El triunfo de la candidata Xiomara Castro de Zelaya del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y en representación de la alianza opositora contra el oficialista partido nacional liderado por Nasry “Tito” Asfura, controlado por el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández (JOH), en las elecciones generales de 28 de noviembre, confirmó las encuestas iniciales que le daban el gane por un margen de 15% promedio e incluso mayor. Los resultados finales publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la declaratoria de elecciones muestran que el margen fue de 27.7%, ósea una diferencia a favor de 476,533 votos.

Cuáles fueron los factores que hicieron posible dicho triunfo, incluso por encima de las expectativas iniciales de obtener un resultado favorable, pero solo en aquellos departamentos y municipios donde el partido LIBRE ha mostrado su fortaleza, caso de la Costa Norte de Honduras, sumado al voto joven en los principales centros urbanos y periurbanos y una participación mayor de los indecisos.

El primero es el creciente desgaste del partido nacional en el poder, cuyo presidente con mando autoritario y centralista, ha sido acusado de narcotraficante y corrupto. El hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, fue condenado a cadena perpetua en New York por narcotraficante y guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad. Curiosamente, JOH destaca como uno de sus logros la reducción de la tasa de homicidios en Honduras, pero alimenta su crecimiento con el narcotráfico, pobreza y desempleo. Es el llamado voto castigo a un gobierno con un presidente rechazado por la mayoría de la población hondureña.

El segundo es la crisis económica, social y ambiental que aqueja al país. Antes del 2020, según cifras oficiales, la pobreza afectaba al 59.3% de la población, y la pobreza extrema al 36.7%. Uno de los factores explicativos, es el alto desempleo abierto y sub-empleo, con 5.7% % y 60.6 % de la población. Pero también es visible la inseguridad alimentaria, extractivismo y destrucción de los recursos naturales y contaminación ambiental. Las cifras no oficiales dicen que más del 40% del territorio nacional ha sido concesionado, que fue evidente a partir de 2010, con la vigencia de una nueva ley de minería, generación de energía y de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES).

El gobierno habla de estabilidad económica con bajo déficit fiscal, inflación y tasas de crecimiento del PIB positivas, pero las cifras anteriores demuestran que este objetivo de política macroeconómica resulta insuficiente sino se atacan los problemas estructurales, destinando mayores recursos a salud, educación, vivienda popular, protección social y actividades de cuidado, sumando la producción alimentaria y conservación del bosque y biodiversidad, donde se evidencia la necesidad un rol más protagónico del Estado.

El tercero es la corrupción. Las cifras hablan de una sustracción anual de 65,000 millones de lempiras (CNA: 2019), exigiendo el pueblo un castigo para los corruptos y la devolución de los dineros sustraídos.

El cuarto es la destrucción de la institucionalidad. En Honduras, gran parte de las instituciones fueron cercenadas en sus competencias para otorgar mayores poderes al presidente y protección contra acciones legales a funcionarios y diputados por delitos públicos, como la sustracción y desvío de recursos del erario nacional. Se crearon muchos programas y proyectos con el único fin de manejar recursos del Estado y financiamiento externo de forma poco transparente, agregando un lastre a la endeble institucionalidad convertida en una plataforma de activismo político y de control de las organizaciones sociales.

Un quinto es el Covid-19 y los huracanes de ETA e IOTA, que impactaron negativamente en la economía y finanzas públicas. El PIB cayó en -9% en 2020, los ingresos tributarios en más de 13,800 millones de lempiras y la demanda de importaciones en 2,500 millones de dólares, sumado al aumento de la pobreza, desempleo y subempleo. El sobre endeudamiento generado por cerca de 2,200 millones de dólares entre 2019 y 2020, conspira contra el desarrollo y amerita una política más efectiva en el control de brechas anuales, como la de la ENEE y el pago del mismo servicio de la deuda (hay que hacer una auditoria internacional de la deuda externa golpista). El gobierno habla de un manejo adecuado de la política económica en pandemia, pero las cifras de pobreza y desempleo son alarmantes, sumado a la crisis del endeudamiento.

Finalmente, destaca el nuevo rostro del partido nacional después del golpe de Estado (junio de 2009), caracterizado por el autoritarismo, uso desmedido de los recursos del Estado para comprar conciencias, un Congreso de la República, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia como órganos clientelares al servicio de un grupo de diputados y funcionarios corruptos, y la institucionalización del fraude e impunidad como política de Estado.

La nueva oleada de dirigentes del partido nacional, son un grupo de jóvenes con poca formación académica en las ciencias sociales y política, deseosos de alcanzar el poder a toda costa, enriquecerse en forma rápida y quedarse allí siempre, es decir no perder elecciones por las buenas o por las malas, contando con asesoría internacional especializada cuyo mentor es J.J. Rendon. Algunos de ellos, incluyendo su Coordinador General, David Chávez, han sido acusados de corruptos, lo que hizo y hará mucho daño al partido a futuro. Se parecen a grupos de jóvenes fascistas europeos y argentinos, defendiendo la patria, familia y el partido, por sobre los derechos humanos y ciudadanos.

A lo interno de la Alianza o Unidad Opositora, es de destacar el trabajo de Salvador Nasralla, que tuvo la valía de ceder sus aspiraciones a favor de Xiomara Castro, igual que cuando ella lo hizo a su favor para las elecciones generales de 2017 y que JOH ganó con fraude. Un primer aporte fue la motivación de los votantes y el manejo de las redes sociales, en cuanto a propuestas y respuesta rápida frente a los ataques del partido de gobierno. A ello se suman, Doris Gutiérrez, dirigente del PINU-SD, que cuenta con una gran aceptación en el electorado por su trabajo limpio y transparente desde el Congreso Nacional. Es de destacar el trabajo de Milton Benítez, el “perro amarillo”, con su batalla final que desmontó toda una estrategia mediática del partido nacional en contra de Xiomara Castro.

Esta estrategia empezó por acusar a la candidata de estar a favor del aborto, pagándose espacios noticiosos en prensa tarifada, complementado con acusaciones de Comunista y de tener vínculos directos con Venezuela y Nicaragua, igual de ser el partido LIBRE un miembro activo del Foro de Sao Paulo donde se involucran también las FARC colombianas. Para ello se trajo a Honduras al ex presidente Andrés Pastrana de Colombia que despotricó contra LIBRE, Mel Zelaya y Doña Xiomara, teniendo él, como se sabe, techo de tierra.

Los jóvenes fueron también un actor fundamental para el triunfo. Votaron masivamente, y seguían exigiendo ejercer el sufragio cuando las urnas fueron cerradas por decreto, violentando el principal derecho ciudadano. Unos 30,000 votantes se quedaron haciendo fila y sin poder votar, por una disposición arbitraria que permite extender el tiempo de la votación solo si todos los miembros de las mesas receptoras están de acuerdo, lo que resulta imposible ya que el partido de gobierno se opuso de entrada, aun cuando gran parte de las urnas se abrieron tarde. En las redes, los jóvenes fueron el principal frente de defensa de la candidata de LIBRE, innovando y proponiendo nuevas formas de hacer política incluyente. En esta lucha, Marcio Silva, uno de los líderes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y Gerardo Torres, dirigente del Instituto de Formación Política de LIBRE, se llevan los aplausos.

Xiomara Castro, a pocos días de ser juramentada como la primer mujer presidenta de Honduras y postulada por un partido con propuestas progresistas, habla de ir a una democracia directa, participativa, con un involucramiento masivo de actores locales (alcaldes, diputados, organizaciones de sociedad civil, gremiales, grupos de mujeres) y de la cooperación externa, para que a través de un diálogo amplio conformar las bases de una nueva forma de gobierno. Hay que eliminar la corrupción, la impunidad, ZEDEs y la pobreza, lo que supondrá reformas y derogaciones de leyes confiscatorias y violadoras de derechos humanos y promotoras de la impunidad; lo que debe hacerse en los primeros meses de gobierno.

En esta transición política pactada, un primer escollo a sortear es la elección de la junta directiva del Congreso de la República, donde LIBRE y el partido Salvador de Honduras no pudieron alcanzar en conjunto el numero de diputados requeridos para tener la mayoría simple y elegir al presidente del Congreso. Se habla de un pacto entre los dirigentes de ambos partidos para que este cargo sea asumido por un diputado del partido Salvador de Honduras. No obstante, hay manifestaciones de diputados de LIBRE para exigir que la presidencia de dicho poder del Estado sea asumida por uno de sus diputados, caso de Jorge Calix, uno de los más votados, en contraposición a la designación de Luis Redondo por el partido Salvador de Honduras. Se habla incluso de un tercero, que puede ser de LIBRE ya que tiene la bancada más grande.

Lo importante es que el elegido apoye la agenda política y propuesta de gobierno de la presidenta electa, sobre todo en temas como la corrupción, ZEDEs, relaciones internacionales (léase relaciones diplomáticas con China, narcotráfico, migraciones, cambio climático y ayuda para el desarrollo), derechos humanos, Constituyente y nuevo modelo económico, más participativo y justo, sin componendas con lados oscuros de los partidos nacional y liberal ni con grupos de poder que controlan la prensa tarifada. Este compromiso debe ser acompañado con la consulta popular permanente, un mecanismo vulgarizado por el gobierno de JOH e invisibilizado por el Congreso anterior, pero que permite darles mayor contenido a las reformas estructurales a ejecutarse.

El pueblo hondureño salió a votar contra el miedo y por una transformación del país, por lo que un gobierno de unidad nacional será fundamental. La propuesta de gobierno de Xiomara Castro es amplia, incluyente, participativa y equitativa, por lo que es un buen inicio para gobernar con y para el pueblo.