El proyecto de una nueva Constitución cubana, puesto a consideración de la ciudadanía despertó debates interesantes, muchos de ellos promovidos desde el Estado, no solo sobre el texto sino también sobre la realidad política del país y el concepto de democracia que conlleva.

La comisión nacional tomará el resultado de esta consulta y reformulará el proyecto que debe someterse nuevamente al Parlamento; para luego ser votada en referendo a inicio del próximo año.  Varios analistas destacan  las sabidas fallas que tienen los mecanismos  de participación popular, y la cultura propia del pueblo cubano de aceptar más que disputar; la no poca apatía que también se manifiesta.

Además de los criterios con bases lógicas de que para qué voy a opinar si ya eso es decisión tomada, o no podré cambiar nada en la práctica; las tendencias que desde hace 30 años se vienen dado en Cuba; y muy significativo, que los resultados de esta consulta no tienen carácter vinculante.

La propuesta –repartida en todo el país para garantizar la máxima divulgación- pasó por delante de mucha gente que apenas logró comentar sobre el tema del matrimonio de los homosexuales y de que no habrá doble ciudadanía, pasando por alto el hecho de que se quitó la palabra comunismo del texto, aun cuando la gran mayoría de los miembros de la Asamblea son miembros del Partido Comunista de Cuba o de la Unión de Jóvenes Comunistas.

El ensayista y catedrático René Fidel González García señala que “hay que tener en cuenta que la intención política de acometer la reforma constitucional en el contexto de cambios que experimenta la sociedad cubana forma parte de un proceso: el de la sobrevida, de la continuidad de la Revolución como proyecto político.

La misma preocupación tiene Alcides García Carrazana, del Centro Martin Luther King de La Habana, quien señala que Cuba se encuentra en efervescencia. Las lecturas, pese a todo argumento dado, nunca escaparán a visiones que navegan entre la realidad histórica, la complejidad cotidiana, la verdad sublimada, y abundantes percepciones hipercríticas que tampoco ayudan al verdadero entendimiento. “Una pregunta sigue latente desde que en 2006 se diera la transición del poder de Fidel a Raúl, y las reformas que siguieron: ¿Cuál será el destino de la Revolución Socialista?”, plantea

Los analistas cubanos resaltan en la televisión, la radio, portales, diarios, la importancia del proceso de discusión del proyecto constitucional, de reflexión sobre la realidad política, pese a la escasa cultura jurídica, al decir del politólogo Rafael Hernández, quien señaló que la nueva carta magna tiene elementos de gobiernos presidencialistas y también de los parlamentarios.

El proyecto de nueva Constitución, cuyo debate finalizara el 15 de noviembre, señala que ya no habrá república socialista de trabajadores, ni se declarará la lucha contra la explotación del hombre por el hombre, y que tampoco se regulará la acumulación de riqueza. Y, a pesar de la cantidad de mujeres que hay en la AN, el proyecto de constitución sale sin lenguaje de género ni habla de un tribunal constitucional.

Cuba tendrá Presidente de la República (jefe de Estado) y vicepresidente, pero no será elegido por voto directo sino designados por las instituciones del PPC. Y pronto habrá un Primer Ministro (jefe de gobierno), un gobernador en la Habana y en cada provincia, que tampoco serán designados por elección popular, al igual que los intendentes, figura que se incorpora también al nuevo texto.

Luego se abren dos líneas. Una, el Presidente del Consejo de Estado y el propio Consejo de Estado como otro órgano. Este presidente es el mismo que el de la Asamblea Nacional, y es elegido al igual que el presidente y vive por esta Asamblea. Dos, el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministerios.

Ya a nivel provincial será el Gobernador y un consejo de gobierno (se elimina la Asamblea Provincial del Poder Popular. A nivel municipal queda la Asamblea Municipal del Poder Popular, y su presidente, se incorpora nuevo la figura de un intendente, que tampoco es electo sino designado

Los cargos no serán elegidos por el voto directo, sino por la Asamblea Nacional, el órgano supremo del Estado que se reúne apenas dos veces al año, que además tiene la potestad de revocarlos en cualquier momento.

No todo cambia

Cuando quedó constituida la novena Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (órgano superior del sistema político cubano), donde Miguel Díaz-Canel resultó electo Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, tal y como se esperaba no se despejaron algunas dudas. Pero la salida de los representantes de la vieja guardia, los históricos de la Revolución, no se concretó y la renovación de la dirección de la AN no sucedió, ni cosméticamente, y tampoco los militares coparon esta instancia política.

Para los analistas cubanos, genera preocupación la limitada habilidad y disposición al diálogo político de la dirección del país con el sentir popular, teniendo en cuenta que el sistema electoral en general, y la comisión de candidatura en particular, fueron ampliamente cuestionados, y la revisión integral del sistema electoral es un punto candente de cara a la legitimidad del modelo. Y las unanimidades repetidas, refuerzan más la percepción de distancia entre la población y sus gobernantes.

La presencia de dos de los llamados históricos de la Revolución en el Consejo de Estado —Ramiro Valdés y Guillermo García—, pondrá límites al difícil desafío que tiene Díaz-Canel de dar nuevo rostro, matiz y contenido a los modos de hacer política en Cuba. En palabras de Díaz-Canel: “Le afirmo a esta Asamblea que el General de Ejército encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y futuro de la nación”.

La AN tenía en su agenda resolver en el corto plazo la revisión sobre políticas y normas respecto al trabajo por cuenta propia, descongelar las experiencias cooperativas no agropecuarias, encaminar el proceso de reforma constitucional en general y del sistema del poder popular en particular, unificar las monedas y la tasa de cambio y manejar el nuevo período de tensiones con EEUU.

La Constitución

Alberto Dacal Díaz señala que, a diferencia de lo constituido en 1976, en el actual proyecto no se plantea la superación de los regímenes de explotación de unas personas sobre otras. En su lugar se perfila un lugar de llegada donde el Estado conciliará los intereses ciudadanos, aun cuando en la práctica estos reproducen, en algunas zonas, relaciones de explotación.

Asimismo, en los postulados del proyecto el socialismo tiene su sustento en el PCC como única fuerza política organizada, como garante de la unidad nacional; y la justicia social y la equidad parecen ser los contenidos esenciales del carácter socialista. El Estado funge como conciliador de las clases sociales emergentes y organiza la distribución de las riquezas como garantía de su carácter socialista. Este planteo reduce el alcance socialista de la Constitución de 1976.

Queda desplazada la clase trabajadora como sujeto revolucionario, prioritario en la atención del Estado. En el texto, se exacerba al carácter del Estado como representante del pueblo en su condición de propietario de los medios de producción y no la potenciación práctica de la gestión directa por el propietario.

El proyecto desconoce el lugar creciente, dinámico y diverso de la sociedad civil dentro del mapa de actores sociopolíticos. El pequeño avance de reconocer otras formas asociativas no alcanza para dar cuenta y contemplar el lugar de la sociedad civil. El diseño previsto en el proyecto tiene dos inmensas polaridades en el Estado y la ciudadanía y un tenue enunciado en las organizaciones de masas y otras formas asociativas.

Uno de los puntos positivos es que el enfoque de los derechos humanos se amplía, aun cuando aparecen algunas acotaciones que limitan su potencialidad y el mercado pareciera tensionar algunas de sus posibilidades. Se presentan los derechos y deberes a nivel individual y no aparecen referencias a aquellos que corresponderían a la sociedad civil. Destaca la ausencia del amplio enunciado de concreciones de derecho a la educación, la salud, movilidad en el territorio y acceso y disfrute de espacios públicos, consagrados en la Constitución vigente,

Lejos de la ampliación del tiempo de sesiones de la Asamblea Nacional y la elección directa del Presidente del Consejo de Estado, lo que aparece es una columna de mando por designación que va desde la figura del Presidente, Primer Ministro y gobernadores. Cargos definitorios del nuevo modelo son designados y no elegidos.

Distintos académicos y analistas prendieron algunas luces de alerta sobre el actual proyecto, que reitera la contradicción del carácter del PCC como fuerza superior, ahora profundizada con la declaración de la supremacía constitucional. Súmese la afirmación reiterada de que la soberanía reside en el pueblo y que la Asamblea Nacional es el órgano superior de representación del Estado.

Se sustituye, como principio, el control político directo de la clase trabajadora por un grupo social que la representa y se modelan conceptos y estructuras para la conciliación de las clases. Las organizaciones populares y políticas –organizaciones de masas como la de trabajadores, campesinos, mujeres, juventud- no son consideradas parte del Estado pero sí del sistema político.

En el texto, el proyecto comunista se diluye en la formulación “construcción del socialismo” como estado permanente: se obvia el carácter antagónico del capitalismo y el socialismo pretendiendo un orden de convivencia donde se agregue lo mejor de ambos, una tercera vía que haga emerger, incluso, un capitalismo con rostro humano, y se desvinculan el papel de la conciencia en la transformación social y las prácticas socializadoras que la motiva;

Asimismo, alertan sobre el supuesto carácter independiente de la economía, y con ello la mercantilización como esencia inamovible para toda nueva forma de acumulación y relación productiva; donde no figuran la distribución justa de las riquezas como principio y la planificación como método, mientras que la igualdad, la cooperación y la complementación y la asociación libre de productores libres se presentan como buenas intenciones poco realistas.

 ¿Cuál es el proyecto político?

La discusión teórica sin proyectos políticos no tiene mucho sentido, al igual que, sin proyecto, carece de mucho sentido debatir las soluciones políticas que la realidad describe como hecho o como posibilidad, en una realidad donde conviven, con mayor o menor amplitud, estructuras socioeconómicas heterogéneas, formas de gestión productiva privada, cooperativa, comunitaria, individual, estatal y mixta..

Dacal Díaz señala que se abren dos proyectos políticos: asumir que la negación de las lógicas y predominio del gran capital no implica rechazar su presencia dentro de las formas productivas del modelo, con perspectiva de permanencia estable dentro del mismo; o acumular formas de gestión socializadoras de la producción para lograr finalmente la superación de los rasgos capitalistas contenidos en la estructura socioeconómica actual.

Ambos proyectos políticos plantean problemas teóricos distintos. ¿La construcción del socialismo significa el orden último superior al que podemos aspirar? O por el contrario, ¿esta etapa es un repliegue táctico, un mal necesario que exige acumular fuerzas en el sentido socializador del poder, la producción y el saber?

Algunos hablan de “socialismo mercantilista, donde frente a la necesidad de aumentar la productividad, se sedimentan variables como “participación democrática”, “eficiencia económica” y “autogestión financiera” de las empresas, las que en la práctica se subordinan a la búsqueda desenfrenada de ganancia como eje central del modelo de desarrollo que, al mismo tiempo, justifica liberar el mercado laboral y negociar intereses con el capital internacional para la inversión.

Y esto atrae la lucha por la ganancia individual, la competencia y el consumismo desenfrenado que tensan la posibilidad de desarrollar un modelo de “complementariedad entre consumo y producción, entre gestión y administración, entre participación popular comunal y planificación macroeconómica centralizada”; así como entorpece la consolidación de una conciencia colectiva que sustente la creación de una sociedad justa para todos y todas.

Por ello analistas cubanos alertan que la economía no es un ámbito independiente de la realidad, las cuestiones técnicas que la acompañan no son neutrales y, por ende, asumirla acríticamente es un peligro para todo proyecto liberador. Siempre, la economía es una decisión política, una apuesta por un proyecto político y cultural. Y por ello, la cooperación, la prevalencia del valor de uso y la desmercantilización de la vida tienen que ser reinventados en sus formas concretas, no desechados como principios.

Elmer Pineda dos Santos

Periodista cubano asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)