El único país donde fracasó la Alianza Público-Privada (APP) fue en Honduras…Solo hay una carretera que no fue hecha por ellos, sino por los Estados Unidos”.

Armando Urtecho, Director Ejecutivo del COHEP

Uno de los principales cuestionamientos que se hacen al modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) en Latinoamérica, es que el consumo de ciertos bienes públicos, ejemplo nuevas carreteras o autopistas, administradas por una empresa privada que cobran por el servicio, excluye a población que no puede pagar por el mismo. Esta exclusión es creciente, en la medida que se ajusta el monto de cobro por su uso; lo que genera protestas por parte de los usuarios.

Después del golpe de Estado (junio de 2009), con “Pepe” Lobo en la presidencia de la República y Juan Orlando Hernández (JOH) en el Congreso Nacional, se generó una diarrea de leyes, muchas de las cuales iban orientadas, en teoría, a captar inversión extranjera, generar fuentes de empleo y mejorar sustancialmente la competitividad del país.

Esta buena nueva para la población tenía el carácter de urgente, ya que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (MEL) había cambiado las reglas del juego a favor de los privados, al prohibir la minería de cielo abierto, controlar y regular la importación de combustibles por las transnacionales del petróleo, aumentar el salario mínimo arriba del 60% y fortalecer el rol del Estado en las actividades económicas.

Una de las leyes promulgadas que recibió mayor apoyo de los actores económicos, incluyendo las agencias de cooperación internacional, lo fue la Ley para la Promoción de Alianza Público-Privada ( Decreto 43-2010), cuya finalidad “ es gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral de la población” ( Artículo 1).

Hoy se habla del cierre de la institución que dio vida a dichas alianzas, caso de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), ya que desde principios de 2018 no tiene presupuesto para operar, aun cuando la Ley le permite cobrar el 2% de los proyectos aprobados. Si se estima que ejecutaron proyectos por un monto de 44.3 miles de millones de lempiras, la institución manejó unos 886.9 millones de lempiras, fuera de los recursos complementarios asignados por la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para el pago de planillas en los últimos años.

La liquidación de Coalianza se ejecutará vía decreto ejecutivo aprobado por JOH en Consejo de Ministros, donde debería quedar establecido la práctica de una auditoria internacional de toda la gestión técnica, administrativa y financiera de la institución. De hecho, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado que uno de los problemas enfrentados es que existen preferencias en la adjudicación de los proyectos a ciertas empresas y la mala imagen que da al país, ya que en algunos de ellos no se garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Hay que reconocer que Coalianza se politizó desde el inicio, al nombrarse dirigentes políticos del Partido Nacional cuestionados por actos de corrupción. A ello se sumó la falta de transparencia en la adjudicación de contratos como el del Peaje, donde se desconoce cuáles fueron los términos iniciales negociados, el cambio posterior de las reglas del juego (tarifas) y la falta de destino de fondos -en la fecha prevista- por la empresa para concluir los tramos de construcción de la carrera que estaban pendientes al liquidarse los fondos de la Cuenta del Milenio.

Un proyecto emblemático es la construcción del Corredor Turístico, donde se ha denunciado que Honduras puede ser condenado a pagar 133 millones de dólares por el fracaso del proyecto, ya que no se garantizó el repago de los fondos invertidos y/o que serán invertidos a futuro.

También es preocupante que el país se endeude más por la mala negociación de los proyectos, ya que, al no garantizarse el retorno de la inversión, el Estado con recursos de los ciudadanos tiene que enfrentar las obligaciones financieras. Es más, hay proyectos como el Centro Cívico, un proyecto no prioritario, donde los recursos provienen de Institutos de Previsión Social (IPS), caso de Injupem e Imprema, e incluso del Instituto de Previsión Militar donde los jubilados se han organizado para enfrentar esta situación.

Estos proyectos coordinados y ejecutados por Coalianza, no tuvieron la presencia de un auditor social, aun cuando se trata de privatizar el patrimonio nacional de generaciones futuras. Es más, incluso, el COHEP, tuvo poca información sobre los proyectos contratados y los procedimientos administrativos y financieros seguidos.

Existe también una “Mea Culpa” de parte de los OFIs involucrados, aun cuando funcionarios del FMI hicieron ver al gobierno la necesidad de hacer más transparente la gestión de la institución. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene previsto practicar la auditoria de COALIANZA, pero lo recomendable es que coordine el proceso de contratación de una firma auditora independiente que presente lo más pronto posible el informe sobre el manejo de los recursos de la institución, las condiciones y términos contractuales de los convenios de los proyectos y las deudas a futuro que tendrán que asumir y pagar el Estado de Honduras por la mala gestión y negociación de la Institución.

Un clamor popular es que la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), que varios funcionarios públicos y diputados corruptos quieren liquidar, debe también entrarle a Coalianza, lo mismo debe hacer también el Tribunal de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción y el Congreso de la República.

El enfoque “pulpero” seguido por Coalianza, solo sirvió para enriquecer algunos pocos y endeudar aún más el país, sumado a la hipoteca de los bienes públicos que, en teoría, pertenecen a las nuevas generaciones. No debe perdonarse a los culpables, el pueblo hondureño no lo merece.

Tegucigalpa, 5 de diciembre de 2019