“El FMI le ha dado un gran espaldarazo a Honduras y nos dijeron que durante toda la Administración hemos hecho las cosas bien y nos han dicho que nos van a dar 700 millones de dólares para inversión en obras sociales”.

 Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras

La ortodoxia neoliberal habla de reducir gastos públicos e impuestos a los grupos de personas más ricas y empresas grandes rentables para que inviertan más, igual privatizar los bienes y servicios públicos por la ineficiencia y corrupción de los gobiernos. No importa sin son gobiernos autoritarios, corruptos y violadores sistemáticos de derechos humanos, lo que importa es que se cumpla el decálogo de la estabilización económica, requisito “fundamental” para el crecimiento del PIB sostenido según los neoliberales, monetaristas bastardos y keynesianos arrepentidos.

Con el Covid-19, esta ortodoxia, al menos en el discurso, está por cambiar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado aumentar los impuestos a los ricos y grandes empresas para financiar los costos de la pandemia, especialmente aquellos que escapan a los recursos públicos internos (generados por los gobiernos) y de endeudamiento externo. El aumento de los déficits fiscales no debe ser una preocupación de corto plazo, igual la deuda, donde los gobiernos deben construir una nueva arquitectura de la misma (¿al estilo de Ecuador y Argentina?), en conjunto con el organismo y los acreedores privados, que permita visualizar y “honrar” el compromiso de pago.  Interesa el mediano y largo plazo, en cuanto al financiamiento de los sistemas de salud y servicios de protección social, sumado a la educación e infraestructura económica y social, sin una respuesta rápida y sostenida del aparato productivo. Se ocupan tasas de crecimiento del PIB mayores a las observadas en la década previa al Covid-19, pero las apuestas siguen siendo a favor de un crecimiento positivo por debajo de 4% anual como promedio regional.

Esta recomendación fue sugerida por Thomas Piketty, que considera la política monetaria expansiva liderada por los bancos centrales como insuficiente para cerrar la brecha de menor recaudación, necesitando de impuestos a las capas más ricas de la población, como un medio para cerrar brechas financieras a futuro. Esta recomendación es válida para países como Inglaterra, Francia y EEUU, pero también para países latinoamericanos, donde se justifica gravar la gran propiedad rural, activos financieros, servicios tecnológicos, empresas farmacéuticas y rentas patrimoniales de las personas.

Para el caso de Honduras, y gran parte de los países latinoamericanos que siguen ejecutando programas de ajuste económico con la asesoría del FMI, esta recomendación parece que está muy lejos de concretarse. En primer lugar, son gobiernos débiles, sin legitimidad y respaldo visible de la población, manteniéndose en el poder por medio de la fuerza. En segundo lugar, son gobiernos que responden al interés de grupos de poder internos que no están dispuestos a renunciar a su parte del pastel, exigiendo medidas de alivio, baja de impuestos, mayores recursos de crédito y flexibilidad en los mercados cambiarios y del trabajo, para enfrentar la caída de la producción y merma de ingresos por el Covid-19. Y, en tercer lugar, son gobiernos que todavía tienen espacio para contratar más deuda, o están dispuestos a negociar la existente bajo condiciones no muy favorables para la población.

El gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) ha sido un buen alumno del FMI, si las respuestas del examen se reducen a baja inflación, PIB positivo, bajo déficit fiscal, tipo de cambio flexible y acumulación de reservas monetarias. La oposición política liderada por Xiomara Castro de Libertad y Refundación (LIBRE) y Salvador Nasralla del partido “Salvador de Honduras”, no se explican cómo el autoritarismo, la falta de legitimidad, ineficiencia, corrupción y narcotráfico vayan de la mano con una economía sana y estable, que es lo que encuentran funcionarios del FMI en Honduras. Es más, no se explican por qué estos funcionarios aplauden al gobierno de JOH cuando penaliza la inversión pública y gasto productivo con impacto negativo en la pobreza, inseguridad alimentaria, desempleo e informalidad “precaria” y deterioro ambiental.

Las cifras en 2019, antes de la pandemia, mostraban una tasa de crecimiento del PIB de 2.7%, baja inflación de 4.08% y déficit fiscal de -4.5% /PIB, presentadas como grandes logros en materia de estabilización y crecimiento económico. Pero, también, era evidente la crisis financiera de empresas públicas como la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), el déficit comercial en las cuentas externas y la caída de la producción agrícola, no digamos la persistencia de la pobreza, aumento de la inseguridad alimentaria y crisis ambiental.  Pareciera que el FMI es fiel a la tradicional separación de lo monetario con lo real, bajo el argumento que unas finanzas “sanas” se convierten en el mejor instrumento para aumentar la inversión, los empleos y reducir la pobreza, sin valorar los problemas de estructura económica y política.

La pregunta de dirigentes políticos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) como Jorge Calix, uno de los candidatos a diputados más votados en las elecciones primarias, es de qué sirven estas cifras fiscales y aumento raquítico del PIB, si no benefician al pueblo. La preocupación es válida, ya que, en gobiernos como el de JOH, una estabilización económica de este tipo avalada por el FMI puede ser engañosa, ya que no ayuda a resolver los problemas del sector real y, por otro lado, es un aliciente para la corrupción y otras “yerbas”.

Este tipo de estabilización económica condicionada al cumplimiento de metas de corto plazo por encima de los objetivos de desarrollo, garantiza el acceso a recursos por el gobierno de la banca multilateral, igualmente de la banca privada y la colocación de bonos soberanos. Estos recursos, entre otras cosas, sirven para cerrar la brecha financiera de la ENEE anual y garantizar los fondos de compensación social, pero también para ejecutar proyectos de desarrollo productivo y social. Hay fuertes denuncias de corrupción por el mal manejo de fondos con la ejecución de los proyectos, sin que el FMI, al menos no hay evidencia pública de ello, se pronuncie e incida en las decisiones de otros organismos para un mejor uso de los mismos.

Recién el FMI acaba de concluir la cuarta revisión de las cifras del programa Stand By suscrito con el gobierno de Honduras en 2019, y de nuevo, tal como sucedió antes, se tendrá acceso a recursos financieros, unos 250 millones de dólares (Más del 100% de lo que estimaba inicialmente). El gobierno de la República a través del Ministro de Finanzas, Marco Midence, habla de una negociación exitosa con el equipo técnico del FMI en cuanto al reconocimiento por la disciplina del país para mantener baja la inflación y hacer un uso eficiente de los recursos para enfrentar la pandemia, siendo transparentes en la gestión pública en una situación de crisis muy compleja. Y es aquí donde el FMI, debería prestar mayor atención acerca del destino y uso de los recursos de préstamos, ya que puede suceder que estos sean desviados al bolsillo de funcionarios públicos y políticos, sin que pase nada, tal como se ha denunciado en el caso “Pandora”, donde se involucra directamente a un Secretario de Estado y políticos.

Para el próximo mes de junio se espera que el Directorio del FMI apruebe estos recursos y nuevas condiciones; sin embargo, la reforma del sector eléctrico que lleva más de 7 años, y la crisis financiera de la ENEE, cuyo déficit financiero acumulado a enero de 2021 es mayor a los 62,400 millones de lempiras y las pérdidas de energía total superiores al 32%, no se han resuelto. Todo parece indicar que la receta para 2021 será mayor endeudamiento vía bonos soberanos “caros, ya que los funcionarios de gobierno y el propio JOH no esperan que el FMI salga con que incumplieron las metas en el tema eléctrico y, por tanto, hay que negociar con el nuevo gobierno.

Los dirigentes de la oposición política y candidatos a la presidencia por los partidos LIBRE y Salvador de Honduras no aceptan que el FMI y demás OFIs, sigan otorgando recursos al gobierno de JOH a pocos meses de terminar su periodo, ya que no avalarán dichas acciones una vez en el poder. En tal sentido, lo procedente, es que el FMI debe esperar a que el nuevo gobierno tome posesión para negociar, al menos que sus funcionarios en Washington consideren que JOH gobernará incluso después de 2021, pero entre bastidores.

En 2020, la caída del PIB de -9%, un aumento del desequilibrio fiscal de -7% (por la caída de los ingresos tributarios), el aumento de la deuda externa arriba del 60%/PIB  y la pobreza extrema arriba de 40% de la población (para citar algunos indicadores), ameritan no solo la vigencia de una propuesta de desarrollo alternativo al modelo vigente (más allá de la reconstrucción nacional por decreto), sino un nuevo espacio de interlocución entre las nuevas autoridades del gobierno y los OFIs, especialmente con el FMI.