Hace 37 años, el 2 de abril de 1982 el gobierno encabezado por el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri intentó recuperar las Islas Malvinas ocupadas por el actual Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1833 y convertidas desde entonces en un gran centro geopolítico y económico al que, hasta la aprobación del Brexit por esa potencia, intentara incluir como territorio extra continental en la constitución de la Unión Europea.

Por eso resultó de suma importancia, en su momento, la decisión del gobierno nacional de controlar los viajes hacia y desde las Malvinas lo cual tiene la limitación de la navegación permitida desde puertos chilenos, en particular de Punta Arenas.

En 2008 fue importante el reclamo que hicieran en Londres la ex presidente Cristina Elisabet Fernández y su canciller Jorge Enrique Taiana por la usurpación de esa parte del territorio argentino; reclamo olvidado durante años a partir de las “relaciones carnales” con el RU heredadas de la administración del presidente Carlos Saúl Menem.

Un año después los reclamos se formularon desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando un nativo de las Malvinas obtuviese la ciudadanía argentina. Pero desde Londres los sucesivos gobiernos optaron por mantener su apropiación y así siguieron incrementando los negocios de sus empresas en la región, sobre todo tras el hallazgo de reservorios hidrocarburíferos, Todo ello explicitado en el libro “Malvinización y desmentirización”, editado en 2013, y del cual soy coautor y compilador, con prólogo del entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Andrés Domínguez. Nuevos descubrimientos posteriores hicieron aún más rentable el archipiélago ocupado.

Los acuerdos nunca ratificados del ex canciller menemista Guido José Mario Di Tella con el gobierno del RU que por entonces encabezaba la conservadora Margaret Hilda Roberts Thatcher en febrero de 1990 en el “Tratado de Madrid”, instrumentados sobre todo a partir de 1995, ya con la gestión del también conservador John Major, también fueron parte de los negocios del gobierno argentino de la época, de la liquidación de las empresas del estado, la destrucción del aparato económico y la pérdida del control sobre las reservas naturales.

Allí no se habló de soberanía sino de convivencia para hacer negocios. Algo que el RU ya había comenzado a impulsar unilateralmente desde 1987, ampliando, en forma progresiva, lo que consideraba su soberanía marítima, equivalente a más o menos un décimo de todo el territorio argentino.

Por entonces el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca era el actual diputado nacional Felipe Carlos Solá quién dio todo tipo de concesiones pesqueras en el Mar Argentino, lo que dio lugar a una tremenda depredación de los recursos de peces y moluscos (se calcula que sólo los langostineros capturan y devuelven al mar muertos a aproximadamente un millón de peces al día).

Años más tarde, cuestionado por la industria pesquera local, Solá reconoció haberse equivocado. Cabe señalar que no faltaron informaciones que señalaran al entonces ministro del interior, Carlos Vladimiro Corach, devenido en Francia en especialista en antiterrorismo, como el operador de esos negocios pesqueros.

El gobierno del anterior premier laborista, el escocés James Gordon Brown, y el de su antecesor, el también escocés Anthony Charles Lynton (Tony) Blair vinieron tomando los reclamos argentinos como una suerte de ritual inocuo, similar al que hace España por el enclave de Gibraltar “para la gilada” (los tontos), como solía llamar a esos gestos un viejo diputado conservador, Francisco Falabella, impulsor del desarrollo genético de esos caballitos de miniatura para sacarse fotos y subir bebés.

Ante el reclamo formulado por Cristina Fernández y Taiana, el nuevo primer ministro del RU, el conservador David Cameron respondió con todo desparpajo y burlándose del pueblo argentino declaró que las Malvinas son y serán parte del RU.

Pero se trata de dos temas claramente diferentes. Gibraltar, como Belice y otras posesiones españolas pasaron a la entonces Inglaterra como consecuencia de una guerra (1700-1713) en la que Francia por un lado y Austria e Inglaterra por el otro se disputaron la corona de España vacante. Al final el monarca francés Luis XIV logró coronar a su nieto, el futuro Felipe V, como el primer rey Borbón ibérico.

Inglaterra, como contrapartida, con el “Tratado de Utrecht” (Países Bajos), de 1715 se quedó con la puerta entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Un pequeño estrecho que un buen deportista puede cruzar a nado y por el cual pasó a España en el 711 el gobernador de Tánger, Djeb El-Tarik (de ahí Gibraltar), para crear un reino musulmán de 770 años hasta su liquidación en 1492.

La ocupación de Malvinas también tuvo un objeto estratégico de control del extremo sur atlántico y de la unión interoceánica. Del mismo modo que tres siglos y medio antes, poco antes de la llegada de Cristóbal Colón a Centroamérica, había pasado por el lugar, algo probado según modernas investigaciones, una expedición china la cual, al parecer, dejó allí perros que se reprodujeron, tomando en cuenta parecidos genéticos.

Pero mientras lo de Gibraltar, degradado su interés militar, a pesar de su importancia económica, es una cuestión consentida, en las Malvinas, donde no hubo un acto de piratería militar, la cuestión de los recursos naturales ha pasado a ser un tema esencial. Ya por los años 1970 se sabía que existía un gran potencial hidrocarburífero en el llamado Banco Burwood, al sur de las islas.

Luego se detectaron otras reservas importantes en la plataforma marina occidental del archipiélago y, finalmente, no faltan buenas perspectivas en la meseta malvinera. En los últimos años el gobierno isleño ha convocado a licitaciones para hacer prospecciones en esas zonas. A ello hay que agregar la proyección antártica que se reclama desde Londres, también basada en la explotación de recursos de ese territorio. Reclamo que se superpone con los de la Argentina.

De todos modos el gobierno del RU ha avanzado sin atender razones para llevar adelante la extracción de hidrocarburos. En tanto, sobre todo a partir del acuerdo con Menem y en paralelo con la política de Solá en la Argentina, se desarrolló una importantísima actividad pesquera depredatoria que pasó a constituirse en la base de la actividad económica de ese archipiélago constituido por dos grandes islas y un par de centenar de islotes.

Sólo las licencias pesqueras, amén de otros ingresos adicionales, representan varias decenas de millones de dólares estadounidenses al año, más los negocios que se generan luego, suficientes para sostener la salud, la educación y el sistema de bienestar de los 3198 malvineros, según el último censo.

Si bien no hay últimas precisiones, ya en 2015, a 23 años de la Guerra de las Malvinas el Producto Interno Bruto (PIB) del archipiélago llegaba a u$s 206,4 millones, lo que daba lugar a un PIB per cápita de u$s 70.800 anuales. Hoy, varios años después, en el Reino Unido, con una moneda con muchísimo menor poder de compra, el PIB per cápita del RU es de u$s 44.300 anuales, apenas el 62,5 por ciento del de los malvineros.

La conclusión es que los ingresos de los isleños son aún superiores a los de la metrópoli si se tienen en cuenta una serie de añadiduras como ventajas impositivas y otras. Y no sólo eso, sólo son superados a nivel global por los PIB per cápita de apenas once países.

El “democrático” argumento de los gobernantes del RU es que son sus pobladores los que deben decidir si se aceptan o no las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre si sentarse a o no a discutir la soberanía, pero mientras tanto pretendió incluirlos en la Constitución de la UE, como se ha señalado.

Pobladores originalmente llevados desde las islas británicas a partir de su ocupación en 1833, de habla inglesa, mayoritariamente anglicanos y vinculados a la metrópoli por diversas razones. Pero fundamentalmente beneficiarios de una realidad que surge de una realidad económica como la de la industria pesquera cuyo desarrollo surgió por la tolerancia argentina desde el “Tratado de Madrid”.

Además ya en 2001 el ecoturismo generaba más de 30.000 visitas anuales que se han ido incrementando, es decir alrededor de diez turistas al año por cada habitante. Ahora los barcos que los transporten debieran estar sometidos a controles argentinos según norma generalmente eludida a raíz de las operaciones desde el territorio chileno.

Preguntar a esa población, al menos hoy, qué quiere hacer en materia de soberanía resulta grotesco cuando goza de un estado de bienestar que no existe en su metrópoli, con cero desocupación, un PIB per cápita que triplica la media mundial, que produce más de un millón de kilowatios hora de lo que consume y que tiene un importante superávit comercial a lo que hay que sumar los intereses que el gobierno isleño percibe por las colocaciones bancarias de sus excedentes y por la presencia de una base militar metropolitana, amén de las extracciones hidrocarburíferas.

Demasiadas razones de peso, o más bien de pesos como lo son un enorme superávit comercial, producto de exportaciones por u$s 257,3 millones e importaciones por u$s 90 millones, una inflación anual de apenas el 1,4% y cero deuda pública.

La evolución de la Bolsa de Londres en el marco de la “Guerra de las Malvinas”, 37 años atrás, ya dio pautas de todo esto. Por lo tanto el argentino no es meramente un reclamo justo pero simbólico de soberanía sobre un pedazo de tierra sin mayor valor que ese. Hace al honor pero también al interés de casi 45 millones de argentinos para una vida mejor.

- Fernando Del Corro es periodista, historiador, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Fuente: www.marcelobonelli.com.ar