Colombia: corrupción, violencia y elecciones
El diálogo entre la izquierda y la centro-izquierda es necesario y urgente para no volver a los resultados del año 2018.
- Opinión
Los últimos días han estado muy movidos por cuenta del debate de Moción de Censura contra la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen Abuchaibe, envuelta en un escándalo por la adjudicación directa de un contrato para llevar redes de internet y conectividad a más de 7 mil puntos remotos de la geografía nacional. La ministra escogió una firma, Centros Poblados, sin ninguna experiencia en la materia, pero además de la cual hacían parte socios que han sido condenados por desfalcos en otros contratos con el Estado y como si esto fuera poco la firma presentó respaldo de seguros falsos, sin reales garantías bancarias.
Pese a las múltiples irregularidades probadas entre otras por la acuciosa periodista Paola Herrera de la Wradio quien pese a la oposición de parte de las bancadas gobiernistas hizo presencia en la Cámara de Representantes donde presentó parte de las pruebas que muestran la improvisación y falta de rigor en la selección de los proponentes para esta adjudicación y los posibles actos de corrupción que llevaron al pago de un anticipo por 70 mil millones de pesos sin ningunas garantías. Pese a que son múltiples las irregularidades ligadas a esta adjudicación el presidente Duque salió a respaldarla y a afirmar contra toda evidencia que la ministra venía ejerciendo sus labores con probidad y rectitud. Los citantes mostraron el cúmulo de errores y la improvisación de la ministra en este contrato a lo cual en el fin de semana se sumó la denuncia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras quien dirige al partido Cambio Radical, que es el mismo de la ministra Abudinen, pero afín a la casa Char, que fue el que le hizo conejo a las aspiraciones presidenciales de Vargas Lleras en el año 2018. Vargas denunció que había serias irregularidades en otros contratos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con lo cual el escándalo creció.
Este jueves la prensa nacional informó que Duque finalmente le habría solicitado la renuncia a Abudinen. La realidad es que realizado el debate en que las bancadas gobiernistas la brindaron su incondicional respaldo y frente a las nuevas denuncias la situación de la ministra se hizo insostenible. En el curso de la semana el partido Liberal que cuenta con una bancada de 37 escaños en la Cámara de representantes anunció su decisión unánime de respaldar la Moción de Censura en igual sentido la pequeña bancada gobiernista de los grupos cristianos también anunciaron el respaldo a la Moción de Censura y lo propio anunciaba un sector del gobiernista partido de la U y hasta el representante Gabriel Santos del Centro Democrático se apartó de la decisión de la bancada para pedir la renuncia de la ministra de modo que los cálculos para mantenerla en el ministerio se fueron estrechando. Pero, además el costo político para los partidos de la Coalición de Gobierno, de cara a las elecciones habrían convencido al testarudo presidente Duque sobre los inmensos costos de mantener la impopular ministra en el gobierno.
Quizás la frase pronunciada en el debate de Moción de Censura por el representante del partido Verde León Freddy Muñoz y que resume muy bien la situación de la ministra es que ella debería renunciar o por corrupta o por inepta. Finalmente, la ministra se cae por los inmensos costos políticos que tendría para los partidos del régimen mantenerla en el gobierno, máxime cuando en la más reciente encuesta de la firma Invamer Gallup, los encuestados identifican que el principal problema que afronta Colombia es el de la corrupción así lo afirma el 32% de los encuestados mientras que la crisis económica ocupa el segundo lugar con un 27%.
Y es que no es para menos, Colombia nada en la corrupción y en la impunidad. Cada día estallan nuevos escándalos de obras abandonadas o inconclusas, contratistas que no cumplen con la entrega de las obras, enroques como este caso de Centros Poblados cuyos socios son amigos del clan de los Char una de las tendencias de Cambio Radical que controla la alcaldía de Barranquilla, la gobernación del Atlántico y otras alcaldías y gobernaciones de la Costa caribe colombiana. Este enroque entre mafias locales ligadas con el narcotráfico, poderes políticos familiares, contratación pública corrupta que son el soporte además del gobierno uribista de Duque viene cayéndose a pedazos por lo menos así está pasando también en Santander con el Clan de los Aguilar donde está preso por corrupción el actual senador y exgobernador Richard Aguilar por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador de este departamento. El clan de los Aguilar está en la gobernación del departamento a través del hermano de Richard, Mauricio Aguilar. En los últimos años este clan forma parte de Cambio Radical partido que orienta, Germán Vargas Lleras.
Pero los líos de los clanes regionales también se presentan en Valledupar donde el gobernador del departamento Luis Alberto Monsalve Gnecco fue detenido por la entrega de contratos de forma irregular en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que se ha convertido en un antro de corrupción sin que el gobierno nacional y los organismos de control hagan algo por impedirlo. Como he señalado uno de los soportes del Uribismo son estos clanes familiares mafiosos que dominan buena parte de la política con presencia en 18 departamentos del país. Y una buena parte de estos clanes familiares pertenecen al partido Cambio Radical socio del gobierno de Duque-Uribe. La ministra Abudinen como ya señalé es militante de dicho partido, aunque no de los afectos de Vargas Lleras sino de la tendencia de los Char que son alfiles del uribismo y apoyaron a Duque de manera subrepticia desde la primera vuelta presidencial y habrían sido, según la prófuga exsenadora Aida Merlano, claves en la compra de votos para la elección de Duque en la Costa Caribe principalmente en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Y la violencia que no cesa
La Misión de Observación Electoral, MOE, presentó recientemente su informe sobre la violencia en contra de líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos. Durante el primer semestre del 2021 se registraron en total 247 hechos de violencia contra estos líderes que representa un crecimiento del 15,7% con respecto al primer semestre del año 2020 y un 106% en hechos letales contra líderes políticos durante este mismo período. Alejandra Barrios su directora señaló que “estas cifras resultan preocupantes pues son evidencia del aumento acelerado en los patrones de violencia. Por lo que la situación debe ser señal de alarma para las autoridades, de cara al cierre de 2021 y a los procesos electorales de 2022”.
Pero pese a las advertencias el gobierno hace poco o nada. En 15 de los 170 municipios que soportaron la mayor presencia y acciones militares de la guerrilla de las FARC y que son objeto de intervención especial, pues allí se deben ejecutar 16 planes de desarrollo territorial, se registraron según la MOE el 54% de los asesinatos de líderes sociales y políticos siendo los más afectados los líderes y lideresas sociales y comunales. Debe anotarse que en estos 170 municipios se elegirán 16 representantes a la Cámara en las próximas elecciones para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz según reciente decisión de la Corte Constitucional. Un difícil reto pues la violencia golpea con particular saña estos territorios sin que el gobierno haga nada efectivo por detener este desangre.
No cesan los enfrentamientos entre el centro y la izquierda
Todo esta dado para que los sectores alternativos ganen las elecciones…a no ser que cometan demasiados errores, esta es la afirmación que más se escucha en las calles, en las plazas, en las conversaciones sociales, pero, la desfachatez y la irracionalidad de los sectores de centro y alternativos es evidente. Los insultos, las descalificaciones y las confrontaciones son diarias. La más reciente la han protagonizado Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y ya se anuncian demandas penales que según lo registra la gran prensa, que hace fiestas con ello, se presentará en los próximos días. Los desmanes son de lado y lado de eso no me cabe la menor duda. El más reciente enfrentamiento ha corrido por cuenta del señalamiento sin mayores pruebas es verdad de la alcaldesa Claudia López de que los militantes de Colombia Humano estarían detrás de los actos de violencia protagonizados en las recientes protestas ligadas al Paro Nacional. Petro ha pedido en carta pública que la alcaldesa se retracte y ella no lo ha hecho por el contrario se ha reafirmado en sus declaraciones ante lo cual Petro ha anunciado que piensa entablar denuncia penal contra la alcaldesa por difamación, calumnia y afectación a su buen nombre.
Esta vía de la confrontación es el suicidio para los sectores alternativos. El Partido Alianza Verde y sus máximos dirigentes deberían proponer y llevar a cabo gestiones para que Claudia López y Gustavo Petro se reúnan y hablen, se escuchen y dejen de protagonizar un enfrentamiento en el cual los perdedores no solo serán ellos sino el país. Solo la unidad del centro izquierda insisto será la garantía para derrotar a las mafias uribistas y sus aliados que hoy nos gobiernan. Hay un interés superior y es su derrota y ello deberían entenderlos los sectores del centro y la izquierda. Ese diálogo es necesario y urgente para no volver a los resultados del año 2018. No se puede repetir la historia.
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