La reforma no resuelve problemas fiscales estructurales

El problema central de la reforma fiscal actualmente en discusión en Costa Rica es que parte exclusivamente de la lógica neoliberal, que ante ingresos reducidos lo que cabe es la reducción del gasto.  De esa lógica no sólo no se aparta, sino que se profundiza con la reforma.

El problema fiscal del país es que los ingresos tributarios se han venido erosionando a lo largo de más de tres décadas por las políticas neoliberales impulsadas a lo largo de ese período.

Adicionalmente el sistema tributario costarricense es altamente regresivo al estar sustentado en impuestos al consumo; el 64% del total recaudado proviene de impuestos indirectos al consumo, y específicamente el Impuesto de Ventas (IV) representa un 41% del total recaudado.

La regresividad también se manifiesta en el hecho que las exoneraciones y privilegios fiscales están dirigidos exclusivamente hacia sectores económicos poderosos, como es el caso de las zonas francas, importadores, exportadores, sector turístico y sector financiero.  Este gasto tributario implica un altísimo costo, principalmente por el hecho de que dichas exoneraciones se han convertido en algo permanente y no en medidas de estímulos temporales como recomienda la técnica tributaria.

La reforma no propone ninguna modificación orientada a alcanzar cambios estructurales en la regresividad, por el contrario, el cambio propuesto de modificar el Impuesto de Ventas (IV) en un Impuesto al Valor Agregado (IVA) va a acentuar la regresividad, por cuanto lo que hace es ampliar la base impositiva del consumo al incorporarse una gran cantidad de servicios que hoy día no pagan impuesto de ventas y que pagarán principalmente sectores medios asalariados del sector público.

Golpe a los sectores populares y medios

El establecer un 1% de IVA a los artículos de la canasta básica alimentaria y a los bienes agrícolas de dicha canasta, tendrá un impacto muy fuerte en las condiciones de vida de los sectores en condición de pobreza y pobreza extrema, que representan el 20% de la población.

En sectores medios el IVA tendrá un fuerte impacto en el consumo residencial de electricidad y agua, medicamentos, salud y educación.

Las modificaciones al Impuesto a la Renta orientadas a la creación de nuevos tramos para base imponible de los salarios medio altos y altos, son algo con lo que no necesariamente se puede estar en contra, pero al no tocarse consistentemente las ganancias de capital, simplemente se quedan en aumento de carga impositiva a los salarios.  En materia de ganancias de capital se mantienen las exoneraciones a las sociedades mercantiles, la distribución de dividendos entres sociedades domiciliadas en el país, se amplía la consideración de la subcapitalización a cualquier entidad financiera extranjera supervisada en su país de origen.

Se prevé modificar el impuesto, de un 8% a un 15%, sobre algunas rentas de capital de ciertos instrumentos financieros de inversión; se adiciona un impuesto a la venta de bienes muebles e inmuebles de un 15% que afectará directamente a sectores medios, y un impuesto a los dividendos de asociaciones solidaristas de un 8% y de un 10% de cooperativas de ahorro y crédito, que también afectará a los sectores medios.

Por otro lado, se brinda una amnistía tributaria generalizada, que va desde tramos de un 80% a un 70%, 60% y 40% de los montos adeudados, intereses y sanciones, lo que favorece principalmente a sectores económicos poderosos.

No hay medidas reales que traten de contener la evasión en consumo y renta; no hay medidas para enfrentar la elusión que estimula la fuga ilícita de capitales, algo realmente grave en el país; no se quiso incorporar el principio de renta mundial y mucho menos atacar la existencia de sociedades offshore, de eliminar el secreto bancario y de crear un listado propio de paraísos fiscales, que son los mecanismos que ha creado este sistema opaco de fraude fiscal internacional.

Se precarizan condiciones laborales del empleo público

El tercer componente de la reforma tiene que ver con una radical reforma en los complementos salariales de los trabajadores del sector público, que han logrado estas conquistas por medio de convenios colectivos promovidos por sus organizaciones sindicales.  Estas modificaciones en los complementos salariales precarizarán los salarios en forma generalizada, estimulando una tendencia a la baja a fin de ir reduciendo la brecha entre los salarios del sector privado, que son más bajos por no existir la libertad sindical, y el derecho al convenio colectivo, con respecto al sector público.

El otro ataque de este apartado de la reforma, y que no tiene nada que ver con el tema tributario ni fiscal, es la prohibición a la negociación colectiva en materia de complementos salariales, lo que atenta contra convenios internacionales de la OIT firmados por el gobierno de Costa Rica y la directriz a jerarcas institucionales para que denuncien obligatoriamente las convenciones vigentes a fin de impedir la renovación automática de las mismas y tener que renegociar convenios colectivos en estas nuevas condiciones.  Ello significa un ataque directo a la existencia misma del movimiento sindical.

Un mecanismo para desmantelar el Estado costarricense

El último componente de la reforma es una draconiana medida de regla fiscal, que significa el desmantelamiento presupuestario del estado nacional.  Se establece una medida muy radical de estancamiento presupuestario en función del crecimiento de la deuda, lo que significará que el presupuesto nacional no crecerá en términos reales.  Se imponen serias sanciones penales a los jerarcas que no cumplan la misma y se empoderan a instituciones como la Contraloría de la República y el Ministerio de Hacienda, para que garanticen plenamente el cumplimiento de dicha regla fiscal.

Lo más grave es que, adicionalmente, se incorporan una serie de modificaciones legislativas para eliminar transferencias obligatorias por ley a instituciones encargadas de la política social, con lo que se empieza a desmantelar todo el sistema de protección social que ha creado el país desde mitad del siglo XX y que ha garantizado que Costa Rica tuviera mejores indicadores sociales que el resto de la región centroamericana.

En conclusión, las élites económicas/políticas del país impulsan una reforma fiscal a su medida, dejan intacto el sistema de opacidad que favorece el fraude fiscal, no atacan los mecanismos que tiene establecidos el comercio exterior para facilitar la elusión, ni siquiera revisan el sistema de exoneraciones y privilegios fiscales existentes y, por el contrario, crean una amnistía tributaria generalizada que favorece principalmente a grandes deudores.  Pero lo que sí hacen es ampliar la base imponible en consumo y renta a fin de que paguen más impuestos los sectores populares y medios asalariados; precarizar los salarios y condiciones laborales de los trabajadores del sector público y apostarle al desmantelamiento del Estado poniendo en práctica una rígida regla fiscal.  Estamos a las puertas de la profundización de la desigualdad y la exclusión social en Costa Rica, que hoy ocupa el nada honroso noveno país más desigual del planeta.  Lamentablemente las élites siguen promoviendo una lógica tributaria/fiscal dirigida a favorecer sólo sus intereses corporativos.

Hoy más que nunca es fundamental la lucha por la Justicia Fiscal, que viene desarrollando el movimiento social y sindical costarricense frente a la voracidad del poder corporativo y político de élites que han perdido el sentido de patria y solidaridad.

Jorge Coronado es representante de la Comisión Nacional de Enlace, Costa Rica.