambiario moviliza cerca de 7 mil millones de dólares.

La economía delictiva ha ampliado su rango de acción, a su vez que ha pululado por todo el territorio nacional, dominando los circuitos de producción, distribución, consumo, así como las principales rutas de extracción marítima, terrestre e incluso aérea, aprovechando la hiperdevaluación de la moneda venezolana y las inmensas asimetrías que esto genera entre la economía nacional y la de los otros 14 Estados/Nación con los que comparte frontera.

A través de los mecanismos de extracción ya señalados, de nuestro territorio salen, por la vía ilegal, más de 30 mil millones de dólares de acuerdo a cálculos propios. Diariamente, tan solo por el estado Táchira, se desvían 1,2 millones de litros de gasolina, generándole pérdidas anuales a PDVSA y al Tesoro Nacional por el orden de los 400 millones de dólares. En el caso del estado Zulia las pérdidas superan los mil millones de dólares, sólo en combustible.

Sobre este asunto particular es importante destacar que el Estado colombiano coopera para que la ilegalidad se mantenga y hasta prospere, no olvidemos que el Gobierno neogranadino es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la región y ha manifestado de manera abierta que “trabaja” para el retorno de la “democracia en Venezuela”. Hasta antes de la crisis fronteriza de 2015, el suministro de gasolina que realizaba ECOPETROL a la ciudad de Cúcuta no superaba las 13 gandolas diarias, en Arauca el suministro no superaba las 4 gandolas y en la Guajira ni siquiera se enviaba una sola gota de combustible, mientras tanto Táchira surtía hasta 117 gandolas/día, Apure 43 gandolas/día y el estado Zulia cerca de 300 gandolas/día, de ellas, más del 65% se iban de contrabando, es decir unos 10 millones de litros día

La cooperación para que haya un descarado desangre sobre nuestros recursos energéticos no va sólo allí, el estamento jurídico colombiano legaliza lo que llega de manera ilegal a su territorio, para sólo mencionar un documento, el Decreto 4136 de 2004 reconoce los más de 60 pasos ilegales o trochas por donde circula el grueso del contrabando, legitimando la práctica ilegal siempre y cuando se garantice el pago de tributos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):

“Artículo 1: Aplica exclusivamente para los combustibles líquidos del petróleo que se introduzcan desde la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 5: Centros de acopio (…) Deberán estar ubicados en sitios aledaños al paso o cruce de frontera de los municipios de San José de Cúcuta, Los Patios, Puerto Santander y Villa del Rosario, habilitados como lugares de ingreso por la DIAN”.

De igual forma en la frontera entre Táchira y Norte de Santander se encuentran, además de las ya mencionadas trochas, 3 puentes internacionales por donde circulan más de 50 mil personas al día que movilizan, por medio de lo que se conoce como “bachaqueo” o “pitufeo” alimentos, combustibles, dinero en efectivo, lubricantes, medicinas, ropa, calzado, libros y hasta hielo empacado.

Todo este inmenso volumen ha dado pie para que en la ciudad de Cúcuta, se haya venido creando un robusto sistema financiero que poco a poco fue dominando y captando casi la totalidad del flujo de capitales que circulan por la frontera, lo que, sumado a triangulaciones con tasas reflejadas a través de portales web del dólar paralelo, derivó en la colocación de una tasa cambiaria diferente a la acordada por los gobiernos, que básicamente busca depreciar de manera sistemática el valor del bolívar venezolano con fines no sólo económicos sino políticos.

Ha sido tal el auge del sistema financiero nortesantandereano, que actualmente existe una especie de banco central paralelo al BCV venezolano, que trabaja de manera coordinada con los portales web y viola de manera flagrante la soberanía económica de nuestro país. Esto, sumado a errores en la política monetaria y cambiara venezolana, conduce a un sin fin de distorsiones que a la fecha determinan el costo de los productos no sólo en zonas de frontera sino en la totalidad del territorio nacional, impulsando buena parte de la hiperinflación que arropa el aparato económico venezolano.

En el último año la depreciación de la moneda superó el 5000%, a su vez surgieron nuevos mecanismos depreciativos, tal vez el más importante ha sido el de contrabandear papel moneda, una práctica ahora común que arroja jugosos beneficios a quienes lo practican. Por un billete de 100.000 bolívares, en efectivo, llevado a Colombia, es posible obtener hasta 500.000 bolívares, por transferencia, depositados en una cuenta bancaria venezolana. Esta modalidad ha generado una nueva distorsión: El mercado venezolano fija precios completamente diferentes sobre bienes y servicios, si se pagan en efectivo o a través de pagos electrónicos.

En las últimas semanas el Gobierno venezolano activó la “Operación Manos de Papel”, por medio de la cual busca debilitar las finanzas de los grupos que afectan la estabilidad económica del país. Los resultados arrojan más de 250 personas detenidas y la congelación de 1133 cuentas bancarias (especialmente del recién intervenido banco BANESCO), que reunían 3 billones de bolívares suficientes para cancelar más de un millón de salarios mínimos mensuales.

Esta acción debe acompañarse de otro conjunto de medidas que certeramente golpeen a los grupos que delinquen. Es indudablemente necesario el apoyo del Gobierno colombiano, ciudades como Cúcuta o Arauca se encuentran fuertemente deterioradas por las propias distorsiones generadas en la zona fronteriza. Es necesario, aún con todas las diferencias, cooperar para contrarrestar la enorme influencia que, además de todo el daño generado, amenaza la soberanía y hasta la presencia de los Estados.

Mensualmente mueren decenas de personas producto del enfrentamiento de grupos al margen de la ley que se disputan la muy apetecida zona. Es tarea de gobiernos, instituciones, pueblo organizado, trabajadores, comerciantes, empresarios y universidades, a lado y lado del río Táchira, evitar la mexicanización de la frontera.

Oscar Javier Forero

Economista