«Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821. Por tanto, hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales».

OFRANEH

Con el Covid-19 y sus efectos negativos para la economía y sociedad en su conjunto, son pocas las voces que hablan de políticas activas lideradas por el Estado para redistribuir y legalizar activos productivos a favor de campesinos y comunidades étnicas. Las apuestas de mediano plazo mayoritarias están en volver a la situación inicial, o sea restituir los empleos perdidos, aunque sean de mala calidad. La palabra del día debe ser seguridad de tenencia y protección de la poca inversión directa que queda, y la que espera vendrá después de la vacunación.

En el caso de Honduras, hay una creencia generalizada entre la clase empresarial hondureña, que la única forma de aumentar la producción agrícola (alimentaria y de exportación), es manteniendo la estructura de tenencia de la tierra actual y las relaciones sociales de producción que de ella se derivan. La seguridad de tenencia de la tierra, aunque mucha inculta u ociosa, es la llave mágica para dinamizar la inversión nacional y extranjera y aumentar en forma sostenida la producción agroalimentaria, en la coyuntura actual de confinamiento y efectos negativos de los fenómenos naturales como ETA e IOTA.

No existe ninguna referencia a problemas de reconcentración de la propiedad y privatización de los servicios de apoyo a la producción generados por el ajuste estructural agrícola de 1992, cuyo marco jurídico-institucional, aunque desfasado, sigue todavía vigente, sin que exista una propuesta para su análisis, evaluación, reforma o derogación.  El principal instrumento es la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), que penaliza la reforma agraria y desvaloriza la institucionalidad pública creada para entregar no solo tierra productiva a los campesinos dispuestos a trabajarla, sino que crédito, asistencia técnica, capacitación e infraestructura de almacenamiento y comercialización.

Este marco jurídico institucional se ha venido reforzando con la aprobación de la ley de inversiones agrícolas después del huracán Mitch que permite la posesión de sobre techos agrarios y paraliza las acciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en materia de afectación y adjudicación de tierras por sobre techo. Igual, después del golpe de Estado (junio de 2009) con el programa de desarrollo agrícola que permite que los militares ejecuten en conjunto con organizaciones campesinas, proyectos agrícolas violando la Constitución de la República y las competencias públicas de Instituciones como INA, Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).

Con la emergencia del Covid-19, también el gobierno legisló en contra de los descamisados del agro nacional, al autorizar que las tierras fiscales, nacionales y ejidales no utilizadas se dediquen a la producción agrícola, mediante contratos de concesión otorgados por la SAG, y pagando los empresarios del agro un cannon de 100 lempiras (5 dólares) anuales por manzana a 20 años y posibilidades de renovación (PCM-041-2020).

Igual, entre las causas de la pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria y migración, los empresarios y algunos dirigentes de partidos políticos de oposición, todavía no están convencidos que se necesita la dotación de activos productivos a los campesinos, especialmente del recurso tierra para enfrentar estos flagelos. La tierra les sirve para producir alimentos y no morir de hambre, pero también como refugio contra la pobreza. Frente al aumento del costo del suelo agrícola en las aldeas y municipios, la tierra entregada por el Estado les permite también educar a los hijos e hijas, poder construir sus propias viviendas que servirán como escudo frente a problemas del desempleo y falta de ingresos.

El Estado hondureño prohíbe acciones de reforma agraria, o de recuperación de tierras ociosas para entregarlas a los campesinos, pero permite las concesiones de tierras y recursos naturales a empresas extranjeras cuyos beneficios visibles son empleos de mala calidad y pocas divisas de exportación cuando los precios de rubros como la palma africana y los minerales son favorables en los mercados internacionales. Esta política, que en realidad se traduce en una práctica corrupta y dañina para los territorios y poblaciones, se generalizó en el país a partir de golpe de Estado, sin que se visualicen propuestas de consenso para abolir todo el régimen jurídico, institucional y político que le dio soporte.

En el 224 aniversario de la presencia del pueblo Garífuna en Honduras, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), ha denunciado la militarización de sus comunidades y territorios, secuestro y asesinatos de lideres comunales y no cumplimiento de los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Son más de 30 años de política de contra reforma agraria en Honduras, que ha conducido a la reconcentración de la propiedad rural, aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria y migración masiva del campo a la ciudad y EEUU, donde mucha de la población se queda varada en Guatemala y México, después de haber perdido todo, siendo su activo más preciado la tierra.

Este un punto de agenda de la oposición política contra la dictadura o narcoestado, ya que se necesita un planteamiento alternativo de desarrollo que acompañe la lucha política. Por los momentos se habla de una alianza de los buenos contra los malos, o sea los honestos contra los corruptos y narcotraficantes. El problema es que no se sabe quién deberá liderarla, pero las cifras muestras que Xiomara Castro de Zelaya fue la candidata más votada con más de 400 mil votos, por encima de Luis Zelaya que obtuvo más de 230,000 votos. El ingeniero Salvador Nasralla no participó en las primarias, pero se autoproclama como líder de la alianza ya que es el principal abanderado de la lucha anticorrupción, teniendo mucha aceptación su candidatura en los círculos de Washington.

Los dirigentes de la oposición política deben estar claros que, en forma fragmentada, sin unificación total, será difícil vencer al partido de gobierno, que cuenta con los recursos necesarios para movilizar a sus votantes. En estas elecciones primarias el Consejo Nacional Electoral (CNE), registra que el partido de gobierno obtuvo más de 970 mil votos válidos, aunque se denuncia que las urnas fueron infladas y los resultados no reflejan ese caudal político, utilizado como instrumento de presión para las elecciones generales. Lo peor que puede pasar es que dirigentes de la oposición a la dictadura consideren que pueden ganar las generales en alianza con uno o dos candidatos, sin ver que se necesitan todos los votos posibles para ello, ya que no solo se busca la presidencia, sin las diputaciones y alcaldías.

Es urgente varias reuniones entre la dirigencia de Libertad y Refundación (LIBRE) y del Partido Salvador de Honduras, para definir las bases sobre las cuales se conformaría una alianza amplia y arrolladora. Es válido en ello, las consultas a los dirigentes populares y de organizaciones sociales, tal como los propuso Xiomara Castro de Zelaya, para valorar una candidatura a la presidencia integrada. Un problema visible es que, para el caso, el movimiento campesino se ha corrompido y la mayor parte de sus dirigentes se declaran seguidores del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) y su política de cercenamiento agrario, al grado de avalar la reconcentración de la propiedad y los proyectos extractivos; no así el movimiento ambientalista, que está en pie de lucha, pero que no cree en dirigentes políticos que han abandonado la lucha por la defensa de los territorios.

El movimiento obrero está divido y la mayoría de los dirigentes avalan entre bastidores la política económica y salarial del gobierno de JOH. Se necesita trabajar a sindicados y organizaciones de base y líderes, más que a los que han manejado las centrales obreras y se han constituido en componedores de las políticas de ajuste y desprotección social promovidas desde el Estado.

La estrategia será de doble impacto: mientras se avanza en la conformación de una alianza amplia, incorporando a todo el movimiento social organizado (incluyendo al movimiento estudiantil) o no, se prepara el proyecto de desarrollo alternativo al neoliberalismo, siendo el agro un espacio para reivindicar derechos económicos, sociales y culturales en forma rápida.

El gobierno de la República y organismos como el Banco Mundial y la USAID hablan de una inversión de más de 10,000 millones de lempiras en el agro nacional, con la ejecución de proyectos de competitividad rural, apoyo a la seguridad alimentaria y protección ambiental, sin embargo los beneficiarios son productores que tienen acceso a tierras y un buen historial con la banca, pero ignoran que más de 65% de los hombres y 80% de las mujeres no tienen acceso a tierra productiva, por tanto no son sujetos de crédito y asistencia técnica. Este es quizá una de las principales debilidades de la política agraria en Honduras, que promueve la exclusión e inequidad económica y social por decreto.

Si la mayoría de la gente del campo no tiene acceso a tierra productiva, los programas como Agro Crédito 5.0, un programa “estrella” de JOH para aumentar los votos del Partido Nacional en las elecciones generales, tendrán un impacto marginal. Hay que resolver el problema de acceso a tierras para los campesinos y campesinas, y definir una política pública de protección de los territorios y los bienes naturales ancestrales de las comunidades étnicas, por lo cual la Oposición Política a la Narco dictadura debe trabajar a doble turno.

Tegucigalpa, DC, 14 de abril de 2021

«Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821. Por tanto, hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales».

OFRANEH

Con el Covid-19 y sus efectos negativos para la economía y sociedad en su conjunto, son pocas las voces que hablan de políticas activas lideradas por el Estado para redistribuir y legalizar activos productivos a favor de campesinos y comunidades étnicas. Las apuestas de mediano plazo mayoritarias están en volver a la situación inicial, o sea restituir los empleos perdidos, aunque sean de mala calidad. La palabra del día debe ser seguridad de tenencia y protección de la poca inversión directa que queda, y la que espera vendrá después de la vacunación.

En el caso de Honduras, hay una creencia generalizada entre la clase empresarial hondureña, que la única forma de aumentar la producción agrícola (alimentaria y de exportación), es manteniendo la estructura de tenencia de la tierra actual y las relaciones sociales de producción que de ella se derivan. La seguridad de tenencia de la tierra, aunque mucha inculta u ociosa, es la llave mágica para dinamizar la inversión nacional y extranjera y aumentar en forma sostenida la producción agroalimentaria, en la coyuntura actual de confinamiento y efectos negativos de los fenómenos naturales como ETA e IOTA.

No existe ninguna referencia a problemas de reconcentración de la propiedad y privatización de los servicios de apoyo a la producción generados por el ajuste estructural agrícola de 1992, cuyo marco jurídico-institucional, aunque desfasado, sigue todavía vigente, sin que exista una propuesta para su análisis, evaluación, reforma o derogación.  El principal instrumento es la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), que penaliza la reforma agraria y desvaloriza la institucionalidad pública creada para entregar no solo tierra productiva a los campesinos dispuestos a trabajarla, sino que crédito, asistencia técnica, capacitación e infraestructura de almacenamiento y comercialización.

Este marco jurídico institucional se ha venido reforzando con la aprobación de la ley de inversiones agrícolas después del huracán Mitch que permite la posesión de sobre techos agrarios y paraliza las acciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en materia de afectación y adjudicación de tierras por sobre techo. Igual, después del golpe de Estado (junio de 2009) con el programa de desarrollo agrícola que permite que los militares ejecuten en conjunto con organizaciones campesinas, proyectos agrícolas violando la Constitución de la República y las competencias públicas de Instituciones como INA, Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).

Con la emergencia del Covid-19, también el gobierno legisló en contra de los descamisados del agro nacional, al autorizar que las tierras fiscales, nacionales y ejidales no utilizadas se dediquen a la producción agrícola, mediante contratos de concesión otorgados por la SAG, y pagando los empresarios del agro un cannon de 100 lempiras (5 dólares) anuales por manzana a 20 años y posibilidades de renovación (PCM-041-2020).

Igual, entre las causas de la pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria y migración, los empresarios y algunos dirigentes de partidos políticos de oposición, todavía no están convencidos que se necesita la dotación de activos productivos a los campesinos, especialmente del recurso tierra para enfrentar estos flagelos. La tierra les sirve para producir alimentos y no morir de hambre, pero también como refugio contra la pobreza. Frente al aumento del costo del suelo agrícola en las aldeas y municipios, la tierra entregada por el Estado les permite también educar a los hijos e hijas, poder construir sus propias viviendas que servirán como escudo frente a problemas del desempleo y falta de ingresos.

El Estado hondureño prohíbe acciones de reforma agraria, o de recuperación de tierras ociosas para entregarlas a los campesinos, pero permite las concesiones de tierras y recursos naturales a empresas extranjeras cuyos beneficios visibles son empleos de mala calidad y pocas divisas de exportación cuando los precios de rubros como la palma africana y los minerales son favorables en los mercados internacionales. Esta política, que en realidad se traduce en una práctica corrupta y dañina para los territorios y poblaciones, se generalizó en el país a partir de golpe de Estado, sin que se visualicen propuestas de consenso para abolir todo el régimen jurídico, institucional y político que le dio soporte.

En el 224 aniversario de la presencia del pueblo Garífuna en Honduras, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), ha denunciado la militarización de sus comunidades y territorios, secuestro y asesinatos de lideres comunales y no cumplimiento de los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Son más de 30 años de política de contra reforma agraria en Honduras, que ha conducido a la reconcentración de la propiedad rural, aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria y migración masiva del campo a la ciudad y EEUU, donde mucha de la población se queda varada en Guatemala y México, después de haber perdido todo, siendo su activo más preciado la tierra.

Este un punto de agenda de la oposición política contra la dictadura o narcoestado, ya que se necesita un planteamiento alternativo de desarrollo que acompañe la lucha política. Por los momentos se habla de una alianza de los buenos contra los malos, o sea los honestos contra los corruptos y narcotraficantes. El problema es que no se sabe quién deberá liderarla, pero las cifras muestras que Xiomara Castro de Zelaya fue la candidata más votada con más de 400 mil votos, por encima de Luis Zelaya que obtuvo más de 230,000 votos. El ingeniero Salvador Nasralla no participó en las primarias, pero se autoproclama como líder de la alianza ya que es el principal abanderado de la lucha anticorrupción, teniendo mucha aceptación su candidatura en los círculos de Washington.

Los dirigentes de la oposición política deben estar claros que, en forma fragmentada, sin unificación total, será difícil vencer al partido de gobierno, que cuenta con los recursos necesarios para movilizar a sus votantes. En estas elecciones primarias el Consejo Nacional Electoral (CNE), registra que el partido de gobierno obtuvo más de 970 mil votos válidos, aunque se denuncia que las urnas fueron infladas y los resultados no reflejan ese caudal político, utilizado como instrumento de presión para las elecciones generales. Lo peor que puede pasar es que dirigentes de la oposición a la dictadura consideren que pueden ganar las generales en alianza con uno o dos candidatos, sin ver que se necesitan todos los votos posibles para ello, ya que no solo se busca la presidencia, sin las diputaciones y alcaldías.

Es urgente varias reuniones entre la dirigencia de Libertad y Refundación (LIBRE) y del Partido Salvador de Honduras, para definir las bases sobre las cuales se conformaría una alianza amplia y arrolladora. Es válido en ello, las consultas a los dirigentes populares y de organizaciones sociales, tal como los propuso Xiomara Castro de Zelaya, para valorar una candidatura a la presidencia integrada. Un problema visible es que, para el caso, el movimiento campesino se ha corrompido y la mayor parte de sus dirigentes se declaran seguidores del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) y su política de cercenamiento agrario, al grado de avalar la reconcentración de la propiedad y los proyectos extractivos; no así el movimiento ambientalista, que está en pie de lucha, pero que no cree en dirigentes políticos que han abandonado la lucha por la defensa de los territorios.

El movimiento obrero está divido y la mayoría de los dirigentes avalan entre bastidores la política económica y salarial del gobierno de JOH. Se necesita trabajar a sindicados y organizaciones de base y líderes, más que a los que han manejado las centrales obreras y se han constituido en componedores de las políticas de ajuste y desprotección social promovidas desde el Estado.

La estrategia será de doble impacto: mientras se avanza en la conformación de una alianza amplia, incorporando a todo el movimiento social organizado (incluyendo al movimiento estudiantil) o no, se prepara el proyecto de desarrollo alternativo al neoliberalismo, siendo el agro un espacio para reivindicar derechos económicos, sociales y culturales en forma rápida.

El gobierno de la República y organismos como el Banco Mundial y la USAID hablan de una inversión de más de 10,000 millones de lempiras en el agro nacional, con la ejecución de proyectos de competitividad rural, apoyo a la seguridad alimentaria y protección ambiental, sin embargo los beneficiarios son productores que tienen acceso a tierras y un buen historial con la banca, pero ignoran que más de 65% de los hombres y 80% de las mujeres no tienen acceso a tierra productiva, por tanto no son sujetos de crédito y asistencia técnica. Este es quizá una de las principales debilidades de la política agraria en Honduras, que promueve la exclusión e inequidad económica y social por decreto.

Si la mayoría de la gente del campo no tiene acceso a tierra productiva, los programas como Agro Crédito 5.0, un programa “estrella” de JOH para aumentar los votos del Partido Nacional en las elecciones generales, tendrán un impacto marginal. Hay que resolver el problema de acceso a tierras para los campesinos y campesinas, y definir una política pública de protección de los territorios y los bienes naturales ancestrales de las comunidades étnicas, por lo cual la Oposición Política a la Narco dictadura debe trabajar a doble turno.

Tegucigalpa, DC, 14 de abril de 2021