La sociedad civil haitiana, a través de sus diversas voces y manifestaciones públicas, es unánime en su diagnóstico del drama haitiano contemporáneo. En su mayor parte, esta tragedia se caracteriza por el deterioro acelerado de las condiciones de vida de la población, el deterioro de la situación de seguridad en el país y el aumento de los secuestros y extorsiones perpetrados por bandas armadas consideradas cercanas o instrumentalizadas por el Ejecutivo neoduvalierista del Partido Haitiano Tèt Kale, el PHTK de extrema derecha de Martelly/Lamothe/Moïse/KPlim/Jouthe/Joseph. El miedo y la ansiedad se están reinstalando en las familias haitianas como en los días de Papa Doc Duvalier a la luz de asesinatos selectivos, desapariciones y pogromos ejecutados impunemente en los barrios de clase trabajadora. Esta tragedia también se caracteriza por el declive de las instituciones del Estado, la decapitación y el debilitamiento del sistema judicial, el despilfarro de los recursos financieros del Estado, la gangsterización de la gobernanza del Estado instituida por el dictador François Duvalier y que se ha exacerbado desde el dominio nepotista de los reyes del PHTK sobre el Ejecutivo tras las elecciones fraudulentas de los últimos diez años, así como por el doble juego de la ONU y la OEA en apoyo del neoduvalierista PHTK. ¿En qué consiste este doble juego? ¿Cómo sirve de apoyo apenas disimulado de lo internacional al “golpe de Estado constitucional”, recientemente mencionado por el jurista haitiano Patrick Pierre-Louis, miembro del consejo del Colegio de abogados de Puerto Príncipe?

El diagnóstico de las organizaciones de la sociedad civil haitiana está en consonancia con la experiencia cotidiana de la población de todo el país y los haitianos de todas las categorías sociales tienen un gran conocimiento de ello. Es retransmitido constantemente por la prensa haitiana a pesar de las agresiones sufridas por muchos periodistas. Se muestra en particular a través de las valientes posiciones adoptadas por la Federación de Detenciones de Haití, las de los sindicatos, las asociaciones de juristas, las organizaciones de derechos humanos, las iglesias protestantes y católicas, etc. Estas posiciones han ganado en intensidad desde que el PHTK, a través de su “secretario oficial”, el expresidente Jovenel Moïse, apoyado abiertamente por el Grupo central, la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y la OEA, se comprometió a votar ilegalmente por referéndum, el 27 de junio de 2021, una “Constitución” destructora de la libertad y poco unitaria de inspiración tontonmakout escrita en secreto por una pequeña hermandad de cortesanos elegidos por su lealtad al Neo-Duvalierista PHTK. Y, transmitiendo el diagnóstico de la sociedad civil haitiana, la periodista Lemoine Bonneau, de Le Nouvelliste, en un valiente editorial fechado el 20 de mayo de 2021 y titulado “¿Cuál será la vida de la Constitución de Jovenel Moïse?”, recuerda con razón dos hechos obvios: por un lado, “Al hacer arreglos para la creación del Comité Asesor Independiente para la redacción de la nueva constitución, Jovenel Moïse sabía muy bien que iba a enfrentar la resistencia de todos los estratos de la población”. Por otro lado, “Ya sea el sector empresarial privado, las confesiones religiosas, las organizaciones de mujeres, los partidos políticos, los sindicatos de todo tipo, las organizaciones campesinas, las organizaciones juveniles y otras asociaciones socio-profesionales, hasta el momento no hay ninguna entidad representativa de la sociedad que se afirme al asumir la causa de este referéndum programado para el 27 de junio [de 2021] por el presidente Jovenel Moïse.”

Esta caracterización justa y objetiva de la oposición de la mayoría de los haitianos al borrador ilegal de Jovenel Moïse de una nueva “Constitución” también fue analizada y puesta en contexto por Luckson Daréus, abogado del Colegio de Abogados de Gonaïves, en un artículo publicado en el National el 28 de abril de 2021 y titulado “2011 - 2021: PHTK, diez años de mal gobierno”. El abogado plantea con claridad que “Joseph Michel Martelly fue el error de no cometerlo, Jovenel Moïse fue el límite para no cruzar en su cuenta de Twitter a un ciudadano comprometido”. Esta pequeña frase por sí sola resume el desastre socioeconómico y político y el descenso al infierno en el que Haití [fue] sumido durante la década 2011 - 2021, causado por un “gabinete” de gobiernos “PHTKist” compuesto por corruptos torcidos, bandidos/gángsters e incompetentes. Y, en cuanto al proyecto de referéndum para la adopción de una nueva “Constitución”  PHTKist, la Unidad Nacional de Reflexión y Acción (Cran), en un estudio realizado conjuntamente con la Comisión Episcopal Nacional (Católica Romana) Justicia y Paz (Ce-Jilap), consideran que “Este proyecto debilita la lucha contra la impunidad en lugar de fortalecerla, advierten Cran y Ce-Jilap, al tiempo que subrayan cómo la situación actual, marcada por un clima de terror, violencia estatal y proliferación de bandas armadas, no se presta en modo alguno a la celebración de un referéndum, prohibido por la Constitución, ni a la organización de elecciones, la Cran y la Ce-Jilap deploran la ausencia de democracia y libertad ciudadana, en el borrador de la nueva Constitución de Jovenel Moïse”, AlterPresse, 5 de mayo de 2021.

Las reflexiones, análisis, posiciones y opiniones emitidas por varias instituciones de la sociedad civil haitiana, por juristas y constitucionalistas están en concordancia con las de los mejores analistas extranjeros, entre ellos el politólogo belga Frédéric Thomas, conocido por el rigor de sus estudios y autor, entre otros, de “Haití: la comunidad internacional contra la corriente” publicado en el boletín CETRI (Universidad Lovaina-la-Nueva, 9 de febrero de 2021), “Las dos raíces de la ira haitiana” https://www.cetri.be/Les-deux-racines-de-la-colere (CETRI, 30 de enero de 2020) y “Haití: reiniciando la revolución” (CADTM internacional, 30 de marzo de 2021). En este estudio, el autor recuerda que “En 1985, el Banco Mundial estimó que diecinueve familias tenían casi todos los derechos de importación sobre los principales productos consumidos en Haití. Otras veinte tenían licencias para otros 92 productos importados”. Y en cuanto a la configuración social de las relaciones económicas dominantes en el país, Frédéric Thomas apunta al papel de los oligarcas que, históricamente, siempre se han encontrado del lado del poder político: “El poder – tanto económico como político – de toda la clase dominante en Haití es una función de esta estructura de un mercado concentrado y dependiente. Su riqueza no proviene de la producción en sí misma, ni del procesamiento de materias primas, sino de su virtual monopolio sobre las importaciones y exportaciones. Ejerce tal dominio que apenas se molesta en gobernar, salvo en hacer negocios. Además de económicamente, está totalmente orientada hacia el mercado internacional –especialmente el estadounidense –, culturalmente, ha adoptado los hábitos y costumbres de la clase empresarial transnacional y, políticamente, depende mucho más de Washington que de la soberanía popular”. Esta configuración de las relaciones socioeconómicas en Haití, a la que volveremos un poco más adelante en este artículo, se encuentra en el contexto de la reciente “Resolución" del Parlamento Europeo sobre la situación haitiana”.

De hecho, muchas de las ideas clave del diagnóstico de las organizaciones de la sociedad civil haitiana se encuentran en la “Resolución del Parlamento Europeo de 20 de mayo de 2021 sobre la situación en Haití (2021/2694-RSP)”.   Esta Resolución, en el párrafo F, difiere significativamente del doble juego de la OEA y la ONU en Haití, particularmente con respecto al referéndum inconstitucional del PHTK/Jovenel Moïse: “(...) el 6 de mayo de 2021, la Unión [Europea] anunció que no financiaría la organización del referéndum previsto para el 27 de junio de 2021 en Haití y que no enviaría observadores para supervisar su progreso, al considerar que el proceso era insuficientemente transparente y democrático en un país duramente golpeado por la inseguridad y la inestabilidad política”. En el mismo documento, en el apartado E, el Parlamento Europeo recuerda en estos términos la oposición del pueblo haitiano al proyecto inconstitucional e ilegal del PHTK/Jovenel Moïse: “considerando que, el 5 de enero de 2021, el presidente Moïse decretó que se celebraría un referéndum constitucional el 27 de junio de 2021 y que recientemente confirmó su decisión a pesar de las protestas tanto en el país como en la comunidad internacional; que la reforma constitucional propuesta concentraría aún más los poderes ejecutivos; que el artículo 284.3 de la Constitución de Haití dispone que ‘toda consulta popular encaminada a enmendar la Constitución mediante referéndum está estrictamente prohibida’; que, desde entonces, miles de haitianos han tomado las calles para protestar contra el referéndum”, la Resolución del Parlamento Europeo afirma inequívocamente que esta institución transnacional se niega a respaldar la estafa constitucional del neoduvalierista PHTK. En esto, se une a una de las principales demandas de la sociedad civil haitiana y rompe con las puestas en escena del equilibrista de gran parte de los miembros del Grupo Central, y se distancia del doble juego de la OEA y la ONU en Haití en el tema haitiano.

El doble juego de la OEA y la ONU en Haití

En la situación actual, ¿qué es este doble juego ampliamente percibido como tal por la mayoría de la población haitiana? La respuesta a esta pregunta fundamental la dan varios artículos recientes de la prensa haitiana que han puesto de relieve las aparentes contradicciones señaladas en las sucesivas declaraciones de la OEA y la ONU: a veces “apoyan” el borrador de la nueva “Constitución” de la PHTK/Jovenel Moïse, a veces “sugieren” (de hecho, dictan) “condiciones”, reiteran demandas piadosas de “transparencia” e “inclusión” de actores políticos abiertamente reacios, y llaman al “diálogo” entre el ejecutivo neo-makout de la PHTK – cuyos verdaderos objetivos políticos desconocen – y los órganos de la oposición sin abstenerse de cuestionar a la sociedad civil organizada, la cual se mantiene a pie firme contra la estafa inconstitucional de los neo-duvalieristas. Para las Naciones Unidas y la OEA, se trata de proporcionar a los “beneficiarios” del sistema de gobernanza basado en la “renta política y financiera” y la corrupción, así como a los principales financistas de parte del sector privado haitiano, la garantía de que podrán, gracias a la cartomancia de las llamadas elecciones “democráticas” y “transparentes”, seguir elaborando jugosos “negocios” de acuerdo con los parámetros de la división internacional del trabajo (Haití es el mayor exportador de mano de obra no calificada de todo el Caribe) y de acuerdo con las reglas de las altas finanzas internacionales.

Por lo tanto, el doble juego de la OEA y la ONU en Haití sirve tanto a los intereses políticos como financieros – se trata de preservar los poderosos monopolios de parte del sector privado haitiano, de avalar y garantizar  la “renta político-financiera” a los capos gobernantes del PHTK en nombre de la “estabilidad política” –, en un contexto de la virtual imposibilidad de resolver, excluyendo a la mayoría de la población, una crisis de la sociedad multisectorial cuyas raíces se han encontrado en las estructuras sociales desiguales del país durante dos siglos. Y está comprobado que el carácter altamente desigual de estas estructuras sociales se agravó durante la dictadura de François Duvalier y que se consolidó en el hueco de los poderes populistas que han ocupado las cumbres del Ejecutivo desde la promulgación de la Constitución de 1987, incluso durante el período sulfuroso de las OP (“organizaciones populares” de base) de la era Laval que, armadas y financiadas de manera secreta, contribuyeron al fortalecimiento de la criminalización del poder estatal durante la segunda presidencia de Aristide. Varios analistas creen, en el curso de sus investigaciones, que las violentas pandillas involucradas en la generalización de la inseguridad hoy en Haití incluyen restos armados de estas OP, ex policías corrompidos también al frente del narcotráfico, cuasi milicianos del lumpen proletariado y más o menos vinculados a varios oligarcas del sector empresarial privado cercanos a la PHTK, así como núcleos de grupos paramilitares patrocinados e instrumentalizados por parlamentarios de diversas lealtades.

Esta configuración del narco-estado haitiano, que en realidad es la de un “Estado fallido”, es perfectamente conocida por la OEA y la ONU, y la estafa inconstitucional del PHTK/Jovenel Moïse que apoyan debe entenderse en este entrelazamiento histórico, sobre todo porque el “hiperpresidencialismo” de la esencia duvalierista que avalan – en nombre de la “normalización  institucional” y la “renovación democrática” propugnada por la ONU –, es un rival para el proyecto constitucional del PHTK de perpetuar la “renta político-financiera” de los actuales titulares del poder y sus garantizar la impunidad.

El doble juego de la OEA quedó ilustrado recientemente con el envío de un “globo de ensayo” de la OEA bajo la pluma de un exfuncionario de esta institución en Haití, Ricardo Seitenfus, autor de un artículo publicado en Le Nouvelliste del 30 de abril de 2021 bajo el título “Debate constitucional, la propuesta de Ricardo Seitenfus”.   Analizamos este “globo de ensayo” de la OEA en nuestro artículo publicado en Le National el 4 de mayo de 2021, “El ‘referéndum de opción múltiple’ de Ricardo Seitenfus al lado del proyecto de ‘Constitución’ neo-duvalierista de la PHTK en Haití”, texto en el que destacamos un intento de “póker mentiroso” tóxico que la OEA, como un equilibrista de alta altura, ha tratado de transmitir a la población haitiana bajo la apariencia de una “alternativa” muy improbable al bloqueo institucional creado y mantenido por los capos del PHTK en los últimos diez años.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), en busca de una credibilidad que no tiene con la población haitiana, se expresó en un comunicado fechado el 15 de junio de 2020 titulado “Reforma constitucional - Una oportunidad para revivir el país”. En este texto, expresó su “neutralidad” en Haití con una ingenuidad fingida: “Si bien BINUH no tiene vocación de reemplazar a las instituciones nacionales en la interpretación de la Constitución, sin embargo considera que, en un régimen democrático, las elecciones representan la única forma de alternar el poder y que los mandatos resultantes deben ser respetados por todos los actores de la sociedad”. E ignorando el artificio de su “neutralidad” en el mismo texto, apoya el proyecto de “Constitución” del neo-duvalierista PHTK en términos inequívocos: “A pesar de sus efectos nocivos en toda la vida nacional, la crisis actual ofrece al país una oportunidad única para iniciar un círculo virtuoso mediante la reconstrucción de cimientos sólidos y duraderos y el ataque a uno de los nudos gordianos que obstaculizan la marcha hacia adelante del país. Una reforma constitucional profunda permitiría remediar las deficiencias del actual sistema de gobernanza y crear condiciones más propicias para la estabilidad institucional, la buena gobernanza y el respeto del Estado de Derecho”. En el mismo comunicado, fechado el 15 de junio de 2020, BINUH, liderado por la oscura Helen La Lime, obviamente está jugando al doble juego y en varias mesas al optar por ignorar sin reparos las protestas masivas de la sociedad civil haitiana que se enfrentan a la estafa inconstitucional del PHTK /Jovenel Moïse.

Así, al tiempo que garantiza el poder en lugar del apoyo logístico, técnico y financiero (cuyo monto aún no se ha revelado) al proceso del pseudo referéndum, aboga en estos términos por un “consenso mínimo” entre el cártel mafioso del expresidente Jovenel Moïse y una sociedad civil que no reconoce ninguna legitimidad política y constitucional: “A pesar de los esfuerzos que se están haciendo, el camino hacia la normalización institucional y la renovación democrática parece estar plagado de escollos e incertidumbres. Un consenso mínimo entre los diversos actores políticos podría contribuir al éxito del proceso de reforma constitucional”. Una vez más, el mal uso semántico es parte del doble juego de BINUH en Haití cuando utiliza la expresión “proceso de reforma constitucional” a pesar de que sabe que el PHTK no ha emprendido una reforma, sino más bien un proceso de cambio constitucional al que afirma haber asignado un presupuesto de 40 millones de dólares, aparte de la opinión legal del Tribunal Superior de Cuentas y el control normativo del Parlamento.

Los aspectos políticos y jurídicos del “golpe de Estado constitucional” del PHTK contra el Estado de Derecho en Haití

En relación con el doble juego de la OEA y la ONU y en el contexto de las posiciones públicas adoptadas por la Federación de Colegios de Abogados de Haití (Le National, 2 de febrero de 2021), asociaciones de juristas, sindicatos, constitucionalistas, las Iglesias protestante y católica y muchas organizaciones de derechos humanos en Haití contra la estafa inconstitucional del PHTK /Jovenel Moïse, es necesario mantener el análisis reciente y muy esclarecedor del proyecto de nueva “Constitución” llevado a cabo por el abogado Patrick Pierre-Louis. Este análisis queda registrado en la comunicación del Lic. Patrick Pierre-Louis, miembro del consejo del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, en Hotel Montana, en Pétion-Ville, el 21 de abril de2021. Publicada en Le Nouvelliste el 14 de mayo de 2021, bajo el título “¿Dijiste: ‘Colapso’ del orden constitucional existente?”, esta comunicación explora con toda claridad lo que el abogado llama rigurosamente “El golpe de Estado permanente” o “el fraude continuo a la voluntad general”. Después de haber repasado “La cuestión del colapso del orden constitucional existente”, y luego “El colapso del orden constitucional existente en cuestión”, ejemplifica lo que denomina la “Crónica del proceso de neutralización de la Constitución: la fabricación del colapso constitucional” que analiza de la siguiente manera: “El proyecto de refundición del orden constitucional iniciado por el Ejecutivo, lejos de ser una creación ex nihilo, se da como culminación de una serie de desviaciones, desviaciones, elusión, en definitiva, violaciones deliberadas de la norma suprema. Por lo tanto, es necesario, en esta etapa de nuestro análisis, comprender claramente las etapas fundamentales del proceso de invalidación gradual de las instituciones y mecanismos políticos previstos en la Constitución [de 1987].

En vista de la sucesión de actos políticos llevados a cabo en fraude a la Constitución [de 1987], parece que se ha concebido, planificado y planificado una conspiración para provocar una crisis constitucional artificial. Cualquier crisis de esta naturaleza generalmente crea una situación de anomia, es decir, un vacío legal que es el lecho de prácticas arbitrarias”. Tal “conspiración”, según el análisis del Lic. Patrick Pierre-Louis, está inscrita en los propios términos del proyecto de “Constitución” del neo-duvalierista PHTK (versión de enero de 2021) ya que, “En primer lugar, el Ejecutivo buscó, fuera de los procedimientos constitucionales, hacer funcionar el régimen político de acuerdo con modalidades radicalmente diferentes. En realidad, y sin mayoría parlamentaria, el sistema político mixto, de calidad democrática, instituido por la Constitución [de 1987], se ha transformado en un sistema político presidencialista basado en la abolición de la separación de poderes en favor del Presidente. Se trata de un golpe de Estado, no para forzar un cambio de gobernantes, sino para garantizar el mantenimiento y la renovación del poder vigente. Así es como debemos entender no solo la liquidación de las instituciones de control sino también el control sobre todo el proceso electoral”. Y de manera correlacionada, el abogado precisa de la siguiente manera su pensamiento: “En segundo lugar y yendo más allá, el Ejecutivo ha iniciado el inicio de un golpe de Estado constitucional. En este sentido, el decreto por el que se crea la comisión para la redacción de la Constitución, que pretende consagrar el colapso del orden constitucional legítimo, no es sólo una falta, un acto inválido y un ataque a la supremacía de la norma constitucional. Manifiesta la voluntad del Jefe de Estado de transformarse, contrariamente a la legalidad constitucional, en un poder constituyente original.

El análisis relevante del jurista Patrick Pierre-Louis permite situar mejor el doble juego de la ONU y la OEA en apoyo del neo-duvalierista PHTK en el expediente constitucional: promover la “democracia” a través de la adopción fraudulenta de una nueva “Constitución”, mediante las llamadas elecciones “libres” y “transparentes” pero sin cuestionar el sistema político-mafioso del PHTK en la realización de estas aventuras políticas capaces de hipotecar fuertemente el futuro mismo de la nación haitiana. La miopía voluntaria de la ONU y la OEA, su negativa a escuchar las múltiples y constantes demandas ciudadanas de la sociedad civil haitiana formuladas públicamente en los últimos años, se articulan efectiva y rigurosamente en el “golpe de Estado constitucional” de la PHTK contra el Estado de Derecho en Haití destacado por el abogado Patrick Pierre-Louis. Éste ejemplifica los mecanismos programados de este “golpe de Estado constitucional” en el propio mecanismo de gobierno del neo-duvalierista PHTK: “Es en primer lugar por el incumplimiento de los plazos electorales que el Ejecutivo se ha desviado de sus obligaciones constitucionales durante los últimos diez años. Más concretamente, las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, las dos terceras partes del Senado y las autoridades locales no se celebraron dentro del mandato del gobierno actual, incluso después de que hubiera sido necesaria una transición para la celebración de las elecciones presidenciales.

El desprecio a la temporalidad constitucional ha llevado así al Ejecutivo a concederse, en toda ilegitimidad e ilegalidad, el ejercicio de exorbitantes poderes del Estado. La consecuencia última de las graves violaciones de sus obligaciones constitucionales por parte de las autoridades fue la disfunción del Parlamento, cuyos miembros suspendieron su mandato tras una lectura arbitraria por parte del Ejecutivo, que se apropió del poder de decisión en las disputas electorales. El corolario de esta medida fue el establecimiento del Jefe de Estado como legislador absoluto mediante la absorción de la función normativa del Parlamento. Una vez destituido el Parlamento, se despejó el terreno para la adopción de multitud de decretos con excesiva rapidez en la ilegalidad. A fin de eliminar cualquier contrapeso, las instituciones de revisión judicial se han reducido, de hecho, a su expresión más simple”.

Pero esto es precisamente lo que la OEA y la ONU están tratando de encubrir y trivializar con su doble juego en Haití: el hecho de que el “empleado oficial” del PHTK neo-húngaro, el ex presidente Jovenel Moïse, mientras se aferra ilegalmente al poder, se ha convertido en un “legislador absoluto al absorber la función normativa del Parlamento”. Al ponerse del lado de apoyar el proyecto de una nueva “Constitución”, la OEA y la ONU hacen de Jovenel Moïse un interlocutor legítimo y creíble, el único capaz, según ellos, de llevar a cabo elecciones “libres” y “transparentes”, a pesar de que la población, en su casi mayoría, no lo reconoce como poseedor de tales virtudes democráticas. Desde el mismo movimiento, estas dos instituciones transnacionales otorgan de facto reconocimiento y legitimidad al sistema político-mafioso de la PHTK del cual Jovenel Moïse no es más que el “secretario oficial” instalado, mediante decretos inconstitucionales, en el papel de “legislador absoluto”. Claramente inspirado por el falangismo del dictador François Duvalier, Jovenel Moïse ya funciona como un “hiperpresidente”, monarca legislando y gobernando por medio de decretos inconstitucionales e ilegales, “legislador absoluto”  fuera de cualquier control parlamentario, jefe de una nueva policía política, la ANI, que reporta sólo al “hiperpresidente” – y sería ingenuo creer que la OEA y la ONU no son conscientes de la existencia de tal mecanismo de gobernanza que el PHTK neo-húngaro pretende consagrar con la adopción de su “Constitución” unánimemente denunciada por la sociedad civil haitiana.

Si bien la OEA y la ONU afirman querer acompañar a Haití en el camino virtuoso de la “democracia”, se colocan por encima de las instituciones haitianas al pretender ignorar el informe del Tribunal Superior de Cuentas de Haití (2019 – 2020) que implicó a Jovenel Moïse en un caso de malversación de fondos y fraude que involucra fondos del programa PetroCaribe (ver el artículo de Radio Canadá del 31 de mayo de 2019, “El presidente haitiano acusado de malversación”; véase también el artículo “La caja de Pandora de la corrupción se abre en Haití, el presidente cuestionado” (TVA news, Montreal, 31 de mayo de 2019). Una vez más, el doble juego de la OEA y la ONU les permite hacer de Jovenel Moïse un interlocutor legítimo y creíble al trivializar o desestimar el caso de una institución nacional haitiana, el Tribunal Superior de Cuentas, en favor de una especie de santo Evangelio de cartomántico predicando elecciones “libres” y “transparentes”, así como una “profunda reforma constitucional [que] permitiría remediar las deficiencias del actual sistema de gobierno” en palabras del BINUH. El “legislador absoluto”, hay que recordar, reaccionó violentamente a la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas de Haití: “Por decreto, el Presidente de la República acaba de reducir drásticamente los poderes del Tribunal Superior de Cuentas. Fue esta institución la que estableció que todos los sucesivos gobiernos en Haití entre 2008 y 2016 fueron muy mal administrados y a veces incluso se apropiaron indebidamente de los casi dos mil millones de dólares del fondo PetroCaribe.

El propio Jovenel Moïse había sido indexado por la auditoría del Tribunal Superior por haber estado en el centro de un ‘esquema de malversación de fondos’ antes de asumir el cargo” (Amélie Baron, “Haiti: President Jovenel Moïse muzzles the Court of Auditors”, Radio France Internationale, 9 de septiembre de 2020). Por último, es importante recordar que al hacer que el poder político-mafioso del PHTK y Jovenel Moïse – “electo” con menos del 14% del voto de los votantes en edad de votar –, interlocutores legítimos y creíbles, la OEA y la ONU se coloquen por encima de las leyes y de la nación haitiana y den la espalda sin reparos a sus demandas ciudadanas expresadas públicamente, en particular durante las manifestaciones masivas en febrero de 2021 por el respeto de la Constitución de 1987 y contra el proyecto de “Constitución” del neo-húngaro PHTK.

En resumen, y como nos dicen todos los interlocutores que viven en Haití y con los que intercambiamos información regularmente, corresponde a la sociedad civil organizada frustrar la adopción fraudulenta de la nueva “Constitución” de la PHTK/Jovenel Moïse mediante una fuerte movilización unitaria que traiga consigo la única perspectiva real deseada por la población haitiana: el establecimiento de un Estado de derecho que garantice una sociedad justa y equitativa que respete las libertades de los ciudadanos. Este no es el proyecto del PHTK neo-húngaro apoyado, en contra de la voluntad de la mayoría de la población haitiana, por la OEA y la ONU a través de su doble juego en el expediente constitucional.

Montreal, 24 de mayo de 2021

- Robert Berrouët-Oriol, Lingüista-terminólogo.