El gobierno federal ha tomado muy enserio el proceso de la cuarta transformación que, desde la Presidencia de la República, promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador: con la premisa de cero corrupción; para muestra está el caso Collado.

En horas recientes, el abogado Juan Collado Mocedo fue arrestado en la capital del país por agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, para que responda por cargos de la comisión de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En la investigación, radicada por lo menos dos años atrás, aparecen los nombres de los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que figuran en el pliego jurídico contra el abogado Juan Collado Mocedo.

El prestigiado defensor —de personajes polémicos de la política mexicana, entre ellos, Carlos Romero Deschamps, ahora senador de la República— enfrenta los cargos criminales por presuntamente crear empresas “fantasma” en Querétaro y Nuevo León.

Según el demandante, ambos expresidentes mexicanos están ligados a la empresa Libertad Servicios Financieros que, con un valor mayor de mil millones de pesos, recibía las ganancias producto de acciones delictivas donde participaba el propio litigante.

Por ejemplo, en Querétaro, las autoridades federales ubican a Collado Mocedo como el responsable de la venta ilícita de un predio por un total de 156 millones de pesos, lugar donde se construyó una zona comercial, con un edificio de seis niveles, cuyo valor actual rebasa los 700 millones de pesos.

La denuncia fue interpuesta Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien afirma ser el dueño legítimo de dicho predio, que, mediante la suplantación de su identidad, (supuestamente) autorizó la compra-venta del polígono.

La venta del predio representó una ganancia de más de 24 millones de pesos, según afirman autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quienes coadyuvan en la investigación judicial.

El pliego incluye, además, la coparticipación de personajes como José Antonio Rico Rico, expresidente de Caja Libertad; José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Galvez y Tania Patricia García Ortega, quienes actuaron como socios de Collado Mocedo.

La incursión de los nombres de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari aparece en el documento, ya que los ubica como los verdaderos dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros, según afirma el denunciante.

A decir de la investigación, Juan Collado “pertenece a un grupo delictivo que constituía empresas fachada que eran utilizadas para comprar inmuebles de manera fraudulenta”, incluidos los expresidentes señalados. 

Apenas unas semanas atrás, una foto de la boda de la hija de Collado causó polémica por la presencia de varios ministros de la Suprema Corte en activo, además de políticos como el expresidente Peña Nieto.

Ahora, serán las autoridades federales que, producto de sus investigaciones, radiquen --o no-- responsabilidad penal por los hechos criminales de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De prosperar la investigación en este sentido sería la primera vez en la historia reciente de nuestro país que algún presidente se siente en la silla de los acusados, responsable de delitos que incitan a la corrupción; que por demás se sabe, es un mal añejado en nuestro país.

Sin duda, el presidente López Obrador como representante del Poder ejecutivo tiene encima una papa caliente que, en honor a su palabra, tendría que sortear a favor del pueblo y de los que menos tienen.

Seguro, muchos funcionarios públicos verán esta acción como un ejemplo para evitar --si en algún momento lo pensaron-- actos corruptos y carentes de ética.

-José Víctor Rodríguez Nájera es periodista mexicano

@JoseVictor_Rdz