Casi uno de cada tres habitantes del “granero del mundo” está sumido en la pobreza: esa es la realidad de la grave crisis económica y social de la Argentina en el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que convirtió en 2018, a otros 2,5 millones de argentinos en nuevos pobres, donde el 46,8% de los menores de 14 años vive bajo la línea de subsistencia.

La divulgación de las cifras por el oficial Instituto Nacional de Estadística y Censos (32% de pobreza), la inflación galopante, las sucesivas corridas cambiarias, el desempleo, los miles de comedores populares que garantizan al menos una comida diaria solidaria a niños y familias pobres y la creciente protesta gremial y social, hacen recordar los últimos días de diciembre de 2001, cuando se produjo un estallido social y la fuga del entonces presidente Fernando de la Rúa.

La ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, sumó 113.000 pobres y 83.000 indigentes en 2018, según cifras oficiales. La cantidad de pobres representó el 21,3 por ciento (654.000 personas) en el cuarto trimestre del año pasado y creció en 3,6 puntos porcentuales respecto de igual período de 2017. Entre los indigentes, a los que ni siquiera les alcanza para adquirir los bienes de la canasta básica, el aumento interanual fue de 2,6 puntos hasta el 6,6 por ciento (204.000) sobre el total de habitantes de la rica ciudad. El sector medio, principal base política de la alianza Cambiemos, se contrajo en 213.000 personas, que pasaron a engrosar las capas medio frágil y vulnerable

Pese a la realidad, los números oficiales tratan de mostrar que la pobreza no creció y es similar a la de los gobiernos anteriores de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Trata de naturalizar la desigualdad como un fenómeno que no se relaciona con la política sino con la condición del ser humano, señala el director de Página12, Luis Bruschtein.

Las regiones más castigadas son el noreste y noroeste argentino, con niveles de pobreza por encima de la media: 40,4 y 34,5% respectivamente. La ciudad de Corrientes registró el nivel más alto con un índice de pobreza de 49,3%.

Las promesas de Macri fueron de pobreza cero, pero la realidad indica todo lo contrario: durante el 2018 la economía se contrajo un 2,5%, la inflación alcanzó el 47,6% y la desocupación subió al 9,1%: un millón 750 mil personas sin trabajo, 400 mil más que al año anterior. En términos relativos al dólar, en los últimos tres años, el nivel salarial se redujo un 50% y creció el desempleo y la precarización.

Estos son datos oficiales, la realidad, sobre todo en el tema desocupación es bastante diferente, porque para la estadística solo se toman en cuenta las personas que están buscando trabajo, las que dejaron de hacerlo no entran en la estimación señalada.

 El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un “Enfoque de pobreza multidimensional”, que influye otros derechos además del ingreso, donde reveló que el 31,3% de la población urbana argentina a fines de 2018, se encontraba en la pobreza. Un año antes la cifra de pobreza era del 26,6%, resultando evidente la tendencia al agravamiento. Estos datos corresponden al final del año 2018, pero en el primer trimestre de 2019 se han agravado muchas de estas cifras.

Pero por más que se maquillen o disfracen las cifras, la realidad es que la crisis económica social -con una inflación desatada (en tres años superó el alza del costo de la vida que el registrado en los 12 años anteriores), con precarización del trabajo, comercios que cierran, industrias que cierran o trabajan a su mínimo nivel- hace recordar el estallido social  de diciembre de 2001, cuando el presidente Fernando de la Rúa debió huir en helicóptero, mientras la calle exigía “que se vayan todos”.

Desde que asumió el gobierno de Macri, en diciembre de 2015, los alimentos esenciales duplicaron, triplicaron y hasta cuadruplicaron sus precios. Las mediciones de precio promedio de la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires muestran que desde diciembre de 2015 a febrero de este año el litro de aceite comestible subió 330%, el kilo de harina de trigo pasó de 7 a 29 pesos (315% de aumento); el arroz, de 15 a 40 pesos; la carne picada, de 53 a 123 pesos y la leche, de 11 a 33 pesos.

De la mano de la harina y de la tarifa de gas subieron todos los derivados: en los últimos 39 meses el precio del pan avanzó 197 por ciento (de 27,5 a 82 pesos), al igual que los fideos. Las variaciones de precios superan con creces a la evolución de salarios y jubilaciones, lo cual explica en primer lugar el crecimiento de la pobreza. A esos números hay que sumarles los aumentos de marzo, mientras los supermercados ya aplican las nuevas listas de precios

Dentro de los alimentos básicos de la canasta familiar, también la leche tuvo aumentos desmedidos del 250% (entre diciembre de 2015 y febrero de este año), y con ella todos los productos lácteos desde la manteca, yogures y quesos: hoy el sachet de un litro se cotiza a 40 pesos, alrededor de un dólar. El agua mineral embotellada aumentó 189%, las gaseosas un 202%.

Muy por encima del 330 por ciento del aceite subieron los servicios públicos. En la capital, el boleto mínimo de colectivo (autobús) pasó de 3 a 18 pesos, un 500 por ciento, mientras que los incrementos en la luz y el gas superan el dos mil por ciento. El litro de nafta (gasolina) pasó de 13 a 40 pesos (un ´dólar).

Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET, la inflación promedio desde que asumió Macri es del 187 por ciento, pero en la canasta de consumo de bienes y servicios del 10 por ciento más pobre de la sociedad, la suba de precios es del 217 por ciento, a partir del impacto de los aumentos en alimentos y servicios públicos.

 La política cambiaria oficial, la eliminación de esquemas de contención de precios en los alimentos básicos, el achicamiento del plan de Precios Cuidados que debieran respetar los supermercados, la falta de medidas de control, los sucesivos tarifazos de los servicios básicos y la liberación del precio de la nafta reflejan que la inflación acumulada en el período de gobierno de Macri no es un “coletazo” de la crisis, sino una consecuencia directa de la dirección que tomó la gestión pública.

Hoy, sólo la recesión ofrece un dique para que los precios no avancen más aún. Para 2019 se está proyectando una inflación mayor al 40%, una desocupación en franco ascenso y una continuación de la contracción de la economía, con plusmaracas en cierre de industrias y comercios, con grandes empresas que solicitan diariamente los procedimientos preventivos de crisis y el caudal de suspensiones de trabajadores.

A contramano de su propio credo neoliberal pero de cara a las elecciones presidenciales de octubre, el gobierno se ve en la necesidad de tomar medidas de apoyo a los más necesitados (que también votan): incrementará el valor de la asignación universal por hijo y postergará el cobro del aumento del valor del gas para el próximo verano, etc.

“Sin duda se trata un gobierno que fracasó. Llegó diciendo que en tres meses solucionaba la inflación. Se fue a Davos diciendo que iba a volver con un carro lleno de brotes verdes. Confió en que sus compañeros empresarios iban a invertir mientras la gente hacía bicicleta del dólar y Leliq. Imagino la desesperación que debe tener Macri por ser reelecto ya que si no lo es, quedará como un presidente de fracaso absoluto”, señaló la ensayista conservadora Beatriz Sarlo.

También los empresarios perdieron

Gran parte de los empresarios locales (y sobre todo de grandes empresas) esperaban que durante al menos cinco años, el valor de dólar creciera muy por debajo de la tasa de interés y de sus precios, lo que los llevó a colocar obligaciones negociables en divisas. Pero el gobierno derrapó cuando los grandes bancos que le habían prestado, JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, HSBC, entre otros, decidieron irse desde el 25 de abril de 2018.

Con esta decisión se revirtió la relación, y la depreciación de la moneda fue del 100%, lo que obviamente les hizo perder a muchos de ellos fortunas y comprometer seriamente su situación. Es el caso de grandes empresarios de ARCOR, Grobocopatel, Longvie, Mastellone, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, e incluso tronchó negocios como el de la compra de Cablevisión Holding por el Grupo Clarín (que solamente en 2018 reconoció pérdidas por 16.150 millones de pesos).

Pero hubo otros grupos que obtuvieron fuertes ganancias financieras (tasas de interés en pesos superpositivas, carry trade para asegurar la fuga de capitales en dólares, etc.), y para priorizar la renta financiera y después dolarizarse, con lo que dejaron de invertir y producen menos y ahora, ante la reducción del mercado interno, piden “Proceso Preventivo de Crisis” para pagar el 50% de las indemnizaciones a sus trabajadores (cuya remuneración en dólares descendió abruptamente), muchas veces en connivencia con la burocracia sindical.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sostiene que en el tercer trimestre 2018 la Inversión Bruta Fija cayó 11,2% respecto al mismo trimestre de 2017.  Nadie apuesta a que vaya a recuperarse en el año electoral: el propio FMI en el acuerdo firmado con el gobierno en octubre de 2018, prevé una caída de 9,5% de la Inversión Bruta Fija para este año.

Ese cóctel estallará con la disparada del valor del dólar, y la única duda –señala el economista Horacio Rovelli- es cuándo: Una cosa es que le estalle a este desgobierno que lo engendró con su estupidez de financiar el déficit fiscal en pesos endeudándose en dólares y facilitando el ingreso de capitales especulativos por carry trade, y otra que estalle cuando el macrismo se vaya.

No es difícil concluir que el gobierno de Mauricio Macri tiene escasas posibilidades de continuar administrando la Argentina. Va a terminar su mandato, si logra hacerlo, en medio de una fenomenal crisis económica y social.

Estímulo a la fuga de capitales. ¿Se viene el default?

 Argentina se encuentra en los umbrales del default: el no pago de su deuda externa. Los compromisos de pago que tiene para el 2020 son incumplibles y son aún menores las posibilidades del país de cubrir las obligaciones para los años 2021 y 2022. Según algunos cálculos conservadores los vencimientos futuros son de 21.406 millones de dólares para el 2020; 25.114 para el 2021 y 25.308 para 2022.

El total de lo que el país debe pasó de ser el 34,4% del PBI en el 2015, al 57% en los inicios del 2017, para llegar al 95,4% a fines del 2018. Estos incrementos tienen que ver con dos fenómenos combinados: Los crecientes endeudamientos y el achicamiento de la economía.

¿Dónde fueron o van a parar los 57.100 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional?, se preguntan economistas, analistas, sindicalistas, periodistas. Estaban destinados a restablecer un equilibrio en el sistema financiero, pero fueron utilizados para cubrir los vencimientos de las deudas y los déficits de la balanza de pagos.

Llama la atención que esos montos se corresponden –casi exactamente- con la “fuga de capitales” producida durante el macrismo. Según las cifras oficiales (el Banco Central las agrupa bajo el nombre de “Formación de activos del sector externo privado no financiero”) alcanzó los 59.329 millones de dólares.  Más allá de esos datos oficiales se estima que el monto esfumado duplica a las cifras del gobierno. 

El sistema económico argentino tuvo que acudir a un préstamo internacional para cubrir la “fuga de capitales” de los primeros tres años del macrismo. A la economía real no llegó un solo dólar (ni siquiera un peso) de tales préstamos que se fueron por el “agujero negro” de la banca trasnacional, que refleja la falta de confianza en la economía.

El gigantesco endeudamiento no fue aplicado a la economía, por lo que queda claro que se está ante una bomba de tiempo que –si Macri no se va antes- estallará a partir del año próximo. El default o una renegociación con importantes quitas y mayores plazos es una perspectiva insoslayable.

 Claudio della Croce

Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)