Representantes de organizaciones sociales han denunciado al expresidente de ANDA, Marco Fortín, por autorizar ilegalmente a la familia Dueñas la perforación de 8 pozos en acuíferos subterráneos que abastecen a la población del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Según los denunciantes, el convenio de ANDA con esa familia oligárquica debía ser avalado por la Asamblea Legislativa, porque se trata de una concesión de explotación de un recurso natural que es bien público. Sin embargo, el funcionario en cuestión omitió dicho procedimiento.

La autorización, además de ilegal, no tuvo en cuenta criterios de impacto ambiental del proyecto, especialmente el agotamiento del acuífero y la eventual escasez de agua que causaría a la población capitalina, que ya sufre grave escasez del vital líquido.

Vale recordar que, en reiteradas ocasiones, organizaciones sociales pidieron la destitución de este funcionario de actuaciones fraudulentas y corruptas; pero el entonces presidente Salvador Sánchez Cerén hizo caso omiso y, cuando finalmente “lo destituyó” después del descalabro electoral del FMLN el 4 de marzo de 2018, lo contrató supuestamente “ad-honorem” como asesor en Casa Presidencial.

Ojalá que acciones como las de Marco Fortín no se repitan en el gobierno del Presidente Nayib Bukele, quien ha prometido no actuar como “los mismos de siempre”, refiriéndose a las administraciones de ARENA y del FMLN.

Sin embargo, genera gran preocupación “la orden” del presidente Bukele a su ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Fernando López, de “agilizar los permisos ambientales” que “están bloqueando millonarias inversiones”. Al mandatario le preocupa que más de 1,400 millones de dólares están pendientes de invertirse debido a los retrasos que genera la burocracia ambiental.

La preocupación del Presidente es válida, en tanto que el país necesita inversiones para generar empleo, ingresos tributarios y dinamismo económico; pero éstas no deben aprobarse a la ligera o menoscabando requisitos ambientales. Al contrario, el grave deterioro ecológico, especialmente el agotamiento de los bienes hídricos, exige una observancia estricta y el cumplimiento pleno de los criterios en materia ambiental.

¿De que serviría, Presidente Bukele y ministro López, que haya nuevas inversiones, pero escasea más el agua y se contamina aún más el ecosistema?

El Foro del Agua solicitó recientemente al MARN la lista de proyectos cuyos permisos serán agilizados y los criterios ambientales a tomar en cuenta; sin embargo, dicha información fue negada, argumentando que es confidencial porque se refiere a procesos en curso.

La racionalidad economicista, que pone las inversiones y el crecimiento por encima de la protección ambiental y de los bienes comunes, está llevando a la humanidad hacia su autodestrucción. En El Salvador, esta misma irracionalidad suicida ha provocado estrés hídrico y convertido al país en uno de los más deteriorados ecológicamente, en el continente americano y en el mundo.

Ojalá que Bukele y compañía reflexionen, y tengan presente que las inversiones no pueden ser a costa de terminar el agua ni dañar aún más el medioambiente.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)