Ya no se molestan en arrogarse legitimidad. Se han sacudido de encima la razón. Lo que los absorbe es el poder y el estupor del poder. Comer y beber, masticar vidas, eructar…Sentados en círculo, debatiendo pesadamente, emitiendo decretos como mazazos: muerte, muerte, muerte.

John Maxwell Coetzee, La edad de hierro

El Brasil contemporáneo que no funcionó (não deu certo)

A comienzos del Siglo XXI gracias al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil formó parte, con posterioridad al triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela y casi de manera simultánea con el de Néstor Kirchner en Argentina, del proceso regional de avance de gobiernos que en ese contexto fueron denominados progresistas o posneoliberales. Además de ello, dicho recorrido lo había situado como líder regional indiscutido y lo llevó a contar con la sexta economía más importante del mundo, siendo ubicado junto con otras potencias emergentes en el bloque de países conocidos como BRICS.[i] Después de más de 10 años de construcción de la imagen sobre el “milagro” brasileño, entre 2013 y 2016, justo cuando todas las miradas se enfocaban en ese lugar, el país parecía colapsar de manera acelerada.

Las movilizaciones de Passe Livre fueron el comienzo del cisma en los gobiernos PT, en ese caso en contra de un incremento en el coste del transporte y que ramificaría en otras expresiones de lucha social. Una de mucha relevancia es contra la militarización y la violencia policial, dos de los rasgos más preocupantes del proceso brasileño contemporáneo. Estrechamente vinculada con la anterior, está la reivindicación del derecho a la vida por parte de sectores afrobrasileños a través de iniciativas y campañas como Vidas Negras Importam! (Vidas negras importan!) o Reaja ou será mortx! (Reaccione o será asesinada/do). También se articularon movimientos contra la dilapidación de recursos para la realización de obras de infraestructura relacionados con el cierre del ciclo de 10 años de megaeventos que intentaban proyectar al país como una potencia mundial gracias a la organización consecutiva de la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016.[ii] Al mismo tiempo una derecha emergente comenzó a salir a las calles al tiempo que tomaba fuerza una agenda conservadora.

El 2016 fue un año especialmente convulso para Brasil. En lo que puede ser considerado una nueva etapa en el proceso de restauración del poder de clase que ha acompañado la implementación del neoliberalismo en la región, la potencia latinoamericana sería también escenario del ciclo de derechización regional, cuando se impulsó el proceso de impeachment a Dilma Rousseff, quien sucedió a Lula como presidenta del país a partir de 2011. De esta forma en Brasil asistimos a la reedición de un fenómeno que con distintas modalidades ha sido implementado en otros lugares del área y que se caracteriza por el recurso de estrategias que podemos identificar como lawfare en su acepción de “…el uso de la ley como medio para conseguir lo que de otra forma requeriría la aplicación de la fuerza militar tradicional” (Dunlap, 2017). En ese registro se pueden ubicar los golpes cívico-parlamentarios ocurrido en Paraguay (a través del juicio a Fernando Lugo con posterioridad a la masacre de Curuguaty) y Honduras (deposición de Manuel Zelaya después del intento de realizar una encuesta para modificar la constitución). En el caso particular de Brasil el recurso institucional del impeachment y la ulterior persecución a Lula está relacionado con la generación de una supuesta cruzada anticorrupción.

A esto hay que agregar la conformación de un bloque social y empresarial que empezó a manifestarse y mostrar descontento con los gobiernos del PT. Con anterioridad al proceso electoral de 2018 que llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal (PSL) una suerte de reacción de clase comenzó con el ataque frontal a los sectores populares, segmentos y reivindicaciones de la diversidad sexual, hacia distintas vertientes feministas, así como a cualquier expresión social identificada con la izquierda política. En este recorrido también tomó parte un extendido descontento con el comportamiento del sistema de partidos, al que se agregaron los límites mostrados por el modelo económico, lo que derivó en una crisis económica iniciada en 2014 y la adopción de medidas de austeridad que se mantienen hasta la actualidad.

Sobre los diversos escándalos de corrupción que habían iniciado desde mediados de la década pasada (entre ellos el mensalão), está claro que han sido convenientemente utilizados con objetivos políticos, y que todos los integrantes del sistema de partidos tienen preparada una daga para traicionar a sus adversarios. El mecanismo de la llamada “delación premiada” ha asegurado que altos jerarcas de empresas envueltas en fraudes, lavado de dinero o tráfico de influencias reduzcan sus condenas de manera sustancial. Más que un medio de promoción de la justicia se alude a que funciona, guardadas todas las distancias, como la tortura, en el sentido de que los beneficiados reaccionan ante tales ofrecimientos entregando personas que pudieran no haber delinquido. No está de más señalar que tanto esa figura jurídica como la Ley Antiterrorismo (con algunos vetos) fue firmada por la propia Dilma Rousseff, lo que a la postre significó otorgar herramientas jurídicas a los que ahora controlan el país.

Por último pero no menos importante, Brasil domina las estadísticas globales en lo que se refiere a fenómenos de violencia directa. Con 63 mil 895 asesinatos en 2017 estableció una marca de 175 eventos de este tipo por día y con una tasa de 30.8 por cada cien mil habitantes. En materia de denuncias sobre desaparición de personas, sólo para 2017 Brasil tuvo un registro de 82 684 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2018). Este proceso que tiene profundas raíces en la desigualdad, clasismo y racismo brasileño, es procesado en términos sociales y utilizado gubernamental y mediáticamente como una “crisis” de seguridad. Entre otras cosas esto está vinculado con que Brasil comparte el recorrido regional y mundial respecto a la introyección de un sentido eminentemente patrimonial e individual de la seguridad, en el marco del desmantelamiento de los mecanismos de protección colectiva. Esto ha posibilitado la creación de un caldo de cultivo tanto para la generalización de políticas de “mano dura”, como para el reforzamiento de lo que en palabras de las poblaciones afectadas se presenta como un genocidio sobre habitantes de las favelas que son también sectores populares y en su mayoría descendientes de esclavos africanos traídos al continente durante el periodo colonial. Para el diagnóstico del país también debemos incorporar los elevadísimos y crecientes niveles de violencia contra mujeres y expresiones de los sectores LGBTI y diversidades sexuales otras.

Aunque los elementos señalados hacen parte de un comportamiento general, el asesinato de Marielle Franco resulta un ejemplo significativo de estas formas de violencia que se profundizan en el Brasil actual: regidora oriunda de Maré, abiertamente lesbiana, negra, crítica de las incursiones policiacas sobre las favelas (así como de la presencia de las Unidades de Policía Pacificadora) y quien había sido electa como relatora de la comisión que supervisaría la intervención de las fuerzas de seguridad federales en Río durante 2018. Cuando se conmemora un año de su ejecución, se sabe que los pistoleros eran parte de una organización denominada “Oficina del crimen” (Escritório do crime). Los dos sospechosos detenidos tenían antecedentes como integrantes de las fuerzas represivas del Estado (uno ex policía jubilado y el otro ex militar). También ostentan vínculos con las milicias de Río de Janeiro, así como con el hijo mayor de Jair Bolsonaro (Flávio, quien en la actualidad funge como senador). El legado de Marielle ahora es un símbolo recuperado por activistas y luchadores sociales como un ejemplo del desafío que presentan los tiempos que corren.

Avance de la derecha planetaria y autoritarismo social

El triunfo electoral de Jair Bolsonaro se avecinó como una catástrofe. En un contexto de gobiernos latinoamericanos como los de Iván Duque, Sebastián Piñera o Mauricio Macri; se agregan personajes como Rodrigo Duterte en Filipinas y desde luego Donald Trump. En relación a ello resulta elocuente y preocupante que existan visiones que señalan que lo que anuncia Brasil es incluso peor que lo visto en dichos gobiernos, a tal grado que se ha aludido a que el ahora presidente Bolsonaro encarna la “vanguardia apocalíptica” (Brum, 2019).

Estos gobiernos se insertan en un contexto general de avance de expresiones que podemos identificar como de derecha, pero que también ha sido denominada como fascista. Sobre esto y en relación al contexto europeo y de Estados Unidos (pero que comparte algunos rasgos con el proceso latinoamericano reciente), uno de los mayores especialistas en la materia, el italiano Enzo Traverso, nos advierte sobre la imprecisión de denominar fascistas a expresiones contemporáneas tan disímiles, aunque identifica que parten de “una matriz antifeminista, negrófoba, antisemita*, homofóbica”.[iii] Para Traverso, fenómenos como Donald Trump, Liga del Norte (Italia), Frente Nacional (Francia), Alternativa (Alemania), Amanecer Dorado (Grecia) o Partido de la Libertad (Austria) podrían ser albergados dentro de la noción “posfacismo”, mismo que consistiría en “…un régimen de historicidad  específico-el comienzo del Siglo XXI- que explica su contenido ideológico fluctuante, inestable, a menudo contradictorio, en el cual se mezclan filosofías políticas antinómicas” (Traverso, 2018). El también especialista en la violencia dentro del siglo pasado, apunta que una de las mayores diferencias entre el fascismo italiano, nacional socialismo y falangismo, con las expresiones contemporáneas de derecha radical o ultraderecha es que en la actualidad, los efectos del neoliberalismo han promovido un ambiente de época en que el individualismo es la condición preponderante de la organización social, basada en la competencia con los otros, a diferencia de los fascismos históricos que aún con diferencias notables, compartían  y promovían una visión orgánica de la sociedad a través de la religión, el nacionalismo, el anticomunismo o una combinación entre estos elementos.

Sobre esto sólo es necesario incorporar un par de cuestiones. Por un lado, que lo más preocupante de estos gobiernos no son los personajes, sus alocuciones o aspavientos, sino la “colección” agregativa de personas, en la mayor parte de los casos actuando de manera dispersa, que impelidas por el miedo, los prejuicios o el clasismo/racismo amplifican sus discursos y prácticas. Uno de los rasgos que ha permitido observar el proceso brasileño, pero del cual debería quedar un aprendizaje general, es lo cruciales que resultaron las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea, tanto para difundir los lemas de odio del candidato a la postre ganador, como para viralizar noticias falsas sobre sus contrincantes. Analizar estos fenómenos resulta indispensable para aproximarnos a la conformación de las bases sociales de la intolerancia y el autoritarismo. En lo que respecta específicamente a Bolsonaro, es destacable el hecho de que obtuviera más de 55 millones de votos, lo que le otorgó casi 10% de ventaja en la segunda vuelta electoral sobre Fernando Haddad del PT en lo que es considerada la cuarta mayor democracia del mundo por su número de electores (Watts, 2018). También destacan integrantes de su gabinete que representan un grupo de funcionarios capaces de plantear cosas como que el calentamiento global es una conspiración marxista (Ministro de Relaciones Exteriores), abogar por la generalización en el uso de agrotóxicos (Ministra de Agricultura), o que a partir de este momento en Brasil los niños vestirán de azul y las niñas de rosa (encargada del Ministerio de Familia, Mujeres y Derechos Humanos).

Una derivación más de esa lógica general, pero que impacta con fuerza a Brasil es la radicalización de los elementos securitarios. La definición de enemigos sociales encuentra en migrantes, población oriunda del pasado colonial, mujeres y sectores de la diversidad sexual los chivos expiatorios para el desahogo de atavismos y frustraciones colectivas resultado del comportamiento sistémico, pero que son redirigidas hacia sectores poblacionales como los referidos.

Quizá uno de los elementos que también son compartidos por el arribo de estos gobernantes, así como de la clase política que los rodea y que señalo de manera descriptiva, es que se trata de expresiones que adquieren un carácter político, al mismo tiempo que son encabezadas por personas que de manera constante hacen gala de su ignorancia.

Imagen con el lema “Nadie suelta la mano de nadie” difundida con
posterioridad al triunfo de Jair Bolsonaro y en referencia a la necesidad
de resistir de manera colectiva ante el periodo en que vivimos.

La agenda geopolítica

Ya desde el gobierno golpista de Michel Temer un acercamiento entre las Fuerzas Armadas brasileñas y el Comando Sur de Estados Unidos estaba teniendo lugar. El ejercicio Amazonlog y una serie de acuerdos posteriores (Ceceña y Barrios, 2017) fueron coronados con la propuesta de incorporar en marzo de este 2019 a un General de División brasileño para servir como Comandante Adjunto para la Interoperabilidad del Ejército del Sur de Estados Unidos. Se trata del General de Brigada Alcides Valeriano de Faria Junior, hasta ahora jefe de la Quinta Brigada de Caballería Blindada de Ponta Grossa, Paraná, quien se ha especializado en actividades de comunicación y relaciones entre medios de comunicación y Fuerzas Armadas (Agência Verde-Oliva, 2018). La postura frente al Congreso por parte del Comandante Craig Faller del Comando Sur, incluyó a Brasil como uno de sus principales aliados en la región, lo cual se verifica en la participación en diversos ejercicios militares con la potencia del Norte (Southcom, 2019).

En el ámbito diplomático este alineamiento con Estados Unidos se confirma con la actitud adoptada ante Venezuela, haciendo comparsa respecto al discurso construido en torno a la ayuda humanitaria y para la cual se ha implementado la Fuerza de Tarea Logística Humanitaria llamada Operación Acogida en el estado de Roraima, limítrofe entre ambos países. En un tono similar, desde antes del arribo de Bolsonaro se dio el retiro de alrededor de 8 mil médicos cubanos que a través de convenios con los gobiernos del PT habían realizado servicios médicos en distintas zonas del país.

Un gobierno militar con una sociedad militarizada

Bolsonaro, quien fue capitán del Ejército brasileño, ha colocado en puestos significativos de su gabinete a integrantes y ex integrantes de las Fuerzas Armadas. Su Vicepresidente, Hamilton Mourão es general retirado y al igual que el presidente ha realizado declaraciones expresando nostalgia por la dictadura que entre 1964 y 1985 gobernó al país.  De los 22 Ministerios de gobierno ocho son ocupados por militares, sin considerar los cargos de menor relevancia.

También han salido a la luz prácticas corruptas y violaciones a los derechos humanos vinculadas con el bloque en el poder. Un ejemplo significativo es la relación entre militares y policías con el ex diputado estatal de Río de Janeiro y actualmente senador por el PSL, Flávio Bolsonaro.[iv] Ostenta el registro de haber condecorado entre 2003 y 2018 a 23 militares y policías ante la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro que después fueron enjuiciados por distintos cargos. Entre los delitos cometidos se cuentan corrupción, lavado de dinero, pero mucho más importante vínculos con las milicias y homicidios (Mazza, 2019). En ese sentido también fue ilustrativo el nombramiento en un cargo oficial, realizado el 31 de enero pasado por parte de Jair Bolsonaro, de un destacado integrante de los Escuadrones de la Muerte que operaron entre la década de los años ochenta y mediados de la del dos mil, lo que constituye otro rasgo de la política de muerte que alienta su gobierno. Se trata de Carlos Humberto Mannato, designado Secretario Especial para la Cámara de Diputados quien fue miembro del capítulo Espíritu Santo de la llamada Scuderie Le Cocq surgida a mediados de la década de los años sesenta en Río de Janeiro. En el estado nordestino a dicha organización se le atribuye el asesinato de 1, 500 personas y ser el brazo armado del crimen organizado en esa región durante el periodo referido (Jornalistas Livres, 2019).

De manera paralela, la militarización corre socialmente a través del enfrentamiento que desde hace décadas tienen las facciones de tráfico (destacan Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital) entre sí y con los aparatos del Estado. Una confrontación bélica de carácter irregular, basada en procesos de territorialización llevados a cabo por todos los actores, que siendo paradigmática, remite a lo que ha ocurrido en ciudades de la región como Medellín, San Salvador o San Pedro Sula. A partir de comienzos de la década pasada, en lo que refiere a Brasil, a esta ecuación se agregó el componente de las milicias, grupos originalmente presentados como expresiones de seguridad privada informal contra las facciones de tráfico y que paulatinamente fueron revelando su verdadero comportamiento y composición. Se trata de grupos conformados a partir del reclutamiento de militares y policías en activo o en retiro, o del también militarizado cuerpo de bomberos, así como guardias del sistema de prisiones. De manera paulatina, estos grupos fueron regulando comportamientos, monopolizando actividades económicas, como el transporte local o los servicios de distribución de gas o televisión por cable; además del consabido cobro por protección, similar a las vacunas colombianas y los derechos de piso mexicanos. También se han involucrado de lleno en el tráfico y distribución de estupefacientes y ahora forman clientelas políticas que controlan porciones importantes de ciudades como Río de Janeiro.

Para cerrar con la pinza que se cierne sobre sectores empobrecidos del país, la institucionalización del asesinato de la población pobre, negra y favelada agrega cada vez mayores y más peligrosos elementos. Brasil ya ostentaba el registro de contar con la policía más asesina del mundo desde hace años. En 2017 más de 5 mil personas perdieron la vida por la intervención de esta institución, lo que equivale a 14 personas por día. Ahora a esto se agrega el paquete anticrimen del juez Sergio Moro (premiado por llevar adelante el caso Lava Jato con el nombramiento de Ministro de Justicia); que ante el uso de armas por parte de la policía incorpora el argumento de la actuación en “legítima defensa”. El llamado Código Moro introduce la subjetividad de los policías en el sentido de considerar la amenaza, el miedo y otras emociones como justificación de la acción armada. Esto tiene como antecedente la denominada “gratificación del lejano oeste” (gratificação faroeste), que en la década de los noventa fue impulsada en Río de Janeiro durante el gobierno de Marcelo Alencar y que premiaba actos de “bravura” policiaca, entendida como las acciones de elementos de la corporación que culminaban con el cuerpo del sospechoso sin vida en el suelo. En el hilo de ideas que se anunciaron al inicio de este texto, lo más preocupante no es la medida propuesta, sino el respaldo social que le da una aprobación del 62 por ciento.  Si esto no fuese suficiente, Bolsonaro mismo realizó un decreto de ley que facilita la posesión de armas en viviendas y centros de trabajo, y que sólo requiere de un registro ante la Policía Federal del país. Además de agentes públicos del área de seguridad pública (incluyendo inactivos), contempla a los de administración penitenciaria, militares y ex militares; residentes en áreas rurales (lo cual representa una amenaza para movimientos campesinos y defensores del territorio) y de áreas urbanas con tasas por encima de los diez asesinatos por cada cien mil habitantes; titulares o responsables legales de establecimientos comerciales o industriales, entre otros. Podrán adquirir hasta cuatro armas de fuego de uso permitido, e incluso en mayor cantidad en caso de comprobar su necesidad. Sin embargo, los elementos señalados no deben hacernos ignorar que existen otros desafíos vinculados con el recorrido contemporáneo del gigante sudamericano.

Una amenaza contra la vida

Otro ámbito que ha generado preocupación sobre el arribo de Bolsonaro al gobierno del país es su agenda depredadora de la naturaleza y de reforzamiento del modelo extractivista sobre los bienes naturales. En una trayectoria que se puede ubicar desde el año 2013, cuando durante el gobierno Rousseff se legisló a favor de la deforestación, amnistiando a quienes llevaran a cabo dicha práctica en pequeñas propiedades, se registra un incremento sostenido de estas actividades (Phillips, 2018). A ello hay que agregar la disminución en el presupuesto de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y la suspensión de los procesos de demarcación de tierras, lo que produjo enfrentamientos y descontento de pueblos indígenas desde hace tiempo. De manera más general, antes de la elección de Bolsonaro, Brasil cumplía una década de ser el país más peligroso para defensores del territorio y el medio ambiente.

Esto se debe a la actuación de intereses económicos sobre distintos entornos naturales, como ocurre con pescadores, taladores y garimpeiros (extracción artesanal de minerales) todos ellos que habiendo actuado fuera de la ley, han recibido ofrecimientos de Bolsonaro en torno a poder realizar estas actividades sin ser perseguidos. El cambio es de perspectiva y de profundización de un fenómeno que ya estaba en marcha. El actual presidente ha ofrecido acabar con las legislaciones que protegen los territorios indígenas del Amazonas, e ignorar a los grupos ambientalistas (así se trate de ONG’s) acusándolos de actuar en contra de los intereses nacionales. Su malthusianismo involuntario lo ha llevado a señalar que el cambio climático es resultado de un exceso de población. El argumento adicional, claro ejemplo del racismo y clasismo enarbolado por el ex capitán del Ejército de Brasil, es que “las minorías se deben adaptar a las mayorías o desaparecer”. El ataque a la vida no puede ser más evidente, si consideramos que los territorios indígenas dentro del Estado brasileño (alrededor del 13%) han sido la frontera al avance de la deforestación de la selva y los bosques tropicales con sólo el 2% de sus sistemas de vida afectados (Maisonnave, 2018).

En otra dimensión de la problemática, se puede considerar el ataque a la previsión o seguridad social. Esto venía del interregno de gobierno del golpista Temer con el Proyecto de Enmienda a la Constitución o PEC 50, de manera elocuente renombrada por el movimiento social como del “fin del mundo”, que colocó un techo al presupuesto en gasto social (salud, educación, seguridad social) por 20 años. Fue finalmente aprobada el 15 de diciembre de 2016. De manera más reciente fue presentada una nueva reforma que establece como edad mínima de jubilación para trabajadores y trabajadoras los 65 años de edad y con por lo menos 25 de antigüedad. Esta modificación incluye a trabajadores de empresas privadas, servidores públicos federales y políticos. Por fuera de esta modificación quedan los militares, así como los servidores estatales y municipales.

El presente de Brasil sin lugar a duda genera temor, no sólo por su proceso interno sino por lo que irradia en términos regionales y mundiales. Eso no debe hacernos omitir el hecho de que la trayectoria en la que se encuentra el país sudamericano provenía de procesos rastreables durante los gobiernos del PT, lo cual debe ser una enseñanza para las izquierdas latinoamericanas y especialmente para los movimientos sociales y colectividades que se encuentran en la línea de frente de la lucha por la defensa de la vida.

- David Barrios Rodríguez, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica-UNAM-México (OLAG).  Investigación realizada en el marco del proyecto PAPIIT “Economía y guerra en el siglo XXI: corporaciones, Estados y mercenarios. Genealogías latinoamericanas” IG300318.

Artículo publicado originalmente en la Revista CEPA n°28 del Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo, editada en versión impresa en abril de 2019 en Bogotá, Colombia.

Fuentes consultadas

Agência Verde-Oliva (2017) “Futuros comandantes são orientados no relacionamento com a mídia e gerenciamento de crises de imagem”, Ejército Brasileño-Ministerio de defensa, 05 de octubre <http://www.eb.mil.br/amazonlog17/noticias/-/asset_publisher/BsJDxIc4XCbS...

Brum, Eliane (2019) “He’s been president a week – and already Bolsonaro is damaging Brazil” The Guardian, 10 de enero

Ceceña, Ana Esther y Barrios, David (2017) “Venezuela ¿invadida o cercada?, 06 de noviembre, Quito <https://www.alainet.org/es/articulo/189031>

Dunlap, J., Charles (2017) “Lawfare 101. A Primer”, Military Review (mayo-junio), Army University Press, Kansas.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2018) Ánuario Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo.

Jornalistas livres (2019) “Ex-membro do Esquadrão da Morte é nomeado para integrar Governo Bolsonaro” 02 de febrero.

Juca Guimarães (2019) “Pacote “anti-crime” de Moro aumenta a segregação social, diz sargento da PM”, Brasil de Fato, 03 de marzo

Mazza, Luigi (2019) “Os condenados e os condecorados”, Folha de Sao Paulo,  22 de febrero.

Maisonnave, Fabiano (2018) “Amazon at risk from Bolsonaro's grim attack on the environment”, The Guardian, 09 de octubre

Nassif, Luis (2019) “O mapa do Estado de Exceção”, Jornal GGN, 27 de febrero

Phillips Dom (2018a) “'A devastating scenario': Brazil sets new record for homicides at 63,880 deaths” The Guardian, 09 de agosto

________________(2018b) “Brazil records worst annual deforestation for a decade”, The Guardian, 24 de noviembre

Sotelo Felippe Marcio (2019) “A barbárie como projeto”, Jornal GGN, 02 de marzo

Southcom, “Posture Statement of Admiral Craig S. Faller Commander, United States Southern Command before the 116th Congress Senate Armed Services Committee”, 07 de febrero <https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/SOUTHC...

Traverso, Enzo (2018) Las nuevas caras de la derecha, Siglo XXI, Buenos Aires. Epub.

Watts, Jonathan (2018) “Trump joy over Bolsonaro suggests new rightwing axis in Americas and beyond”, The Guardian, 29 de octubre