El 1 de marzo, Ngozi Okonjo-Iweala asumió el cargo de Directora General de la Organización Mundial del Comercio. Es la primera mujer y la primera africana que ocupa el cargo de Directora General de la OMC. Se trata de logros notables que hay que destacar y celebrar. Al tener doble nacionalidad nigeriana y estadounidense, Okonjo-Iweala es también la primera estadounidense en ocupar este cargo.

En su discurso ante el Consejo General de la OMC inmediatamente después de asumir el cargo, Okonjo-Iweala expuso los numerosos retos a los que se enfrenta la OMC en el mundo post-pandémico y la necesidad de llevar a cabo las reformas necesarias para mantener la relevancia de la organización.

También hizo un llamamiento a los miembros para que abandonen el enfoque de siempre y cooperen para obtener resultados. "Tenemos que cambiar nuestro enfoque, pasando del debate y las rondas de preguntas a la obtención de resultados... Tenemos que ser más responsables ante las personas a las que hemos venido a servir: las mujeres y los hombres de a pie, nuestros hijos, que esperan que nuestro trabajo aquí para apoyar el SCM se traduzca en un cambio significativo en sus vidas, mejore su nivel de vida y cree puestos de trabajo decentes para los que buscan trabajo", dijo a los embajadores en la reunión del Consejo General.

Okonjo-Iweala dedicó una parte importante de su intervención en esta reunión a abordar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia del COVID-19. Aunque reconoció que el diálogo sobre la exención de los ADPIC para la vacuna y las terapias contra el COVID-19 se está "intensificando", propuso un enfoque de "caminar y masticar chicle" trabajando también con "las empresas para que abran y concedan licencias a centros de fabricación más viables ahora en los mercados emergentes y los países en desarrollo. Debemos conseguir que trabajen con nosotros en la transferencia de conocimientos y tecnología ahora". Señaló, además: "Pronto se celebrará una convención mundial de fabricación en la que podremos intentar establecer esta asociación. También espero que podamos iniciar un diálogo e intercambio de información entre nosotros y los representantes de las asociaciones de fabricantes de los países en desarrollo y desarrollados."

¿Es la "tercera vía" la mejor?

En un artículo de opinión publicado en el Financial Times (3 de marzo), Okonjo-Iweala reiteró la necesidad de intensificar la cooperación para garantizar un acceso equitativo y asequible a las vacunas, las terapias y los diagnósticos. En su artículo, ella hizo un llamamiento a los miembros de la OMC para que rechacen el nacionalismo y el proteccionismo en materia de vacunas y cooperen en la obtención de nuevos y prometedores tratamientos y vacunas.

En cuanto a la cuestión de la propiedad intelectual, declaró: "Debemos encontrar una "tercera vía" en materia de propiedad intelectual que preserve las normas multilaterales que fomentan la investigación y la innovación, a la vez que se promueven los acuerdos de licencia para ayudar a ampliar la fabricación de productos médicos". Algunas empresas farmacéuticas como AstraZeneca, Johnson & Johnson y el Instituto del Suero de la India ya lo están haciendo".

Aunque Okonjo-Iweala ha instado con razón a los miembros de la OMC a rechazar el nacionalismo vacunal y a cooperar en la obtención de nuevos tratamientos y vacunas, no es convincente su propuesta de una "tercera vía" en materia de DPI que amplíe el acceso a los tratamientos de COVID-19 mediante acuerdos de licencia en el marco de las normas multilaterales existentes.

La primera preocupación importante es que los acuerdos de licencia para ayudar a ampliar la fabricación de productos médicos son estrechos, secretos y de naturaleza voluntaria. Los acuerdos de licencia no están diseñados para hacer frente a una emergencia médica mundial causada por la pandemia de COVID-19.

Actualmente, hay más de 130 países pobres y en desarrollo que no han recibido ni una sola dosis de vacuna. En cambio, los países ricos se han asegurado más de la mitad del futuro suministro de vacunas contra el COVID-19. En muchos países pobres y en desarrollo, el plazo de vacunación puede prolongarse hasta 2023, dadas las grandes desigualdades de acceso a las vacunas a nivel mundial. Por lo tanto, los acuerdos de licencia y otros mecanismos similares no pueden ofrecer un acceso equitativo, asequible y oportuno a las vacunas y tratamientos de COVID-19 a escala mundial.

La segunda gran preocupación es que las normas multilaterales existentes sobre la propiedad intelectual obstaculizan la producción y distribución de la vacuna y los tratamientos de COVID-19 a nivel mundial, especialmente en el caso de los países pobres y en desarrollo. Las flexibilidades actuales del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las licencias obligatorias y las importaciones paralelas, están plagadas de procesos complejos y lentos y, por tanto, no son adecuadas para responder a tiempo a la actual crisis sanitaria mundial.

A menos que se eliminen las barreras tecnológicas y de propiedad intelectual, no podrá haber un acceso equitativo y universal a la vacuna COVID-19 y a los tratamientos por parte de los más necesitados. La suspensión de las normas de propiedad intelectual debe ser parte integral de una solución política global para garantizar el acceso equitativo y universal a las vacunas y tratamientos contra la COVID-19. Sin una respuesta global coordinada, el coronavirus no podrá ser controlado.

Dado el desajuste entre los intereses de las grandes empresas farmacéuticas y los de la salud pública, vale la pena preguntarse: ¿De quién son los intereses que se protegen bajo la rúbrica de la "tercera vía"?

Intencionadamente o no, es probable que la "tercera vía" de Okonjo-Iweala desvíe la atención o, lo que es peor, pueda socavar los esfuerzos que se están llevando a cabo en el Consejo de los ADPIC de la OMC en busca de una exención temporal de ciertas normas de propiedad intelectual que aumenten la capacidad de fabricación de vacunas y productos terapéuticos COVID-19 a nivel mundial.

La propuesta de exención de los ADPIC (TRIPS)

En octubre de 2020, la India y Sudáfrica presentaron conjuntamente una propuesta que buscaba una exención en la implementación, aplicación y cumplimiento de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual (APDIC) relacionados con el comercio (Secciones 1, 4, 5 y 7 de la Parte II) en relación con la prevención, contención o tratamiento de la COVID-19. La propuesta de exención permite a todos los países miembros de la OMC suspender cierta protección de la propiedad intelectual relacionada con la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19. Si se aprueba, la propuesta de exención de los ADPIC permitiría compartir la tecnología y los conocimientos técnicos, lo que permitiría a los países aumentar las vacunas y los tratamientos contra el COVID-19 sin temor a infringir los derechos de propiedad intelectual o a provocar represalias comerciales.

La propuesta de exención, que actualmente cuenta con el respaldo de más de dos tercios de los miembros de la OMC, sólo busca una exención limitada y temporal, sujeta a un mayor debate sobre su duración y alcance. La solicitud de exención se centra estrictamente en hacer frente a la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19. Nada más.

Las normas de la OMC permiten este tipo de exenciones en circunstancias excepcionales, como ahora, en medio de una pandemia. Sin embargo, la propuesta de exención se enfrenta a la dura oposición de una docena de países desarrollados (entre ellos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la UE) que están dispuestos a proteger los intereses comerciales de sus grandes empresas farmacéuticas. Dados los terribles costes humanos y económicos de COVID-19, algunos países proponentes están incluso dispuestos a compensar a las empresas farmacéuticas por las posibles pérdidas comerciales mediante la puesta en común de la financiación pública y la coordinación mundial.

Se espera que haya más debates sobre la propuesta de exención en la próxima reunión formal del Consejo de los ADPIC, prevista para los días 10 y 11 de marzo de 2021.

La vacuna del pueblo

Aunque las grandes empresas farmacéuticas insisten en que la protección de las patentes proporciona un incentivo económico para emprender investigaciones arriesgadas, no se puede pasar por alto el hecho de que los organismos gubernamentales, especialmente de los países desarrollados, han prometido más de 19.000 millones de dólares de dinero público a través de diversos medios para financiar las vacunas, terapias y diagnósticos de COVID-19 entre enero y septiembre de 2020, según los datos recopilados por Policy Cures Research. Por ejemplo, Moderna recibió casi 1.000 millones de dólares en subvenciones de investigación y 1.500 millones de dólares en financiación de suministros del gobierno estadounidense para su programa de desarrollo de la vacuna COVID-19. Como se muestra en la figura 1, las vacunas desarrolladas por Curevac, Novavax, Johnson & Johnson y AstraZeneca/Oxford University también recibieron una cantidad considerable de financiación pública.

Figura 1: ¿Quién ha financiado las vacunas COVID-19?

(Azul: gobierno. Amarrillo: sin fin de lucro. Rojo: privado).

Fuente: BBC.

No hace falta añadir que la investigación básica llevada a cabo por universidades, institutos y laboratorios financiados con fondos públicos también contribuyó al desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. En este contexto, es legítimo pedir a las grandes empresas farmacéuticas que utilizan dinero público para desarrollar las vacunas contra el COVID-19 que compartan su tecnología y sus conocimientos técnicos libres de patentes y otras barreras.

En resumen, las vacunas COVID-19 financiadas con fondos públicos deben tener un precio moderado y estar disponibles para todos los países, mientras que los gobiernos deben garantizar el acceso global y una capacidad de fabricación adecuada. Como primer paso para lograr estos loables objetivos, todos los miembros de la OMC deberían apoyar la propuesta de exención de los ADPIC para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y tratamientos contra la COVID-19 hasta que todo el mundo esté protegido. Al fin y al cabo, nadie está a salvo del COVID-19 hasta que todo el mundo esté a salvo.

La propuesta de exención constituye una excelente prueba de fuego para juzgar si los miembros de la OMC pueden estar a la altura de las circunstancias y anteponer las personas a los beneficios. Al persuadir a los países desarrollados más influyentes para que se unan a los debates sobre la propuesta de exención, Okonjo-Iweala podría demostrar al mundo que las vidas humanas importan más que los beneficios de las empresas farmacéuticas. ¿No es la mejor manera de comenzar su mandato como Directora General y de restaurar la credibilidad de la OMC?

March 5, 2021[1]

(Traducción: OBELA con Deep L. con permiso del autor)

Fuente original: Madhyam https://www.madhyam.org.in