Corporaciones cada vez más grandes y poderosas. Nuevos (y cuestionados) transgénicos y más agrotóxicos. Organismos internacionales y la fundación del multimillonario Bill Gates. Es el resumen de la nueva etapa del agronegocio en Argentina, que incluye el desarrollo de carne sintética (de laboratorio) y políticas científicas al servicio de un modelo con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. A contramano de la soberanía alimentaria, el gobierno nacional ya dio el visto bueno a la profundización del modelo transgénico.

La historia se repite.

Felipe Solá era secretario de Agricultura cuando aprobó la soja transgénica de Monsanto. Firmó la resolución el 23 de marzo de 1996, en tiempo récord: sólo 81 días duró el trámite administrativo para autorizar la soja de Monsanto y provocar un cambio drástico al modelo agropecuario argentino.

Las consecuencias son bien conocidas: desmontes, desalojos masivos del campo (violencia incluida), fumigaciones con agrotóxicos y enfermedades, empobrecimiento de suelos, contaminación de cursos de agua, dependencia, concentración de tierras en pocas manos.

Veinticuatro años después, lejos de promover un cambio de modelo, corporaciones y funcionarios van por la profundización del modelo, ahora bajo un nombre técnico-cibernético-futurista: “AgTech”. Traducido al criollo sería algo así como “nuevas tecnologías para el agro”.

Formalmente está impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo “especializado en agricultura” del sistema interamericano, integrado por 34 países del continente. Su objetivo es “estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia”. Su lema es “sembrando hoy la agricultura del futuro”.

El nuevo plan para el agro argentino está plasmada en un documento de 60 páginas titulado “Agtech. El nuevo paquete tecnológico del sector agropecuario”, que desde su tapa muestra praderas verdes, sol brillante y drones fumigadores.

El documento hace un breve repaso del modelo transgénico y señala que fue exitoso en base al “paquete tecnológico” con cuatro ejes fundamentales: organismos genéticamente modificados (OGM --transgénicos--), uso intensivo de agroquímicos, siembra directa y máquinas de mayor porte.

Celebra que con ese modelo se logró aumentar la producción, pero reconoce que “aparecieron nuevos problemas, resistencias de malezas a los herbicidas, problemas ambientales, empobrecimiento de suelos, resistencias de enfermedades en animales a vacunas, reducción dramática de polinizadores por efecto de la deforestación”.

Lo que más les preocupa es que “estos problemas se traducen en mayores costos”.

Lejos de una autocrítica o indicio de cambio de modelo, desde IICA (junto a empresas y gobiernos) impulsan profundizar el agronegocio con el eufemismo de “soluciones tecnológicas” bajo el nombre de AgTech: “Un conjunto de emprendimientos que, usando diferentes combinaciones tecnológicas, se aprestan a transformar la forma en que funcionan las actividades agropecuarias”.

Se trata de tecnologías de sensores, mayor automatización de procesos, menos manos de obra, dispositivos de procesamiento de datos estadísticos, “herramientas de inteligencia artificial” y la creciente técnica transgénica llamada “Crispr”. Aseguran que con esas herramientas obtendrán mayor producción, reducción de costos y más rentabilidad. “Se podrán aumentar los rendimientos de cultivos globalmente en un 22 por ciento”, promete el IICA.

AgTech abarca desde soja, maíz y trigo hasta arroz, caña de azúcar, porotos e incluso árboles transgénicos. También incluye a la ganadería; modificación en los engordes a corral para aumentar los kilos de los animales en menor tiempo, nuevas técnicas de modificación genética y hasta la masividad de la producción de carne artificial o sintética (que ya se produce) bajo un discurso “verde”, que apunta al sector creciente de vegetarianos.

El propio informe anuncia que los primeros avances serán en Argentina y Brasil, los países con más hectáreas de transgénicos de la región.

Manipular genes

Un pilar fundamental de AgTech es una nueva técnica para cortar y pegar genes. Y así lograr cultivos (o animales) de laboratorio a medida del cliente. Desde soja resistente a más agrotóxicos hasta papas que no se oxidan (“ennegrecen”), caballos supuestamente más fuertes y vacas con más kilos. Y hasta prometen bebés de diseño, inmunes a enfermedades.

La técnica se llama Crips/Cas9 (“Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas”, por sus siglas en inglés) y aparece una docena de veces en el documento del IICA. Las empresas de biotecnología la publicitan como una solución mágica para “producir más” y mejorar razas. Los gobiernos (con Argentina y Brasil a la cabeza) impulsan la propuesta empresarial e incluso evaden las regulaciones con la que cuentan los transgénicos.

"Tarde o tempano será posible modificar la especie", tituló el diario La Nación en Argentina. "La edición de genes logra luchar contra las infecciones", destacó Clarín. El portar de noticias celebró: "La vaca argentina del futuro. Logran mejorar el ADN de los animales en una sola generación".

Los genes son unidades moleculares de los seres vivos que, en su interacción con el ambiente, inciden en las características de los organismos (también son unidades que se heredan, que pasan de padres a hijos).

Los artículos periodísticos difunden acríticamente la técnica de modificación de genes llamada “edición genética (o génica)”. Consiste en un conjunto de métodos y tecnologías que permiten realizar modificaciones en el genoma sin requerir la introducción de un gen foráneo. Con esta nueva tecnología se pueden eliminar genes, invertirlos, modificar su secuencia, silenciarlos o aumentar su expresión.

Una manera muy simple de explicar Crispr: se trata de una suerte de GPS con un par de tijeras. Crispr es un GPS que lleva a una parte específica del genoma, y Cas9 son las tijeras que cortan esos genes. La publicitan como una forma más precisa, barata y eficaz que los transgénicos anteriores, que permitiría resolver el hambre, las enfermedades y hasta “diseñar” seres humanos que resistirán enfermedades. Cuenta con una gran maniobra de propaganda mediática para no pasar por ninguna ley de bioseguridad y, al mismo tiempo, ocultar las críticas o dudas que implica la tecnología.

Con edición genética las empresas pueden producir cualquier tipo de transgénico, con resistencia a diversos y cuestionados agrotóxicos.

“Argentina es el primer país del mundo que tiene regulación para la edición génica”, solía ufanarse Martín Lema mientras era titular de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura. Lema, que tiene papers “científicos” firmados juntos a Bayer/Monsanto y Syngenta, es un camaleón político, pasa de un color a otro sin sonrojarse: fue funcionario del kirchnerismo y luego del macrismo. Siempre defensor de los intereses de las empresas transgénico, fue vital en la aprobación de decenas de transgénicos y en el avance de edición genética en Argentina.

Lema fue eyectado recientemente por Marcelo Eduardo Alos, secretario de Alimentos y Bioeconomía. Su reemplazo es otra militante transgénica, Dalia Lewi, proveniente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e integrante de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), la oficina que aprueba los transgénicos en base a estudios de las propias empresas. En la Dirección de Biotecnología permanece en su cargo la responsable de dar luz verde a la edición genética y mano derecha del saliente Lema, Agustina Whelan, licenciada en biotecnología de la Universidad de Quilmes.

Brasil siguió el mismo camino de Argentina. En 2018, mediante una polémica resolución normativa (RN 16) de la CTNbio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad), dio luz verde para la producción de semillas e insectos producidos mediante edición genética, sin ser considerados transgénicos.

Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos y miembro de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), explica que estas nuevas tecnologías moleculares alteran la estructura y funciones de la molécula viva, la forma en como estas se relacionan con su medio ambiente inmediato, trastocan los ciclos biológicos y evolutivos. “Hasta ahora no es técnicamente posible hacer ni un sólo cambio aislado en el genoma usando Crispr y que sea totalmente precisos y seguro. Crispr acaba generando en múltiples ocasiones modificaciones distintas a las deseadas, incorporando más ‘ruido genético, más alteraciones’”, afirma.

Bravo asegura que la mayoría de las funciones génicas están reguladas mediante redes bioquímicas altamente complejas que dependen de un gran número de factores que las condicionan, como la presencia de otros genes y sus variantes, las condiciones del medio, la edad del organismo e incluso el azar. Cuestiona que, ignorando estos hechos, los genetistas y biólogos moleculares han creado sistemas experimentales artificiales en los que las fuentes de variación ambientales o de otro tipo se ven minimizadas.

Millonarios y multinacionales

La organización Naturaleza de Derechos publicó una detallada investigación que da cuenta del vínculo entre AgTech en Argentina y los actores que hay detrás. “El socio menos pensado. El desembarco de Bill Gates en el sistema alimentario argentino”, en el título del trabajo, realizado por el abogado Fernando Cabaleiro.

Detalla que AgTech es una fiel copia de “AgOne”, una iniciativa de la fundación del creador de Microsoft, llamada "The Bill y Melinda Gates Agricultural Innovations LLC".

Cabaleiro retoma el escrito de la reconocida activista india Vandana Shiva (junto a Prerna Anilkumar y Urvee Ahluwalia) que analizaron el plan global de Bill Gates y el título resume todo: “La recolonización de la agricultura”.

“AgOne está siendo aclamada como una nueva organización sin fines de lucro para ‘llevar los avances científicos a los pequeños agricultores cuyos rendimientos están amenazados por los efectos del cambio climático’. El objetivo es ‘acelerar la desarrollo de innovaciones que son necesarias para mejorar la productividad de los cultivos y ayudar a los pequeños agricultores, la mayoría de los cuales son mujeres, a que se adapten al cambio climático’. Pura retórica para una emulación perfecta, el AgOne de Bill Gates, que en Argentina se llama AgTech. La Agricultura 4.0 que Gates quiere imponer en el mundo”, denuncia Cabaleiro.

La investigación de Naturaleza de Derechos precisa que el plan AgTech nace del acuerdo en 2018 firmado por el director general del IICA, Manuel Otero, y el presidente de Microsoft Latinoamérica, César Cernuda, bajo el título "alianza digital educativa para las Américas". Allí se citan todos los términos y propuestas que ahora figuran bajo el nombre de AgTech: digitalización completa de la agricultura, “internet de las cosas”, “big data” e “inteligencia artificial”, tecnologías de información, drones, sensores para el agro y agricultura de precisión, entre otros.

“AgTech, presentado de la mano de Manuel Otero del IICA, no es otra cosa que el AgOne que soñó, diseñó y construyó Bill Gates desde el filantrocapitalismo, desarrollando e invirtiendo en investigaciones y proyectos tecnológicos para ser aplicados sin evaluación de riesgos en el sistema agroalimentario y que no tienen otro fin que generar procesos de acumulación del capital, concentración económica, apropiación de recursos genéticos y dominación social”, afirma Cabaleiro y describe el modus operandi de Bill Gates: coaptar instituciones de carácter público para imponer su agenda en la agricultura de los países.

La investigación de Cabaleiro, que está disponible en internet, detalla otros actores que forman parte de AgTech: el multimillonario mexicano Carlos Slim (mediante la corporación Global Hitss), Bayer-Monsanto, Corteva (Dow, Dupont, Pionner) y Syngenta. Cabaleiro no tiene dudas: “Conforman la alianza más peligrosa para la agricultura y la soberanía alimentaria de cada país en América Latina y el Caribe”.

El propio informe del IICA, en su página 33, precisa en un gráfico el rol protagónico de esas empresas. Y suma a John Deere, Cargill, ADM, Land’O Lakes, MGV y a las argentinas Grupo Insud, Bagó y Bioceres.

Ciencia extractiva

La profundización del agronegocio impulsada por IICA y las corporaciones transgénicas le otorgan un rol protagónico al mundo académico. Muestro de ello es que el plan AgTech se presentó formalmente el 30 de junio bajo el título “el impacto científico tecnológico en el desarrollo del sector agropecuario”. Fue un evento de alta diplomacia regional, ya que además de IICA estuvo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Presentaron en detalle en qué consta AgTech. Hablaron, entre otros, el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el de Ciencia, Roberto Salvarezza, y el director de la Asociación Semilleros Argentinos (donde confluyen las grandes multinacionales transgénicas--), Alfredo Paseyro.

Basterra dio la bienvenida a lo planteado en AgTech, señaló que el Estado interviene para que las “innovaciones” lleguen a pequeños y medianos productores, y celebró la “articulación pública-privada” en emprendimientos de maquinaria y biotecnología.

Salvarezza destacó que el Ministerio de Ciencia está alineado para aportar al desarrollo del sector agropecuario, “uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país”.

Afirmó que entre los “grandes temas” sin dudas estará aportar al desarrollo de la biotecnología “con semillas propias”, y dio como ejemplo a seguir a la empresa Bioceres (donde participan los millonarios argentinos Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros), que en sociedad con la científica Raquel Chan (de la Universidad del Litoral y Conicet Santa Fe) desarrolló una soja y un trigo que resistirían “a la sequía y a la salinidad”.

También participó del evento Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, mano derecha de Salvarezza. Calificó como “excelente” las propuestas de AgTech y afirmó que “la ciencia y tecnología es crucial para el agro”. Hurtado, que suele mostrarse como progresista en público, fue un entusiasta aplaudidor de las políticas de Lino Barañao durante el kirchnerismo. Tomó distancia de él durante el macrismo y, junto con Salvarezza, fueron de los mayores críticos de la gestión en Ciencia durante el gobierno de Cambiemos. Pero su mayor cuestionamiento fue a la falta de presupuesto, no al modelo científico al servicio de las empresas, en el que coinciden con Barañao.

En su presentación online, Hurtado llamó a imitar a los países que “logran que los recursos naturales desencadenen efectos multiplicadores” y destacó de Argentina el desarrollo de semillas resistentes a la sequía (Bioceres-UNL-Conicet) y la edición genética.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) le marcó la cancha a los gobiernos: “La adopción de las AgTech es también un problema de políticas públicas, tanto para el sector de producción agropecuaria como para el de ciencia y tecnología. La función del Estado es la de facilitar la adopción del cambio tecnológico por parte de las empresas, muchas veces con énfasis en la vinculación con el sistema de ciencia y tecnología”.

El IICA llamó a “facilitar la vinculación” entre el sistema científico y tecnológico con los “emprendedores” (empresarios). Recomendó “regímenes especiales” para áreas agronómicas y de ciencias exactas. “En el caso de Argentina, también es clave alinear las expectativas de ambos sectores --científico y emprendedor-- para generar un lenguaje común donde convivan el mundo científico y la lógica capitalista”, instó el IICA.

Soberanías y democracias

La Vía Campesina es el movimiento internacional de campesinos y trabajadores rurales presente en setenta países. Fue la organización iniciadora del concepto de soberanía alimentaria como derecho de los pueblos a decidir las políticas agrarias y alimentarias. El paradigma fue presentado en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO). Y marcó un camino hacia un sistema agropecuario que prioriza a campesinos, indígenas y la autodeterminación de los pueblos por sobre el modelo que privilegia a las grandes empresas de insumos, transporte y comercialización. “Soberanía alimentaria es el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce”, resume la Vía Campesina. Implica un sistema que da prioridad a las economías locales, la producción sana, el comercio justo, semillas criollas, políticas públicas para los sectores populares del campo, redistribución de tierras, acceso y gestión de territorios en manos de campesinos.

El lunes 8 de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la expropiación de la cerealera Vicentín. Argumentó que el objetivo era contribuir a la “soberanía alimentaria”.

Abrió un debate en numerosos sectores políticos, empresarios, judiciales y también dentro de las organizaciones sociales, campesinas y de agricultura familiar. Algunos espacios apoyaron la medida de forma entusiasta, la “militaron”, y creyeron (creen) que en esa expropiación se puede debatir el modelo agropecuario. Otros sectores descreyeron que la medida pueda poner en cuestionamiento al agronegocio y repudiaron que se vincule y confunda una cerealera de exportación de commodities con la soberanía alimentaria, ese término y acción tan sentido por las organizaciones campesinas.

A más de un mes del anuncio, no se avanzó con la expropiación. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, del peronismo conservador, propuso una “salida negociada”. Hubo movilizaciones en “defensa de la propiedad privada”. Se ingresó en la burocracia judicial, la rosca política partidaria metió la cola y el resultado aún es incierto.

Algunas organizaciones socioambientales y campesinas siguen debatiendo en plataformas virtuales sobre la expropiación. Pero ya ningún funcionario de primera línea menciona el tema, no mencionan la palabra “expropiación” y mucho menos hablan de soberanía alimentaria.

El 8 de julio, en un acto por videoconferencia, Alberto Fernández mandó un mensaje claro: “El campo tienen mucho para dar en la Argentina que viene”. Y ponderó “el desarrollo tecnológico del sector”.

El 9 de julio, en el acto por el Día de la Independencia, el presidente Fernández brindó su discurso escoltado de los titulares de la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio, la CGT y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina. La entidad más conservadora del campo local.

La asambleas socioambientales acuñaron un término muy gráfico aprendido de la lucha: “A más extractivismo, menos democracia”.

Fernando Cabaleiro, en su investigación sobre Bill Gates en el agro argentino, explicita los abusos del modelo: “AgTech de IICA y AgOne de Bill Gates no van al Congreso Nacional. No habrá una ley nacional, ni debate real. Una mera resolución administrativa es suficiente para imponer un modelo de agricultura que puede condicionar nuestras libertades y la soberanía alimentaria por siempre. El régimen agroindustrial en la Argentina jamás fue escenario de un debate democrático”.

El modelo de agronegocio (y el extractivismo) impone avances tecnológicos que impacta en la salud, en la alimentación y en el vida de los pueblos. Políticas impuestas por grandes empresas, con la complicidad de gobiernos, científicos y medios de comunicación.

Artículo publicado en la revista MU de julio de 2020