La criminalización de la política y la promesa de eliminar la "ideología izquierdista" dieron como resultado la victoria de la antipolítica. Si fuera posible resumir en una sola frase lo que llevó a la victoria de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2018, tal vez ésta sea la más completa y emblemática. Por supuesto, hay muchas más cosas entre el cielo y la tierra de lo que se puede imaginar nuestra vana filosofía, como dijo William Shakespeare hace más de 400 años.

Entre ellas, la crisis del capitalismo que golpeó a las principales economías del mundo en 2008, contaminando toda la economía global y acelerando los conflictos geopolíticos por la disputa de hegemonía internacional entre el imperialismo norteamericano y el bloque de poder establecido por la constitución de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Este telón de fondo de la disputa por el poder global es importante para entender tanto los acontecimientos en América Latina como el crecimiento de la ultraderecha en los propios Estados Unidos y en otros países del mundo.

América Latina, una piedra en el zapato de EE.UU.

Las experiencias de los gobiernos democráticos y populares en América Latina han sido un factor determinante para acelerar el reordenamiento de las fuerzas en la geopolítica internacional y amenazar efectivamente el poder de Estados Unidos. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela, no al mismo tiempo ni tampoco en la misma medida, se convirtieron en obstáculos para los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en la región. Recordemos la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se descarriló y, por otro lado, el fortalecimiento del Mercosur y la creación del Banco del Sur y de UNASUR.

Brasil y Venezuela jugaron un papel clave en este proceso. Ya sea por el peso de sus economías en el continente, o por el tamaño y la riqueza natural que tienen.

Golpes fallidos en Venezuela

Ha habido numerosos intentos para derrocar al ex presidente Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro. Golpes, desestabilización política, sabotaje económico, imposición de resoluciones y sanciones internacionales contra Venezuela, manipulación de la opinión pública internacional –que trata de caracterizar al país como una dictadura– entre otras iniciativas, que han fracasado hasta ahora. La respuesta del pueblo venezolano ha sido afirmar su soberanía y defender los logros sociales que han cambiado al país en los últimos 20 años.

Desde sus inicios, el gobierno bolivariano ha colocado en el centro de sus acciones políticas los ámbitos de la educación, la cultura y la comunicación. Abiertamente izquierdista, defensor del socialismo y de la construcción de la Patria Grande, Hugo Chávez entendió, quizás más que todos los demás gobiernos del campo democrático y popular que surgieron en el continente, que además de dar empleo, vivienda, salud y más calidad de vida a la gente, era necesario luchar por las ideas en el seno de la sociedad. En otras palabras, era necesario disputar la hegemonía ideológica contra el pensamiento neoliberal y cuestionar los paradigmas del capitalismo. Elevar el nivel de conciencia de la sociedad es empoderar. Y una sociedad consciente de sus derechos y deberes no se somete a golpes de Estado orquestados por una élite parasitaria como la venezolana y por los intereses estadounidenses en las reservas de petróleo de ese país.

Elecciones, plebiscitos, constituyentes y otros instrumentos de participación popular en la definición de las orientaciones del Estado y de elección de sus representantes han demostrado que, aun con problemas y críticas, la mayoría de los venezolanos apuesta por y quiere mantener los gobiernos bolivarianos.

Golpe victorioso en Brasil

Desafortunadamente, en Brasil, la historia ha sido diferente. Entre los muchos factores que diferencian la experiencia venezolana de la brasileña, cabe destacar el elemento de la disputa de ideas en la sociedad. A diferencia de los gobiernos bolivarianos, los gobiernos de Lula y Dilma en Brasil se han abstenido de confrontar el pensamiento neoliberal, ya sea en la economía, en la cultura o en los valores sociales. Se creía que sería posible construir un proyecto de desarrollo económico y social con distribución del ingreso, combate a las desigualdades y marcado por la defensa de la integración regional, la soberanía y el protagonismo de los países latinoamericanos ante el mundo, en alianza con los oligopolios privados de la comunicación, históricamente portavoces y representantes de la élite económica brasileña e internacional.

Mientras que en Venezuela, Chávez y luego Maduro no dudaron en debatir temas sensibles con la sociedad y enfrentar la propaganda internacional contra sus gobiernos, en Brasil, Lula y Dilma renunciaron a su papel de mostrar a la sociedad que sus políticas públicas de educación, salud, vivienda, empleo e ingresos eran diferentes porque partían de una visión diferente de la sociedad. Incluso renunciaron a defenderse públicamente de la campaña de desestabilización política que tuvo su primer episodio –conocido como Mensalão– en 2005, hasta el golpe de estado mediático-legal-parlamentario de 2016.

El combustible para esta campaña fue el argumento de la corrupción. Si en Brasil la política y los movimientos sociales ya son tratados negativamente por los medios de comunicación y considerados por la sociedad como algo malo, a partir de los gobiernos de Lula y Dilma se expandió el discurso de la criminalización de la política, pero de una manera más virulenta y con un blanco definido –la izquierda, y dentro de la izquierda, su mayor partido– el Partido de los Trabajadores (PT). No obstante, incluso con toda la campaña mediática contra el PT y la izquierda, Lula fue reelegido, y luego postuló a Dilma, quien también fue reelegida. En otras palabras, la percepción de la gente, la mejora concreta de las condiciones materiales de vida de la gente prevaleció aún sobre los intentos de criminalizar a la izquierda y al PT.

Entonces, la derecha brasileña se dio cuenta de que era necesario ir más allá, que había que romper el orden democrático. Llegó el golpe de estado. Y la derecha también se dio cuenta de que el golpe no era suficiente; era necesario arrestar al mayor líder político de la historia reciente del país. Lula fue condenado y encarcelado sin pruebas, en un proceso que se llevó a cabo fuera de las reglas del debido proceso y totalmente al margen de la Constitución. Era necesario sacar a Lula de la circulación y evitar que fuera candidato a la presidencia de la República. Aún después de ser detenido, Lula continuó en primer lugar en todas las encuestas de intención de voto, hasta la víspera de la homologación de las candidaturas.

Bolsonaro: un efecto secundario del golpe de la derecha

Toda la campaña de criminalización de la política, de la izquierda y los movimientos sociales, se llevó a cabo de forma simultánea y sincronizada en los medios de comunicación y en Internet. En los medios hegemónicos, ganó relevancia y credibilidad, en Internet –especialmente en las redes sociales– ganó escala, velocidad y fue resignificado para provocar emoción en las personas – miedo, ira, odio, prejuicio.

Esta campaña llegó a todo el sistema tradicional de partidos. La derecha neoliberal representada principalmente por el PSDB de Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin y cia. –y todos los demás partidos– también fue empujada a la zanja del sentido común de que era necesario atacar la política. Este no era exactamente el objetivo de la élite económica, que tenía a Geraldo Alckmin como su candidato. Pero cuando se dieron cuenta de que no iba a despegar, rápidamente se apoderaron de Bolsonaro para evitar que Haddad (el candidato del PT) ganara las elecciones.

Bolsonaro –y el pensamiento conservador que representa– ha reunido una legión de seguidores y activistas para difundir mentiras, calumnias y construir una imagen de que él era el candidato que rompió con la política tradicional, el hombre de familia, el defensor de Dios y de Brasil. Él, un ex militar que había ocupado un escaño como diputado federal en la Cámara de Representantes desde 1990, hace 27 años, se proyectó como el candidato que representaba la ruptura con la política.

Y en su discurso –más allá del fundamentalismo religioso y la prédica en defensa de la familia, la homofobia y el machismo– aparece un enemigo central que debe ser combatido: la izquierda, el PT y todas las formas de activismo, como él mismo dijo en varias ocasiones. Él y sus secuaces se han establecido como portavoces de la lucha contra la ideología de izquierda, el marxismo, el socialismo, las "dictaduras populistas de izquierda", entre ellas Venezuela.

Jair Bolsonaro ataca a Nicolás Maduro en cada oportunidad. Afirma que Brasil se alineará con el mundo para liberar a los venezolanos de la opresión. Denuncia al gobierno venezolano, argumentando que no hay libertad política para los opositores ni democracia en ese país. Ahora, el discurso viene de un hombre que sólo fue elegido porque en Brasil, el principal líder de la oposición es un preso político. Bolsonaro acusa a los venezolanos de impedir la existencia de la oposición, pero en varios momentos de la campaña predicó la eliminación física de los militantes de izquierda: "disparemos la escopeta", dijo en Acre; para luego señalar que el error de la dictadura brasileña fue "torturar y no matar", y en el discurso que se transmitió en vivo durante el mitin de la segunda vuelta, fue aún más explícito cuando dijo que los "marginales rojos serán prohibidos en el país".

El comienzo del gobierno muestra un sesgo autoritario

En menos de dos meses (mientras escribo este artículo), el gobierno de Jair Bolsonaro se revuelca entre innumerables acusaciones de corrupción que afectan a ministros, parlamentarios de su partido, el PSL y sus hijos. Un decreto presidencial ya ha facilitado el acceso a las armas de fuego en Brasil (como prometió en la campaña, que armaría al ciudadano de bien para que se defienda de los terroristas del MST y de los bandidos), un paquete del ministro Sérgio Moro (el juez de segunda etapa que arrestó indebidamente a Lula) allana el camino para poner fin a la presunción de inocencia y al debido proceso legal. Elimina derechos fundamentales, incita a la policía a matar y al poder judicial a tomar presos. Además, está en trámite acelerado de aprobación una ley antiterrorista, que tipifica a las organizaciones sociales como criminales, abriendo el camino legal para atacar, por ejemplo, al MST. La Ley de Acceso a la Información también ha sido enmendada, aumentando el número de servidores públicos con la facultad de clasificar documentos como secretos y ultra-secretos. Y, además, hay un ataque abierto contra la prensa, lo que demuestra que es parte de la política de este gobierno violar la libertad de expresión en el país.

Asimismo, parte de su gobierno ya se ha expresado a favor de la intervención en Venezuela, hace propaganda de Juan Guaidó y ha anunciado que enviará una misión "humanitaria" al país vecino, apoyando a los movimientos golpistas de Trump y el imperialismo.

Todo esto demuestra que Jair Bolsonaro y su gobierno no tienen ninguna autoridad para atacar la soberanía y la voluntad popular del pueblo de Venezuela y, mucho menos, para criticar al gobierno de Nicolás Maduro.

El mundo está inmerso en una profunda disputa sobre las orientaciones políticas, económicas e ideológicas. El capitalismo, para mantener sus ganancias y su poder, en este momento histórico, necesita imponerse por la fuerza de las ideas y, si es necesario, por la fuerza física. Lo que está en juego en Venezuela y en otros países es exactamente la resistencia a la ofensiva del capitalismo. (Traducción ALAI).

Renata Mielli es periodista, coordinadora general del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación y secretaria general del Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.