“Dicen los economistas, que con el COVID-19, todos estamos fregados, menos la banca privada, los generadores eléctricos y las empresas en telecomunicaciones, negocios en bonanzas, que no quieren sacrificar sus rentabilidades, a pesar que se está hundiendo el barco”.

Oscar Lanza, ingeniero-escritor

La economía keynesiana enseña que cuando existe una contracción de demanda, el estímulo mayor debe venir por el lado del gasto en inversión pública. El problema que se enfrenta con la pandemia del Covid-19 es que sumado a la contracción de demanda es visible un problema de oferta, o sea de producción. En realidad, este es el problema central, ya que el producto social se contrae y, el existente, no encuentra materialización en el mercado, por lo que se evidencia una crisis de producción y también de realización.

En ambos casos, lo que hizo la pandemia Covid-19 fue agravarlos, ya que ni el nivel de inversión pública era el adecuada antes, ni la oferta interna de productos era suficiente para cubrir la demanda de consumo. Una receta es que, a través de recursos del gobierno (fiscales, préstamos, remesas), se puede cubrir la demanda poniendo dinero en el bolsillo de las personas cesanteadas o que enfrentan problemas de insuficiencia de ingresos para subsistir, pero es una solución temporal. En el caso de la oferta, la receta es apoyar la producción alimentaria, sobre todo de las unidades de producción campesina, y facilitar recursos para importar bienes y servicios que no se generen internamente o son insuficientes.

Los países latinoamericanos ya tenían montos asignados dentro de sus presupuestos para apoyar la producción y la demanda de consumo con inversión pública y créditos, pero los recursos resultaban insuficientes, ya que los gastos de inversión no se priorizaron correctamente, y una buena parte de estos recursos deberían destinarse al pago del servicio de la deuda externa; además, se evidencia un fuerte sacrificio fiscal para estimular la producción y empleo maquilador, turismo corporativo, agronegocios y las empresas generadoras de energía. En el caso de Honduras, esto es más que evidente, en tanto las exoneraciones fiscales se han ampliado, sin que se tenga un impacto visible en la reducción de las tasas de desempleo, subempleo y pobreza.

Al inicio de la pandemia, el Congreso Nacional había aprobado un presupuesto de 282 mil 405 millones de lempiras para 2020, superior en casi 8% al presupuesto de 2019; y autorizó destinar el 2%, unos 5,648.1 millones de lempiras, para atender la emergencia de la pandemia; lo que resultó insuficiente y se ejerció una presión adicional a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para que la reducción para reorientación del gasto alcanzará un máximo de 20%. El Congreso de la República a solicitud del Ejecutivo aprobó un nuevo decreto donde se autoriza a SEFIN para que realice los recortes que sean necesarios al presupuesto de 2020 y destinar los recursos a atender la emergencia generada por el Covid-19. Estas “disposiciones del decreto son de "estricto cumplimiento" para las empresas públicas no financieras, órganos constitucionales sin adscripción específica, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el sector público y privado que recibe transferencias que figuran en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos”.

De acuerdo a la Ministra de Finanzas, Roció Tábora, el recorte o reorientación del gasto presupuestario no afecta las prioridades de gasto como la atención sanitaria, reactivación económica y la estabilidad laboral de los empleados públicos, o sea gastos ya programados y aprobados inicialmente. Una de las principales justificaciones para este recorte, es la caída de los ingresos fiscales que, según la ministra, representan cerca del 22% en comparación con el año anterior, unos 388.2 millones de dólares (hasta mayo de 2020).

El Congreso Nacional autorizó también que el gobierno pueda endeudarse hasta por un monto de 2,500 millones de dólares, de los cuales se han gestionado 1,342.2 millones de dólares, un 53.6% del total, pero solo se han recibido desembolsos por un monto de 373.7 millones de dólares. (Declaraciones de la ministra Tábora: La Tribuna: 11/8/2020). Ello otorga un mayor margen a las instituciones de gobierno para evitar la “piñata” de fondos que se dio con la compra de hospitales móviles, mascarillas y vacunas, a través de INVEST-H, pero también para evaluar los niveles de endeudamiento público y los resultados obtenidos con el uso de los recursos.

Se ha cuestionado que la estabilidad laboral como gasto prioritario dentro de la pandemia no permite afectar (reducir) los altos sueldos y salarios de funcionarios públicos, muchos de los cuales están incluso por encima de la media regional. Las preguntas que se formulan son: ¿Por qué gana tanto la directora de Bahnprovi, el director de INVEST-H y los funcionarios del Banco Central? Igual, que el gobierno no se ha sacrificado como debiera, o sea eliminando de raíz varias comisiones interventoras, programas, proyectos e instituciones que duplican competencias, funciones e incluso salarios, y sus resultados no son los esperados por la cooperación internacional.

Pero, también, existen otros gastos intocables: el gasto militar y proyectos de inversión ejecutados por las Fuerzas Armadas; pago del servicio de la deuda externa que, a decir del Fondo Monetario Internacional (FMI), Honduras ha sido un alumno sobresaliente; el pago a las empresas generadoras de energía (térmicas y no térmicas), telecomunicaciones, y el gasto tributario, cuyo nivel no baja tal como se había previsto.

En teoría, los llamados gastos rígidos deben calcularse al interior de cada institución, correspondiendo a SEFIN la integración de estos cálculos en un anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos que el Ejecutivo presenta cada año al Congreso de la República. En la práctica ello no se respeta, ya que, en el caso particular de sueldos y salarios de empleados, la política es hacia la baja, independientemente que se necesiten, en tanto el compromiso del gobierno con el FMI es lograr una baja en la masa salarial. En sectores como salud, educación y agrícola, la reducción de los sueldos y salarios ha afectado la prestación de servicios a la población y una merma en la capacidad de atención por el Estado. La evidencia más visible es que todavía no se ha podido restituir la capacidad de atención en salud que se tenia antes del golpe de Estado, y más bien los servicios de salud se han deteriorado. Se espera que la pandemia Covid-19 ayude a sensibilizar a los técnicos del FMI para que no recomienden despedidos masivos de trabajadores de la salud, una vez que se alcance la “meseta” con el número de contagios y muertes.

Igual sucede con el gasto militar y su productividad. Las FFAA ha copado muchas de las competencias de instituciones publicas como la SAG, INA, ICF, ambiente, infraestructura, pero lo preocupante es que la productividad del gasto asignado es baja, sin que exista una institución pública capaz de evaluar este tipo de competencias concurrentes y la productividad e impacto de dicho gasto. Igual sucede con las exoneraciones fiscales, que deberían eliminarse post pandemia Covid-19 (2021) y los pagos lesivos a los generadores de energía. No es posible que se sigan destinando cada año más de 7 mil millones de lempiras para pagar a empresas generadoras de energía, las que fueron y siguen siendo beneficiadas con incentivos fiscales y comerciales; estos recursos provienen de préstamos y bonos soberanos, ya que la Empresa de Energía Eléctrica y la Empresa Energía Honduras (EEH) de capital colombiano, no han podido reducir las pérdidas de energía.

Este tema de la energía eléctrica e institucionalidad es preocupante, ya que una auditoria social coordinada por la Asociación para Sociedad Más Justa (ASJ) constató que las perdidas anuales de la ENEE aumentaron en 4 mil millones de lempiras después de entrar en vigencia el contrato con EEH, que debería dedicarse a reducir dichas perdidas y mejorar la gestión de cobros de la estatal eléctrica.

Los pagos por servicio de la deuda externa, más temprano que tarde, volverán insostenibles, por lo que debe diseñarse una estrategia para su renegociación o readecuación a mayor plazo; sin embargo, el freno es que Honduras ha gozado de recursos bajo condiciones excepcionales, por lo que tiene que enfrentar dichas obligaciones, sumado a la falta de cumplimiento de indicadores en el tema de la transparencia y corrupción.

El gobierno no ha hecho pública la propuesta de reprogramación del presupuesto de ingresos y egresos de la República 2020, sobre la base de la reprogramación física y financiera de los objetivos, metas y resultados de gestión de las instituciones públicas, tal como manda el decreto del Congreso Nacional. Pero, además, no ha invitado a los principales actores (incluyendo los partidos políticos), a la sociliazicon del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 que será presentado al Congreso de la República el mes de septiembre de 2020.

Esto es urgente, ya que el daño de jugar a las escondidas puede ser mucho mayor, que el que causa hacer visible dichas propuestas y recibir opiniones y comentarios de los actores. Ello ayudará también a programar y justificar el monto de los gastos rígidos, y los criterios técnicos para asignar los recursos públicos por sector, subsector, programa o proyecto. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (OCHEP) pide que se le proporcione una copia del documento de anteproyecto de presupuesto 2021, ya que considera que no hay tiempo para la socialización, pero las bancadas se pueden poner de acuerdo y llamar a los actores para escuchar las propuestas. Desde la sociedad civil, es necesario que participen FOSDEH, CESPAD, ICEFI, CNA, además de los colegios profesionales y la UNAH.

Tegucigalpa, DC, 12 de agosto de 2020