El proceso electoral peruano alimentó muchas esperanzas en permitir superar la crisis política e institucional del país. Pero una vez conocidos los resultados, en muchos casos prevaleció el desconcierto o el desasosiego, y no fueron pocos los que sintieron que la segunda vuelta les imponía escoger entre dos opciones que no les entusiasman. Es una situación que impone enormes desafíos para las organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser redes, asociaciones u ONGs, y en especial aquellas vinculadas a pueblos originarios y campesinos.

Es que en esta situación se mezclan dinámicas más profundas y a lo largo de mayores escalas de tiempo, con la coyuntura electoral actual. Es en estas últimas que se insertan urgencias tales como si las organizaciones ciudadanas deberían apoyar o no a un candidato, o si deberían o no incidir en sus equipos técnicos. Es posible compartir algunas reflexiones en ese marco y rescatar experiencias de los países vecinos, enmarcadas en el papel de una sociedad civil autónoma. Por esa razón son, en cierta medida, lecturas a contracorriente, buscando salir de los eslogan simplistas.

Elegir bajo la desconfianza y el desinterés

Es necesario tener presente las particularidades del contexto peruano, donde en las recientes elecciones en realidad todos perdieron. Pedro Castillo obtuvo solamente el 20 % de los votos, Keiko Fujimori el 13 %, y los dos candidatos siguientes estuvieron en el orden del 11 %. La opción más representada fue el ausentismo (30% de los habilitados a votar no lo hicieron), y los votos nulos y en blanco (esos votos suman un 18.6 %).

Estamos ante una desconfianza, desinterés y hasta el rechazo de enormes mayorías por todo el elenco político partidario y sus organizaciones. Más que votos a favor de unos y otros, unos 10 millones de habilitados a votar, casi la mitad del electorado, rechazó todas las opciones o no sintió interés por ningún candidato. Esta erosión alarmante de la confianza y participación en los mecanismos y estructuras de la democracia, aunque conocida, no ha dejado de acentuarse.

Al mismo tiempo, entre los votantes, las preferencias están marcadamente volcadas a la derecha del abanico político. En efecto, si se suman los votos en ese extremo, más de cinco millones de personas votaron al conjunto de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País (casi el 37 % de los votos presidenciales válidos), y si a éstos se les agregan otros partidos que obtuvieron menor respaldo, podría argumentarse que casi la mitad de los votantes se ubica en la derecha partidaria. Esa proporción es similar a lo que ocurrió en la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, cuando Jair Bolsonaro obtuvo el 46% de los votos.

A su vez, ese escoramiento hacia la derecha, hace que las opciones que dentro de Perú se interpretan como “izquierda”, en otros países serían parte del centro o del centro izquierda. En efecto, muchos de los cambios que proponen Juntos por el Perú (con Verónika Mendoza) y el Frente Amplio (con Marco Arana), corresponderían a un “centro” político de amplia aceptación en países como Argentina, Brasil o Uruguay.

Estas condiciones imponen unos enormes desafíos para las organizaciones de la sociedad civil. Es que discutir desde las estrategias de desarrollo hasta la efectividad de los derechos humanos, requiere de una política que funcione. Las alternativas no se lograrán si prevalece ese desinterés. Si bien, ese problema es conocido, por momentos parecería que muchas organizaciones de la sociedad civil no lo asumen, y responden con acciones que pueden ser útiles en la coyuntura pero agravan esa desconfianza en el mediano plazo. Asimismo, apostar por uno u otro candidato no implica solucionar esos problemas de fondo.

Abordar muchos de esos problemas no es sencillo por el radicalismo que imponen, por ejemplo, varios medios de comunicación. Es que al contrario de lo que repite la prensa convencional, el radicalismo no está en la izquierda ni en sus propuestas de cambio, sino en el dogmatismo conservador. Eso se alimenta con una prensa ultraconservadora, donde uno de sus ejemplos más llamativos es Aldo Mariátegui, con dichos caricaturescos como decir que Castillos es “comunismo, dummies!”, porque es más “rojo” que Diosdado Cabello o Evo Morales. Es un lenguaje que ya casi nadie use en otros países, no sólo por la superficialidad sino porque ese intento de asustar al electorado carece de efecto.

Desarrollo y extractivismos

Otra cara de esa prevalencia conservadora está en la adhesión a las estrategias de desarrollo convencionales. Una reciente encuesta del IEP muestra que el “modelo económico” debe mantenerse con “algunos” cambios para el 58% de los consultados, y sólo un 33% reclama modificaciones totales. Incluso entre los que se autoubican en la “izquierda”, el 52% responde que se debe mantener el modelo pero con cambios, y el 41% demanda un cambio total. Eso explica la adhesión a estrategias de desarrollo extractivistas a pesar de sus impactos.

Por lo tanto se vuelve muy difícil explorar alternativas a esa economía convencional, y ello se agrava por las condiciones de despolitización ya indicadas. Antes que rechazar alguna alternativa, lo que está sucediendo es que se anula la posibilidad misma de pensar opciones de cambio. De ese modo, la democracia se reduce a un mero ejercicio de una votación ocasional.

Esto es muy visible en el escenario electoral, ya que los dos candidatos desean seguir siendo extractivistas aunque lo organizarían de distinto modo. Castillo plantea un extractivismo estatista, y coloca como ejemplos a Ecuador y Bolivia. Fujimori defiende el conocido extractivismo empresarial transnacionalizado, aunque ahora le suma una propuesta de distribución directa de parte del canon minero, lo que es claramente demagógico. Al mismo tiempo, Perú Libre defiende un “extractivismo sostenible y responsable”, lo que es una contradicción en sí misma, ya que ninguna variedad de extractivismo minero o petrolero puede ser sostenible en tanto depende de recursos no renovables.

Algunos de los temas que deberían discutirse ni siquiera son abordados. Se habla mucho de la propiedad, pero en la constitución peruana recursos como los minerales o hidrocarburos ya son patrimonio nacional. En cambio, no se aborda la problemática de los accesos, donde es que ocurren los mayores problemas en la actualidad, debido a la proliferación de contratos de explotación y comercialización con empresas extranjeras.

Tampoco pasa desapercibido que Perú Libre sostiene en su programa que se debe luchar “contra el ecologismo oenegero o el medioambientalismo fundamentalista”. Esta postura, y su léxico despectivo hacia el ambientalismo, fue típico del progresismo en Ecuador y Bolivia, indicando que los defensores del ambiente en Perú enfrentarían condiciones todavía más duras que las actuales.

Las lecciones vecinas

Aunque en el debate electoral las referencias a los países vecinos son frecuentes, su uso es apenas propagandístico en la mayor parte de los casos (tales como asustar con una chavización de Perú). Es justamente en ese nicho donde las organizaciones ciudadanas podrían brindar informaciones y reflexiones, aprovechando, entre otras cosas, los vínculos solidarios en los países vecinos.

A su vez, por momentos se esquiva un importante debate en marcha a escala continental en el seno de la izquierda en sentido general. Polemizan por un lado los defensores de los progresismos, y del otro, los promotores de lo que podría llamarse una “nueva” izquierda. Los primeros defienden el progresismo tal como fue aplicado por Rafael Correa, Lula da Silva o Evo Morales. Los segundos son un grupo más laxo, que defiende una renovación de la izquierda en un sentido democrático, intercultural, feminista, ambientalista y decolonial. Allí se ubican grupos del feminismo crítico, organizaciones en derechos humanos, el ambientalismo que demanda el postextractivismo, y varias organizaciones indígenas.

El caso de Ecuador es ilustrativo de esos enfrentamientos. Los progresismos estuvieron representados por el candidato Andrés Arauz, con el apoyo de Rafael Correa, logrando el triunfo en la primera vuelta; la otra postura era la del partido indígena Pachakutik, con Yaku Pérez, quienes quedaron en tercer lugar. Así como en Perú ahora se reclama un voto útil, en las elecciones ecuatorianas el progresismo también lo pedía para evitar el triunfo de la derecha conservadora. Para muchos era algo así como elegir entre el “menos malo”, tal como ahora en Perú. Esto exige una particular atención en Perú porque las decisiones en uno u otro sentido afectarán las posibilidades de maduración de una izquierda de un nuevo tipo, la cual tiene vínculos más estrechos y agendas más próximas de las de los pueblos indígenas.

El papel de las organizaciones ciudadanas

¿Votar al mejor o votar al menos malo? expresa una interrogante propia de la urgencia. Para muchas organizaciones ciudadanas es posible que esa pregunta no sea la más apropiada, ya que más allá de la campaña electoral y de las sensaciones de sorpresa o desaliento, la cuestión previa es determinar cual es el lugar de esos grupos ante la política. Es que cuando se llega a una disyuntiva de votar al menos malo o votar para evitar que otro triunfe, quedan en evidencia serios problemas de fondo en la dinámica de la política partidaria, que no se resolverán con el mero ejercicio del voto en una elección. Eso no resuelve cuestiones como la desconfianza con los partidos ni con las instituciones estatales. Es más, optando por uno u otro candidato, puede contribuir a mantener esos problemas.

En cambio, es entre las organizaciones de la sociedad civil donde pueden encontrarse las que actuarían a ese nivel más profundo, por ejemplo para revertir la desconfianza. A la vez, esos grupos han sido más efectivos cuando se mantuvieron independientes de los partidos políticos, y se pueden citar varios casos que lo corroboran. Basta mirar a Colombia, afectada por una severa convulsión social, en la cual las redes ciudadanas son el contrapeso más efectivo para denunciar las violaciones de los derechos por el gobierno conservador de Iván Duque.

Se debe sopesar continuamente si los vínculos esenciales están con las demandas ciudadanas, por ejemplo comunidades campesinas o indígenas, con un proyecto político partidario con el que sinceramente se comulga, o bien con la necesidad de bloquear una opción partidaria que es rechazada. Una reacción a estas opciones sería responder que el papel de las organizaciones ciudadanas siempre es político, y sin duda que eso es correcto. Pero mi punto está en que el ejercicio de la política en la sociedad civil es distinto al de una organización partidaria. Asimismo, el rol de una organización es también diferente al individual; nada impide que, por ejemplo, un integrante de una ONG participe de sus posicionamientos independientes pero además sea militante de algún partido político.

Las escalas de tiempo también son diferentes. Superar la desconfianza política llevará su tiempo, y no se resolverá en una elección (incluso, un proceso electoral puede agravar esa situación cuando prevalece la demagogia). Además, como se adelantó antes, los destinatarios privilegiados de ese esfuerzo están sobre todo en comunidades locales.

Recordemos que el concepto de “alternativa” no sólo implica ofrecer más de una opción para escoger, sino que además conlleva asegurar la capacidad para poder elegir. Nada de esto se acota al momento electoral, sino que obliga a una agenda de las organizaciones ciudadanas que atiende a la elección pero lo haga en un proceso de más largo plazo, más allá del día de la votación. Una democracia vigorosa necesita de esos aportes, críticas y alertas desde organizaciones ciudadanas independientes de los vaivenes partidarios.

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). El presente texto resume algunas de las ideas elaboradas en la revisión “¿Votar al menos malo? Reflexiones a contracorriente sobre política, desarrollo y las organizaciones ciudadanas en Perú”, publicada en los Documentos de Trabajo en Política y Democracia de CLAES, que se puede descargar desde www.democraciasur.com