En los últimos años, la respuesta represiva que muchos Estados han tenido ante las demandas hechas por estudiantes y docentes frente a las acciones coercitivas implementadas por los poderes ejecutivos, ha aumentado.

A esto, se suma además, la entrada en vigor de leyes, decretos, protocolos y reformas a la normativa penal, que en la práctica gubernamental funcionan como instrumentos para marginalizar a las posturas disidentes y desalentar el ejercicio de las libertades democráticas. Esto a pesar de ser contrario a las normativas regionales e internacionales que resguardan los Derechos Humanos.

Por ello, desde la CLADE toma relevancia el «Informe Regional sobre Criminalización y Violación a los Derechos Humanos»¹, dedicado a la situación del estudiantado en América Latina y el Caribe, quienes durante los últimos años, han tomado la vanguardia en la defensa y promoción del Derecho Humano a la Educación y de otros Derechos Humanos.

Sobran los ejemplos y los países en los que la represión policial, persecución y hostigamiento político, uso de armas letales, allanamientos, detenciones arbitrarias, judicializaciones carentes de garantías legales, entre otras, ha sido la respuesta de los Estados ante la movilización del estudiantado de Latinoamérica y el Caribe.

Chile

El sector estudiantil de Chile se ha destacado como uno de los más movilizados a nivel regional, destacándose entre estos momentos, el año 2001 con el mochilazo, año 2006 con el movimiento pingüinos, el 2011 con el reclamo del término de lucro en la educación y recientemente en 2019, cuando distintas organizaciones, tanto universitarias como secundaristas, llamaron a la movilización nacional en repudio a las decisiones tomadas por el ejecutivo que incidían de manera negativa en la comunidad educativa.

Paralelamente, se encuentra como el Estado persiste en ofrecer a la opinión mundial la imagen de un Chile como oasis de la democracia; estable, seguro; legitimando a su vez el actuar de las fuerzas de represión estatal con el discurso de protección al orden público, con el que desestima las demandas del estudiantado y la población civil que se une a las manifestaciones.

A partir del material recogido en las entrevistas en el caso de Chile, se desprende que existe una gran presencia de actores estatales que participan en los procesos de criminalización sobre el movimiento estudiantil. En esta línea, se puede distinguir al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo Poder Judicial y Carabineros.

Colombia

Aunque en los últimos años en Colombia destacan, por ejemplo, el caso de un estudiante asesinado en el marco de una manifestación universitaria en 2005 y más recientemente, en noviembre de 2019, el fallecimiento de otro estudiante como resultado del uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, lo cierto es que Colombia viene experimentando este tipo de represión desde mucho tiempo atrás, incluso después de la firma, en 2016, de los últimos acuerdos de paz, entre los que también se contempla la situación de defensoras y defensores de Derechos Humanos, en cuanto a la garantía de sus derechos, la prevención del riesgo y estrategias para garantizar su seguridad y protección integral.

De una audiencia celebrada ante la CIDH en 2019, datos de organizaciones de sociedad civil contabilizaban entre el 2010 y el primer semestre de 2019, al menos 3.434 amenazas contra personas defensoras de DDHH; desde agosto de 2018 hasta junio de 2019 se registraron al menos 632 amenazas y en 2019, el ACNUDH documentó 108 asesinatos de personas defensoras de Derechos.

Entre las demandas más expresadas por la comunidad educativa colombiana destaca: garantizar y aumentar los recursos que permitan al Estado entregar educación pública gratuita; la dignificación de la labor docente, con salarios y jornadas de trabajo justas; los centros educativos como territorios de paz y justicia social, exentos de todo tipo de violencias; la implementación de procesos de reparación postconflicto establecidos en los acuerdos de paz; el pleno respeto al derecho a la libertad de expresión y enseñanza, a la integridad física de estudiantes, docentes y demás actores de la comunidad educativa, así como su derecho a asociación y protesta social.

Honduras

Desde el año 2009, Honduras ha estado convulsionado socio–políticamente a raíz del golpe de Estado al entonces presidente Manuel Zelaya, año en el que el movimiento estudiantil arreció su movilización, al manifestarse contra los diversos gobiernos surgidos a partir de ese hecho, que han fomentado las políticas privatizadoras, la restricción democrática y la autonomía universitaria, aunque fue la jornada de manifestación del año 2015 que tuvo mayor repercusión internacional.

La última década de la historia moderna de Honduras se ha visto caracterizada por el significativo aumento de asesinatos, criminalización y persecución a estudiantes movilizados en el país. De acuerdo a datos proporcionados por el Observatorio Nacional de la Violencia, de enero de 2010 a mayo de 2018, han sido asesinados en contextos de protestas, huelgas, y violencia por parte de grupos armados, 1.522 estudiantes de todos los niveles educativos en Honduras.

Nicaragua

Para Nicaragua, el año 2018 quedó marcado para siempre en la historia cuando se experimentó un revuelo sociopolítico que tuvo repercusión a nivel internacional por la desmedida represión con la que respondió el Estado nicaragüense y su poder ejecutivo, a las manifestaciones lideradas por estudiantes que, además de mostrar su descontento, inicialmente por la desatención a la emergencia iniciada por un incendio forestal en una de las reservas naturales más importantes y seguido de las reformas a la ley de seguridad social, se cruzó con el descontento acumulado por la desmantelación de la democracia, sus instituciones, la participación ciudadana, el acceso la información pública, impunidad a actos de violencia y partidización de la educación y el acceso a otros derechos.

La desestimación de las demandas estudiantiles y sociedad civil, a través de alocuciones públicas por parte del actual presidente Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo, donde expresaban improperios exóticos como “grupos minúsculos, satánicos, vende patria, chupa sangres, terroristas, entre otros”, vino acompañada del hostigamiento y persecución político por medio de sus allegados, simpatizantes y policía nacional, torturas físicas y psicológicas, uso de armas letales, allanamientos, detenciones arbitrarias, judicialización inconstitucionales, cierre de espacios para la denuncia, asesinatos, secuestros y desapariciones. La CIDH informa de 325 personas que perdieron la vida, sin embargo, las cifras oficiales reconocen 195.

Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-Ipn) http://www.fedh-ipn.org/

Foro Dakar / Honduras http://forodakarhonduras.info/