Las elecciones para el Parlamento Europeo son una buena ocasión para conocer qué es y cómo funciona la Unión Europea.

Sobre todo cuando la mayoría de los grandes medios de comunicación se empeñan en demostrar que en la UE todo va bien y en ella se trabaja para el bienestar de los pueblos.

Las tres instituciones principales de la Unión Europea son: a) el Consejo de la Unión Europea, b) la Comisión de la Unión Europea y c) el Parlamento Europeo.

a) El Consejo de la Unión Europea (antes Consejo de Ministros) está constituido por los Primeros ministros o Jefes de Gobierno de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea. Sólo en algunas ocasiones participan en las reuniones los primeros ministros o jefes de Gobierno, pues a sus reuniones periódicas asiste el ministro correspondiente de cada uno de los gobiernos según sea el tema a tratar (en temas de agricultura, asistirán los ministros de agricultura, etc.). Los Estados Miembros se alternan rotativamente en la presidencia durante seis meses. En el primer semestre de 2019 está presidido por Rumania.

No hay que confundir al Consejo de la Unión Europea con el Consejo Europeo, que es también un organismo der la Unión Europea, cuyos miembros son los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 Estados Miembros de la UE y en el que también participa el presidente de la Comisión de la Unión Europea. El Consejo Europeo tiene una función de impulso y orientación política, económica y social, pero sus orientaciones y declaraciones carecen de fuerza jurídica.

El actual Presidente del Consejo Europeo es Donald Tusk, elegido en 2014 y reelegido en 2017.

Tampoco hay que confundir al Consejo de la Unión Europea con el Consejo de Europa que no es un organismo de la Unión Europea. Éste fue fundado en 1949 por seis Estados de Europa occidental y actualmente forman parte del mismo 47 Estados europeos. Aprobó la Convención Europea de derechos humanos en 1950 y los sucesivos protocolos adicionales a la Convención. El Consejo de Europa está formado por un Comité de Ministros (uno por cada Estado Miembro) y por una Asamblea Parlamentaria que cuenta con 324 titulares y 324 suplentes representantes de los Estados Miembros proporcionalmente al tamaño de su respectiva población.

El Consejo de la Unión Europea tiene seis responsabilidades básicas:

1. Aprobar leyes europeas (directrices), en muchos ámbitos legisla en común con el Parlamento Europeo. Pero, y esto es importante, por regla general el Consejo no toma la iniciativa y solo actúa a propuesta de la Comisión de la Unión Europea y previa consulta al Parlamento.

2. Coordinar las políticas económicas de los Estados miembros. Tarea a cargo de los Ministros de Economía y Hacienda,

3. Concluir acuerdos internacionales entre la UE y una o más organizaciones de Estados o internacionales. También puede concluir convenios entre los Estados miembros de la UE en determinados campos como el de impuestos, etc.

4. Aprobar el Presupuesto de la UE, junto con el Parlamento. El Consejo tiene la última decisión sobre los gastos obligatorios mientras que el Parlamento la tiene en los gastos no obligatorios, si no se ponen de acuerdo en la aprobación del presupuesto.

5. Desarrollar la política exterior y de seguridad común de la UE (PESC), basándose en las directrices decididas por el mismo Consejo.

6. Coordinar la cooperación entre los tribunales nacionales y la policía en materia penal (Justicia y asuntos de interior – CPJP).

El Consejo toma sus decisiones, según establezcan los Tratados, por unanimidad, por mayoría calificada: se asigna a cada Estado miembro un número de votos (voto ponderado), que es la forma en la que se toman las decisiones más importantes, y por mayoría simple para las decisiones de procedimiento.

b) La Comisión Europea es algo así como el Poder Ejecutivo de la Unión Europea, aunque también con amplias facultades legislativas (directrices) espacio en el que tiene la iniciativa en las cuestiones fundamentales.

El Consejo de la Unión Europea (reunión de los ministros o jefes de Estado de los Estados Miembros) designa, por mayoría calificada, al Presidente de la Comisión Europea y dicha designación se somete a la aprobación del Parlamento Europeo. El Presidente designado de la Comisión Europea nombra, en consulta con el Consejo, a los 27 Comisarios que –más el Presidente de la misma - componen la Comisión de la Unión Europea. El conjunto de los miembros de la Comisión recibe la aprobación del Parlamento por mayoría simple, tras una serie de comparecencias de cada Comisario ante las diferentes comisiones parlamentarias competentes. Al final de este proceso el Consejo de Ministros nombra a la Comisión en su conjunto, por mayoría calificada.

La función principal de la Comisión Europea es proponer y poner en práctica las políticas de la Unión Europea, vigilar la aplicación de los tratados europeos y tiene el cuasi monopolio del derecho de iniciativa sobre todo los temas económicos básicos, lo que le permite pesar en las decisiones del Parlamento y del Consejo de Ministros. Incluso el artículo 250 de la Versión Consolidada del Tratado Constitutivo de la Unión Europea requiere un voto unánime para que el Consejo de Ministros modifique una propuesta de la Comisión.

Pero, como pequeña compensación, el Parlamento y el Consejo de Ministros pueden pedir a la Comisión que adopte normas en alguna materia.

La Comisión Europea estuvo presidida por José Manuel Barroso, durante dos mandatos desde 2004 hasta 2014 ¹ y lo sucedió Jean Claude Juncker, quien termina ahora su mandato.

Las grandes empresas transnacionales europeas, agrupadas en la UNICE -Unión de las Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa- controlan estrechamente a la Comisión Europea y los 39 miembros de la organización patronal mantienen representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero ejército de « lobbystas » para influir sobre las decisiones de la Comisión².

c) El Parlamento Europeo, está compuesto actualmente por 751 diputados elegidos por el voto directo de los ciudadanos de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea en proporción a su población³.

Existe lo que se llama el procedimiento de codecisión (Comisión, Consejo y Parlamento) pero en los hechos quien orienta la política de la Unión Europea es la Comisión, por razones institucionales y también porque las tendencias neoliberales y privatizadoras son compartidas por los Gobiernos conservadores, socialistas y de coalición conservadores-socialistas de los países de la Unión Europea, que juntos tienen el control total de las instituciones europeas.

Prueba de ello es que desde que se introdujo el procedimiento de codecisión en 1995 hasta 2004 el Parlamento rechazó dos proyectos sobre 420. Los 418 restantes se aprobaron en primera o en segunda lectura o después de un procedimiento de conciliación.

Así es como la política de la Unión Europea es consecuentemente ultraliberal y al servicio del gran capital y su ejecutante es la Comisión Europea.

Un periodista y sindicalista belga, Gérard de Selys, cuenta⁴ cómo, mediante el trabajo en equipo de la Comisión Europea (que emite directivas extralimitando sus atribuciones) y de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos ‑ ERT (las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y otras), ayudados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo que interpreta a su manera las reglas comunes sobre la competencia del Tratado de Roma de 1957 que instituyó la Comunidad Económica Europea, está culminando el despojo al patrimonio público de los países europeos de las industrias actualmente más dinámicas y rentables: las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas.

El libro de Selys es de 1995, pero desde entonces y hasta hoy la ofensiva privatizadora de la Comisión Europea contra los servicios públicos (con el respaldo activo de las sociedades transnacionales) no ha cesado: en su punto de mira se halla ahora el correo, la salud, la educación y el medio ambiente. En un artículo publicado en Le Monde Diplomatique de julio del 2000 (Susan George y Ellen Gould, Libéraliser, sans avoir l’air d’y toucher ) se cita un documento de la Comisión Europea en el que se afirma lo siguiente: “la participación activa de las industrias de servicios en las negociaciones es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de servicios -OMC) no es solamente un acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un instrumento en beneficio del mundo de los negocios” ⁵.

El 4 de junio de 2003, el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo, acordó por amplia mayoría autorizar la liberalización de los mercados de la electricidad y el gas, incluido el suministro a particulares, a partir del 1º de julio de 2007.

La Comisión Europea desempeñó, junto con el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (la “troika”), un papel nefasto para estrangular a Grecia, que había acumulado una enorme deuda por mala gestión, por pago de intereses muy elevados sobre las deudas y por compras desproporcionadas de armamentos. Grecia ocupó el quinto lugar en el mundo entre los compradores de armas convencionales en el periodo 2005-2009. El 31% de esas armas las compró a Alemania, el 24% en Estados Unidos y otro 24% en Francia, ahora sus principales acreedores.

La “troika” impuso a Grecia “condicionalidades” consistentes en privatizar el patrimonio nacional y le exigió congelar y en muchos casos bajar los salarios y las jubilaciones y en general reducir considerablemente los gastos sociales.

Países de la Unión Europea participaron de las intervenciones militares en Irak, Libia, Siria y Afganistán, alentaron guerras interétnicas en África sobre fondo de disputas por el control de recursos naturales estratégicos, lo que ha dado lugar a la dislocación de varios Estados. El resultado es que ahora reina el caos en toda la región, donde controlan grandes extensiones territoriales grupos de un salvajismo extremo poderosamente equipados con el armamento que han “regado” en la zona las grandes potencias durante años de conflictos.

Con las consiguientes catástrofes humanitarias, entre ellas la de los miles de desplazados que - intentando ponerse a salvo- mueren ahogados en el Mediterráneo.

La Unión Europea adopta diferentes medidas para impedir que esas personas aborden las costas europeas e ignora el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1974, en el que las Partes se obligan "a garantizar la adopción de las medidas que exijan la vigilancia costera y el salvamento de personas que se hallen en peligro en el mar. Dichas medidas comprenderán el establecimiento, la utilización y el mantenimiento de las instalaciones de seguridad marítima que se juzguen necesarias y viables".

Entre las medidas contra quienes intentan atravesar el Mediterráneo están las de desplegar navíos para impedirles que lleguen a las costas europeas y devolverlos al país de donde partieron, entre ellos a Libia, donde los migrantes son esclavizados y sometidos a torturas, prohibir e incluso sancionar a las organizaciones humanitarias que fletan navíos para salvar a los náufragos, acusándolos de complicidad con los traficantes de seres humanos, negociar con los países del norte de África para que frenen las salidas de migrantes de sus territorios, pagarle a Turquía 6000 millones de euros para que acoja a los migrantes, entre ellos los que son expulsados de Europa⁶ reforzar la vigilancia en las fronteras europeas, etc.

Cuando pese a todo algunos -ahora pocos- migrantes llegan a Europa, los Estados europeos se disputan entre ellos en cuanto a la ínfima cuota de migrantes que acogerá cada uno. Algunos Estados han decidido cerrar totalmente sus fronteras a los migrantes.

Decididamente, la Unión Europea está a favor de una “Solución final” del problema, mucho más barata que las cámaras de gas y los hornos crematorios.

(Véase : https://www.lavanguardia.com/internacional/20180921/451936694889/ue-politica-migratoria-fronteras-inmigracion.html y https://www.liberation.fr/debats/2018/12/08/l-aquarius-reste-au-port-histoire-d-un-sabotage-en-bande-organisee_1696694)

En conclusión, la Unión Europea es profundamente antisocial (las desigualdades no cesan de profundizarse), atlantista y belicista, a las antípodas de lo que tendría que ser: una potencia independiente y pacífica en el concierto mundial, democrática y social y dispuesta a establecer relaciones mutuamente ventajosas y en un pie de igualdad con otras regiones y países.

No es de extrañar entonces que la abstención en las elecciones para el Parlamento Europeo sea cada vez más elevada, desde la primera elección en 1979 (40% de abstención) hasta la de junio de 2009, donde la media de abstención fue del 60% con picos entre el 75% y el 80% en algunos países y de junio de 2014, donde la tasa media de abstención aumentó ligeramente con relación a 2009.

Los pueblos europeos tienen conciencia de que la Unión Europea no representa sus intereses y que los Gobiernos que la integran (de derecha y socialistas) evitan cuidadosamente una verdadera democratización de sus instituciones y un giro hacia políticas sociales.

Pero esa conciencia popular entra mayoritariamente en sinergia con el discurso simplista, xenófobo, fascistoide y seudonacionalista de los partidos derechistas como se puede apreciar en los resultados electorales nacionales. Entre otras razones por el fracaso e inoperancia de los partidos llamados “progresistas” y de izquierda.

Y esa mitad del electorado que vota en las elecciones para el Parlamento Europeo participa en una especie de test previo –relativamente aproximativo- a las elecciones nacionales.