La Jurisdicción Especial para la Paz finalmente este miércoles 15 de mayo tomó la decisión de negar la solicitud de extradición de Jesús Santrich, Seuxis Paucias Hernández, antiguo jefe guerrillero quien fue además uno de los miembros del equipo negociador por parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en los diálogos de La Habana. La decisión fue tomada por la Sección de Revisión una de las instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz en un fallo dividido, tres magistrados negaron la extradición mientras que dos magistradas no estuvieron de acuerdo con la decisión.

Los togados tomaron esa decisión después de un año de recibir una solicitud de una Corte de New York que solicitaba la extradición de Santrich por el delito de narcotráfico. Según el indictment, o la acusación, Santrich se habría complotado con los carteles mexicanos de la droga para enviar cinco toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Para ello presentaron unos videos en que se ve a Santrich en conversaciones con algunas personas en su casa. Las pruebas no son claras se dijo desde el comienzo de la investigación y pareciera más bien una encerrona preparada por la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA.

En el voluminoso fallo de 148 páginas los togados señalan que los miembros de la DEA no fueron debidamente legalizados por la Fiscalía colombiana que bien hubiera podido hacerlo con los mecanismos que cuenta en materia de cooperación judicial. Este es un hecho resaltado en el fallo como también que del material contenido en la acusación y que era el sustento probatorio para solicitar la extradición no se colige que el supuesto delito se hubiese cometido después del primero diciembre de 2016 en que las conductas punibles cometidas por miembros de la antigua guerrilla de las FARC, son competencia de la jurisdicción ordinaria. Justamente tanto la acusación de la Corte de los Estados Unidos como de la Fiscalía General de Colombia sostuvieron que Santrich había incurrido en el delito de narcotráfico después de esa fecha.

Para los magistrados de la JEP del material probatorio entregado por la Fiscalía Colombiana y por la Corte de New York no se colige claramente que esas supuestas reuniones se hubiesen llevado a cabo después del 1 de diciembre por esas razones negó la solicitud de extradición, ordenó la libertad de Santrich y trasladará el material probatorio a la Corte Suprema de Justicia dado que Santrich es un parlamentario elegido que no se ha posesionado por encontrarse detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. Al mismo tiempo señaló que Santrich seguirá bajo la órbita de la JEP donde deberá responder por los delitos cometidos como miembro de las FARC y deberá ofrecer toda la verdad así como reparar a las víctimas.

El proceso siempre ha estado rodeado de una intensa polémica. Los enemigos del proceso de Paz con las FARC que ahora se han fortalecido con el triunfo de Iván Duque en las elecciones presidenciales de junio pasado han hecho todo lo posible por lograr la extradición de Santrich. Intentaron aprobar una norma que impedía a los jueces de la JEP la práctica de pruebas que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, con lo cual esta jurisdicción intento en vano que la Corte de New York ampliara el acervo probatorio así mismo solicitó a la Fiscalía Colombiana la entrega de todas las pruebas. Al final después de mucho ruido mediático las pruebas solicitadas nunca llegaron muy seguramente porque no existen.

Santrich desde un comienzo ha negado que haya negociado un envío de cocaína a los Estados Unidos, siempre ha sostenido que todo ha sido un montaje para atentar contra el proceso de Paz. Finalmente como ya se dijo la JEP negó la extradición y ordenó la libertad de Santrich que deberá hacerse efectiva este jueves 16 de mayo.

La renuncia de un fiscal profundamente cuestionado

Conocida la decisión de no extradición de Santrich el fiscal general, Néstor Humberto Martínez anunció en rueda de prensa había presentado su renuncia irrevocable a su cargo por no compartir la decisión y porque a su juicio la JEP se había extralimitado en sus funciones poniendo en serio riesgo la colaboración judicial con los Estados Unidos. La verdad es que la decisión de la JEP le ofreció al fiscal general una oportunidad para tratar de salir por la puerta grande dado los innumerables escándalos de los cuáles no se ha podido librar en los casi tres años en que ocupó el cargo. En múltiples casos de corrupción bajo la responsabilidad de la fiscalía ha sido recusado por haber intervenido en esos procesos cuando ejercía como abogado. Los dos más significativos en que aparece claramente vinculado son las investigaciones sobre la corrupción propiciada por la firma brasilera Odebrecht para hacerse a jugosos contratos para la construcción de infraestructura en el país, allí aparece Martínez como abogado del grupo Aval socio de la corrupta firma brasilera. Sus actuaciones como abogado lo comprometían como parte interesada en esos procesos sin que desde un comienzo se hubiera declarado impedido por conflicto de intereses. La Corte Suprema de Colombia lo separó de tres de las líneas de investigación y la próxima semana debería resolver si lo separaba de todas las investigaciones sobre este caso. También aparece comprometido en las investigaciones contra Carlos Mattos un empresario colombiano propietario de la franquicia para representar a la firma coreana Hyundai. Martínez había sido abogado de Mattos a quien ahora la fiscalía acusa de corrupción de jueces y operadores judiciales. Contra Mattos se ha librado una orden de captura. Así que la situación de Martínez era insostenible. La decisión de la JEP sobre la no extradición de Santrich le brindó la oportunidad de renunciar e intentar salir por la puerta grande. Dudo que lo logre.

La decisión de la JEP sobre Santrich mantiene a ese tribunal judicial en el centro de la polémica y de la confrontación sobre el futuro de los acuerdos de Paz. El presidente Iván Duque después de una reunión con funcionarios del Alto Gobierno se pronunció no en una alocución presidencial que de haberse producido le daría a la oposición la posibilidad de una réplica sino en un video divulgado profusamente por los medios de comunicación en lo que se bien acata la decisión de los jueces de la JEP pues no tenía otra posibilidad denigra del fallo y se compromete a seguir actuando para la extradición del antiguo jefe guerrillero, anuncia que buscará un acuerdo político para la reforma de los Acuerdos de Paz así como para según él fortalecer los mecanismos en la lucha contra el narcotráfico debilitados por el fallo de la JEP en el caso Santrich.

En el terreno político la decisión de la JEP reafirma en líneas básicas el comportamiento político más reciente de las fuerzas políticas tanto de aquellas que respaldan el proceso como de quienes lo combaten. El alinderamiento que se había presentado en el Congreso de la República en el reciente trámite de las objeciones presidenciales a la Ley estatutaria de la JEP se reafirma ahora en el caso de la decisión sobre Santrich. Del lado de la JEP y de su decisión se alinean los partidos independientes que son la mayoría en el Congreso de la República, el Partido Liberal, Cambio Radical y la mayoría del Partido de la U llaman a respetar la decisión de la JEP y a dejarla funcionar así mismo la bancada de oposición mayoritariamente respalda la decisión de la JEP y llama a acatar sus decisiones. Por ahora este es un colchón político que le da respaldo a los acuerdos en general y en particular a las decisiones de la JEP. Y digo por ahora porque esto no está completamente garantizado hacia el futuro toda vez que dependerá de las decisiones del gobierno de si los mantiene fuera de la coalición que gobierna o los llama a tomar parte del Gobierno.

En la rama judicial atacada desde los Estados Unidos que ha retirado las visas a varios magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia hay hasta ahora unidad de cuerpo tanto para proteger los acuerdos de paz como de respaldar las actuaciones de la JEP, lo cual también brinda cierto margen de maniobra a la JEP en sus decisiones.

Los enemigos del proceso como era inevitable se han pronunciado en contra de la decisión de la JEP. La declaración más fuerte y beligerante provino también como era de esperarse del Centro Democrático que no solo rechazó la decisión sino que señaló que en los Acuerdos de La Habana se había pactado para Colombia un cogobierno con el narcotráfico al tiempo que llama a redoblar los esfuerzos para una reforma de los mismos y principalmente de la JEP. Incluso llama al presidente a que trate por todos los medios de evitar la liberación de Santrich. El vocero del partido Conservador también en el gobierno va más allá al señalar que Duque debería convocar un referendo para reformar los acuerdos. Ambos partidos de Gobierno respaldan al corrupto fiscal general, Néstor Humberto Martínez y tratan de vender la teoría que nos encontramos frente a una crisis institucional de hondas proporciones pues se pone en riesgo la colaboración con los Estados Unidos.

La verdad es que la teoría que nos encontramos frente a una profunda crisis institucional es desmentida por los hechos. Lo que sí es evidente es que los enemigos de la Paz se han fortalecido pues ahora cuentan con el Gobierno en cabeza de Duque pero han encontrado una resistencia en las mayorías en el Congreso y en la rama judicial. También cuentan ahora con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Los más extremistas de los opositores al proceso de paz, a la reconciliación, a la verdad y a la reparación a las víctimas, siguen en lo suyo y ahora plantean mecanismos como el del referendo o la convocatoria a una Asamblea Constituyente que por ahora no se ven como salidas reales a la crisis. La confrontación seguirá si el gobierno como lo ha hecho hasta ahora persiste en el incumplimiento de los acuerdos y en la profunda reforma de los mismos.

Los enemigos de la Paz trabajan por proyectar la imagen que es por los acuerdos de Paz que el país se encuentra en una profunda crisis que en realidad ellos mismos tratan de profundizar por no afrontar su cumplimiento ni doblar la página. Mientras persistan en sus posturas la división y polarización alrededor de los acuerdos continuara, de eso no me cabe la menor duda.

Bogotá mayo 16 de 2019

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur